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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ALCANCE ESPECÍFICO. V. IGUALDAD JURÍDICA. EN SU MODALIDAD SUSTANTIVA IMPONE A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO ADOPTAR ACCIONES POSITIVAS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE HECHO. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. VII. IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. VIII. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. SU JUSTIFICACIÓN A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD O TEST ORDINARIO DE IGUALDAD. IX. PENSIÓN POR VIUDEZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE UN CONDICIONAMIENTO O LIMITANTE AL VARÓN, EN SU CARÁCTER DE VIUDO, PARA ACCEDER A AQUÉLLA, DISTINTO A LAS QUE RIGEN A LA VIUDA, IMPLICA UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO QUE VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). X. PENSIÓN POR VIUDEZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. SI BIEN LAS NORMAS IMPUGNADAS SE REFIEREN EXPRESAMENTE A LA MUJER CONCUBINA, DEBEN LEERSE COMO APLICABLES AL HOMBRE CONCUBINO (INTERPRETACIÓN CONFORME EN SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN II, Y 47, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XI. PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE UN CONDICIONAMIENTO O LIMITANTE AL VARÓN, EN SU CARÁCTER DE VIUDO, PARA ACCEDER A AQUÉLLOS, DISTINTO A LOS QUE RIGEN A LA VIUDA, IMPLICA UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO QUE VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE: "SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE, Y NO PUEDA TRABAJAR PARA OBTENER SU SUBSISTENCIA U OTRO SERVICIO MÉDICO Y VIVA EN EL HOGAR DE ÉSTA", DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XII. PENSIÓN POR VIUDEZ Y SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL TRATO DIFERENCIADO A LOS BENEFICIARIOS DE LAS ASEGURADAS O PENSIONADAS, SIN RAZONES VÁLIDAS QUE LO JUSTIFIQUEN, PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDEZ O A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, CUANDO LAS QUE EXISTEN SE BASAN SIMPLEMENTE EN EL SEXO DE LA PERSONA O LA EXIGENCIA DE INCAPACIDAD TOTAL, RESULTA VIOLATORIO DEL DERECHO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 45 Y 69, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XIII. PENSIÓN POR VIUDEZ Y SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE UN CONDICIONAMIENTO O LIMITANTE AL VARÓN, EN SU CARÁCTER DE VIUDO, PARA ACCEDER A AQUÉLLOS, DISTINTO A LAS QUE RIGEN A LA VIUDA, IMPLICA UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO QUE VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA NO DISCRIMINACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 45, 47 Y 69, FRACCIÓN I, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS EN LAS QUE SE ESTABLECE: "QUE ESTUVIESE TOTALMENTE INCAPACITADO", "VIUDO" Y "SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE INCAPACITADO FÍSICA O MENTALMENTE, Y NO PUEDA TRABAJAR PARA TRABAJAR PARA OBTENER SU SUBSISTENCIA U OTRO SERVICIO MÉDICO Y VIVA EN EL HOGAR DE ÉSTA", RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 48, EN LA PORCIÓN NORMATIVA EN LA QUE SE ESTABLECE: "O AL VIUDO", DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 1137/2015 IP.O EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XV. PENSIÓN POR VIUDEZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA LOCUCIÓN "...LA MUERTE DE UN PENSIONADO..." NO ES VIOLATORIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES, YA QUE CONTEMPLA EL USO GENÉRICO DEL MASCULINO PARA REFERIRSE TANTO A LA PENSIONADA COMO AL PENSIONADO, SIN DISTINCIÓN ALGUNA, POR LO QUE TODA NORMA RELATIVA DEBE ENTENDERSE SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO (ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADA MEDIANTE EL DECRETO). XVI. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EN EL CASO DE QUE EL DERECHOHABIENTE NO EFECTÚE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2016. · Registro digital (IUS): 30068
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-03
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo I, Pág. 210.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE MARZO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL VILLASEÑOR REYES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y normas impugnadas. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan.

ÓRGANOS RESPONSABLES:

1. Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

2. Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMAN:

Los artículos 45, 47, 69, fracción I, y 78 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, publicada mediante el Decreto Número 1137/2015 IP.O en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintiséis de diciembre de dos mil quince, del siguiente contenido:

"Artículo 45. Son beneficiarios para efectos de esta prestación:

"I. La cónyuge supérstite y los hijos menores de 18 años o incapaces.

"La misma pensión le corresponderá al viudo que estuviese totalmente incapacitado.

"II. A falta de esposa, la concubina, cuando reúna los requisitos que señala la legislación civil."

"Artículo 47. El derecho a recibir la pensión por viudez y orfandad se pierde:

"I. Cuando los hijos cumplen dieciocho años o cese la incapacidad.

"II. Cuando la cónyuge supérstite, o concubina en su caso, contraiga matrimonio, viva en concubinato o por cualquier causa esté en posibilidad de proveer a su subsistencia.

"III. Cuando desaparezca la incapacidad del viudo, huérfano o por cualquier causa esté en posibilidad de proveer a su subsistencia."

"Artículo 69. Son beneficiarios de los derechohabientes para efectos de la prestación de los servicios médicos:

"I. La cónyuge o, a falta de esta, la concubina que acredite tal carácter en los términos de la legislación civil. Si el trabajador tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho al servicio.

"Del mismo derecho gozará el esposo de la trabajadora o, a falta de este, el concubinario, siempre y cuando este se encuentre incapacitado física o mentalmente, y no pueda trabajar para obtener su subsistencia u otro servicio médico y viva en el hogar de esta.

"En el caso de los concubinarios es necesario que se haya hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con el que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la trabajadora tiene varios concubinarios ninguno de ellos tendrá derecho al servicio."

"Artículo 78. Si por cualquier causa se hubiese omitido hacer el descuento al derechohabiente, este deberá efectuar su aportación dentro de los quince días siguientes al en que haya recibido sus percepciones.

"Si el derechohabiente no efectúa su aportación el instituto podrá solicitar el descuento."

2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales violados. El accionante señaló que las normas que se consideraban transgredidas eran los artículos 1o., quinto párrafo, 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 1, 17 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador".

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente aduce los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan, en síntesis, lo siguiente:

Primer concepto de invalidez:

• Los artículos 45, 47, 69, fracción I y 78 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, establecen una discriminación en razón de género, en tanto que limita el derecho de los cónyuges varones del derecho de gozar de pensión de viudez; y consideran como derechohabientes de servicios médicos al cónyuge únicamente en los casos donde se encuentre incapacitado totalmente, por lo que resultan contrarios a los artículos 1o., 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra consagrado tanto en el marco jurídico internacional como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en las normas secundarias se exige la razonabilidad de un trato diferenciado, es decir, por un lado, proveer un trato igual en supuestos de hecho equivalentes y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hechos distintos, con la excepción de que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual.

• Dicho razonamiento ha sido sostenido en la tesis 2a. LXXXII/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en junio de dos mil ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en el Tomo XXVII, pagina 448, de rubro: "PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE."

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios a seguirse para determinar si un dispositivo legal es o no contrario al principio de igualdad, a saber:

a) Que sean comparados dos o más regímenes jurídicos.

b) Determinar un término de comparación para establecer si existe una situación de igualdad entre las personas sometidas a un régimen distinto.

c) Si la diferenciación en el trato tiene una finalidad constitucionalmente valida, con excepción de las prohibiciones especificas previstas en la Constitución Federal.

d) Que la diferenciación sea óptima para la consecución del fin pretendido.

e) Determinar si la medida legislativa resulta proporcional con el fin que se pretende.

• Criterios que ha sostenido la Segunda Sala, en su jurisprudencia en materia constitucional 2a./J. 42/2010, publicada en abril de dos mil diez, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, pagina 427, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA."

• Para que sean constitucionalmente válidas las distinciones en preceptos legales, debe existir una justificación objetiva y razonable, que pretenda un fin constitucional y que además sea adecuado para el logro de dicho fin y que exista proporcionalidad con la finalidad establecida.

• El principio de igualdad lleva implícita la prohibición de discriminación, que se encuentra plasmado en el artículo 1o. del texto de la Constitución Federal, que prevé de manera enunciativa como postulados específicos de prohibición de discriminación el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil; sin embargo, el listado no es limitativo, pues ese mismo artículo prevé la porción normativa "o cualquier otra", para extender la prohibición de no discriminación a cualquier otro supuesto no previsto específicamente.

• Uno de los supuestos específicos de prohibición de discriminación es por razón de género y, como tal, cualquier distinción que pudiera hacer el legislador al respecto deberá ser sometido a un examen de constitucionalidad extremadamente riguroso respecto a la proporcionalidad, en tanto que dichos presupuestos son considerados imperativos constitucionales y ante ellos existe un deber de respeto. Por lo tanto, queda tajantemente prohibido todo acto que pudiera suscitar un trato desigual e injustificado entre hombres y mujeres, pues la Constitución Federal obliga a que se busquen los medios para garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

• Los artículos 45 y 47 impugnados excluyen del goce de la pensión por viudez a los varones que no se encuentren incapacitados totalmente; misma lógica impera en el diverso 69, fracción I, respecto de los servicios médicos, pues no serán considerados derechohabientes de tales servicios quienes no se encuentren discapacitados totalmente; siendo que, tal condición no les es solicitada a las personas de género femenino para el otorgamiento de la pensión de viudez, ni para ser consideradas derechohabientes de servicios médicos.

• Los artículos 45 y 47 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones establecen una discriminación genérica, en el sentido de que los hombres sólo podrán gozar de la pensión de viudez cuando se encuentren totalmente incapacitados, y sólo durante el tiempo que dure la incapacidad o que se encuentre en imposibilitado para proveer a su subsistencia.

• Del texto del artículo 41, fracción I, de la ley impugnada, del cual se desprende que serán beneficiarios de pensión por viudez u orfandad los siguientes sujetos: la cónyuge (mujer), los menores de 18 años o incapaces o el viudo (hombre) que se encuentre incapacitado. En correspondencia con el numeral 47 se obtiene que dicha pensión se pierde en los casos donde los hijos cumplan 18 años o cese la incapacidad, cuando la cónyuge o concubina contraiga matrimonio nuevamente o viva en concubinato; en el caso del viudo, cuando desaparezca la incapacidad, o por cualquier causa esté en posibilidad de proveer a su subsistencia.

• Es decir que para los casos de pensión por viudez, le será otorgada a la cónyuge mujer supérstite sin imponer requisito alguno, y sólo podrá perder dicha pensión cuando haya contraído nuevas nupcias, viva en concubinato o esté en posibilidades de proveer a su subsistencia. Mientras que, en el caso de los cónyuges supérstites varones, la pensión únicamente les será otorgada en los casos donde se encuentren incapacitados totalmente, y solamente por el tiempo que dure la incapacidad, o que a pesar de la misma se encuentre en posibilidades de proveer a su subsistencia.

• Para efectos comparativos, agrega la siguiente tabla:

Ver tabla

• Queda evidenciado que la pensión, es por regla general otorgada a las mujeres viudas, mientras que en el caso de los hombres deberán además encontrarse incapacitados totalmente, ante lo cual no existe razón válida que justifique dicha determinación, pues pone en desventaja al hombre frente a la mujer al tiempo que reafirma esquemas de discriminación en razón de género.

• El derecho a la igualdad y a la no discriminación puede verse desde dos ópticas. La primera, se trata de una obligación negativa, en relación con la prohibición de diferencias de trato arbitrario, como sucede en el artículo 45, ya que no obedece a ninguna razón el hecho de que a los cónyuges supérstites de género masculino les sea requerida una incapacidad total para acceder a la pensión por viudez, mientras que ese requisito no le es solicitado a las mujeres. La segunda, es una obligación positiva que refiere al deber del Estado de crear condiciones de igualdad real, es decir, no beneficiar a un grupo en perjuicio de otro, sino que se den las condiciones propicias para que sean otorgados los mismos derechos a quienes se encuentren en las mismas situaciones; en el caso, sería que se solicitara para los cónyuges supérstites de ambos sexos el mismo requisito para acceder a la pensión de viudez, es decir, únicamente acreditar el deceso del cónyuge.

• El artículo 69, fracción I, de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, establece una discriminación en razón de género, al disponer que los hombres sólo podrán ser derechohabientes de servicios cuando se encuentren incapacitados física o mentalmente, y que además se encuentren imposibilitados para trabajar y que moren en el mismo domicilio que la derechohabiente, con lo cual transgrede el derecho a la prestación de servicios médicos, al prever que el esposo de la trabajadora o el concubinario sólo tendrán acceso a este derecho, si se encuentran incapacitados física o mentalmente, además de que no puedan trabajar para obtener sus subsistencia y que compartan el domicilio con la esposa derechohabiente, lo cual vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de género, y los principios de previsión social, al tiempo que obstaculiza el derecho a la protección de la salud, en virtud de que se otorga un trato inequitativo entre los beneficiarios de estos derechos, únicamente en función del género de los mismos.

• Que por tanto, se viola el derecho de no discriminación motivada por género, que atenta contra la dignidad humana, y tiene por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas, sin que para tal distinción exista justificación o razón que lo ampare, además de que no prevé supuestos de proporcionalidad bajo los cuales pudiese considerarse como constitucionalmente valido dicho trato diferenciado.

• La consecuencia directa del artículo señalado es que los cónyuges varones no tengan reconocida su calidad de derechohabiente de servicios médicos y, que por ende, no les sean proporcionados los servicios relativos, que hagan efectivo el derecho a la protección a la salud, pues obstaculiza indirectamente el deber de proveer lo necesario para garantizar la protección a la salud de las personas, como lo refiere el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Federal, ya que en la norma impugnada se establece que sólo podrán ser beneficiarios de los derechohabientes, para efectos de la prestación de servicios médicos, únicamente los esposos que se encuentren incapacitados física o mentalmente y que además no puedan trabajar para subsistir, sumado al hecho de que debe morar en el mismo domicilio que su esposa derechohabiente; requerimientos que no son hechos a las esposas de los derechohabientes varones, tal como lo refiere la siguiente tabla comparativa:

Ver comparativa

• Por lo cual existe una diferenciación injustificada que únicamente atiende a la calidad de esposos o concubinos, mientras que no es igual para las mujeres a quienes para acceder a los mismos servicios médicos solo es necesario acreditar su calidad en términos de la legislación civil.

• Derivado de tal disposición no se genera un trato igual entre hombres y mujeres en la misma hipótesis y no existe razón que la justifique, pero además se causa un perjuicio a los esposos o concubinos varones, ante la negación de servicios médicos, y así se vulnera su derecho a la seguridad social y a la protección de la salud.

• Con dichos preceptos se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, los cuales tienen carácter imperativo, siendo que existe la obligación de los Estados de protegerlos, tal como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García y otros Vs. Honduras, en la sentencia de veintiuno de septiembre dos mil seis.

• Existe un precedente relevante emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que determinó que el artículo 130, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer.

• De dicho asunto surgió la tesis 2a. VI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, materias constitucional y laboral, página 470, de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN."

• Los preceptos combatidos son actos legislativos discriminatorios y crean hipótesis de desventaja del varón frente a la mujer para ser acreedores de una pensión por viudez, sin que pueda desprenderse razón que lo justifique, sin que sea capaz de superar un examen de constitucionalidad referente a la distinción de trato que realizan los artículos combatidos entre hombres y mujeres, estando ambos en el mismo supuesto que es el estado de viudez o de derechohabientes de servicios de salud.

Segundo concepto de invalidez:

• El artículo 78 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones impone a los derechohabientes el pago de aportaciones al regularizar las omisiones realizadas por el Municipio y los organismos descentralizados poniendo en riesgo su garantía a la seguridad social y contradiciendo los artículos, 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que el pago de cuotas y aportaciones le corresponde en primer término al Municipio de Chihuahua y organismos descentralizados municipales que se incorporen al instituto Municipal de pensiones.

• El artículo 78 de la ley en cita, permite la suspensión de derechos de seguridad social, generalizando las circunstancias al establecer, "Si por cualquier causa se hubiese omitido hacer el descuento al derechohabiente, éste deberá efectuar su aportación dentro de los quince días siguientes al en que haya recibido sus percepciones", sin reparar en que dicha carga al empleado lo deja en un evidente estado de inseguridad.

• La obligación de enterar las cuotas de las aportaciones de seguridad social, legamente no corresponde al trabajador sino al patrón, que en el caso concreto resulta ser el Estado, Municipios y organismos públicos incorporados. La percepción integra del sueldo no es lo que da derecho a los beneficios de seguridad social, sino las cuotas que los patrones enteran al instituto, por lo cual, la fórmula que condiciona los beneficios de seguridad social a la percepción del salario íntegro de ningún modo podría considerarse válida.

• De lo contrario, la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 78 ocasionaría la violación de derechos humanos, en tanto que impone una carga gravosa para los trabajadores a pesar de que a estos no les corresponde subsanar las causas por las cuales no se le haya hecho el descuento de sus aportaciones.

• El concepto de seguridad social como derecho de los trabajadores y sus familias se encuentra consagrado tanto en convenios internacionales, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que representa un compromiso del Estado, como ente garante y, de la sociedad, que respalda a los ciudadanos trabajadores ante eventualidades que limiten desarrollo de las capacidades laborales de una persona o de sus familiares.

• Este derecho fundamental de seguridad social participa del principio de progresividad, que ordena una evolución progresiva de los beneficios de la seguridad social, de inmediatez y de subsidiariedad del Estado; lo que se traduce en que los beneficios de la seguridad social deben aumentarse de sus mínimos de manera progresiva y una vez alcanzado un nivel subsecuente, resulte imposible retroceder a uno menor.

• Los beneficios de la seguridad social deben ser inmediatos, en tanto deben llegar de forma oportuna al beneficiario y es por esto que el Estado resulta obligado subsidiario en el cumplimiento de la garantía de seguridad social, quien deberá hacer frente ante el incumplimiento de los patrones, para que de esta manera los trabajadores encuentren sus derechos protegidos y respaldados por el Estado mismo, dejando a salvo la posibilidad de que éste repercuta contra los obligados en primer término.

• El precepto en análisis es contrario a tales principios, al condicionar al pago de cuotas, que deberán estar cubiertas, para la realización de trámites ante el instituto respectivo; por lo cual, no sólo se transgrede la garantía del trabajador, sino también a los familiares derechohabientes, quienes no tienen esa carga y también les es impuesta la obligación de hacer el pago de las cuotas en los casos donde por cualquier razón no les haya sido hecho el descuento, incluso por causas ajenas a los trabajadores; puesto que, enterar el pago de cuotas y aportaciones al instituto, le corresponde al patrón y no, como prevé el numeral 78 combatido, a los derechohabientes.

• Podrían verse obstaculizados los tramites que quieran realizar los trabajadores o sus familiares derechohabientes por causas no imputables a los mismos, ya que éstos de ningún modo deben responder ante la omisión de su empleador, dejándolos en estado de indefensión, ante la negligencia del patrón moroso o aquel que retenga las cuotas aportadas por los trabajadores, sin que las entere; lo que, a su vez, les revierte la carga de la prueba, pues les correspondería a los trabajadores demostrar el entero de los pagos respectivos y que es el empleador el que no ha realizado la entrega de los mismos, sin poder realizar los trámites que le sean necesarios, mientras se resuelve esa controversia, en menoscabo de sus derechos, como sería la pensión por viudez o por invalidez.

• Por analogía cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número P./J. 188/2008, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Novena Época, octubre dos mil ocho, página catorce, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 25, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA SUSPENSIÓN DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10. DE ABRIL DE 2007)."

• Hace hincapié en la carga impuesta al trabajador, pues dicho onus probandi no encuentra legítimamente su fundamento, ya que el responsable de enterar las cuotas y aportaciones al instituto son los empleadores, por lo que los trabajadores no deberían verse afectados ni deberían imponérseles cargas que excedan de su ámbito.

• Esta puesta en riesgo, no sólo atañe al trabajador sino también su familia, y se traduce en una falta de protección de derechos humanos, relacionada con la concesión de sus prestaciones, como poder acceder al instituto y ser atendido o cuando menos poder realizar las diligencias necesarias para dar lugar a la atención eficaz y oportuna del mismo; lo cual, obstaculiza y demerita el derecho de seguridad social, al impedir indirectamente los trámites ante el instituto, en perjuicio del trabajador y de sus familiares.

• Concluye que el artículo 78 de la ley en pugna transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contravenir el derecho de seguridad social y el principio de previsión social, y por esa razón solicita su declaración de invalidez.

4. CUARTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad 4/2016, así como turnarla a la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, como instructora del procedimiento; la cual, mediante proveído de veintiocho de enero del mismo año, la admitió a trámite, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que formulara el pedimento correspondiente.

5. QUINTO.—Informes de las autoridades.

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en su informe sustancialmente manifestó, lo siguiente:

• Es cierto que en uso de las facultades conferidas por el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, promulgó y publicó el Decreto Legislativo 1137/2015 IP. O., mediante el cual se expidió la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, en específico los artículos 45, 47, 69, fracción I y 78 de la misma.

• La norma general impugnada por el actor se encuentra fundada y motivada por el Congreso del Estado de Chihuahua, mediante la exposición de motivos que antecedió la iniciativa y debates que se dieron durante su estudio, dictamen, discusión y aprobación; además, solicitó la suplencia de la deficiencia la queja y tener por adheridas las manifestaciones y probanzas presentadas por el Órgano Legislativo del Estado de Chihuahua.

II. El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua en su informe sustancialmente señaló lo siguiente:

• La creación del decreto impugnado cumplió con todos los requisitos legales para su creación, ya que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado y del diverso 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

• De la iniciativa se desprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 155 señala, que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, a quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que éstos sean gobernados por los Ayuntamientos, los cuales están facultados para aprobar los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

• La fracción II del artículo 28 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, faculta a los Ayuntamientos a iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en asuntos de la competencia del gobierno municipal y nombrar representante para que intervenga en la discusión de la iniciativa; con lo que justifica la verticalidad de competencia del Ayuntamiento para aprobar previamente el dictamen de referencia y la presentación de la iniciativa ante la instancia legislativa local.

• En busca de nuevos esquemas de crecimiento para reforzar la vida del Instituto Municipal de pensiones, nace la necesidad de sentar las bases en una nueva ley, que permita regular el sistema de Seguridad Social, las jubilaciones y pensiones de los trabajadores en activo, los jubilados y pensionados, así como de aquellos que ingresen a laborar al Municipio de Chihuahua y sus distintos organismos descentralizados a partir de la vigencia de la nueva ley cuyas razones fueron las que propiciaron la nueva ley que regule el tránsito del Instituto Municipal de Pensiones y de esta forma incrementar las expectativas de vida del ente y garantizar los servicios de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua.

• De un análisis extensivo se concluyó que era necesario que se transformara el sistema operativo, es decir, que se realizara una reforma de gran calado que le permita seguir con sus fines como son la prestación de la seguridad social y afinar la forma de jubilar o pensionar a la plantilla laboral, sin menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores en activo, a quienes se les seguirían protegiendo sus derechos de antigüedad y condiciones laborales bajo las cuales fueron contratados; además de que, de no haberse realizado dicha acciones se estaría condenando al organismo descentralizado a la terminación de su objetivo social, cuyas decisiones se basan además en estudios actuariales que acertadamente el propio instituto realizó.

6. SEXTO.—Opinión. El procurador general de la República, no formuló opinión alguna respecto de la presente acción de inconstitucionalidad.

7. SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos y transcurrido dicho plazo, mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnación de diversos artículos de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, publicada mediante el Decreto número 1137/2015 IP.O en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintiséis de diciembre de dos mil quince, por contradecir diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, se debe analizar primero, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

10. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial, si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

11. Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiese publicado la norma impugnada, considerando, en materia electoral, todos los días como hábiles.

12. En e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30068-12daded2/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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