CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE HACER EXTENSIVO EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL 30 DE MARZO DE 2012, EN EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DIFUSOS 1/2011, A LOS ARTÍCULOS 33, TERCER PÁRRAFO, 37, SEGUNDO PÁRRAFO, 74, FRACCIÓN V, 115 A 119, Y PRIMERO A TERCERO TRANSITORIOS, DE LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE ESA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 27 DE MARZO DE 2009, TODA VEZ QUE DICHOS PRECEPTOS SE IMPUGNARON CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA MENCIONADA SENTENCIA. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVERSE UN RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA MISMA SENTENCIA IMPUGNADA EN ESTE MEDIO DE CONTROL (DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN UN JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DIFUSOS), SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL NUMERAL 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR ENDE, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2012. MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO. 24 DE OCTUBRE DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el siete de mayo de dos mil doce, Miguel Antonio Parrodi Espinosa, quien se ostentó como síndico del Ayuntamiento de Querétaro, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
Autoridades demandadas:
El Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, gobernador y secretario.
El Poder Judicial del Estado de Querétaro.
Actos impugnados:
a) Del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, se reclama la iniciativa, discusión, deliberación, votación, aprobación y expedición de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, y en lo particular, los artículos 33, tercer párrafo, 37, segundo párrafo, 74, fracción V, 115, 116, 117, 118, 119, artículos transitorios primero, segundo y tercero.
b) Del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto del gobernador del Estado, se reclama la sanción, promulgación, expedición, publicación y observancia de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el veintisiete de marzo de dos mil nueve, en lo particular los artículos 33, tercer párrafo, 37, segundo párrafo, 74, fracción V, 115, 116, 117, 118, 119, transitorios primero, segundo y tercero.
c) Del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto del secretario de Gobierno del Estado, se reclama el refrendo y publicación de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, en lo particular, los artículos señalados en los conceptos de invalidez de la demanda.
d) Del Poder Judicial del Estado de Querétaro, por conducto del Tribunal Superior de Justicia, Sala Constitucional, se reclama el primer acto de aplicación, efectuado en la sentencia definitiva dictada el treinta de marzo de dos mil doce, en el juicio de protección de derechos difusos 1/2011, promovido por América Vizcaíno Sahagún, en contra del Ayuntamiento el Municipio de Querétaro, presidente municipal y el secretario de Desarrollo Sustentable.
e) También se reclaman todas y cada una de las consecuencias derivadas.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:
1. Motivados en la tendencia de la justicia constitucional local en el derecho mexicano, las autoridades legislativas del Estado de Querétaro, aprobaron, refrendaron, sancionaron, promulgaron, expidieron, publicaron y pusieron en vigencia el Decreto de la LV Quincuagésima Quinta Legislatura del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, que contiene la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el veintisiete de marzo de dos mil nueve; ley local que, de acuerdo con su artículo primero transitorio entró en vigor a los treinta días de su publicación en el referido órgano de difusión oficial.
2. Mediante acuerdo de Cabildo de catorce de junio de dos mil once, publicado en la Gaceta Municipal el veintiuno del mismo mes y año, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro autorizó el cambio de uso de suelo de preservación ecológica agrícola a comercial y de servicios, equipamiento especial, equipamiento recreativo y habitacional de 300 hab/ha para una superficie de 32-00-00 has ubicadas en el predio denominado Ex Hacienda la Solana, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro.
3. El Poder Judicial del Estado de Querétaro, por conducto de su Tribunal Superior de Justicia, Sala Constitucional, en funciones de Tribunal Constitucional, mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil once, admitió a trámite la demanda de juicio de protección de derechos difusos, promovida por América Vizcaíno Sahagún, en contra del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, presidente municipal, secretario del Ayuntamiento, síndico municipal y el secretario de Desarrollo Sustentable, todos del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, con motivo de la expedición del acuerdo de Cabildo de cambio de uso de suelo, dando inicio al proceso constitucional relativo, bajo el expediente 2/2011, y ordenó emplazar a juicio a las autoridades demandadas del Municipio de Querétaro, y a los terceros perjudicados.
4. Tramitadas las etapas procesales del referido juicio constitucional, el treinta de marzo de dos mil doce, el Poder Judicial del Estado de Querétaro, por conducto de su Tribunal Superior de Justicia, Sala Constitucional, emitió sentencia definitiva, notificada al Municipio de Querétaro el tres de abril del mismo año, en la que resolvió:
a) Conceder la protección de la justicia constitucional a América Vizcaíno Sahagún, en representación de la colectividad y derechos difusos reclamados en el presente juicio, contra el acto de autoridad responsable, Municipio de Querétaro, consistente en el acuerdo de autorización respecto del cambio de uso de suelo de preservación ecológica agrícola a comercial y de servicio, equipamiento especial, equipamiento recreativo y habitacional de 300 hab/ha, para una superficie de 32-00-00 has, ubicada en el predio denominado Ex Hacienda la Solana, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, aprobada por el Ayuntamiento de Querétaro el catorce de junio de dos mil once;
b) Ordenó a la autoridad responsable que en el plazo de cinco días hábiles deje insubsistente el acto reclamado;
c) Precisó que la autoridad responsable podrá dar trámite de nueva cuenta a la solicitud del particular señalado como tercero perjudicado, pero antes de emitir cualquier resolución, el Cabildo del Municipio de Querétaro, deberá respetar la competencia del Estado de Querétaro en este tipo de asuntos, por lo que deberá:
• Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente, su opinión y evaluación, sobre la factibilidad del cambio de uso de suelo.
• Recabar el dictamen técnico que se señala en la ley, en el que peritos especializados en la materia deberán emitir opinión técnica acerca de la factibilidad del cambio de uso de suelo, y si se afectan o no zonas reservadas.
• Recabar la opinión de los vecinos, sean personas físicas, o morales, como fraccionamientos, colonias, etcétera, respecto a la afectación que con la autorización de cambio de uso de suelo podría ocasionárseles.
• Por último, obtener un informe técnico pericial del riesgo que puede implicar la topografía del predio, para los asentamientos humanos, ya que según se dice en la documentación correspondiente y en la resolución, el predio tiene pendientes mayores a los diez grados recalcándose que hay partes en las que la inclinación del terreno es de noventa grados.
5. Contra dicha sentencia se interpuso, ad cautélam, el recurso de reclamación previsto en la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, cuya admisión fue acordada por el presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante auto de diecisiete de abril de dos mil doce.
Aduce que dicho medio de defensa ordinario, no afecta en modo alguno la procedencia de la controversia constitucional, toda vez que los elementos litigiosos que son materia de uno y otro, son completamente diferentes, pues en el citado recurso de reclamación, únicamente se reclama la sentencia condenatoria por vicios propios y no las normas generales de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro.
En cambio, en la presente controversia constitucional no se reclama la sentencia condenatoria por vicios propios, sino únicamente respecto de las normas generales de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, cuya primera aplicación en agravio del Municipio de Querétaro, es la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil doce, en el juicio de protección de derechos difusos 1/2011, promovido por América Vizcaíno Sahagún, aunado al hecho de que el recurso de reclamación citado, no constituye la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación de las normas generales de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, que en cambio sí se impugnan en la presente controversia constitucional.
6. Toda vez que considera que la sentencia condenatoria de treinta de marzo de dos mil doce, dictada en el juicio de protección de derechos difusos 1/2011, promovido por América Vizcaíno Sahagún, al fundarse en la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, materializó la aplicación por primera vez de dicha ley local en agravio del Municipio de Querétaro, y en lo particular de diversos preceptos y porciones normativas de dicho ordenamiento local, que vulneran principios tutelados en la Constitución Federal, por irrogar múltiples afectaciones directas a su esfera de competencia, derechos e intereses, es que interpone la presente controversia constitucional.
TERCERO. El Municipio del Estado de Querétaro, en su escrito inicial adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
La Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, y en lo particular sus artículos 33, tercer párrafo, 37, segundo párrafo, 74, fracción V, 115, 116, 117, 118, 119; así como sus artículos transitorios, primero, segundo y tercero, al instituir los juicios de protección de derechos colectivos o difusos, resultan inconstitucionales por contravenir los artículos 17, tercer párrafo, 40 y 41, primer párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que implican una intromisión de las autoridades legislativas del Estado de Querétaro, pues regula atribuciones legislativas que le son ajenas a su esfera de competencia, dado que están reservadas exclusivamente a la Federación, nivel de gobierno al cual le incumbe ejercerlas, en exclusiva y por conducto del Congreso de la Unión.
De una interpretación integral, sistemática y teleológica de los artículos 17, 40, 41, 49, 73, fracción XXX, 94, 104, 124 y 133 de la Constitución Federal, el Municipio actor advierte que tales artículos establecen las bases constitucionales de los juicios concernientes a la protección de los derechos colectivos o difusos; particularmente los artículos 17, párrafo tercero y 104, fracción II.
Ahora bien, por lo que hace a la exacta comprensión del concepto "colectivo" o "difuso", señala que tales locuciones se refieren en esencia a acciones, juicios o controversias de intereses o derechos de naturaleza supraindividual o supraparticular. De ahí que los adjetivos "colectivos" o "difusos", puedan entenderse como una contraposición a lo que es individual.
Bajo esta óptica normativa, puede entenderse que no obstante que la redacción del artículo 17 constitucional, en su párrafo tercero, cuando confiere al Congreso de la Unión la atribución de legislar lo relativo a las acciones colectivas, también quedan comprendidas en dicha atribución legislativa federal, la regulación de las acciones difusas, porque ambos adjetivos coinciden y se comprenden jurídicamente en la dimensión constitucional de lo supraindividual o supraparticular, como lo social por contraposición a lo particular.
Aduce que confirma lo anterior, lo dispuesto en el artículo 104, fracción II, constitucional, cuando establece que corresponde a los Tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, cuando se afectan intereses que no sean particulares.
En ese sentido, el actor procede a explicar, en primer lugar, la afectación de intereses supraindividuales (difusos y colectivos), y al efecto señala que el procesalista José Ovalle Favela, en su monografía "Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos", señala lo siguiente:
• Las doctrinas y derechos extranjeros distinguen entre intereses colectivos y difusos.
• En ambos casos, los intereses corresponden a una comunidad de personas.
• Los intereses difusos pertenecen a una comunidad de personas indeterminadas, entre las cuales no existe una relación jurídica base, por ejemplo: se califica de difuso el interés de los habitantes de cierta región en la preservación de la pureza del agua de los ríos que la bañan, indispensable para el uso personal y doméstico.
• En los intereses colectivos, en cambio, la comunidad de personas sí es determinada o determinable, en la medida en que esas personas constituyen un grupo, una categoría, o una clase, y en que, además, existe una relación jurídica base entre esas personas, o entre éstas y un tercero; por ejemplo, se califica de colectivo el interés de los estudiantes de una universidad en la regularidad de las clases.
• No obstante lo anterior, existen dos características comunes en los dos tipos de intereses analizados: su transindividualidad y su naturaleza indivisible.
• La transindividualidad e indivisibilidad precipitada significa que los interesados se hallan siempre en una especie de comunión tipificada por el hecho de que la satisfacción de uno solo implica necesariamente la satisfacción de todos, así como la lesión de uno solo constituye, la lesión de la comunidad entera. Lo que presupone que la solución de los conflictos en los que se manifiesten este tipo de intereses colectivos o difusos, debe ser la misma para todas las personas que integran esa comunidad.
En esa medida, deduce que por la considerable cantidad de personas cuyos intereses o derechos pueden llegar a verse involucradas o afectadas en una acción, controversia o juicio relativo a derechos o intereses "colectivos o difusos", y la solución integral o masiva que debe darse a las mismas, se encuentran estrechamente vinculadas con instituciones de derecho tales como: interés social, orden e interés público y utilidad pública.
En este sentido, por contraposición a los intereses individuales de la que habla el artículo 104, fracción II, constitucional, se encuentran los intereses públicos o sociales que hacen surtir la competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación para conocer y resolver en exclusiva este tipo de controversias.
Por cuanto ve a la afectación de intereses públicos, por regla general, se identifica con los intereses estatales o gubernamentales, aunque también comprende los del pueblo, la nación y el bienestar colectivo mexicanos.
Sin embargo, puntualiza que la afectación de intereses públicos por contraposición a los intereses particulares, no es el único supuesto del artículo 104, fracción II, constitucional, que hace surtir la competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación para conocer y resolver las acciones, controversias o juicios colectivos o difusos, dado que la afectación de intereses sociales, también poseen la esencia transindividual necesaria para tal efecto; es decir, porque puedan o no coincidir, afectar o dar injerencia a los intereses gubernamentales o estatales. Por lo que puede advertirse que el género es lo transindividual y las especies son lo público y lo social.
Por tanto, resulta incuestionable que el juicio relativo a derechos o intereses difusos, excluye expresamente la jurisdicción concurrente prevista en el artículo 104, fracción II, constitucional, que es la base fundamental de las acciones colectivas o difusas, del cual se desprende que la tutela judicial de los intereses no particulares, se confirma cuando, a partir del treinta de agosto de dos mil once, se reforman diversas leyes federales, entre las que se encuentran el Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue adicionado y reformado, para incorporar una nueva fracción, que actualmente es la VII, que atribuye la facultad de los Jueces de Distrito en Materia Civil, para conocer de las acciones colectivas a que se refiere el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 580, fracción I, regula la tutela judicial federal tanto de derechos e intereses difusos y colectivos, de la siguiente manera: "En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar: I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes."
Considera que el presupuesto establecido en el artículo 104, fracción II, constitucional, se surte en la especie, toda vez que las normas de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro que instituyen el juicio de protección de derechos difusos, fueron aplicados por primera vez en agravio del Municipio de Querétaro, por el Poder Judicial del Estado de Querétaro, al emitir una sentencia condenatoria al Municipio, dentro del juicio de protección de derechos difusos.
Señala que el concepto "del orden civil" empleado en la fracción II del artículo 104 constitucional, no puede entenderse en su connotación más tradicional, referida a las instituciones jurídicas de sucesiones, derecho de familia, derechos de las obligaciones y de los contrarios, etcétera, sino que su exacto significado se obtiene de una interpretación integral y sistemática de dicha fracción constitucional, en relación con la mayoría de las restantes cuatro fracciones que componen el propio artículo 104 fundamental, para advertir que las acciones colectivas o difusas constitucionalmente conciernen en exclusiva a la jurisdicción ordinaria del orden civil federal, porque incluyen materias que exceden los campos del derecho civil tradicional, ya que involucran directa e inmediatamente a las disciplinas jurídicas más variadas y especializadas de derecho público, de derecho administrativo y de derecho internacional, como lo son los inherentes a derechos de los recursos y bienes de la nación, derecho de petróleo y electricidad, bienes propiedad de la nación, derecho del mar, derecho de aguas, derecho marítimo, derecho del servicio diplomático y consular, derecho urbano y de asentamientos humanos, entre otros.
Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 94, párrafos primero y quinto, constitucional, que ordena que la competencia del Poder Judicial de la Federación se regirá por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que la Constitución establece.
Las acciones colectivas o difusas se consagran en los artículos 17, párrafo tercero y 104, fracción II, de nuestra Constitución Federal, reservando en exclusiva para la Federación, la atribución de legislar, vía el Congreso de la Unión, todo lo relativo a dichas acciones, así como a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, la atribución de conocer y resolver dicho tipo de controversias.
Adminiculado con lo anterior, y evidenciando la conformidad o regularidad normativa que el artículo 94, párrafos primero y quinto, constitucional, ordena deben guardar las leyes secundarias relativas a la competencia del Poder Judicial de la Federación, con respecto de las bases fundamentales que se han expuesto, se tiene que las acciones colectivas o difusas, se encuentran establecidas en los artículos 50, 52, 53 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, primordialmente el artículo 53 antes invocado, confiriendo a los Jueces de Distrito en Materia Civil, competencia para conocer de las diversas materias que ahí se detallan, incluida la inherente a las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, cuando dichas controversias afecten no sólo intereses particulares.
Lo anterior significa que todo lo que no esté expresamente contemplado en los artículos 50, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como competencia de los Jueces de Distrito en materias procesales federales ordinarias: penal, administrativa y laboral, debe comprenderse dentro de la jurisdicción ordinaria de los Jueces de Distrito especializados en materia civil, según la fracción VIII del artículo 53.
En otras palabras, se desprende una vis (sic) atractiva genérica, o fuerza atractiva de la competencia del Juez de Distrito en materia civil, que se da por exclusión de la competencia que atañe a los Jueces en materia penal, administrativa y laboral, al indicar expresamente que conocerá de los asuntos en materia de amparo que no estén enumerados en los referidos artículos 51, 52 y 55 que regulan la competencia de los Jueces de Distrito en materias penal, administrativa y laboral, respectivamente.
La mayor amplitud jurisdiccional de la que goza el Juez de Distrito en materia ordinaria civil, puede observarse de la comparativa con su similar, el Juez de Distrito en materia administrativa, pues mientras el primero puede conocer y resolver, en controversias ordinarias, sobre aplicación de tratados internacionales, al segundo no se le concede tal atribución.
La regularidad constitucional invocada y la propia noción amplia que desborda a la acepción tradicional, que posee la expresión "del orden civil" empleada por el Poder Constituyente en el artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal, se advierten a mayor abundamiento cuando, a partir del treinta de agosto de dos mil once, se reformaron diversas leyes federales, entre las que se encuentran el Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue adicionado con un libro quinto "De las acciones colectivas", así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo artículo 53 fue adicionado y reformado, para incorporar una nueva fracción, que actualmente es la VII, que atribuye la facultad de los Jueces de Distrito en materia civil, para conocer de las acciones colectivas a que se refiere el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Reforma legislativa secundaria que confirma que las acciones colectivas o difusas, constitucionalmente en nuestro derecho son materia exclusiva de la Federación, tanto legislar sobre ellas, vía Congreso de la Unión; como conocerlas y resolverlas, vía tribunales del Poder Judicial Federal.
Asimismo, esgrime que la interpretación del marco constitucional expuesto, corresponde con la noción "orden civil" empleada por el Poder Constituyente en el artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal, se corrobora con el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando dispone que la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente; además, las modificaciones que en materia de acciones colectivas, se hicieron a la Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Protección al Ambiente y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Así, el concepto de "orden civil" referido en el artículo 104, fracción II, constitucional, se surte en la especie, toda vez que las normas de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro que instituyen el juicio de protección de derechos difusos fueron aplicados por primera vez en agravio del Municipio de Querétaro, por el Poder Judicial Estatal, por conducto de su Tribunal Superior de Justicia, Sala Constitucional, funcionando como Tribunal Constitucional, en la sentencia definitiva condenatoria dictada el treinta de marzo de dos mil doce, en el juicio constitucional relativo al expediente 1/2011, respecto de acciones transindividuales en materia ecológica y medio ambiente que encuadran en la específica noción del concepto "orden civil" que se ha precisado en líneas precedentes.
Considera pertinente puntualizar que el hecho de que se invoque en párrafos precedentes normas de diversas leyes secundarias federales, no es óbice para desvirtuar la procedencia del estudio del concepto de invalidez en la presente controversia constitucional, toda vez que dichas normas están vinculadas de modo fundamental con el marco normativo primario que ya ha quedado expuesto, así como los actos legislativos reclamados.
Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Constitución Federal, de someter la decisión judicial al examen integral de validez de los actos impugnados.
Al referirse a las leyes federales, el artículo 104, fracción II, constitucional, como presupuesto de surtimiento de la competencia exclusiva de los tribunales locales, no obstante que la materia en litis en dichos juicios no sea exclusiva de la Federación, como lo es la materia deportiva, educativa, salubridad, asentamientos humanos, seguridad pública, ecológica-ambiental y protección civil.
Lo anterior, es congruente y obedece a que el propio Poder Constituyente ordenó primordialmente en su artículo 73 de la Constitución Federal, y otros preceptos de ésta, que sea el Congreso de la Unión, quien mediante leyes generales, reparta competencias denominadas facultades concurrentes, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios o el Distrito Federal.
Considera que al reservar, como competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación, las controversias colectivas o difusas, que se susciten en materias federales donde concurren las entidades federativas, Municipios y Distrito Federal, resulta incuestionable que los artículos 17, párrafo tercero y 104, fracción II, del Ordenamiento Supremo, son congruentes con el sistema jurídico federal de facultades concurrentes que el propio Poder Reformador estableció en los artículos 3o., 4o., 27 y 73 del Texto Fundamental, entre otros preceptos fundamentales.
Por lo que, toda vez que en la especie, las normas de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro que instituyen el juicio de protección de derechos difusos, fueron aplicados por primera vez en agravio del Municipio de Querétaro, por el Poder Judicial del Estado de Querétaro, en la sentencia definitiva de mérito, y en ella se pronunció sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, sin soslayar que la actora América Vizcaíno Sahagún en dicho juicio, también suscitó controversia en su demanda sobre el cumplimento y aplicación de otras leyes federales como lo es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y Ley General de Vida Silvestre y sobre el cumplimiento y aplicación respecto de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Por otra parte, en su segundo concepto de invalidez, señala que la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, y en particular, sus artículos 33, tercer párrafo, 37, segundo párrafo, 74, fracción V, 115, 116, 117, 118, 119, artículos transitorios primero, segundo y tercero, al instituir a los juicios de protección de derechos colectivos o difusos, resultan inconstitucionales al contravenir los artículos 17, tercer párrafo, 40, 41, primer párrafo, 49, primer párrafo, 73, fracción XXX, 94, párrafos primero y quinto, 104, fracción II, párrafos primero y segundo, 124 y 133, primer párrafo, de la Constitución Federal, al implicar una intromisión, usurpación e invasión de las autoridades legislativas del Estado de Querétaro respecto de atribuciones legislativas que le son ajenas, extrañas e impropias a su esfera de competencia, dado que están reservadas exclusivamente a la Federación, por conducto del Congreso de la Unión.
Lo anterior es así toda vez que estima que de acuerdo con el marco normativo constitucional reseñado, se demuestra que el Poder Constituyente reservó en exclusiva para la Federación, la atribución de legislar, vía Congreso de la Unión, todo lo relativo a las acciones colectivas o difusas en el sistema jurídico mexicano, así como la atribución de conocer y resolver, vía Tribunales de la Federación, dichas controversias.
De tal suerte que cuando las autoridades legislativas del Estado de Querétaro, aprobaron, refrendaron, sancionaron, promulgaron, expidieron, publicaron y pusieron en vigencia, el Decreto de la LV Quincuagésima Legislatura del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, que contiene la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, el veintisiete de marzo de dos mil nueve, en lo particular los artículos 33, tercer párrafo, 37, segundo párrafo, 74, fracción V, 115, 116, 117, 118, 119; artículos transitorios primero, segundo, tercero, para instituir los juicios de protección de derechos colectivos o difusos, se irrogaron atribuciones que constitucionalmente no les corresponden, ni les incumben, dado que están concedidas por la Constitución Federal, exclusivamente al Congreso de la Unión y al Poder Judicial de la Federación, respectivamente, la potestad de legislar todo lo relativo a las acciones colectivas o difusas en el sistema jurídico mexicano, y para conocer y resolver controversias de esta índole.
Por lo que si con las normas generales cuya invalidez se demanda en esta vía, las autoridades legislativas del Estado de Querétaro instituyen los juicios de protección de los derechos colectivos o difusos, y los regulan además como competencia de un Tribunal Constitucional Local, concretamente del Poder Judicial de dicha entidad federativa, es evidente que trastocan el sistema de competencia federal que dispuso y organizó concatenadamente el Poder Constituyente, de manera genérica, en los artículos 40, 41, primer párrafo, 49, primer párrafo, 124 y 133, primer párrafo, de la Constitución Federal, y de manera específica, respecto del Poder Legislativo y Poder Judicial ambos de la Federación, en los artículos 73, fracción XXX y 94, párrafos p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24792-bbea3be9/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-no-se-haya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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