AGENTES DE TRÁNSITO. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8.19 BIS DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, AL DEFINIR CON ESA CALIDAD ÚNICAMENTE A LAS MUJERES, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 113/2014. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 3 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDGAR SALGADO PELÁEZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Previamente a realizar las aclaraciones correspondientes, respecto del fallo examinado, y a analizar los agravios formulados por la recurrente, conviene tener presente lo siguiente:
I. Antecedentes relevantes del caso.
El veinte de agosto de dos mil trece, el director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, emitió los oficios ********** y **********, mediante los cuales informó a **********, hoy quejosos, lo siguiente:
"... en mi carácter de director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil del H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, y por instrucciones del Lic. David Sánchez Guevara, Presidente Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez (sic) México y con fundamento en los artículos 8, 19, 20, 21 22, 147, fracción novena de la Ley de Seguridad del Estado de México; artículos 8.19 Bis señalado en el libro octavo del Código Administrativo del Estado de México, 87, 88, fracción III y 90, párrafo primero, del Bando Municipal; 13 y 15 del Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil, todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, y toda vez que por necesidades del trabajo, atendiendo a las demandas y reclamo de la sociedad, a efecto de dar y brindar una mayor confianza y seguridad, y atendiendo al interés colectivo, y dejando en segundo lugar el interés particular, y atento al mando único, es por lo que procede a llevar a cabo la reestructuración, en el área de la dirección general a mi cargo. Es por lo que comunico a usted, con relación a la asignación que viene desempeñando en la Subdirección de Tránsito, se le informa que ésta se da por concluida, toda vez que por necesidades del servicio deberá presentarse a laborar en la zona ... dependiente de la Subdirección de Seguridad Ciudadana, bajo las órdenes de ... Se hace mención que el cambio de asignación ha sido por necesidades del servicio, dicho cambio no afecta sus derechos, ni le causa menoscabo en su salario o percepciones, puesto que en ningún momento se pretende destituirle en su empleo, ni lesionarle sus derechos de antigüedad o estabilidad en el empleo o aquellos que por naturaleza económica resulten de su relación laboral con este H. Ayuntamiento. ..." (fojas 97 a 105 y 256 a 259 del juicio de amparo indirecto).
Con motivo de lo anterior, los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto del cual conoció y resolvió el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, con el número de expediente **********, cuya sentencia se autorizó el **********, la cual se recurre en el presente asunto.
II. Consideraciones de la sentencia recurrida.
En el considerando segundo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez constitucional fijó como actos reclamados, los siguientes:
"a) De la Legislatura y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, el proceso legislativo de creación del artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México.
"b) Del presidente municipal y Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la orden girada para que se dé por concluida la asignación de los quejosos como agente de tránsito (sic) y se les asigne servicio como agente (sic) de seguridad pública.
"c) Del director general y subdirector, ambos de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la orden verbal de cambio de adscripción, así como la aplicación del artículo reprochado de inconstitucional, mediante la emisión de los oficios ********** y **********, de **********, en los cuales se les informa a los aquí quejosos que concluía la asignación que venían desempeñando en la Subdirección de Tránsito, y que por necesidades del servicio deberán presentarse a laborar en las zonas 7, 8, 7, 3, 9, 3, 8, 7 y 9, respectivamente, dependientes de la Subdirección de Seguridad Ciudadana."
Posteriormente, en el considerando cuarto, el Juez de Distrito expuso cuáles eran los actos existentes, siendo ellos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, los reclamados a la Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de México, consistentes, respectivamente, en la aprobación, expedición, emisión y promulgación del artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México. Así como los atribuidos al presidente municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y al director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistentes en la emisión de los oficios ********** y **********, de **********, en los cuales se informó a los quejosos la conclusión de la asignación que venían desempeñando en la Subdirección de Tránsito, y que por necesidades del servicio debían presentarse a laborar en la zonas 3, 7, 8 y 9 dependientes de la Subdirección de Seguridad Ciudadana.
A continuación, en el considerando quinto, como previamente se mencionó, el a quo desestimó las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables.
En el considerando sexto, el juzgador de amparo analizó la ley reclamada, su naturaleza y si existía un acto de aplicación, concluyendo que ésta era de naturaleza heteroaplicativa, bajo el criterio objetivo de individualización condicionada, aduciendo que el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México, había sido aplicado en perjuicio de los justiciables a través de la emisión de los oficios supracitados.
Luego, atendiendo a la causa de pedir, el resolutor procedió a analizar el fondo del asunto y, para tal efecto, examinó los argumentos de inconstitucionalidad planteados por los quejosos contra el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México.
Al respecto, el juzgador de amparo refirió que, atendiendo a la causa de pedir, los promoventes de la acción constitucional adujeron que el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México contravenía el derecho fundamental de igualdad, al no ser permisible hacer distinciones por cuestiones de sexo, para determinar quién o quiénes pueden ejercer tal o cual trabajo, siendo que son iguales ante la ley, planteamiento que consideró suficiente para conceder la protección constitucional.
Para justificar dicha posición transcribió el contenido del artículo 4o. constitucional; señaló que el derecho fundamental de igualdad se encuentra previsto de manera genérica por el artículo 1o. constitucional, el cual se retoma en diversos artículos constitucionales que establecen derechos fundamentales específicos que presuponen la existencia de una cierta y determinada situación, en la cual se encuentran una pluralidad de sujetos y dentro de la que tienen capacidad de adquirir los mismos derechos y obligaciones.
Agregó que la igualdad es el conjunto de posibilidades y capacidades inherentes al ser humano, la cual implica una prohibición respecto a la instauración de distinciones o diferencias entre personas como tales.
En otras palabras, dijo que la igualdad como derecho fundamental, se apoya en que todo ser humano, desde el momento en que nace, está colocado en una situación; sin embargo, debía hacerse notar que esta noción abstracta de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas y sociológicas existentes, de manera que no siempre se puede dar el mismo trato a todos los individuos, sino que se trata de que a todos aquellos colocados en la misma situación jurídica se les trate igual, lo que significa que respetándose el principio de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Luego, estimó necesario retomar las ideas plasmadas en la exposición de motivos de la reforma al artículo 4o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que se incluyeron modificaciones al artículo 123 constitucional.
Bajo esa tesitura, arguyó que de dicha reforma constitucional se observaba que se pretendió elevar el nivel de desarrollo nacional en todos sus aspectos; fortalecer la construcción de una sociedad más justa, formada por hombres y mujeres solidarios, y que en ese contexto, la igualdad jurídica de hombres y mujeres ante la ley, derivaba de un postulado constitucional, que tuvo por objeto evitar la discriminación de estas últimas en la vida familiar y colectiva, lo que implicaba, incluso, en el ámbito laboral, reconocer el papel importantísimo que desempeña la mujer mexicana en la vida económica del país, en razón de que la mitad o más de nuestro potencial humano estaba constituido por mujeres capaces de enriquecer todos los espacios sociales, culturales, políticos nacionales, al mismo tiempo que logran su propia superación como personas, profesionales y ciudadanas.
Asimismo, transcribió lo que en la exposición de motivos de la reforma constitucional reseñada se dijo en torno a las cuestiones laborales, para a continuación indicar que, con base en lo anterior, era claro que el derecho de igualdad entre hombres y mujeres reconocido por el artículo 4o. constitucional, prohíbe hacer distinciones o establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición biológica de la maternidad, pues en la exposición de motivos en comento, se consagró la igualdad jurídica entre ambos, situación que confirmaba -indicó- el argumento que en ese sentido esgrimieron los quejosos.
En consecuencia, afirmó, en acatamiento al principio constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, que resultaban inadmisibles las diferencias entre sexos y que, por ende, las autoridades de tránsito únicamente contaran con mujeres facultadas para imponer las sanciones a que se refiere el Código Administrativo del Estado de México.
Luego, precisó que aceptar la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, impide el establecimiento de distinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que presten sus servicios; de esa manera, reiteró que la prohibición de hacer diferencias respecto de las condiciones en que prestan sus servicios los hombres y mujeres, no son aceptables cuando se trata, como en el caso, de que las autoridades de tránsito únicamente contarán con mujeres.
En esa virtud, determinó que el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México resultaba contrario al derecho fundamental de igualdad, al establecer que las autoridades de tránsito únicamente contarán con mujeres, quienes estarán facultadas para imponer sanciones, dado que esa variación resulta desfavorable para los hombres, que no pueden prestar dicho servicio como agentes de tránsito.
En conclusión, estableció que el citado precepto constitucional (artículo 4o.), al disponer el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género; esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, buscar garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de responsabilidades.
Lo que apoyó en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1a. CLXXVI/2012 (10a.), de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES."
Por otra parte, indicó que no pasaban inadvertidos para el juzgador los motivos que tuvo el legislador para aprobar la iniciativa de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, entre ellas, el artículo cuestionado como inconstitucional, aduciendo que tuvo como propósito modernizar el marco jurídico en materia de tránsito, para favorecer a las personas que por cualquier motivo se encontraran en territorio mexiquense y fueran objeto de la aplicación de dichas disposiciones normativas; y que con las adecuaciones ahí propuestas, se pretendía que en el Código Administrativo del Estado de México se estableciera que las infracciones en materia de tránsito vehicular fueran aplicadas por mujeres, a fin de que la ciudadanía pudiera identificar plenamente a los servidores públicos encargados de la aplicación de las disposiciones en esa materia.
Sin embargo, consideró que dicha exposición de motivos no se encontraba acorde con lo plasmado en el artículo 4o. constitucional, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, pues no bastaba que con el ánimo de combatir la corrupción (sic) en materia de seguridad pública, se incluyeran disposiciones como la que se impugna en el sumario, sino que debían estar en concordancia con el Ordenamiento Supremo.
En consecuencia, estimó que si el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México establece que las autoridades de tránsito únicamente serán mujeres, las cuales están facultadas para imponer las sanciones a que se refiere el Código Administrativo del Estado de México y las disposiciones reglamentarias respectivas, asimismo, que ellas contarán con la terminal electrónica y se distinguirán por los uniformes y vehículos color negro y vivos naranja, resultaba evidente que era violatorio del derecho de igualdad, previsto en el artículo 4o. constitucional.
En tales condiciones, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, para los efectos siguientes:
"a) No se aplique a los quejosos en el presente y futuro el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México.
"...
"b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, esto es, para que se dejen sin efectos los oficios ********** y **********, de ********** en los cuales se les informa a los aquí quejosos **********, que concluía la asignación que venían desempeñando en la Subdirección de Tránsito y que, por necesidades del servicio, debían presentarse a laborar en la Subdirección de Seguridad Ciudadana; sin perjuicio de que se emita una diversa orden en donde se asigne un nuevo cargo a los aquí quejosos, por necesidades del servicio."
DÉCIMO. La autoridad responsable, Gobernador Constitucional del Estado de México, para combatir la sentencia recurrida, señala que ésta contraviene el contenido del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que el a quo hizo una indebida apreciación de la constitucionalidad del artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México.
Al efecto, transcribe parte del considerando sexto de la sentencia recurrida, aduciendo que los razonamientos ahí señalados le causan agravio, debido a que el artículo tildado de inconstitucional no transgrede el derecho fundamental de igualdad, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no distinguir origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atenten contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya que su único propósito es que las mujeres sean quienes estén facultadas para imponer las sanciones a que se refiere el Código Administrativo del Estado de México, y las disposiciones reglamentarias.
Agrega que las consideraciones citadas en último término, propiamente no constituyen alguna distinción, lo que lleva a concluir que no se contraviene el derecho de igualdad de género.
Menciona que el artículo 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México no tiene por objeto diferenciar entre varón y mujer, al haberse emitido conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional, máxime que lo único que busca es impulsar al género femenino, y sean mujeres quienes infraccionen y apliquen sanciones en materia de tránsito, como una oportunidad laboral para este tipo de personas.
Es decir, que con lo anterior no puede considerarse que se distinga a los varones, en razón de que no pierden su fuente laboral sino, por el contrario, se les brinda una nueva oportunidad de realizar diferente actividad en el mismo sistema de tránsito.
Indica que el colocar a las mujeres en el ejercicio de la función de policías de tránsito, tiene por objeto variar el rol que venían desempeñando sólo los hombres, buscando erradicar la corrupción a la que son tendentes los policías en el ejercicio de su puesto, aunado al hecho de que las mujeres gozan del propio estatus jurídico para participar en la vida pública, tanto en cargos de elección popular, como en la economía y en el trabajo.
Precisa que la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres iguales oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar de lado las particularidades de cada uno de ellos que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos.
En ese orden, asienta, es posible advertir que el artículo segundo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre consagra la igualdad en su acepción universal, que debe existir entre todas las personas sin distinción alguna.
Añade que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCII/2013, interpretó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que prevé un sentido de reserva legal del orden interno, donde el Estado sea parte, de modo que el gobernador del Estado de México, al promulgar el numeral 8.19 Bis del Código Administrativo del Estado de México, previó que fuera acorde al contenido del artículo 1o. de la Constitución.
Cita como aplicables, la tesis 1a. XCIX/2013 (10a.), de rubro: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO." y la jurisprudencia P./J. 15/2013 (9a.), de rubro: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL ARTÍCULO 17, NUMERAL 4, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL PREVER QUE CUANDO DEL REGISTRO TOTAL DE LAS CANDIDATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE REALICEN LOS PARTIDOS O COALICIONES, APARECIEREN MÁS DEL 50% DE CANDIDATOS DE UN MISMO SEXO, EL SEXO SUBRREPRESENTADO AL CARGO COMO PROPIETARIO OCUPARÁ, CUANDO MENOS, EL SEGUNDO LUGAR PROPIETARIO DE LA LISTA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, NO CONTRAVIENE ESOS PRINCIPIOS."
El agravio antes señalado es infundado.
A fin de justificar la calificativa que antecede, debe tenerse presente que la igualdad normativa presupone, necesariamente, una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro.
Para comprender este derecho, es conveniente precisar los alcances del derecho de igualdad entre el hombre y la mujer que prevé el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa establece:
"Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. ..."
Este párrafo, que se introdujo en la Carta Magna mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, es continuación de un largo proceso para lograr una equiparación jurídica del género femenino y masculino.
En la iniciativa de reformas a dicho precepto, se propuso elevar a la categoría de norma constitucional la igualdad jurídica entre los sexos, y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de discriminación.
Asimismo, del proceso legislativo de reforma se advierte que éste tenía como finalidad facilitar la participación plena de la mujer en cuatro ámbitos esenciales: 1) El proceso educativo; 2) El mercado laboral; 3) La revalidación de la vida familiar; y, 4) Las estructuras públicas o políticas, régimen que, se dijo, suprimía cualquier signo de discriminación femenina.
De manera que al disponer el artículo 4o. constitucional la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que está haciendo en realidad es establecer una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género; frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual, así lo confirma el artículo 1o. de la Constitución cuando señala que "todas las personas" gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales en los que México sea parte.
Ahora bien, la igualdad del varón y la mujer ante la ley implica el derecho de ambos a participar activa y plenamente, sin discriminación por razón de su sexo, en los ámbitos esenciales de la sociedad, como son: el proceso educativo, el mercado laboral, la revalidación de la familia, la cultura y la política.
Es decir, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades para que tanto las mujeres como los varones intervengan activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona.
Es importante señalar que la pretensión de aquella reforma fue el elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, dado que aquélla estuvo precedida por el trato discriminatorio que a ésta se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían la participación activa en las dimensiones anotadas, asignándoles roles culturales o tradicionalmente diferentes, y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. constitucional tenía el efecto de dar la pauta, como se dijo, para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación.
Se dejó así a las normas secundarias, federales y locales, atender el imperativo constitucional de igualdad jurídica entre el varón y la mujer, de lo cual se sigue que la inconstitucionalidad que en este aspecto se pretendiera argumentar, tendría que demostrar que la legislación secundaria da un trato discriminatorio por razón de sexo, al negar igualdad jurídica o igualdad de oportunidades o de responsabilidades.
Asimismo, es conveniente señalar que la igualdad prevista entre el varón y la mujer ante la ley, se encuentra relacionada con el principio general de igualdad para los gobernados, previsto en el artículo 1o. constitucional, el cual establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, lo que pone de manifiesto el deseo de nuestra cultura actual, de que se superen las discriminaciones por razón de su género.
De este modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor.
Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y sus posteriores interpretación y aplicación.
En efecto, la igualdad ante la ley está garantizada desde la Constitución Federal, y se advierte consagrada en diversos artículos de aquélla, como uno de los fundamentos del Estado que fueron concebidos como primordiales en la estructura del ordenamiento superior, con el carácter de derecho constitucional fundamental.
Con respecto al citado principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado: "... el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. ..."(7)
Al definir su contenido y alcance, la Suprema Corte ha sostenido que: "El principio de igualdad tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV y 123, apartado A, fracción VII. ..."(8)
De todos ellos se desprende una clara y contundente afirmación sobre el carácter fundamental del derecho a la igualdad, como valor fundante del Estado Mexicano y de la concepción dignificante del ser humano que caracteriza la Constitución de 1917 (mil novecientos diecisiete).
Según lo ha indicado también la Suprema Corte, este derecho contiene seis elementos, a saber:
a) Un principio general, según el cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.
b) La prohibición de establecer o consagrar discriminaciones: este elemento pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica.
c) El deber del Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas.
d) La posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados.
e) Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y
f) La sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta."
De esta manera, el derecho a la igualdad, que a la vez constituye un principio fundamental, se traduce en la garantía de que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etcétera; dimensiones todas que en justicia deben ser relevantes para el derecho.
Así, el derecho a la igualdad que consagra la Constitución Federal es objetivo y no formal, puesto que predica sobre la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, concepción ésta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos, y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.
Conforme al criterio jurisprudencial sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, sustentadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos diferentes, cuyos supuestos exigen un tratamiento igual para éstos y desigual con respecto a quienes no están cobijados por la misma situación.
La protección material del derecho a la igualdad alude al compromiso de remover los obstáculos que, en el plano económico y social, configuran efectivas desigualdades de hecho, las cuales se oponen al disfrute efectivo del derecho, lo que hace necesaria la configuración de medidas que puedan compensar y sean defensivas, con respecto a personas y grupos ubicados en condiciones de inferioridad mediante el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades públicas.
En esa tesitura, por cuanto hace al marco jurídico internacional, relativo al derecho humano en cuestión, conviene destacar, desde la perspectiva convencional del sistema universal, los artículos 1, 2, 7, 21, 29, 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;(9) 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(10) y, por cuanto hace al sistema convencional interamericano, destacan el preámbulo y artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(11) y los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(12)
Ahora bien, de los marcos jurídicos tanto nacional como internacional, se advierte que en ellos se hace referencia a dos conceptos: igualdad ante la le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25254-fe939aec/agentes-de-transito-la-fraccion-i-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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