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IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. ASPECTO O BENEFICIO ECONÓMICO QUE CONSTITUYE LA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA GRAVADA. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 A 19 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DENOMINADO "POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA", NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 A 19 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVA LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AUN CUANDO NO GRAVA TODOS LOS GASES CONTAMINANTES NI LAS FUENTES QUE LOS EMITEN. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. ENCUENTRAN SUSTENTO EN EL DEBER DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO EN EL DERECHO AL ACCESO A UN AMBIENTE SANO Y EN EL PRINCIPIO "QUIEN CONTAMINA PAGA", CONSAGRADOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV Y 4o., PÁRRAFO QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. PARÁMETROS PARA ANALIZAR SU APEGO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR LO QUE SUS FINES NO SON MERAMENTE RECAUDATORIOS. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE LOS DISTINGUE DE OTRAS CONTRIBUCIONES CON FINES AMBIENTALES EXTRAFISCALES. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU ORIGEN. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, QUE ESTABLECE LA BASE DEL DENOMINADO "DE LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A NORMAS OFICIALES MEXICANAS. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, NO ESTABLECE LINEAMIENTOS NI CONDICIONANTES PARA LA CREACIÓN DE CONTRIBUCIONES O DE CARGAS TRIBUTARIAS EN GENERAL. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL ARTÍCULO 24, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, AL GRAVAR LAS FRACCIONES ADICIONALES DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA, CON LA MISMA CUOTA QUE A LAS UNIDADES COMPLETAS, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL DENOMINADO "POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES", QUE SE REGULA EN LOS ARTÍCULOS 8 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 20 A 24, PÁRRAFO PRIMERO Y 25 A 27 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DENOMINADO "POR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA", NO GENERA DOBLE TRIBUTACIÓN CON LA CONTRIBUCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 276 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 20 A 24, PÁRRAFO PRIMERO, Y 25 A 27 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DENOMINADO "DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA", RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. LOS ARTÍCULOS 28 A 34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE GRAVAN EL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. LOS DENOMINADOS "POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA", "POR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA", ASÍ COMO "AL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS", REGULADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, NO INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. LOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS NO PREVÉN UNA SANCIÓN NI UN PERMISO PARA CONTAMINAR. IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. LOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 1110, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 2103, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN). IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. PARA DETERMINAR SI LOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 A 34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ANALIZARSE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE PREVÉN FACULTADES EN MATERIA IMPOSITIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1071/2018. · Registro digital (IUS): 29531
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-10-23
Promovente: EXPLORADORA DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Pág. 289.

AMPARO EN REVISIÓN 1071/2018. EXPLORADORA DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V. Y OTRAS. 6 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto.(1)

SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación. Los recursos de revisión fueron interpuestos dentro del plazo legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo(2) y por persona legitimada para ello.(3)

TERCERO.—Sentencia recurrida. Las consideraciones que sustentan el fallo recurrido son –en la parte que al caso interesa– las siguientes:

• En el considerando segundo, se precisaron como actos reclamados los siguientes:

a) De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación y promulgación, respectivamente, de los artículos 8o., fracción II, y 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

b) Del Congreso y del gobernador del Estado de Zacatecas, la aprobación y promulgación de los artículos 8 a 34 de la ley de hacienda de esa entidad federativa, los cuales regulan los impuestos ecológicos.

c) Del gobernador del Estado de Zacatecas el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete.

d) Del gobernador, del secretario de finanzas, del subsecretario de ingresos, director de ingresos y director de fiscalización la inminente aplicación y actos consecuencia de los preceptos que establecen los impuestos ecológicos reclamados.

• En el considerando tercero, se determinaron inexistentes los actos de aplicación reclamados al gobernador, al secretario de finanzas, al subsecretario de ingresos, al director de ingresos y al director de fiscalización, todos del Gobierno del Estado de Zacatecas, ya que el entero de los impuestos reclamados corresponde al contribuyente por mandato legal; por tanto, no es atribuible a las autoridades exactoras, pues la vigencia de las normas no conlleva por sí sola como consecuencia jurídica la intervención de éstas.

• En el considerando cuarto, se consideró acreditada la existencia de los siguientes actos reclamados a las autoridades responsables:

a) De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del presidente de la República la expedición y promulgación de la Ley General de Cambio Climático, respectivamente.

b) Del Congreso y del gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, la emisión y promulgación de la Ley de Hacienda de esa entidad.

c) Del gobernador del Estado de Zacatecas decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete.

• Por otra parte, en el considerando quinto, se precisó que las secciones II, III, IV y V, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, promulgada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, se reclamaban con motivo del inicio de su vigencia, es decir, de manera autoaplicativa y constituían el acto de aplicación y parámetro de las disposiciones combatidas de la Ley General de Cambio Climático y del Decreto de Estímulos Fiscales reclamado.

• En el considerando sexto, se determinó sobreseer en el juicio respecto del artículo 8o., fracción II, de la Ley General de Cambio Climático, dado que no se hicieron valer conceptos de violación que directamente lo combatieran, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo.

• Asimismo, en el considerando séptimo, se estimó procedente sobreseer en el juicio en relación con el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, debido a que no ocasiona un perjuicio con motivo de su vigencia, sino que se necesita un acto concreto de aplicación, conforme a lo establecido en los artículos 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

• En el considerando octavo, se desestimó la causal de improcedencia hecha por el director de ingresos y el director de fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en la que alegaron que las disposiciones reclamadas no causaban perjuicio a las quejosas por su sola vigencia, en términos de la fracción XII de la Ley de Amparo.

• Ello, porque de los numerales reclamados de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas se advirtió que los tributos que regulan se enteran por medio de una autoliquidación, cuyo cumplimiento presupone la inscripción de los sujetos de las contribuciones ante la autoridad fiscal y el registro de las actividades realizadas para cuantificar la base gravable.

• Es decir, los preceptos combatidos constituyen una unidad normativa que permite su impugnación como sistema desde su vigencia, porque las obligaciones que desde ese momento surgen engloban la incidencia de los mecanismos tributarios involucrados, dado que constituyen los presupuestos de la aplicación de éstos, con independencia de que se realicen los hechos generadores de la contribución, pues existe la obligación de inscripción, registro y declaraciones, lo que legitima a las quejosas para controvertir tales dispositivos.

• Por otra parte, se indicó que las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión alegaron que el juicio debía sobreseerse respecto de la Ley General de Cambio Climático, porque no causaba algún perjuicio en la esfera jurídica de las quejosas, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

• Ello se consideró infundado, debido a que la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas constituye un acto de aplicación de la Ley General indicada, en particular de los mecanismos establecidos en la fracción III del artículo 30, porque los impuestos ecológicos buscan proteger los efectos del cambio climático.

• En el noveno considerando, se indicó que era innecesario transcribir los conceptos de violación expuestos por las sociedades quejosas, ya que se sintetizarían en el estudio de fondo con la respuesta puntual a cada uno de ellos, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad.

• En el considerando décimo, se analizó el concepto de violación en el que las quejosas manifestaron que el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, es violatorio de los principios de legalidad y certeza tributaria, además de que transfiere indebidamente facultades legislativas a la administración pública.

• Ello, resultó infundado porque de la lectura de ese precepto se advirtió que se otorgó la facultad a las dependencias y entidades de la administración pública en general para proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos para la protección y reubicación de asentamientos humanos por los efectos del cambio climático.

• Lo regulado por dicho precepto, sólo implica una facultad de promoción de mecanismos lo que no necesariamente conlleva la posibilidad de que se establezcan reglamentariamente. Por tanto, no puede considerarse que el legislador federal haya delegado las facultades tributarias con las que cuenta ni que en uso de esa atribución puedan establecerse impuestos fuera de la ley.

• En consecuencia, se negó el amparo solicitado en relación con el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

• En el décimo primer considerando, se analizó el estudio de fondo, por lo que, en primer lugar, al estudiar el vigésimo concepto de violación se determinó que era infundado considerar que el procedimiento legislativo que originó la Ley de Hacienda reclamada era inconstitucional.

• Ello, porque tratándose del amparo contra leyes las violaciones de carácter formal en el procedimiento legislativo resultan irrelevantes si no trascienden de modo fundamental a la norma general, lo que ocurre cuando se cumple con el fin último de la iniciativa, que es la aprobación del pleno del órgano legislativo, sin vicios en las formalidades.

• En efecto, en el proceso legislativo los vicios derivados de las comisiones encargadas del dictamen son susceptibles de purgarse por el Congreso, ya que el trabajo de las comisiones de legisladores es preparatorio para la deliberación del pleno, por lo que carecen de relevancia jurídica si no existieron irregularidades en relación con la aprobación de la ley.

• Por tanto, si las irregularidades del procedimiento legislativo no pueden tener como efecto una variación sustancial en la voluntad legislativa, siempre y cuando se haya respetado el principio de deliberación democrática, a nada conduciría ordenar la reposición de aquél.

• De la lectura de los artículos 51 y 61 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 4 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del citado Estado, 93, 120, 121, 123, 124, 127 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo de la entidad mencionada, se advierte que los dictámenes de las iniciativas de las leyes deben leerse en la sesión anterior a su discusión y en dicha deliberación, deberán aprobarse por la mayoría del pleno, primero en lo general y, posteriormente, en lo particular.

• En ese sentido, los argumentos tendentes a demostrar vicios del estudio y procedimiento que originó la ley de hacienda combatida resultan inoperantes, porque dichas actuaciones son subsanables por la aprobación que realiza el pleno del órgano legislativo, pues lo relevante es que éste haya estado en posibilidad de discutir democráticamente el dictamen y aprobarlo en los términos previstos.

• En el caso, de las constancias relativas al procedimiento legislativo reclamado, se advierte que la Legislatura responsable siguió el procedimiento legislativo establecido para la aprobación, pues, en esencia, en una primera sesión se discutió el dictamen y, en una posterior, se aprobó con las reservas que se discutieron; asimismo, se dejó constancia en el diario de debates, en el cual se observa quien presidió la discusión, las posturas de los legisladores y el sentido del voto de cada uno de los asistentes, en particular, la participación de las posiciones contrarias al proyecto y la aprobación de la mayoría de los diputados que conformaron el quorum de la sesión.

• En consecuencia, a lo largo del procedimiento legislativo combatido fue respetado el principio de participación democrática de todas las fuerzas políticas, pues las posturas minoritarias pudieron ser discutidas y, por ende, tomadas en cuenta para la votación, por lo que atendiendo al principio de economía procesal resultaría innecesaria la insubsistencia de dicho trámite.

• Por otra parte, se consideró que, contrariamente a lo alegado por la parte quejosa, del análisis integral del decreto promulgatorio de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, posteriormente a la mención de las firmas de las legisladoras que firmaron el decreto de la ley, se asentó la orden de promulgación respectiva y las firmas del gobernador del Estado de Zacatecas, de la secretaria general de Gobierno y del secretario de Finanzas.

• Por tanto, la ley reclamada fue promulgada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, por lo que dicho ordenamiento resulta eficaz, en términos del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas.

• En otro aspecto, al analizar los conceptos de violación segundo, tercero, cuarto y séptimo, en los que las quejosas manifestaron, en esencia, que los impuestos reclamados invaden la esfera competencial de la Federación, porque la minería y todo el proceso minero sólo pueden ser objeto de contribuciones de carácter federal; que los tributos establecen contribuciones derivadas de las actividades mineras, por lo que para hacer compatibles las facultades federales sobre la industria minera con la materia de equilibrio ecológico, deben respetarse las limitaciones o reservas que establece la Constitución Federal; que la normativa local implicaría someter los bienes de dominio de la nación a la jurisdicción y regulación impositiva estatal.

• Además, respecto del impuesto por extracción de materiales, indicaron que grava la extracción de materiales a cielo abierto, sin distinguir el movimiento de agregados pétreos y rocas que se formularon a propósito de la exploración, explotación y beneficio de minerales; que los preceptos combatidos trastocan los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 6o. de la Ley Minera, pues son competencia federal, tanto las contribuciones relativas al proceso minero como las conductas asociadas con la exploración, explotación y beneficio.

• Tales argumentos resultaron fundados, debido a que del análisis del artículo 124 constitucional se deduce que las facultades que no correspondan expresamente a la Federación se encuentran reservadas a los Estados.

• En efecto, las entidades federativas cuentan con una competencia residual en relación con las atribuciones que regula la Constitución, pues les compete, por exclusión, las facultades que no se encuentran previstas en favor de los Poderes de la Unión, por lo que las prerrogativas establecidas en favor de la Federación integran una competencia exclusiva, salvo disposición constitucional en contrario.

• Así, del artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal, se advierte que, en primer término, corresponde a la Federación regular la industria minera, lo que no excluye la facultad de establecer contribuciones en esa materia, ya que las atribuciones exclusivas en materia tributaria están establecidas en la fracción XXIX referida.

• No obstante, en esa disposición se establece la facultad exclusiva para gravar el aprovechamiento de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27 constitucional, en el que se establece el dominio directo de la nación sobre los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos.

• En ese contexto, de los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. de la Ley Minera, se evidencia que las actividades propias de la industria minera engloban la totalidad de los procesos involucrados en la minería, pues abarcan desde la identificación del depósito de mineral o sustancia hasta la obtención específica de los productos existentes en éstos, incluyendo los trabajos de preparación para tales efectos.

• De ahí que no sólo el beneficio de los minerales forman parte de las actividades materia de la Ley Minera, sino, se reitera, también la exploración y explotación; por tanto, la facultad exclusiva de la Federación para imponer contribuciones en materia de minería envuelve a todo el proceso productivo de dicha industria.

• Es evidente que los hechos imponibles en comento gravan la extracción de terreno, emisión y depósito de los contaminantes ahí regulados con independencia de la industria de que se trate, es decir, no se concretan específicamente en que los hechos generadores se realicen con motivo del desarrollo de la actividad de la minería, sino de cualquier tipo de industria. Por lo que se advierte que el objeto de los tributos se refiere a los procesos productivos en general.

• Así, el estudio de la facultad exclusiva de la Federación para imponer contribuciones en materia de minería debe realizarse bajo la óptica de que aquélla engloba a todo el proceso productivo de dicha industria, pues se estableció que tal limitante incide en las actividades de exploración, explotación y beneficio, en su conjunto.

• En consecuencia, los preceptos reclamados invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión, en relación con la facultad impositiva que tiene para gravar las actividades inherentes a la minería, en términos del artículo 73, fracción XXIX, punto 4o., constitucional, en relación con el numeral 6 de la ley reglamentaria del diverso 27 constitucional en materia de minería; en tanto que sólo a través de una ley federal pueden establecerse contribuciones que incidan en el aprovechamiento de los recursos materia de la minería, en general, sobre las actividades de exploración, explotación y beneficio inherentes.

• Por ende, al no existir una separación nítida entre las actividades de la minería y los supuestos que integran las bases gravables, los preceptos analizados resultan inconstitucionales, en la medida en que no se excluyó a la industria citada, cuya regulación fiscal compete a la Federación.

• En consecuencia, la inconstitucionalidad radica en que no se exceptuaron de los tributos las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales, así como sustancias; lo que, se reitera, era necesario dada la generalidad de la norma, al encontrarse inmersos tales trabajos, en los términos precisados.

• Ello no es obstáculo, para determinar que los sujetos que realicen la actividad de la minería no puedan ser contribuyentes de impuestos locales, puesto que debe entenderse que lo que prohíbe la facultad constitucional en comento es que se graven directamente las actividades connaturales de la minería o los beneficios obtenidos de ésta.

• Consecuencia de lo anterior, se concedió el amparo solicitado por las quejosas para el efecto de que: a) los artículos 8 a 34 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas no les sean aplicados, en relación con las instalaciones que constituyan fuentes fijas generadoras de los contaminantes materia de dichas disposiciones, con motivo de actividades relativas a la industria minera, tanto en el presente como en el futuro; y b) la Secretaría de Finanzas de la entidad referida dejara de aplicar dichos preceptos y devolviera lo que erogaron las promoventes, con la actualización fiscal correspondiente.

• Finalmente, al haber resultado fundado una parte de los conceptos de violación, se consideró innecesario el estudio de los restantes, porque la parte quejosa no podría obtener mayor beneficio que la desincorporación de los preceptos reclamados de su esfera jurídica.

CUARTO.—Resolución del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciocho, consideró, en síntesis, lo siguiente:

• En el considerando único determinó que carecía de competencia legal para conocer del recurso intentado, en relación con el tema de invasión de esferas competenciales de una entidad federativa a la Federación, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción III, de la Ley de Amparo; y, 10, fracción II, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que su estudio y resolución corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que le solicitó reasumir su competencia originaria.

• Luego, del análisis de los recursos de revisión interpuestos, por el gobernador del Estado de Zacatecas, la Legislatura de dicha entidad federativa y las sociedades quejosas, indicó que subsistía el problema de invasión de esferas competenciales por parte de la autoridad local a la federal, ya que los recurrentes combaten las consideraciones formuladas por el juzgado de amparo, pues insisten sobre el tema competencial para crear tributos ambientales, cada una desde su perspectiva.

QUINTO.—Pronunciamientos de la Juez de Distrito que deben quedar intocados. Deben quedar firmes las determinaciones contenidas en los considerandos tercero y séptimo de la sentencia recurrida, mediante los cuales la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo en relación con los actos de aplicación reclamados al gobernador, al secretario de finanzas, al subsecretario de ingresos, al director de ingresos y al director de fiscalización, todos de zacatecas, así como la impugnación del decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respectivamente, ya que las normas no ocasionan perjuicio con motivo de su vigencia, sino que es necesario un acto concreto de aplicación.

Asimismo, el sobreseimiento decretado en el considerando sexto, respecto del artículo 8o., fracción II, de la Ley General de Cambio Climático, dado que no se hicieron valer agravios que directamente lo combatieran.

De igual forma, debe quedar firme lo resuelto en el décimo primer considerando, en relación con el procedimiento legislativo del que derivó la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas fue constitucional y que la misma es eficaz, ya que no existieron irregularidades en su aprobación, pues se respetó el principio de deliberación democrática; aunado a que, se demostró que fue promulgada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad.

Ello es así, porque la parte a quien perjudican las anteriores determinaciones fue omisa en combatirlas a través de sus agravios, por lo que debe tenerse por firme para seguir rigiendo en lo conducente al fallo.

SEXTO.—Causal de improcedencia que se advierte oficiosamente, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del numeral 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático. Por regla general, las consideraciones del Juez de Distrito que no hayan sido combatidas en vía de agravio deben quedar firmes, sin embargo dicho principio no opera en forma absoluta respecto de la procedencia de la acción constitucional, ya que el análisis de las causales de improcedencia es de orden público y debe efectuarse con independencia de que las partes lo aleguen o en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, pues así lo prescribe expresamente el artículo 62 de la Ley de Amparo.(4)

Lo anterior tiene justificación cuando, encontrándose el asunto en revisión, se advierte la existencia de una o varias causas de improcedencia diferentes a las que el juzgador de primer grado estimó actualizadas, desestimadas, o bien, al advertirse un motivo distinto de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, dado que, en esos casos, es indudable que el tribunal revisor, de oficio, debe emprender el estudio de la procedencia de la acción.

La afirmación que precede se encuentra corroborada con lo dispuesto por el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo,(5) que establece que el órgano jurisdiccional, al conocer de los asuntos en revisión, observará, entre otras reglas, la relativa a que podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia; lo cual, en otras palabras, significa que el legislador permite al tribunal revisor examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos a los analizados por el Juez de primer grado.

El principio de congruencia respecto del análisis de las causales de improcedencia que compete al tribunal revisor consiste en que la procedencia del juicio de garantías es de orden público y conduce a considerar que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada hipótesis de improcedencia, el tribunal revisor bien puede abordar el estudio bajo un matiz distinto, que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causal por diverso motivo, si se considera que un supuesto de improcedencia puede generarse por otras razones.

Al respecto, como apoyo a las consideraciones anteriores puede citarse la jurisprudencia P./J. 122/99, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, de rubro y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.—Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

Ahora, en opinión de esta Segunda Sala se considera que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto del acto reclamado a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al presidente de la República, consistente en el numeral 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, ya que las sociedades quejosas carecen de interés jurídico para reclamar dicha porción normativa, pues contrariamente a lo reclamado y a lo determinado en la sentencia recurrida, dicho precepto no fue aplicado en su perjuicio.

A efecto de demostrar lo anterior, es necesario señalar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."

Del precepto legal transcrito, se desprenden las siguientes hipótesis de improcedencia del juicio de amparo:

a. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;

b. Contra actos que no afecten los intereses legítimos del quejoso; y,

c. Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

En el caso, se analizará el supuesto establecido en el inciso a), relativo a que no se afecten los intereses jurídicos del quejoso.

Para entender esta causal de improcedencia, resulta necesario hacer referencia al contenido de los artículos 103 y 107, fracción I,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; así como aquellos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal.

Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso.

Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos momentos: a) por su sola entrada en vigor; y, b) con motivo de su primer acto de aplicación.

Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo.

Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquellas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquellas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29531-5a1a5ed4/impuestos-ecologicos-o-costo-eficientes-aspecto-o-beneficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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