ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE DE MANERA EXCLUSIVA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECER SI HA LUGAR O NO A FINCAR RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DICHOS MEDIOS DE CONTROL, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN A EFECTO DE QUE DETERMINE SI EJERCE O NO ACCIÓN PENAL CONTRA LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO RESPONSABLE DE AQUÉL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 70/2003). (Mayoría de siete votos; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ELEMENTOS QUE DEBE ATENDER EL JUEZ DE DISTRITO EN EL PROCESO QUE SE SIGA CON MOTIVO DE LA CONSIGNACIÓN DIRECTA QUE EFECTÚA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA VIOLACIÓN A UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN DICHOS MEDIOS DE CONTROL. (Unanimidad de diez votos; la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no participó en la votación) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INCUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESTOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUYE UNA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, QUE PUEDE CALIFICARSE COMO "ILÍCITO CONSTITUCIONAL". (Mayoría de siete votos; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DETERMINACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE QUE EXISTIÓ RESPONSABILIDAD DE ALGUNA AUTORIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESTOS MEDIOS DE CONTROL TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE SEPARE A AQUÉLLA INMEDIATAMENTE DE SU CARGO Y SE LE CONSIGNE DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 70/2003). (Mayoría de siete votos; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXPRESIÓN "RESOLUCIONES", CONTENIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE NO SÓLO LAS DE FONDO, SINO TODAS AQUELLAS DICTADAS EN ESTOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. (Mayoría de siete votos; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE INCUMPLIR CON LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESOS MEDIOS DE CONTROL ES UNA CONSECUENCIA INMEDIATA DE LA DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD RESPECTIVA, POR LO QUE SI AQUÉLLA GOZA DE FUERO, NO ES NECESARIO QUE SE SIGA EL PROCESO LEGISLATIVO TENDIENTE A REMOVÉRSELO A FIN DE PROCEDER A SU CONSIGNACIÓN DIRECTA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO. (Mayoría de siete votos; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN LEGAL DEL ACUERDO QUE LA DECRETA, A LA AUTORIDAD QUE EJECUTÓ LOS ACTOS SUSPENDIDOS, SALVA SU RESPONSABILIDAD POR LA VIOLACIÓN DE ESA MEDIDA PRECAUTORIA, PERO NO IMPIDE QUE DICHOS ACTOS SE DEJEN INSUBSISTENTES. (Unanimidad de once votos) SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RESPONSABILIDAD QUE LLEGARA A DETERMINARSE EN CONTRA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO POR LA VIOLACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR ES ATRIBUIBLE AL PRESIDENTE DE SU MESA DIRECTIVA, EN TANTO QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, LE CORRESPONDE REALIZAR LOS TRÁMITES TENDIENTES A DARLE CUMPLIMIENTO. (Mayoría de diez votos; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos) SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EL MINISTRO INSTRUCTOR NO LA CONDICIONÓ A REQUISITO ALGUNO PARA HACERLA EFECTIVA, DICHA MEDIDA CAUTELAR SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DICTE EL AUTO QUE LA CONCEDE, DEBIENDO SER ACATADA POR CUALQUIER AUTORIDAD E, INCLUSO, POR CUALQUIER PERSONA QUE TENGA INJERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS, CON INDEPENDENCIA DEL MOMENTO EN QUE LA DEMANDADA HUBIERA SIDO NOTIFICADA. (Mayoría de diez votos; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz) SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU VIOLACIÓN SE VERIFICA CON LA CONSUMACIÓN DE LOS ACTOS SUSPENDIDOS, AUN CUANDO EL ACUERDO QUE LA CONCEDE NO SE HUBIESE NOTIFICADO CON ANTERIORIDAD A LA AUTORIDAD EJECUTORA, O HABIÉNDOSELO NOTIFICADO OPORTUNAMENTE, ÉSTA ALEGUE QUE LA DILACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DERIVA DE UNA DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO AL QUE PERTENECE. (Mayoría de diez votos; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz
RECURSO DE QUEJA 8/2011-CC, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2011. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 19 DE ABRIL DE 2012. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de abril de dos mil doce.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el treinta y uno de agosto de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo López Camarena, en su carácter de delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, interpuso recurso de queja en contra del Poder Legislativo del Estado, por violación a la suspensión que le fuera concedida mediante acuerdo de veintidós de agosto del mismo año, dictado por el Ministro instructor, en los autos del incidente de suspensión de la controversia constitucional 90/2011.
SEGUNDO. El recurrente adujo, en síntesis, los siguientes agravios:
1. Mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil once, dictado en los autos del incidente de suspensión de la controversia constitucional 90/2011, se concedió la medida cautelar solicitada para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y, en su caso, no se llevaran a cabo los actos de designación, toma de protesta y/o instalación o adscripción de nuevos Magistrados, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva en este asunto.
Al respecto, se señaló que las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad que, por razón de sus funciones, debiera intervenir en el procedimiento de que se trata, debía abstenerse de emitir cualquier acto de ejecución tendiente a la designación, toma de protesta, adscripción o incorporación de nuevos Magistrados al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a los que se refiere la convocatoria impugnada, hasta en tanto se resolviera el fondo de esta controversia constitucional.
2. Mediante oficio número 2649/2011, recibido el veintitrés de agosto de dos mil once, a las catorce horas con cincuenta minutos, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco fue notificado del acuerdo antes referido.
3. A las catorce horas con cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil once, dio inicio la sesión ordinaria del Congreso del Estado correspondiente a ese día, la cual fue suspendida al decretarse un receso alrededor de las catorce horas con doce minutos.
Reanudada la sesión aproximadamente a las quince horas con cuarenta minutos, el Congreso procedió a modificar el Acuerdo Legislativo Número 1057-LIX-2011, sometiendo a consideración de la Asamblea un diverso acuerdo legislativo mediante el cual se presentó la lista de candidatos para elegir a cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, mismo que fue aprobado, resultando electas las personas que ocuparían las cuatro magistraturas adicionales a las treinta y cuatro previstas por el artículo 58 de la Constitución Local, actualmente vigente, a quienes posteriormente se designó y tomó protesta.
4. En la misma sesión de veintitrés de agosto de dos mil once, el Congreso del Estado llevó a cabo una serie de actos tendientes a dar sustento jurídico a los nombramientos antes referidos, los cuales consistieron en el turno, dictamen, primera y segunda lectura, discusión y aprobación del Decreto Número 23564/LIX/11, que resuelve las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la minuta de Decreto Número 23091/LVIII/09, que reforma el artículo 58 de la Constitución Estatal, desechándolas por improcedentes.
Al respecto, debe señalarse que a las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos de ese día, fue recibido en la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado el oficio número OF-DPL-920-LIX, mediante el cual se notificó, para efectos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Local, el dictamen inmediato y la primera lectura del decreto antes referido, así como la solicitud de estrechamiento de términos y dispensa de la sesión intermedia, a fin de que se le diera segunda lectura, discutiera y aprobara ese mismo día, lo cual demuestra, por un lado, que el Congreso informó al gobernador, con expresiones en tiempo futuro, sobre un hecho ya consumado y, por otro, que, posterior a la notificación del auto de suspensión y a la elección, designación y toma de protesta de los Magistrados, continuó realizando actos tendientes a concluir un procedimiento suspendido, a través de la presunta legitimidad que pretende otorgar a sus nombramientos con la reforma al citado artículo 58 de la Constitución Estatal.
5. A las trece horas con doce minutos del veinticinco de agosto de dos mil once, fue recibido en la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado el oficio número DPL-493-LIX (con la misma referencia, pero contenido diverso al impugnado en la demanda de controversia constitucional), mediante el cual se remitió, para efectos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Local -aunque sin la copia certificada del acta de sesión, ni de la votación calificada de los diputados presentes en el Congreso, ni de la mayoría de los Ayuntamientos-, el Decreto Número 23564/LIX/11, antes mencionado.
Como se advierte, tanto el oficio como el decreto de referencia, al igual que los actos subsecuentes que el Congreso pretende que el Poder Ejecutivo realice, son materia de la suspensión dictada en los autos del incidente relativo de la controversia constitucional 90/2011.
Ahora bien, la elección, designación y toma de protesta de cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, así como la reforma llevada a cabo con posterioridad, mediante la cual se pretende dar fundamento jurídico a estos actos, constituyen una violación a la suspensión que fue otorgada en la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso, con objeto de preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora, evitando daños o perjuicios irreparables para las partes o la sociedad, al mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de dictarse la medida cautelar.
Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con lo ordenado en el acuerdo de suspensión respectivo, el Congreso del Estado debió abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a la designación, toma de protesta, adscripción o incorporación de nuevos Magistrados al Supremo Tribunal de Justicia Local, a que se refiere la convocatoria impugnada y, por tanto, no debió llevar a cabo los actos a que se hizo referencia anteriormente, hasta en tanto se resolviera el fondo de la controversia constitucional, pues, atendiendo a las particularidades del caso, existe una apariencia de juridicidad en las pretensiones del Poder Ejecutivo Estatal y un peligro en la demora frente a la posible ejecución irreparable de los actos combatidos.
De esta forma, habiéndose, por un lado, precisado claramente los alcances y efectos de la suspensión y, por otro, descrito la conducta asumida por el Congreso del Estado, resulta evidente que la autoridad demandada violó la medida cautelar, pues, aun cuando fue notificada de su otorgamiento con anterioridad a la realización de los actos de los que se ha dado cuenta y estando, por tanto, obligada a mantener las cosas en el estado en que se encontraban, actuó en desacato a la medida suspensional, razón suficiente para tener por acreditada la violación de mérito, dejar sin efectos todos y cada uno de los actos llevados a cabo por el Congreso y turnar los autos de este recurso de queja al Ministerio Público Federal, a fin de que ejerza la acción penal correspondiente por los delitos a que haya lugar, cometidos por los diputados del referido Congreso y demás autoridades y particulares que resulten responsables.
TERCERO. Mediante proveído de primero de septiembre de dos mil once, el Ministro instructor ordenó formar y registrar el expediente relativo al recurso de queja que nos ocupa, determinando su admisión y requiriendo al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a efecto de que dejara sin efectos los actos materia del recurso, o bien, rindiera el informe respectivo y ofreciera las pruebas que estimase pertinentes.
Asimismo, se le requirió para el efecto de que remitiera a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de los documentos impresos y digitales precisados por el promovente en el oficio número DIGELAG-OF-684/2011, recibido por dicho órgano legislativo el veintiséis de agosto de dos mil once.
CUARTO. El Poder Legislativo Local, por conducto del presidente y los secretarios de su mesa directiva, dio cumplimiento al requerimiento formulado en autos, manifestándose en los siguientes términos:
1. El recurso de queja resulta infundado, puesto que la elección de cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se realizó con apego a la reforma al artículo 58 de la Constitución Local y al procedimiento establecido en el Acuerdo Legislativo Número 1060-LIX-2011, mediante el cual se modificó la convocatoria contenida en el diverso Acuerdo Legislativo Número 1057-LIX-2011, eliminando la condicionante a la que se sujetaba el nombramiento de los referidos Magistrados, relacionada con la publicación de la citada reforma, los cuales no fueron materia de la suspensión, siendo, por tanto, inexistente la violación alegada.
En efecto, la medida cautelar no tiene los efectos que señala el recurrente, dado que los antecedentes que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento no concuerdan con los actos llevados a cabo posteriormente por el Congreso, que sirven de sustento a la elección de los referidos Magistrados.
En este sentido, debe señalarse que, aun cuando las personas electas para ocupar tales cargos fueron seleccionadas de entre los aspirantes registrados con base en la convocatoria contenida en el Acuerdo Legislativo Número 1057-LIX-2011, la elección no fue resultado de este Acuerdo, sino del diverso 1060-LIX-2011, que lo modificó.
El recurrente pretende, por tanto, ampliar los efectos de la suspensión, para que ésta opere respecto de actos que no fueron materia de la misma, como el oficio número DPL-493-LIX y el Decreto Número 23564-LIX-11, siendo inexacto, por lo demás, que, con estos actos, se hubiese pretendido concluir el procedimiento para la elección de Magistrados, dado que no pueden suspenderse actos que ni siquiera forman parte de la litis planteada en la controversia.
Al respecto, resulta aplicable la tesis P. LXX/98, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE O POR HECHO NUEVO ES PRESUPUESTO NECESARIO QUE ESTÉN INCORPORADOS A LA LITIS."
2. El recurso de queja resulta infundado, puesto que los efectos de la suspensión sólo operan respecto de actos de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado y no respecto de aquellos de la competencia exclusiva del Congreso Local, tales como la designación de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, en términos de los artículos 35, fracción IX y 60 de la Constitución Política de la entidad.
La elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no se contrapone con los elementos que fueron considerados por el Ministro instructor al otorgar la suspensión, pues ésta fue resultado del ejercicio de las atribuciones conferidas al Congreso Local, de conformidad con el Acuerdo Legislativo Número 1060-LIX-2011, que dejó de sujetar la elección a la reforma del artículo 58 de la Constitución Estatal.
3. Es inexacto lo aducido por el recurrente, en el sentido de que, con los oficios números DPL-920-LIX y DPL-493-LIX, así como con el Decreto Número 23564-LIX-11, el Congreso del Estado hubiese realizado actos tendientes a concluir el procedimiento de designación y toma de posesión del cargo de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuya suspensión se había ordenado.
La suspensión no se otorgó para el efecto de no llevar a cabo el procedimiento de reforma al artículo 58 de la Constitución Local, aprobada por la mayoría de los Ayuntamientos -que el recurrente se niega a publicar, en contravención a lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Federal y 117 de la Constitución Estatal-, puesto que, además de que éste no es materia de la controversia, se encuentra desvinculado de la elección de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en términos del Acuerdo Legislativo Número 1060-LIX-2011.
En efecto, conforme al artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que otorga al Congreso Local la facultad exclusiva de elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, se determinó que la reforma al artículo 58 de la propia Constitución y la elección de Magistrados se sustanciaran mediante procedimientos diferenciados, por lo que, para la referida elección, el Congreso no necesitaba llevar a cabo alguna reforma, bastando con la modificación del Acuerdo Legislativo Número 1057-LIX-2011.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, el procedimiento de reforma constitucional a nivel local es competencia exclusiva del Constituyente Permanente Estatal, recayendo la decisión definitiva en la mayoría de los Ayuntamientos, sin que el Ejecutivo Local pueda ejercer derecho de veto dentro del mismo.
4. Finalmente, se solicita se tengan a la vista las pruebas y alegatos que se hicieron valer en el incidente de nulidad de notificaciones, al momento de determinar si el Congreso del Estado se encontraba impedido, en virtud de la suspensión, para emitir los oficios números DPL-920-LIX y DPL-493-LIX y el Decreto Número 23564-LIX-11, de acuerdo con la tesis de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, DELITO DE. PARA QUE SE CONFIGURE EL ILÍCITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO, NO SÓLO SE REQUIERE QUE EL AUTO DONDE SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN AL QUEJOSO HAYA SIDO NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE ES MENESTER QUE TAL NOTIFICACIÓN ESTÉ REALIZADA DEBIDAMENTE."
QUINTO. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos prevista en el artículo 57, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 58 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
SEGUNDO. Procedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, a continuación se analizará la procedencia del presente recurso de queja.
El artículo 55, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, establece:
"Artículo 55. El recurso de queja es procedente:
"I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión."
Del precepto antes transcrito, se desprende, en lo que a este punto interesa, que el recurso de queja es procedente contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación al auto o resolución por el que se haya otorgado la suspensión de los actos impugnados; por tanto, si en el caso, el recurso fue interpuesto por estimarse que la autoridad demandada ha ejecutado actos violatorios de la suspensión concedida por el Ministro instructor en la controversia constitucional de la que deriva este asunto, resulta inconcuso que es procedente.
TERCERO. Oportunidad. Enseguida, procede analizar si el recurso de queja fue interpuesto oportunamente.
El artículo 56, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Norma Fundamental, señala:
"Artículo 56. El recurso de queja se interpondrá:
"I. En los casos de la fracción I del artículo 55, ante el Ministro instructor hasta en tanto se falle la controversia en lo principal."
Conforme al precepto antes citado, el recurso de queja podrá interponerse en el supuesto de la fracción I del artículo 55 de la ley reglamentaria, esto es, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, hasta en tanto se falle la controversia en lo principal.
En tal virtud, tomando en consideración que el recurso de que se trata fue recibido el treinta y uno de agosto de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte del oficio relativo (foja veintitrés vuelta del expediente) y que, a la fecha, no se ha dictado resolución definitiva en la controversia constitucional de la que deriva este asunto, resulta evidente que el presente recurso de queja fue interpuesto oportunamente, al haberse presentado dentro del plazo que para tal efecto prevé el artículo 56, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.
CUARTO. Legitimación. Acto continuo, se analizará la legitimación de quien interpone el presente recurso de queja.
Al respecto, resulta pertinente destacar que la demanda de controversia constitucional que dio origen al incidente de suspensión del que deriva este recurso, fue promovida por Emilio González Márquez, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y, en ésta, se designó como delegados, entre otros, a Ricardo López Camarena, a quien se reconoció dicho carácter en proveído de veintidós de agosto de dos mil once, dictado en el expediente principal de la citada controversia (fojas sesenta y cinco a sesenta y siete).
El artículo 11, párrafos primero y segundo, de la ley reglamentaria de la materia, dispone:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley."
De conformidad con este precepto legal, las partes podrán acreditar delegados para que, entre otras funciones, interpongan los recursos previstos en ley.
Por tanto, al ser el propio actor, a través del referido delegado, el que interpone el presente recurso de queja, resulta indiscutible que cuenta con la legitimación necesaria para ello.
QUINTO. Violación a la suspensión y determinación de responsabilidad. La materia del presente recurso consiste en determinar si la designación y toma de protesta de cuatro nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, llevadas a cabo por el Congreso Local el veintitrés de agosto de dos mil once, resultan o no violatorias de la suspensión concedida al Ejecutivo Estatal, mediante acuerdo de veintidós de agosto anterior.
Para tal efecto resulta oportuno, en principio, tomar en consideración lo señalado por este Alto Tribunal, al resolver el recurso de queja 3/2009-CC, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 160/2008, en torno al alcance de las disposiciones que regulan la suspensión y la queja por violación a aquella en controversias constitucionales:
"... la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que, en primer lugar, tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo lugar, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se conceda a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidad cuando no la acaten.(1)
"Sobre el particular, cabe recordar que la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder que, entre sus fines, incluye también, de manera relevante, el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.(2)
"Por lo que se refiere a las características especiales de la suspensión, este Máximo Tribunal ha señalado que, de la interpretación de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, se advierten las siguientes:(3)
"1. Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;
"2. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales;
"3. No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;
"4. El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente; y,
"5. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
"Además, el Pleno de este Alto Tribunal determinó agregar a las características señaladas que, en el auto o la interlocutoria mediante la cual se otorgue la suspensión, deberán señalarse con precisión sus alcances y efectos, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva, como se advierte del artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia.(4)
"La característica de la suspensión señalada en el párrafo anterior, cobra relevancia en cuanto al régimen de responsabilidades a que se sujeta a quienes violan dicha medida cautelar, pues es requisito del auto o interlocutoria el que se fijen con precisión sus alcances, efectos y los órganos obligados a cumplirla.
"Por todo lo anterior, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dicho que para estar en condiciones de determinar si, en un caso concreto, existió violación, exceso o defecto en la ejecución o cumplimiento de un auto o resolución a través de la cual se otorgó la suspensión, debe, en primer término, analizarse la propia resolución que concedió la suspensión, con el fin de precisar su alcance y efectos, para posteriormente establecer si la conducta asumida por la autoridad desatendió esa determinación.(5)"
En este sentido, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
El artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
Conforme al precepto antes transcrito, el auto por el que se conceda la suspensión de los actos impugnados deberá señalar con precisión los alcances de ésta, el día a partir del cual surtirá efectos y los requisitos necesarios para su efectividad.
Ahora bien, previo al análisis de la cuestión planteada, se estima conveniente relatar los antecedentes del caso:
a) Por oficio recibido el diecinueve de agosto de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Emilio González Márquez, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, demandando la invalidez de:
"1. El Acuerdo Legislativo 1057-LXI-2011 del Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el veintiséis de julio de dos mil once, mediante el cual se aprueba la convocatoria para la elección de cuatro nuevos Magistrados, para incorporarlos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
"2. El Oficio DPL-493-LIX, mediante el cual el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco remite al gobernador del Estado la convocatoria para la elección de cuatro nuevos Magistrados para incorporarlos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
"3. El procedimiento de elección de cuatro nuevos Magistrados para incorporarlos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, derivado del acuerdo legislativo mencionado, en que intervienen el Congreso y el Poder Judicial del Estado de Jalisco.
"4. Todos los actos que, relacionados con el acuerdo legislativo en cita, o que con motivo del mismo o del procedimiento de elección señalado se realicen."
En dicho oficio, solicitó la suspensión de los actos impugnados, de la siguiente forma:
"Para efectos del caso abordado en la presente demanda de controversia constitucional, debe manifestarse, en forma resumida, que el bien jurídico tutelado en la especie, si no fundamentalmente, es el ejercicio pleno y cabal de los ámbitos de competencia de las autoridades constituidas y a favor de los derechos humanos que éstas deben garantizar, como lo es el de impartición de justicia gratuita, completa, imparcial y pronta, a través de funcionarios judiciales idóneos, en atención a los artículos 1o., 17, 39, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En ese sentido, debe manifestarse que no existe vacancia alguna en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, relativa a las cuatro magistraturas nuevas y adicionales que son materia de la convocatoria y el procedimiento de elección impugnados, toda vez que las treinta y cuatro magistraturas que actualmente prevé el artículo 58 vigente de la Constitución Política del Estado de Jalisco están cubiertas y no se ha modificado la cantidad de las mismas, a fin de modificarla de treinta y cuatro a treinta y ocho, como se requeriría que se estableciera en el artículo 58 señalado, razón suficiente para estimar que no existe necesidad constitucional que amerite que continúe el procedimiento de elección impugnado y que, por consecuencia, resultaría procedente otorgar la suspensión solicitada, a fin de evitar mayores perjuicios a la sociedad.
"Lo anterior es así, en tanto que, de no concederse la suspensión solicitada, se podría continuar con el procedimiento de elección y generarse derechos a los individuos particulares que acudan a dicho procedimiento, situación que podría comprometer la resolución definitiva que en esta controversia constitucional se llegara a dictar, en tanto que no puede afectar derechos de personas privadas. Dicha elección está prevista en la convocatoria combatida y anexada en copias certificadas, para el día veintitrés del presente, razón por la cual es inminente la urgencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
"Inclusive, como fue indicado con anterioridad, mediante el procedimiento de elección y la convocatoria impugnados, se pretende aumentar, injustificada e imprevisiblemente, el número de integrantes y de personal de base y confianza al Supremo Tribunal de Justicia, sin existir previsión presupuestal, ni de proyección de ingresos, relativa a dicho aumento ... .
"Por lo anterior, se estima procedente que, a fin de conjugar cualquier perjuicio que pudiera generarse con motivo del desarrollo del procedimiento de elección impugnado y su convocatoria, tanto para los derechos humanos, el orden constitucional, las relaciones entre poderes y los derechos particulares, resulta procedente otorgar la suspensión solicitada.
"Asimismo, se estima adecuado que la suspensión que se dicte en el incidente respectivo dentro del presente proceso de control constitucional, sea dictada con efectos a partir de la presentación de esta demanda, en atención a que, en virtud de dicha suspensión contra los actos impugnados, se puedan mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento de la promoción de la controversia, o bien, desde el momento en que se hubiese otorgado esa medida cautelar, de tal forma que la sentencia de invalidez que recaiga en el asunto principal de esta controversia constitucional excepcionalmente surta sus efectos a partir de la fecha de presentación de la demanda, en mérito de que ‘este Alto Tribunal, cualquiera que sea la materia, puede indicar, en forma extraordinaria, que la declaración de invalidez sea efectiva a partir de la fecha de presentación de la demanda cuando, en virtud de la suspensión de los actos reclamados, se hayan mantenido las cosas en el estado en que se encontraban a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23842-373cff2b/accion-de-inconstitucionalidad-y-controversia-constitucional-corresponde-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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