DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. DIRECTRICES PARA DETERMINAR SI ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO. DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA GARANTIZARLA EL JUZGADOR DEBE VERIFICAR QUE LA PERSONA DEFENSORA ACTÚE CON UNA DILIGENCIA MÍNIMA RAZONABLE. DELITO DE FEMINICIDIO. SU TIPIFICACIÓN NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 385/2024. 9 DE OCTUBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: SANTIAGO MESTA ORENDAIN.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 9 de octubre del 2024, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 385/2024 interpuesto por **********, contra la resolución del 8 de noviembre de 2023, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 69/2023.
El problema que la Primera Sala debe resolver es determinar si el delito de feminicidio, previsto en el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, atenta contra los derechos a la igualdad y no discriminación; y los alcances del derecho a una defensa materialmente adecuada.
ANTECEDENTES
1. Causa penal **********. El 9 de diciembre de 2021, un Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria contra **********por el delito de tentativa de feminicidio,(1) en perjuicio de **********, pues consideró demostrado que:
Aproximadamente a las 02:20 horas del 21 de agosto de 2020, **********acudió al domicilio de **********, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, con quien anteriormente tuvo una relación sentimental durante 3 años. Se dirigieron a la habitación de ********** y, cuando estaban sentados en su cama, **********la sujetó de los brazos, la sometió del cuello para asfixiarla y cuando ********** sintió que le faltaba la respiración, comenzó a golpear el piso, por lo que su hermano ingresó a la recámara y forcejeó con el sentenciado, mientras que el padre de ********** salió del domicilio para pedir auxilio, por lo que un elemento policial procedió a la detención de **********.
2. Toca Penal *********. En desacuerdo con esa determinación, ********** interpuso recurso de apelación. El 16 de mayo del 2022, la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia, en la que confirmó la sentencia de primer grado y le impuso una pena de 11 años y 8 meses de prisión, entre otras sanciones.
3. Juicio de amparo 69/2023. El 29 de mayo del 2023, **********promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de apelación, en el que señaló como conceptos de violación los siguientes
a. El delito de feminicidio es contrario a los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, pues constituyen una manifiesta discriminación hacia el sexo masculino
b. La representación social omitió realizar una investigación conforme al Protocolo de Investigación bajo la Perspectiva de Género, pues, fue omisa en aplicar las reglas mínimas para la investigación del delito de feminicidio y de esa forma ordenar las diligencias correspondientes.
c. No tuvo una defensa técnica adecuada que lo representara debidamente, ya que hubo una clara, reiterada y sistemática falta de conocimiento de la defensa que lo dejó en estado de vulnerabilidad.
d. De igual forma, la representación social dolosamente omitió incorporar como prueba favorable al sentenciado el informe de investigación policial de 8 de octubre del 2020, respecto de la conversación vía mensajería instantánea del 20 de agosto del 2020 entre la víctima ********** con el ahora sentenciado.
e. La resolución está indebidamente motivada. La responsable basó su estudio simplemente en lo declarado por la víctima en audiencia de juicio oral, omitiendo mencionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar referidas en la acusación ministerial. Además, no se estudiaron las causas de exclusión del delito, específicamente la relativa a la atipicidad por falta de dolo.
f. Fue incorrecto que se le diera valor probatorio pleno a lo manifestado por los peritos que ofreció la fiscalía, ya que no acreditaron su experticia ni llegaron a conclusiones determinantes.
4. Mediante sentencia de 8 de noviembre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó el amparo solicitado, pues consideró que:
a. Es infundado el argumento respecto a que el delito de feminicidio transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación del quejoso pues, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sostuvo en la tesis aislada LIV/2016 (10a.) que los elementos establecidos para el delito de feminicidio responde a una finalidad constitucional, pues busca lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, en especial, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia, de forma que las conductas delictivas que atenten contra su vida deben estar sustentadas y motivadas en razones de género.
Esto es, el legislador local, en aras de crear mecanismos jurídicos para que no se atente contra la vida de las mujeres, adicionó al código referido la descripción típica de feminicidio, con lo que se reconoce que estas conductas afectan no sólo la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual, sino que también son cometidas con base en la discriminación y subordinación implícita contra las mujeres, es decir, por razones de género; de ahí que el citado precepto legal constituye una medida objetiva y racional, ya que se garantiza la equidad al establecer mecanismos de protección a la integridad de las mujeres que han sufrido violencia.
Además, aun cuando la tipificación del delito de feminicidio en el artículo en comento sólo está dirigida al género "mujer", la distinción no es ofensiva, pues tiende a equilibrar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y, por ende, cumple con el requisito de proporcionalidad, al generar la misma situación jurídica para todas las mujeres que se ubiquen en dicha hipótesis.
b. Es infundado el argumento relativo a que la investigación se integró al margen del Protocolo de Investigación bajo la Perspectiva de Género(2) pues de las constancias se observa que la representación social realizó las diligencias necesarias para acreditar tanto la existencia de la razón de género en la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado, como que las conductas desplegadas por el activo se confirme el motivo de esa puesta en peligro.
c. Resulta infundado el argumento respecto a supuestas violaciones al derecho a una defensa adecuada pues esta fue acorde a los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 1a. C/2019 (10a.), 1a. CI/2019 (10a.), 1a. CII/2019 (10a.), 1a. CIII/2019 (10a.) y 1a. CIV/2019 (10a.). Esto es así, además de que este órgano colegiado no advierte que en el caso existiera ausencia evidente de pruebas sin justificación, silencio inexplicable de la defensa, ausencia de interposición de recursos, omisión de asesoría, desconocimiento técnico del procedimiento penal, ausencia o abandono total de la defensa, o bien, que ante dicha ausencia se designara al defensor de oficio sin que tuviera posibilidad alguna de preparar con tiempo la defensa, es evidente que la defensa que el quejoso designó para que lo representara no sólo estuvo presente durante todas las diligencias judiciales para apoyarlo, sino que no proporcionó información que pudiera perjudicar los intereses de su defendido y realizó las gestiones necesarias para defenderlos; por lo que la circunstancia de que no hayan prosperado sus pretensiones no viola el principio consagrado en el citado artículo constitucional.
d. De ahí que también resulte infundado el concepto relativo a la falta de incorporación del informe policial sobre las conversaciones entre la víctima y el quejoso pues dicha carga correspondía a la defensa, y el que no lo hayan hecho no significa que se trasgreda el derecho fundamental en cuestión, pues ello pudiera obedecer a una estrategia de defensa.
e. La sentencia esta debidamente fundada y motivada, pues la responsable citó los preceptos legales que le sirvieron de apoyo así como las circunstancias particulares que la llevaron a resolver en el sentido que lo hizo y, por tanto, acreditan perfectamente el ilícito de referencia y la responsabilidad del quejoso. Además, se precisaron las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho delictivo y su adecuación a cada uno de los elementos del tipo, por lo que era innecesario afirmar que no existía la atipicidad como causa de exclusión del delito. Además, del material probatorio no se observa ausencia de dolo en la conducta.
f. La valoración probatoria fue acertada pues el testimonio de **********, que constituye la base de la acusación, se encuentra robustecido con el resto del material probatorio, por lo que es creíble. Además, la responsable no se basó únicamente en esa declaración, sino que la concatenó con el resto de las pruebas y que con ello fue suficiente para dictar sentencia condenatoria.
5. Recurso de revisión. Inconforme, el 20 de diciembre de 2023, el señor ********** interpuso recurso de revisión, en el que manifestó los agravios siguientes:
a. El artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México es inconstitucional, pues el Tribunal Colegiado reconoce un trato preferencial al género femenino, lo que contradice a los artículos 1ro y 4to constitucionales.
b. Además, se debe aplicar el principio pro persona para reducirle su condena.
c. Reitera que se transgredió su derecho a una defensa adecuada debido a la deficiente actuación de su defensa, lo que lo dejó en estado de indefensión.
d. La valoración de las pruebas periciales fue deficiente pues los peritos coincidieron en que no existió prueba suficiente en su investigación que arrojara una clara culpabilidad.
6. Por acuerdo del 19 de enero del 2024, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión, lo registró con el número 385/2024 y turnó el expediente a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
7. Tramitado el asunto, el presidente de la Primera Sala, mediante acuerdo de 7 de mayo de 2024, se avocó del conocimiento del asunto, se tuvo por recibido el expediente y ordenó enviar los autos a esta ponencia para elaborar proyecto correspondiente.
I. COMPETENCIA
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Primero, Segundo, fracción III, inciso B), Tercero y Quinto, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte. Lo anterior, pues se interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
9. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo correspondiente. La sentencia recurrida fue notificada al quejoso el 11 de diciembre del 2023 y surtió sus efectos el día hábil siguiente. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del 13 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024.(3)
10. Dado que el recurrente presentó su escrito de agravios el 20 de diciembre de 2023, se concluye que el recurso es oportuno.
III. LEGITIMACIÓN
11. El recurrente está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues en el juicio de amparo directo tuvo el carácter de quejoso.
IV. PROCEDENCIA
12. El recurso de revisión en amparo directo es un medio de impugnación extraordinario que sólo procede cumplidos los requisitos señalados expresamente por la Constitución Federal y la Ley de Amparo.
13. De acuerdo con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, este tribunal constitucional puede conocer de la revisión de un amparo directo cuando se cumplan los requisitos siguientes:
i. En la sentencia de amparo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas generales; se interprete de forma directa un precepto de la Constitución o un derecho humano establecido en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o se omitida decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas.
ii. El problema de constitucionalidad revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Este requisito se actualiza cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que el problema de constitucionalidad dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
14. En consecuencia, serán procedentes únicamente aquellos recursos de revisión que reúnan ambas características. Basta que no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones para que el recurso sea improcedente.
15. Aplicados estos criterios al caso en concreto, esta Primera Sala concluye que el recurso de revisión es procedente.
16. En sus conceptos de violación, el quejoso argumentó que el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que contempla el tipo penal de feminicidio, atenta contra los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque constituye una manifiesta discriminación hacia el sexo masculino, lo cual viola el derecho humano de igualdad de trato ante la ley y la garantía de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, lo cual constituye un planteamiento de constitucionalidad.
17. Si bien es cierto el Tribunal Colegiado declaró infundado ese planteamiento con base en un precedente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) también lo es que dicho criterio no constituye un criterio obligatorio,(5) por lo que el tema mantiene su interés excepcional.
18. Lo mismo sucede respecto del planteamiento relativo al derecho a una defensa adecuada, pues se refiere a un tema constitucional relativo a los alcances del artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal y las obligaciones de los órganos jurisdiccionales para garantizarlo, que además cumple con el requisito de interés excepcional, pues el Tribunal Colegiado también lo declaró infundado con base en consideraciones de esta Primera Sala(6) que tampoco constituyen jurisprudencia obligatoria.
19. Los demás agravios del quejoso no cumplen con los requisitos de procedencia para ser analizados en el presente recurso de revisión, pues se refieren a consideraciones particulares al caso relativas a la valoración de las pruebas y a la individualización de las penas que, como ya ha señalado esta Primera Sala, constituyen cuestiones de legalidad, no de constitucionalidad.(7)
V. ESTUDIO DE FONDO
20. Como se ha establecido, la materia de este amparo directo en revisión consiste en determinar si fueron correctas las consideraciones del Tribunal Colegiado relativas a la constitucionalidad del delito de feminicidio y los alcances del derecho a una defensa materialmente adecuada. Ambas problemáticas fueron atendidas con base en criterios aislados, no vinculantes, de esta Primera Sala, por lo que la pregunta a responder consiste en determinar si dichos precedentes son aplicables y suficientes para sustentar la constitucionalidad de la sentencia recurrida, o si deben ser superados o modificados.
Constitucionalidad del delito de feminicidio
21. Como se ha reseñado, el primer problema consiste en determinar si el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México transgrede los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal,(8) al castigar con mayor severidad a quien priva, o intenta privar, de la vida a una mujer por razones de género, que a quien prive de la vida a un hombre.
22. Este planteamiento fue atendido por el Tribunal Colegiado con base en lo resuelto por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 652/2015,(9) en el que también se analizó la constitucionalidad del delito de feminicidio a la luz de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación entre el varón y la mujer.
23. En aquel precedente, esta Primera Sala señaló que, como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos a la igualdad y no discriminación, reconocidos también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano,(10) abarcan dos concepciones: “una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados (...)”.(11) De lo cual, se advierte que en ocasiones la igualdad requiere de tratos diferenciados.
24. De lo anterior, en conjunto con el artículo 4° constitucional y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se advierte que la igualdad, más que un concepto de identidad, se trata de ordenar al legislador que no introduzca distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, éstas deberán ser razonables y justificables.
25. En efecto, el principio de igualdad no prohíbe que en el quehacer de la actividad materialmente legislativa se contemple la necesidad o la conveniencia de diferenciar situaciones distintas o darles un tratamiento diverso, porque la esencia de la igualdad consiste, no en proscribir diferenciaciones o singularizaciones, sino en evitar que éstas carezcan de justificación objetivamente razonable.(12)
26. En virtud de lo anterior, esta Primera Sala estableció tres elementos de la definición operativa de discriminación. El primero, en cuanto al objetivo de la medida, se observa que una distinción está orientada legítimamente si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas, es decir, no puede perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. En segundo lugar, una diferenciación puede considerarse objetiva cuando parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes. Tercero, una medida es razonable cuando exprese de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma.(13)
27. En este sentido, tal y como retomó el Tribunal Colegiado, esta Primera Sala ha señalado que para establecer si un trato diferenciado es discriminatorio, se debe: 1) determinar si la finalidad es objetiva y constitucionalmente válida, en razón de que los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar relación con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad; 2) examinar la racionalidad de la medida, esto es, que exista una relación de índole instrumental entre los medios utilizados y el fin pretendido; y, 3) valorar que se cumpla con una relación de proporcionalidad, la cual propiamente sopesa la relación de medios afines, para determinar si en aras de un fin constitucionalmente válido no se afectan innecesaria o excesivamente otros bienes o derechos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, verificando, en su caso, si pudiera existir alguna vía menos gravosa para el derecho. 28. Con base en esta metodología, esta Primera Sala concluyó que la distinción por razones de género implícita en el delito de feminicidio sí respeta el derecho humano a la igualdad y no discriminación, por cuestiones de género pues, en primer lugar, obedece a una finalidad objetiva, constitucional y convencionalmente válida, pues persigue que las mujeres tengan derecho a una vida libre de violencia.
29. En efecto, en aras de crear mecanismos jurídicos para que no se atente contra la vida de las mujeres, el legislador adicionó la descripción típica de feminicidio, con lo que reconoció que estas conductas afectan no solamente la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual, sino que también son cometidas con base en la discriminación y subordinación implícita contra las mujeres, es decir, por razones de género
30. El tratamiento jurídico diferente que se establece al tipificar el delito de feminicidio, se encuentra justificado principalmente en el reconocimiento que han realizado instrumentos internacionales —como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”— respecto de que la violencia contra la mujer es una ofensa a su dignidad humana, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
31. En esos términos, esta Primera Sala reconoce que los derechos humanos de las mujeres son materia de protección del Estado y por ende, la Federación y las Entidades Federativas deben emitir la normatividad y ejecutar las políticas públicas que regulen y protejan estos derechos fundamentales.
32. De hecho, una referencia obligada en el tema de violencia contra las mujeres, es el Caso González y otras (“campo algodonero”), en donde se le condenó al Estado Mexicano, en virtud de que las jóvenes asesinadas fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, pues los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer.
33. En este asunto, la Corte Interamericana señaló que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos, sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado.
34. Por cuanto hace a su razonabilidad, esta Primera Sala señaló que se debe efectuar un análisis lógico, partiendo de la constatación empírica, pues debe determinarse si el método adoptado tiende a la consecución del fin pretendido.
35. De esta manera, al tratarse de una relación entre medios y fines, debe determinarse si el mecanismo concreto que escogió el legislador conduce al resultado deseado —lo cual pondría de manifiesto su carácter racional-, o bien, si no conduce a éste— caso en el cual se evidenciará su irracionalidad. Es decir, resulta necesario analizar si la opción adoptada por el legislador es idónea para la consecución del fin deseado.
36. Sobre este aspecto, si ya se ha concluido que la finalidad de la ley es la mayor protección al derecho de reconocimiento de la mujer por la evidente violencia hacia ella por el simple hecho de serlo, cuya razón subyacente es, entonces, que un género viva sin más violencia física, sexual o psicológica en la sociedad, pues la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, el legislador tenía que dotar a la mujer de mecanismos de protección a su integridad física.
37. En ese sentido, la medida que se estudia responde a la finalidad establecida en los párrafos previos, pues encuentra su justificación en el orden constitucional al buscar la igualdad y no discriminación de la mujer y al atacar la evidente violencia en contra de las mujeres, dotando de mecanismos y medidas de protección a su integridad personal cuando existen las agresiones y quien las agredió, lo que permite considerar que la norma es razonable en cuanto a su finalidad.
38. En efecto, debe decirse que la tipificación del delito de feminicidio constituye una medida objetiva y racional, pues se está de acuerdo en que se garantiza la equidad al establecer mecanismos de protección a la integridad de las mujeres han sufrido violencia.
39. En consecuencia, a partir del análisis efectuado entre medios y fines —considerando que aquéllos son racionales en la medida en la que sean adecuados para alcanzar la finalidad propuesta—, se arriba a la conclusión de que el artículo analizado constituye una medida adecuada y racional para alcanzar la meta deseada.
40. Para determinar si la medida es proporcional, procede definir, si en aras de la finalidad descrita no se afectan de manera innecesaria o excesiva otros bienes o derechos protegidos por la Constitución Federal, particularmente el derecho humano de igualdad y no discriminación ante la ley —toda vez, que es el que reclama el recurrente— de lo cual se desprenderá un juicio relacionado con la proporcionalidad que guarda la medida, frente a la finalidad pretendida.
41. Esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la Constitución Federal consagra el derecho a que se otorgue un trato igual a los gobernados que se encuentren en igual situación y, por ende, desigual a aquéllos que no se encuentren en las mismas circunstancias relevantes. El núcleo del principio de igualdad queda establecido en términos de la razón suficiente que justifique el trato desigual a los iguales; el problema queda concentrado, entonces, en la justificación de éste.(14)
42. En el caso concreto, aun cuando la tipificación del delito de feminicidio sólo está dirigida al género “mujer” la distinción no es ofensiva, pues tiende a equilibrar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre hombres y mujeres, ante el gran desequilibrio en que se encuentran estas últimas. En consecuencia, la normatividad en estudio, cumple con el requisito de proporcionalidad, toda vez que genera la misma situación jurídica para todas las mujeres que se ubiquen en dicha hipótesis.
43. Además, cabe señalar que dicha tipificación no va dirigida a un derecho como sujeto activo del delito, sino a una situación vulnerable propia del sujeto pasivo, en este caso, a un grupo socialmente vulnerable en la comunidad específica donde la norma aplica; a lo que se suma que la igualdad no se refiere a una identidad absoluta entre hombre y mujer, lo que implicaría negar las evidentes diferencias, primordialmente físicas y biológicas, sino a una identidad en derechos y obligaciones que, en la especie, no se ven en forma alguna vulnerados.(15)
44. Así, esta Primera Sala reitera que la medida legislativa de tipificar el delito de feminicidio cuando el sujeto pasivo sea una mujer, no afecta de manera innecesaria o excesiva otros bienes o derechos protegidos por la Constitución Federal, como lo es el derecho humano de igualdad ante la ley.
45. Asimismo, existe un adecuado balance entre la descripción típica prevista en el precepto impugnado y la finalidad que persigue —requisito de proporcionalidad de la medida legislativa— pues el legislador tomó en consideración que la violencia que se ejerce contra la mujer por razón de género es una manifestación extrema de la misma, en la que el denominador común es la desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres, lo cual genera una situación de mayor vulnerabilidad y limitación para las mujeres en el disfrute de sus derechos humanos y sobre todo a una vida libre de violencia, a su seguridad en el espacio público, a la libertad personal, entre otros derechos; cuyos aspectos a nivel internacional se consideran tan graves.
46. También, al armonizarse la descripción típica del delito de feminicidio con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres; ello resulta acorde con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esencialmente incluyó el concepto de persona y la sujetó a que gozará de los derechos humanos reconocidos no sólo por la Carta Magna, sino también por todos los tratados internacionales, suscritos por el Estado Mexicano y que contengan normas de derechos humanos, dentro de los que se encuentran los reconocidos a la mujer en la Convención de Belém Do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
47. Estas consideraciones, las que alude el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida, son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa, y son suficientes para justificar la constitucionalidad de la norma impugnada pues, tanto en el amparo directo en revisión 652/2015 como en el asunto que nos ocupa, el análisis se enfoca en la definición de feminicidio como el homicidio cometido en contra de un mujer por razones de género,(16) lo que conduce a esta Primera Sala a reiterar que, contrario a lo que argumenta el recurrente, el artículo 148 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no contraviene los principios de igualdad y no discriminación.
Alcances del derecho a una defensa materialmente adecuada
48. Respecto del segundo tema, como bien señala el Tribunal Colegiado, en los amparos directos en revisión 1182/2018 y 1183/2018,(17) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el contenido del derecho fundame
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33238-d8759d75/defensa-adecuada-en-su-vertiente-material-directrices-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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