PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I, 37, FRACCIÓN I Y 39, FRACCIÓN I, DE SU LEY ORGÁNICA AL RESTRINGIR A LOS MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN, EL ACCESO A LOS CARGOS QUE REFIEREN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN I, 37, FRACCIÓN I Y 39, FRACCIÓN I, DE SU LEY ORGÁNICA, EN LAS PARTES QUE RESTRINGEN EL ACCESO A LOS CARGOS QUE REFIEREN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (Fojas 52 a 89 de la sentencia. Razones aprobadas por mayoría de diez votos. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas votó en contra).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2011. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 9 DE ENERO DE 2012. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de enero de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil once en la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
I. Autoridades emisoras y promulgadora de las normas impugnadas.
a) Autoridades emisoras: El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados.
b) Autoridad promulgadora: El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Normas generales cuya invalidez se demanda:
Los artículos 36, fracción I, 37, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil once.
SEGUNDO. En el concepto único de invalidez hecho valer por la promovente, sucintamente, expresó lo siguiente:
Que los artículos 36, fracción I, 37, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil once, violan las garantías contenidas en los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, 32, párrafos primero y segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, en razón de que, en la parte que interesa, dichos preceptos señalan que para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público dentro del servicio profesional de carrera, oficial secretario del Ministerio Público o agente de la Policía de Investigación dentro de la Procuraduría del Distrito Federal, se requiere, entre otras cuestiones, que el aspirante sea mexicano por nacimiento, lo que se traduce en una violación a los derechos humanos de los mexicanos por naturalización.
Que el párrafo quinto del artículo 1o. constitucional federal establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen nacional.
Señala que el primer párrafo del artículo 16 constitucional consagra los principios rectores de fundamentación y motivación, que establecen que los actos de autoridad deben realizarse por autoridad competente, quien debe señalar los preceptos aplicables al caso concreto y expresar las razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, en el entendido de que dichos principios deben coexistir, pues su correlación supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate.
Aduce que el requisito de fundamentación, en el ámbito legislativo, se satisface cuando el legislador actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, cuando el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten, corresponde a la esfera de atribuciones conferidas constitucionalmente al Poder Legislativo de que se trate.
En otro aspecto, destaca que el párrafo primero del artículo 32 constitucional establece que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y que establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad y que, por otro lado, el párrafo segundo de dicho artículo precisa que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición expresa de la Constitución Federal, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, restricción que será aplicable en los casos en que así lo señalen las leyes emitidas por el Congreso de la Unión.
Por otro lado, apunta que el artículo 133 constitucional establece el principio de supremacía constitucional, respecto de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República y que sean aprobados por el Senado de la República.
Precisa que los Jueces de cada entidad federativa deberán ajustarse a la Norma Fundamental y a las leyes federales y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Con el objeto de acreditar la incompatibilidad de los preceptos impugnados con la Ley Suprema, la promovente tomó en cuenta los razonamientos vertidos por los Ministros integrantes de este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, en la que se trata el tema sobre el que versa la presente acción de inconstitucionalidad.
Así, señala que el párrafo quinto del artículo 1o. constitucional prevé una afirmación general sobre el principio de igualdad, colocando a los particulares en igualdad de condiciones para acceder a los derechos constitucionalmente reconocidos, sin que dicha garantía deba ser interpretada en el sentido de que se postule una paridad entre los individuos, ni una igualdad material o económica, sino más bien, debe entenderse que dicha cláusula exige una razonabilidad en la diferencia de trato como un criterio básico en la producción normativa.
Al respecto, señala que este Alto Tribunal ha sostenido que si bien el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de acceder a los derechos reconocidos constitucionalmente, eliminando situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todas las circunstancias, sino que más bien se refiere a una igualdad jurídica que se traduce en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio de forma desigual e injustificada.
Por su parte, refiere lo que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al resolver el amparo en revisión 664/2008, en el que determinó que el artículo 1o. de la Constitución, antes de ser reformado, señalaba que todo individuo debe gozar ampliamente de las garantías otorgadas por el ordenamiento constitucional, y que éstas no podrán restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que en ella se establecen, emitiendo un mandato hacia las autoridades para que se abstengan de establecer diferencias entre los gobernados por cualquiera de los motivos enunciados en dicho artículo, lo cual se traduce en el principio de igualdad que debe imperar entre los ciudadanos.
De acuerdo con esa postura, en el ámbito legislativo los Congresos tienen la prohibición constitucional de que en el desarrollo de su labor emitan normas discriminatorias, con lo que se pretende extender la garantía de igualdad al ámbito de las acciones legislativas. Sin que tal limitante se traduzca en la prohibición absoluta de legislar o diferenciar respecto de las categorías enumeradas en el artículo 1o. constitucional, sino que es un exhorto al legislador para que en el desarrollo de su función sea especialmente cuidadoso, evitando establecer distinciones que sitúen en franca desventaja a un grupo de individuos respecto de otro.
Por lo anterior, considera aplicable al caso el criterio sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", toda vez que advierte que según este criterio, el legislador puede establecer diferencias entre los gobernados, siempre y cuando, al establecerlas, tome en cuenta ciertos factores que le darán validez constitucional a la norma, y que son los que, en su caso, el juzgador deberá revisar al elaborar el análisis de constitucionalidad de la norma.
Tales factores se refieren concretamente a lo siguiente:
- Persecución de una finalidad objetiva y constitucionalmente válida.
- Racionalidad de la norma (relación factible entre la medida clasificatoria y el fin).
- Proporcionalidad (valorar si la distinción realizada va acorde con la finalidad pretendida).
- Factibilidad (tener en cuenta la salvaguarda del principio de igualdad).
Por virtud de lo anterior, estima que el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad, como quedó sentado en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."
Con el objeto de demostrar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, la promovente de la acción señaló lo siguiente:
- El artículo 30 constitucional establece que la nacionalidad mexicana podrá adquirirse, de acuerdo con su apartado A, por nacimiento, o bien, por naturalización, como lo contempla el apartado B, para lo cual se requiere la voluntad del individuo y la actualización del acto soberano del Estado Mexicano para otorgar la nacionalidad, con lo cual, una vez surtidos los requisitos que el propio Estado ha establecido para tal efecto, se acoge al individuo como ciudadano.
- En ese sentido, el apartado B del artículo 30 constitucional indica que son mexicanos por naturalización los extranjeros que hayan obtenido de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización, y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.
- Por su parte, el numeral 32 de la Constitución Federal establece que el ejercicio de los cargos y funciones públicas para las cuales, por disposición de la Constitución Federal, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Por otro lado, señala que de la exposición de motivos de la reforma constitucional a los artículos 30 y 32, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, se advierte que dicha reforma tuvo por objeto establecer la transmisión de la nacionalidad a los nacidos en el exterior del país, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, así como a los que nazcan en el extranjero, hijos de mexicanos por naturalización. Asimismo, que los cargos establecidos en la Constitución Federal, tanto los de elección popular, así como los secretarios de Estado, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos aquellos que se señalen en las leyes del Congreso de la Unión que de alguna manera puedan poner en riesgo la soberanía y la lealtad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.
En ese sentido aduce que la propia Constitución Federal, para ocupar determinados cargos públicos, expresamente exige la nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se haya adquirido otra nacionalidad, al mismo tiempo que señala que dicha reserva, de igual forma, podrá exigirse en los casos que así lo señalen las leyes del Congreso de la Unión, por lo que es facultad de dicho órgano legislativo establecer los casos en los que opere la reserva, sin que ello constituya trato discriminatorio.
Arguye que la facultad de configuración legislativa aludida no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se trate, persiguiendo las finalidades objetivas que se encuentran contenidas en el artículo 32 constitucional.
Bajo esa perspectiva, la promovente considera que el Congreso de la Unión, al emitir los artículos impugnados de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en los que se establece como requisito para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público dentro del servicio profesional de carrera, como oficial secretario del Ministerio Público o como agente de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que el aspirante sea mexicano por nacimiento, se extralimitó en sus facultades y atribuciones constitucionales, vulnerando con ello los derechos humanos de los mexicanos por naturalización, contraviniendo lo establecido en los artículos 1o., 16, 32 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que considera que este Alto Tribunal debe declarar su invalidez constitucional.
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, 32, párrafos primero y segundo, y 133.
CUARTO. Mediante proveído de uno de agosto de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 20/2011 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Por auto de dos de agosto de dos mil once, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir su informe, señaló, sustancialmente, lo siguiente:
Considera que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, fracción II, 19, fracción V, 59 y 65 de la ley de la materia, en atención a que la modificación del orden jurídico realizada a través de la expedición de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no está dirigida al contenido de los preceptos impugnados, pues con el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no se alteró, modificó o reformó el orden jurídico que, en materia de la impugnación, se encontraba vigente hasta antes de la entrada en vigor del decreto parcialmente impugnado.
Por lo que si el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que la reforma a un texto legal da derecho a impugnar la propia reforma, así como los preceptos que se vean directamente afectados por tal modificación en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, variando sus disposiciones, pero no aquellos que varíen por el simple hecho de pertenecer al mismo cuerpo normativo, en el entendido de que lo que autoriza su impugnación es la existencia de un cambio desde el punto de vista constitucional, es decir, un acto legislativo nuevo, considera que en el caso no se actualiza el requisito de procedencia de impugnación de las normas de que se trata al existir sólo una variación en la identificación numérica de las mismas.
Destaca que el "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal" tiene antecedente directo en dos ordenamientos:
- En el decreto de la misma denominación, publicado el treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, que contenía las disposiciones estatuidas en los artículos 34 y 35, fracción I, del texto normativo impugnado.
- El decreto fue aprobado el dieciocho de agosto de dos mil nueve, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el nueve de septiembre de dos mil nueve, entrando en vigor a los treinta días siguientes.
Posteriormente, el veintidós de octubre de dos mil nueve, el Senado de la República resolvió presentar controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que el órgano legislativo local había excedido sus facultades al expedir la referida ley, lo que fue confirmado el nueve de septiembre de dos mil diez, al resolverse el asunto invalidando la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como su reglamento, al sostener que la Asamblea Legislativa contravino el apartado A, fracción V, del artículo 122 constitucional, que establece que la facultad para emitir esa ley le corresponde al Congreso de la Unión.
Asimismo, este Alto Tribunal determinó que, en virtud de la ley invalidada, la Procuraduría General de Justicia Local pudo haber sufrido una reestructura interna en cuanto a la distribución de sus competencias, por lo que estimó conveniente señalar que, en caso de que el Congreso de la Unión y/o el Poder Ejecutivo expidieran nuevas disposiciones relacionadas con la estructura, organización y/o funcionamiento de la procuraduría, se debería estar a lo dispuesto por dichas normas, y que para efecto de dar oportunidad a que dicho órgano se reestructurara conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento, debían aplicarse las disposiciones impugnadas, ya que el Congreso de la Unión no las había derogado o abrogado.
Por otra parte, se resolvió que durante el plazo de ciento veinte días el Congreso de la Unión y/o el Poder Ejecutivo Federal debía expedir nuevas disposiciones relacionadas con la estructura, organización y/o funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mandato que dio origen a la expedición, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que contiene las normas ahora impugnadas.
De lo anterior concluye que el decreto impugnado es el resultado del procedimiento legislativo del antecedente señalado, tal como lo corrobora con la exposición de motivos del decreto impugnado, que establece:
"... por tal razón, esta iniciativa recoge a cabalidad el contenido del decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el nueve de septiembre de dos mil nueve ..."
Por lo que afirma que con la emisión del decreto aludido no se actualiza una afectación material a los artículos impugnados, pues no existía por parte del legislador voluntad de reformar, adicionar, modificar o, incluso, repetir el texto de las normas generales impugnadas y, en ese entendido, el decreto controvertido no puede considerarse un acto legislativo nuevo y, por ende, no puede autorizarse su impugnación a través del presente medio de control constitucional.
Sustenta lo anterior en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 96/2007, cuyo rubro dice: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL, NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL."
Por otra parte, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 12/2002, promovida por el procurador general de la República, determinó que la constitucionalidad de las normas generales comprende dos aspectos: la constitucionalidad formal y la constitucionalidad material, en el entendido de que una norma es formalmente constitucional cuando ha sido expedida por el órgano constitucionalmente facultado para ello y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Fundamental para su creación, y que una norma general es materialmente constitucional cuando su texto y alcance no contraviene alguno de los preceptos de la Constitución.
En ese sentido, aduce que si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expidió las normas generales impugnadas de acuerdo con su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, mismas que derivan del artículo 73, fracciones XI, XVI, XXIII, XXIX-M y XXX, además, las expidió conforme al procedimiento legislativo previsto en los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, 32, párrafos primero y segundo, y 133 de la Constitución Federal; asimismo, observó lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, para tales efectos, considera que las normas impugnadas son formal y materialmente constitucionales.
Aunado a lo anterior, aduce que son infundadas las manifestaciones vertidas por la accionante cuando alega que las normas impugnadas violentan lo dispuesto por los artículos 1, 16, 32 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como uno de los requisitos para ingresar y permanecer como funcionarios de la Procuraduría del Distrito Federal, que el aspirante sea mexicano por nacimiento.
Lo anterior, porque conforme a lo previsto por el artículo 1o. constitucional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
Además, señala que el párrafo quinto del artículo 1o. constitucional prohíbe la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, entre otros, que atenten contra la dignidad humana y pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por su parte, el artículo 32 de la Constitución Federal establece que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
En ese sentido, argumenta que el acceso a los cargos públicos se encuentra condicionado por mandato constitucional, no sólo al cumplimiento de ciertas calidades previstas en la Constitución, sino también a los requisitos establecidos en la ley, siendo que en aquellos casos en que se requiera ser mexicano por nacimiento para ocupar un cargo, se reservará a quien ostente dicha calidad.
Esgrime que los artículos que se tildan de inconstitucionales regulan una serie de requisitos cuyo cumplimiento es exigible a los individuos que pretendan ocupar los cargos de agente del Ministerio Público, oficial secretario y agente de la Policía de Investigación dentro de la procuraduría capitalina, entre tales requisitos se encuentra ser ciudadano mexicano por nacimiento, que es el requerimiento respecto del cual debe delimitarse el análisis de constitucionalidad de los preceptos impugnados.
La procuradora general argumenta que el contenido de las normas impugnadas es violatorio del artículo 1o. constitucional, al establecer un trato discriminatorio para los naturalizados respecto de la posibilidad de ocupar los cargos públicos a los que se ha hecho referencia.
Respecto del principio de igualdad, señaló que el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo define como:
"El requerimiento de igualdad no significa: ‘lo mismo para todos’. El requerimiento igualitario de la justicia significa que, por un lado, los iguales deben ser tratados igual y por otro, los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes."
Bajo ese criterio, considera que el requisito de igualdad en la emisión de leyes se cumple cuando el legislador, al emitir sus leyes, justifica de manera plena y suficiente todo acto legislativo a efecto de tratar desigualmente situaciones análogas, argumentando de manera fehaciente la justificación de ese supuesto tratamiento distinto, pues de lo contrario se presumiría la inconstitucionalidad de su actuación por contravenir a primera vista su deber originario de regular casos parecidos de igual manera, por lo que, según su dicho, las aparentes distinciones observadas por la promovente no resultan discriminatorias.
Arguye que este Alto Tribunal ha establecido que ante un caso en el que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable, o si, por el contrario, constituye una discriminación que debe ser excluida del ordenamiento jurídico, como acontece con la establecida en el artículo 1o. constitucional.
Por lo que, bajo este parámetro, la igualdad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, reconociendo que no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando se den razones objetivas que justifiquen dicho tratamiento desigual.
En ese tenor, una diferencia de trato que repercuta sobre un derecho tutelado por la Constitución, no sólo debe atender a una finalidad legítima, sino también debe observarse una razonable relación entre los medios empleados y el fin perseguido.
Así, estima que el trato diferenciado de dos situaciones de hecho similares no constituirá discriminación, siempre y cuando las circunstancias de hecho sean distintas, el trato diferenciado se funde en un fin constitucional y el medio seleccionado para la consecución de dicho fin sea posible y adecuado.
En ese sentido, apunta que no debe pasar inadvertido que el objeto de las normas impugnadas es organizar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, institución cuyos servidores públicos deben regirse por los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos; de ahí que las normas no pretendan atentar contra la dignidad humana y menos anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, sino salvaguardar los principios de soberanía y seguridad nacional.
Aduce que la disposición constitucional comprendida en el artículo 1o. constitucional no debe ser interpretada de manera aislada, sino que debe analizarse sistemáticamente, como parte de un conjunto de preceptos de similar jerarquía, que deberán interpretarse en armonía al ser dispositivos contenidos en el Ordenamiento Jurídico Supremo.
Puntualiza que el artículo 30 de la Constitución Federal dispone que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización, y que establece las formas a través de las cuales se adquieren ambas, destacando que los mexicanos por naturalización son los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones su carta de naturalización, o la mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan su domicilio en el territorio nacional y cumplan con los requisitos que señale la ley.
En ese sentido, la medida legislativa cuestionada no constituye una disposición privativa, ni tampoco discriminatoria, pues el artículo 32 constitucional profiere que únicamente quienes cumplan con la calidad de ser mexicano por nacimiento podrán acceder al desempeño de los cargos y funciones que así lo requieran, ya sea que la Constitución lo disponga o que lo exija una norma federal, sin que admita excepción alguna.
Bajo esa interpretación, el artículo 1o., párrafo quinto, que prohíbe la discriminación por origen nacional, debe verse en correlación con el artículo 32 constitucional, que ordena que para tal efecto se debe acreditar gozar de las calidades establecidas en la norma, lo que no evidencia contradicción entre tales preceptos, en cuanto a la reserva que se contempla.
Por tanto, considera infundadas las consideraciones de la procuradora general de la República cuando afirma que los artículos impugnados establecen un trato jurídico prohibido constitucionalmente, para los ciudadanos que no son mexicanos por nacimiento, debido a que es facultad del legislador federal demandar el cumplimiento de las calidades legales, como requisito para cubrir cargos públicos, cuyas facultades son implícitas a la función estatal de brindar seguridad a la población, de conformidad con los artículos 21 y 73 de la Constitución Federal.
Agrega que el artículo 32 constitucional contempla otro tipo de casos en que se reserva para los mexicanos por nacimiento la ocupación de cargos que, por su importancia, requieren contar con tal calidad, con el fin de otorgar certeza al propio Estado en la consecución de una de sus finalidades y justificaciones, como lo es proporcionar a sus gobernados seguridad pública, por lo que el hecho de que no se contemple de manera expresa en este precepto constitucional, que para ocupar los cargos contemplados en las normas impugnadas sea necesaria la nacionalidad mexicana por nacimiento, no sugiere que esté vedado exigir ese requisito mediante la ley, pues es obvio que la disposición en comento es enunciativa y no limitativa.
Señala que son innegables las diferencias entre la naturaleza jurídica de la nacionalidad por nacimiento y naturalización, pues la tenenc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23452-5306d33b/procuraduria-general-de-justicia-del-distrito-federal-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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