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Modo: Corpus Pro

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 652/2015. · Registro digital (IUS): 27069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-21
Promovente:
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 754.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 652/2015. 11 DE NOVIEMBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.

III. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en relación con el punto quinto del diverso Acuerdo General Plenario Número 14/2008, de ocho de diciembre de dos mil ocho; al interponerse el medio de impugnación, en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado, cuyo tema que por su especialidad corresponde a esta Sala.

14. Oportunidad del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al apreciarse de las constancias existentes que, la sentencia recurrida, fue dictada el nueve de enero de dos mil quince y notificada personalmente al recurrente el dieciséis de enero de dos mil quince, misma que surtió efectos el día hábil siguiente, que fue el diecinueve de enero del mismo año.

15. En consecuencia, el término de diez días señalado en el artículo de mérito, transcurrió a partir del martes veinte de enero al martes tres de febrero de dos mil quince, excluyéndose los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero, y uno de febrero, por ser sábados y domingos, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el dos de febrero de dos mil quince, de conformidad con el punto primero, inciso c), del Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

16. En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el tres de febrero de dos mil quince, resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

IV. PROCEDENCIA

17. Procedencia. En este apartado se analiza, si en el caso, se reúnen los requisitos legales que condicionan la procedencia del presente recurso de revisión.

18. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, se deriva lo siguiente: El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo, pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si en ellas se decidió u omitió decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre que dichos temas se hubieren planteado en la demanda de amparo.

19. Asimismo, se considera procedente el recurso de revisión si el problema de constitucionalidad referido, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de este Alto Tribunal, lo cual se actualiza en dos supuestos:

a) Cuando se advierta que la resolución de un amparo directo en revisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante para el orden jurídico nacional.

b) Cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio, o bien, se hubiese omitido su aplicación.

20. Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal modo que su admisión a trámite no implica la procedencia definitiva del recurso.(1)

21. En este orden de ideas, el presente recurso cumple con los requisitos aludidos, en virtud de que en la sentencia recurrida, se hizo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato.

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

22. A continuación se señalan las cuestiones necesarias para resolver el asunto:

23. Conceptos de violación. Como conceptos de violación, en lo que es materia de constitucionalidad, el quejoso plantea lo siguiente:

1. Que el delito de feminicidio contraviene los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la no discriminación de ningún grupo o ciudadano mexicano por ninguna razón, pues aunque sea política pública realizar la "discriminación positiva", ésta es prohibida por la propia Constitución y no debe ser tomado en cuenta el tipo penal para sancionarlo como lo hace la autoridad responsable; asimismo, la creación legislativa de ese delito y su aplicación ejecutiva o jurisdiccional, atentan contra la igualdad del hombre y la mujer.

Que la ley en la que el delito se encuentra expresada, como característica esencial, debe ser obligatoria, general y abstracta y, en el caso, el delito de feminicidio no contiene generalidad en sus sujetos pasivos, ya que se realiza para la discriminación a la protección igualitaria de los hombres.

Sin que se considere que el sujeto activo de ese delito pueda ser otra mujer, cuya consecuencia directa es que su equilibrio procesal estaría viciado, al no cometerse la privación de la vida de una mujer a otra mujer por razón de género.

24. Sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado del conocimiento, se pronunció en relación con lo anterior, de acuerdo a lo siguiente:

1. Que son infundados los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad del artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, que tipifica el delito de feminicidio por razones de género.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 1o., párrafo quinto, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la igualdad es un principio complejo que otorga a las personas no solamente la garantía de que serán iguales ante la ley, sino también en la ley misma, es decir, en su calidad de destinatarios de la norma y usuarios de la administración de justicia y en relación con el contenido de la ley, la que tendrá que amoldarse no sólo a las disposiciones constitucionales, sino al derecho internacional de los derechos humanos.

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de igualdad implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales y que para ajustarse a ello, resulta necesario en ocasiones, llevar a cabo distinciones que desde luego estarán vedadas, pero en otras permitidas o incluso constitucionalmente exigidas, de manera que cuando la ley hace una distinción, respecto de varios hechos o sucesos y personas, tal distinción debe apoyarse sobre una justificación objetiva y razonable.

Que el principio de igualdad busca que un objetivo constitucionalmente válido, como lo es la creación del artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, no se lleve a cabo afectando otros bienes y derechos también protegidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de conformidad con la tesis de la Primera Sala de rubro: "IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES.", así como en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la exposición de motivos que dio origen a la norma impugnada.

Asimismo, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se acordó que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; que, además, trasciende en todos los sectores de la sociedad con independencia de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel de educación, edad y religión; de ahí, que la eliminación de dicha violencia resultaba indispensable para el desarrollo individual y social, así como su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Que en ese orden de ideas, el tipo penal de feminicidio, contenido en el artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, no es discriminatorio al privilegiar la vida de la mujer sobre la del hombre, puesto que esa distinción introducida por el legislador del Estado de Guanajuato, obedece a una finalidad objetiva, constitucional y convencionalmente válida, toda vez que se persigue que las mujeres tengan derecho a una vida libre de violencia.

Que el legislador de Guanajuato, en aras de su obligación de crear mecanismos jurídicos para que no se atente contra la vida de las mujeres, adicionó al código penal multirreferido, la descripción típica de feminicidio, con lo que reconoció que estas conductas afectan no solamente la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual, sino que también son cometidas con base en la discriminación y subordinación implícita contra las mujeres, es decir, por razones de género.

Que en ese contexto, el tratamiento jurídico diferente que se da al tipificar el delito de feminicidio, no es discriminatorio, ni atentatorio de los derechos humanos del quejoso, ya que esa distinción está justificada en el reconocimiento contundente que instrumentos internacionales han realizado respecto de que la violencia contra la mujer es una ofensa a su dignidad humana, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Que por ello, la distinción de género, contenida en la norma impugnada que aduce el quejoso, no quebranta el propósito de la reforma constitucional al artículo 4o. de la Constitución Federal, que consiste en buscar la igualdad de género entre el varón y la mujer, al existir un fin que se justifica razonablemente, de conformidad con la exposición de motivos que dio origen al precepto impugnado.

Que la descripción típica contenida en el artículo 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, no puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana del quejoso, pues sólo sería discriminatoria cuando carezca de justificación objetiva y razonable, lo cual no acontece.

Que existe un balance adecuado entre la descripción típica, prevista en la norma impugnada y la finalidad perseguida -requisito de proporcionalidad de la medida legislativa-, porque el legislador tomó en consideración que la violencia que se ejerce contra la mujer por razón de género es una manifestación extrema de la misma, en la que el denominador común es la desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres, lo cual genera una situación de mayor vulnerabilidad y limitación para las mujeres en el disfrute, de sus derechos humanos y sobre todo a una vida libre de violencia, a su seguridad en el espacio público, a la libertad entre otros derechos; aspectos que a nivel internacional, se consideran tan graves, que dicha idea fue recogida por el propio legislador del Estado de Guanajuato y motivó la sanción privativa de libertad por la comisión del delito de feminicidio.

Que el legislador local armonizó la creación de la descripción típica de la norma penal impugnada con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, lo que resulta acorde con la reforma al artículo 1o. constitucional de diez de junio de dos mil once.

Que carece de razón el peticionario de garantías, al afirmar que el legislador secundario pasó por alto que el delito de feminicidio no contiene generalidad en sus sujetos pasivos, ya que está realizado para la discriminación a la protección igualitaria de los hombres y que, además, no se considera que el sujeto activo pueda ser otra mujer, cuya consecuencia directa es que su equilibrio procesal estaría viciado, al no cometerse la privación de la vida de una mujer a otra mujer por razón de género.

Lo anterior, porque no todo tratamiento jurídico diferente puede considerarse ofensivo por sí mismo de la dignidad humana, pues por el contrario, la citada descripción típica, garantiza a la mujer el derecho a una vida libre de violencia, así como a su dignidad humana, de manera que la norma penal impugnada no es inconstitucional.

Que son de aplicación obligatoria, las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al rubro indican: "PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN HOMICIDIO DE MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO. INCONVENCIONALIDAD." y "PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN. VIOLENCIA GENERALIZADA CONTRA LA MUJER. DEBERES REFORZADOS A CARGO DEL ESTADO.", las cuales se sustentaron en el Caso Campo Algodonero contra México.

25. Agravios. En el escrito de agravios, el recurrente planteó lo siguiente:

1. Que le causa agravio que el Tribunal Colegiado, considere que el delito de feminicidio no quebranta el propósito de la reforma al artículo 4o. constitucional, el cual establece que: "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.", ya que podía haber interpretado la finalidad de ese precepto de conformidad con los artículos 1o. constitucional y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no permiten la diferenciación jurídica entre el hombre y la mujer.

Que en la sentencia recurrida se señala que el propósito del 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, es buscar la igualdad de género entre el varón y la mujer, cuando de la lectura del propio precepto, lo que se busca es la igualdad legal.

2. Que si bien la sentencia recurrida se basa en varios convenios internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a proteger a la mujer en contra de la violencia por razones de género; lo cierto es que los mismos no indican en modo alguno que para lograr ese objetivo, se hagan labores legislativas discriminatorias en contra de los hombres, como es el caso del delito de feminicidio.

Que al legislador se le debe prohibir establecer delitos que den una protección jurídica desigual a la mujer con respecto del hombre, pues aunque moralmente se puede estar de acuerdo con ello, se encuentra prohibido por el artículo 4o. constitucional, que indebidamente fue interpretado por el Tribunal Colegiado.

3. Que la declaratoria de constitucionalidad del delito de feminicidio realizada en la sentencia recurrida, permite al legislador, valorar más la vida de una mujer que la de un hombre, pues si se invirtieran los roles de sujeto activo y sujeto pasivo y, el lesionado hubiera sido el quejoso, al tenor de la teoría penal y de las normas aplicables, lo predecible sería un procesamiento de la mujer por un delito de tentativa de homicidio simple. Y si el sujeto activo del delito hubiese sido otra mujer y el sujeto pasivo también fuera mujer, el marco del procesamiento si sería el de un feminicidio, pero quedaría sin sustento la razón de género a que alude el Tribunal Colegiado.

4. Que en el fallo recurrido se aplicaron dos tesis jurisprudenciales que no tienen el carácter de obligatorias y, además, son del año dos mil nueve y se refieren a hechos de Ciudad Juárez, por lo que resultan inoportunas para interpretar el artículo 4o. constitucional, al ser anteriores a la reforma de derechos humanos de diez de junio de dos mil once.

26. Estudio. Son infundados los agravios del recurrente, en los que se duele de la determinación del a quo, en el sentido de que no es inconstitucional el artículo el 153-a del Código Penal del Estado de Guanajuato; señala dicho recurrente que, tal precepto tipifica el delito de feminicidio por razones de género, contraviniendo los principios de igualdad y no discriminación, contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

27. En principio es conveniente hacer referencia a lo establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

28. El precepto transcrito contiene una afirmación general del principio de igualdad en el disfrute de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, por virtud de la cual dicho precepto, salvaguarda a los individuos ubicados en situaciones comparables, de toda discriminación en el goce de los derechos y libertades que la propia Constitución consagra, lo que implica que el legislador debe ser especialmente cuidadoso al momento de someter a individuos o grupos de individuos a regímenes jurídicos diferenciados, cuando con ello incida en el ejercicio de los derechos y libertades que la Constitución les reconoce, es decir, dicho precepto reconoce en todas las personas el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación.

29. Respecto a este binomio de derechos que se complementan entre sí y que también están reconocidos en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano,(2) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que: "El derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados ...".(3) De lo cual, se advierte que en ocasiones la igualdad requiere de tratos diferenciados.

30. Lo anterior, en conjunto con el artículo 4o. constitucional y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se advierte que la igualdad, más que un concepto de identidad, se trata de ordenar al legislador que no introduzca distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, éstas deberán ser razonables y justificables.

31. Al respecto, esta Primera Sala sobre el derecho humano a la igualdad, en el amparo en revisión **********, fallado en sesión de cuatro de diciembre de dos mil trece, por unanimidad de cinco votos, en el que fue Ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz, señaló que el artículo 4o. constitucional, en la parte que establece: "Artículo 4o. ... El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ....", se introdujo en la Carta Magna, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, lo que constituyó, la continuación de un largo proceso para lograr una equiparación jurídica del género femenino y masculino.

32. Que en la iniciativa de reformas a dicho precepto, se propuso elevar a la categoría de norma constitucional la igualdad jurídica entre los sexos y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación.

33. Que del proceso legislativo de reforma, se advierte que la misma tenía como finalidad, facilitar la participación plena de la mujer en cuatro ámbitos esenciales: 1) El proceso educativo; 2) El mercado laboral; 3) La revalidación de la vida familiar; y, 4) Las estructuras públicas o políticas, régimen que, se dijo, suprimía cualquier signo de discriminación femenina.

34. Que así, al disponer el artículo 4o. constitucional, la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que está haciendo en realidad es establecer una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género: frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual.

35. De tal manera que la igualdad del varón y la mujer ante la ley, implica el derecho de la mujer a participar activa y plenamente, al igual que lo hace el varón y sin discriminación por razón de su sexo, en los ámbitos esenciales de la sociedad, como son: el proceso educativo, el mercado laboral, la revalidación de la familia, la cultura y la política.

36. Esto es, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; pero también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.

37. La pretensión al elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían la participación activa en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. constitucional, tenía el efecto de dar la pauta, como se dijo, para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación.

38. Que por ello, se dejó a las normas secundarias, federales y locales, atender el imperativo constitucional de igualdad jurídica entre el varón y la mujer, de lo cual se sigue, que la inconstitucionalidad que en este aspecto se pretendiera argumentar, tendría que demostrar que la legislación secundaria da un trato discriminatorio a la mujer por razón de su sexo al negarle igualdad jurídica o igualdad de oportunidades o responsabilidades con el varón para participar activamente en los ámbitos que ya se precisaron.

39. Asimismo, se consideró conveniente señalar que la igualdad prevista entre el varón y la mujer ante la ley, se encuentra relacionada al principio general de igualdad para los gobernados, previsto en el artículo 1o. constitucional, el cual establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, en el entendido de que éstas no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ésta consigne, lo que pone de manifiesto el deseo de nuestra cultura actual de que se supere la discriminación que con frecuencia se otorgaba a uno u otro individuo por razón de su género.

40. Que en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.

41. Que respecto del marco jurídico internacional, relativo al derecho humano en cuestión, convenía destacar, desde la perspectiva convencional del sistema universal los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,(4) los preceptos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;(5) y por cuanto hacía al sistema convencional interamericano destacaban el preámbulo y artículo II, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(6) y los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(7)

42. Que en ese sentido, de los marcos jurídicos, tanto nacional como internacional, se advierte que en los mismos se hace referencia a dos conceptos: igualdad ante la ley y no discriminación.

43. Que si bien, estos conceptos están estrechamente vinculados, lo cierto es que no son idénticos pero sí complementarios. Esto es, la idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas, con base en las categorías previstas es una consecuencia de la idea reconocida de que todas las personas son iguales; es decir, como las personas son libres, deben ser iguales ante la ley y ésta no debe permitir discriminación alguna.

44. Que la jurisprudencia universal sobre esta cuestión se encuentra en proceso de evolución y las decisiones adoptadas hasta hace algunos años, tendían a utilizar el singular al referirse a "el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley" o "el derecho a la igualdad ante la ley y la igualdad de protección de la ley sin discriminación".(8) No obstante, algunas decisiones recientes, revelan una tendencia a diferenciar entre el concepto de discriminación y el de igualdad ante la ley e igual protección de la ley.(9)

45. Que en una Observación General adoptada en 1989, el Comité de Derechos Humanos, tomó nota de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) no contiene una definición de discriminación y para llenar este vacío consideró útil tomar en cuenta las definiciones, sustancialmente idénticas, contenidas en las convenciones sobre la eliminación de la discriminación racial y la discriminación contra la mujer; por lo que llegó a la siguiente conclusión:

"... el Comité considera que el término ‘discriminación’, tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas."(10)

46. Asimismo, la Corte Interamericana analizó la problemática de la igualdad y la discriminación en su Opinión Consultiva OC-4/84, propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la naturalización y el análisis de la Corte Interamericana parte de la consideración general siguiente:

"La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana."(11)

47. Finalmente, el Comité de Derechos Humanos, precisó que el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, consagrados por el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se aplican no sólo a los derechos de las personas, sino también a las obligaciones que la ley impone a los miembros de la sociedad.(12)

48. Así, por todo lo anterior, se podía afirmar que con la igualdad prevista por el artículo 4o. constitucional y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un concepto de identidad, se trata de ordenar al legislador que no introduzca distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, éstas deberán ser razonables y justificables.

49. Que lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. CLXXVI/2012 (10a.), de esta Primera Sala, cuyos rubro y texto son:

" Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27069-58e01be3/derecho-humano-a-la-igualdad-entre-el-varon · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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