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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO" DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA). III. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA RESERVA CONSISTENTE EN TENER AQUÉLLA PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS ESTÁ LIMITADA A QUE ÉSTOS, ASÍ COMO SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTES, SEAN ESTRATÉGICOS, PRIORITARIOS Y VINCULADOS DIRECTAMENTE CON LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD NACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS. VI. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA RESERVA EXPLÍCITA DE CIERTOS CARGOS Y FUNCIONES PARA MEXICANOS POR NACIMIENTO ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE LIMITA, EN PRINCIPIO, A LOS QUE CORRESPONDEN A LA TITULARIDAD DE LOS PODERES DE LA UNIÓN, O A ÁMBITOS QUE INCIDEN EN LA ESTRUCTURA BÁSICA ESTATAL, O EN ASPECTOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA NACIONAL O A LA DEFENSA DE ÉSTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA). VII. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA SER MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA). VIII. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. AL INVALIDARSE LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO" DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA Y AL PREVER LAS OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS MERAS REFERENCIAS A DICHO NUMERAL, YA NO SUBSISTE EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULOS 26, 29, 32 Y 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO" DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 59/2018. · Registro digital (IUS): 29753
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-04-23
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, Pág. 88.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 59/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE ENERO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al siete de enero de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 59/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

I. Antecedentes

1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad(1) en contra de los artículos 19, fracción I, 26, 29, 32 y 36, párrafo tercero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, expedida mediante Decreto Número 472, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado el dieciséis de junio de dos mil dieciocho.

2. En su demanda, la accionante argumentó que los preceptos impugnados vulneran los derechos humanos de igualdad y no discriminación. Ello es así, pues al establecer que para ocupar los cargos de Magistrado, secretario general de Acuerdos, secretario de Acuerdos, actuario y titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa Local, se requiere cumplir con el requisito consistente en ser mexicano por nacimiento, excluyen de forma injustificada a aquellas personas cuya nacionalidad sea adquirida por naturalización, configurándose una discriminación derivada del origen nacional de las personas.

3. Además, sostiene que no existe una razón fundada para exigir la calidad de ciudadano mexicano por nacimiento para ocupar dichos cargos, ya que éstos no tienen ninguna relación con la defensa de la soberanía o identidad nacionales. También alega que dicha distinción trae consigo la violación al derecho del trabajo, dado que no se hace referencia a aptitudes, habilidades o idoneidades para desempeñar el cargo, sino que se alude a factores extrínsecos que nada tienen que ver con las capacidades de una persona para desempeñar su profesión.

4. Finalmente, refiere que, en caso de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estime avalar la constitucionalidad de los preceptos impugnados, deberá realizar una interpretación conforme de los mismos, a efecto de que únicamente se requiera para ocupar dichos cargos ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; de tal suerte que se permita acceder a esas funciones a quienes adquieren la nacionalidad por naturalización y sin exigir la nacionalidad por nacimiento.

5. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 59/2018 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Javier Laynez Potisek.(2)

6. Por auto de esa misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.(3)

7. Informes. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima rindieron sus informes respectivos.

8. En su informe, el mencionado Poder Ejecutivo sostuvo que la participación que tuvo fue única y exclusivamente la promulgación del decreto impugnado. En cambio, el referido Poder Legislativo argumentó que existen diversos preceptos tanto en la Constitución Federal como en leyes federales que establecen como requisito para ejercer un cargo público ser mexicano por nacimiento, por lo que considera que el decreto impugnado no podría ser declarado inconstitucional por tal motivo. Adicionalmente, el Legislativo argumentó que se trata de servidores públicos que ejercen una función jurisdiccional y que, en el caso, se aplica la restricción que para el acceso de los mexicanos por naturalización al cargo de Magistrado en los Poderes Judiciales de los Estados prevé el artículo 116, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

9. Por su parte, la Procuraduría General de la República, en su opinión, concluyó que el concepto de invalidez de la Comisión actora es fundado, ya que la reserva legal que establece el artículo 32 para el acceso a ciertos cargos por parte de los mexicanos por naturalización o que cuenten con doble nacionalidad debe estar debidamente justificada por la vinculación de dichos cargos con las funciones estratégicas del Estado Mexicano. Asimismo, razonó que a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Colima no les aplica el requisito de ser mexicanos por nacimiento que establece el artículo 116, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Federal para los Magistrados de su Poder Judicial, pues el tribunal no es parte de ese Poder.

10. Cierre de instrucción. Una vez que fueron recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se puso el expediente en estado de resolución.(4)

II. Competencia

11. El Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(5) 1o. de la ley reglamentaria(6) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) pues se cuestiona la constitucionalidad de normas generales.

III. Oportunidad

12. El artículo 60 de la ley reglamentaria(8) establece que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente y c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.

13. En el caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el sábado dieciséis de junio de dos mil dieciocho,(9) por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el domingo diecisiete de junio de dos mil dieciocho y concluyó el lunes dieciséis de julio de ese mismo año. Si el escrito de demanda fue recibido en esta Suprema Corte el lunes dieciséis de julio de dos mil dieciocho,(10) se concluye que su presentación resulta oportuna.

IV. Legitimación

14. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(11) en relación con el numeral 59 del mismo ordenamiento legal,(12) la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.

15. En el asunto que nos ocupa, Luis Raúl González Pérez actúa en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y acredita su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de trece de noviembre de dos mil catorce, expedido por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.(13)

16. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar a ese órgano constitucional autónomo y promover acciones de inconstitucionalidad en su nombre, de conformidad con los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(14) y 18 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(15) Por tanto, el accionante acreditó contar con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Causales de improcedencia

17. Las partes no alegaron causas de improcedencia ni este Tribunal Pleno aprecia alguna de oficio, por lo que corresponde realizar el estudio de la cuestión planteada.

VI. Estudio de fondo (invalidez del artículo 19, numeral 1, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima)

18. La Comisión actora cuestiona la regularidad constitucional del artículo 19, numeral 1, fracción I y la referencia que de esta disposición hacen los artículos 26, 29, 32 y 36, párrafo tercero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. El texto de estos preceptos es el siguiente:

"Artículo 19. Requisitos de elegibilidad

"1. Para ser Magistrado del tribunal se requiere:

"I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles."

"Artículo 26. Requisitos de elegibilidad

"1. Para ser secretario general de Acuerdos se requiere cumplir los mismos requisitos para ser Magistrado del tribunal, previstos en el artículo 19 de esta ley, excepto el de edad mínima y el de antigüedad del título profesional de licenciado en derecho, requiriéndose para ello contar con cuando menos treinta años de edad y una antigüedad de al menos cinco años en la expedición del referido título profesional."

"Artículo 29. Requisitos de elegibilidad

"1. Para ser secretario de Acuerdos se requiere cumplir los mismos requisitos para ser Magistrado del tribunal, previstos en el artículo 19 de esta ley, excepto el de la edad mínima y el de antigüedad del título profesional de licenciado en derecho."

"Artículo 32. Requisitos de elegibilidad

"1. Para ser actuario se requieren los mismos requisitos exigibles que para ser secretario de Acuerdos."

"Artículo 36. Designación y requisitos del titular del órgano interno de control

"...

"3. El titular del órgano interno de control durará en su encargo seis años y requerirá cumplir los mismos requisitos que para ser Magistrado del tribunal se establecen en el artículo 19 de esta ley, excepto el de edad mínima, tipo de título profesional y antigüedad del mismo, requiriéndose para ello contar con cuando menos treinta años de edad, título profesional de licenciado en derecho, contador público o cualquier otro relacionado con la actividad que realizan los órganos internos de control y una antigüedad de al menos cinco años en la expedición del título respectivo."

19. En suma, la Comisión accionante considera que lo regulado en estas disposiciones discriminan de forma injustificada a las personas que no sean mexicanas por nacimiento y vulneran, por tanto, el artículo 1o. de la Constitución Federal, así como el 35, fracción VI, por negarle a ciertos tipos de mexicanos la posibilidad de acceso a ciertos cargos públicos.

20. Este Tribunal Pleno considera parcialmente fundada la petición de invalidez, aunque por una razón diferenciada: la ausencia de competencia del Poder Ejecutivo Local. De acuerdo con lo expuesto hasta este momento, la materia de la presente acción de inconstitucionalidad radica en determinar si resultan constitucionales o no ciertos preceptos de una ley local en la que se prevé la nacionalidad mexicana por nacimiento como requisito para ejercer cargos de Magistrado, secretario general de Acuerdos, secretario de Acuerdos, actuario y titular del Órgano Interno de Control en el Tribunal Local de Justicia Administrativa. Nuestra respuesta es negativa.

21. Al margen del alegato de la parte actora, se estima que el Congreso del Estado de Colima no tenía competencia para regular lo relativo a la nacionalidad mexicana para dichas funciones públicas; por ende, resulta inválida una porción normativa de la primer norma impugnada que implementa la nacionalidad mexicana como un requisito para ocupar ciertos cargos públicos y, como consecuencia de ello, válidas el resto de las disposiciones normativas reclamadas.

22. Por cuestión de método y para explicar de una mejor manera este razonamiento, dividiremos el presente apartado de estudio de fondo en dos secciones: en la primera, detallaremos el criterio constitucional aplicable y, en la segunda, lo aplicaremos al caso concreto.

Criterio vigente

23. Si bien este Tribunal Constitucional –en sus diversas integraciones– ha variado su posición en relación con la competencia o incompetencia de las Legislaturas Locales para regular la materia que nos ocupa; no obstante, bajo la más reciente integración, se llega a la convicción (tal como se resolvió en el último precedente, la acción de inconstitucionalidad 87/2018)(16) de que las Legislaturas Locales no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento en las entidades federativas, pues de hacerlo, llevará, indefectiblemente, a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.

24. En efecto, la habilitación constitucional a cargo de la Federación o de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis de fondo, pues de concluirse –como sucede en el caso– que el Congreso del Estado de Colima no se encuentra habilitado para establecer dicha exigencia, se actualizará inmediatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin necesidad de analizar si la norma tiene un fin válido, pues resultará inconstitucional, al haberse emitido por una autoridad incompetente.

25. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente establecer el marco constitucional que rige el tema de nacionalidad en nuestro sistema jurídico mexicano y, para ello, es dable transcribir los siguientes artículos de la Constitución Federal.

"Título I

"...

"Capítulo II

"De los mexicanos

"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización:

"A) Son mexicanos por nacimiento:

"I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

"II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

"III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización; y

"IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

"B) Son mexicanos por naturalización:

"I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

"II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley."

"Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

"El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

"En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de la policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

"Esa misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

"Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."

"Artículo 37.

"A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

"B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

"I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

"II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero."

26. De los preceptos constitucionales transcritos se desprende lo siguiente:

• La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento o por naturalización (nacionalidad mexicana originaria y derivada, respectivamente).

• La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado A del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli y de ius sanguinis, esto es, en razón del lugar del nacimiento y en razón de la nacionalidad de los padres o de alguno de ellos, respectivamente.

• La nacionalidad por naturalización, denominada también derivada o adquirida es, conforme al apartado B del citado artículo 30 constitucional, aquella que se adquiere por voluntad de una persona, mediante un acto soberano atribuido al Estado que es quien tiene la potestad de otorgarla, una vez que se surten los requisitos que el propio Estado establece para tal efecto.

• De acuerdo con el artículo 30 constitucional, apartado B, son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.

• Se dispone lo relativo a la doble nacionalidad, así como lo relativo a los cargos y funciones para los que se requiera ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.

• Finalmente, se establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad y los motivos de pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización.

27. Es necesario precisar que el texto vigente de los artículos 30, 32 y 37 constitucionales tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, de cuyo procedimiento destaca lo siguiente:

• La reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias.

• La reforma se vio motivada por el importante número de mexicanos residentes en el extranjero y que se ven desfavorecidos frente a los nacionales de otros países, cuyas legislaciones consagran la no pérdida de su nacionalidad.

• Con la reforma, México ajustó su legislación a una práctica internacional facilitando a los nacionales la defensa de sus intereses.

• Se consideró que la reforma constituía un importante estímulo para los mexicanos que han vivido en el exterior, pues se eliminarían los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado puedan repatriarse a nuestro país.

• En concordancia con el establecimiento de la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, se propuso eliminar las causales de pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado A del artículo 37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales, exclusivamente aplicables a personas naturalizadas mexicanas.

• Por otra parte, se fortalecieron criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país, así como la voluntad real de ser mexicanos.

• Se agregó un nuevo párrafo al artículo 32, para que aquellos mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad, al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, siempre sean considerados como mexicanos, para lo cual, al ejercitar tales derechos y cumplir sus obligaciones, deberán sujetarse a las condiciones establecidas en las leyes nacionales.

• En el marco de esta reforma, se consideró indispensable tener presente que el ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias del Estado Mexicano que por naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, exige que sus titulares estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia otros países.

• Por lo anterior, se propuso agregar otro nuevo párrafo al artículo 32, en el que los cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección popular como los de secretarios de Estado, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, que de alguna manera puedan poner en riesgo la soberanía y lealtad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.

28. Por otra parte, en el dictamen de la Cámara Revisora (Diputados), se sostuvo lo siguiente:

• Las reformas constitucionales tienen como principal objetivo establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte otra nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circunstancias excepcionales aplicables exclusivamente a personas naturalizadas mexicanas, siempre con la intervención del Poder Judicial, por lo que desaparecen las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el inciso A del artículo 37 constitucional.

• En el artículo 30 se establece la transmisión de la nacionalidad a los nacidos en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización, lo que permitirá asegurar en estas personas el mismo aprecio que sus progenitores tienen por México.

• Se fortalecen tanto en el artículo 30, relativo a los extranjeros que contraen matrimonio con mexicanos, como en el artículo 37, relativo a la pérdida de la nacionalidad, criterios específicos para asegurar que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos.

• Se agrega un nuevo párrafo al artículo 37 para que aquellos mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al ejercer sus derechos derivados de la legislación mexicana, sean considerados como mexicanos, por lo que, para el ejercicio de esos derechos, deberán sujetarse a las condiciones que establezcan las leyes nacionales. Esta disposición tiene por objeto dejar en claro que aquellos mexicanos que se hayan naturalizado ciudadanos de otro país, no podrán invocar la protección diplomática de gobierno extranjero, salvaguardando así otras disposiciones constitucionales, tales como la relativa a la doctrina Calvo.

• La reforma del artículo 32 resulta fundamental para evitar conflictos de intereses o dudas en la identidad de los mexicanos con doble nacionalidad, respecto del acceso a cargos que impliquen funciones públicas en este país. De ahí la conveniencia de que el precepto ordene que "la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad", así como que "el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad".

• El Constituyente considera que las Fuerzas Armadas tienen como misión principal garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación, por lo que el desempeño de los cargos y comisiones dentro de las mismas, exige que sus integrantes posean ante todo una incuestionable lealtad y patriotismo hacia México, libres de cualquier posibilidad de vínculo moral o jurídico hacia otros países, así como contar con una sumisión, obediencia y fidelidad incondicional hacia nuestro país.

29. Del análisis de la exposición de motivos se desprende que la consideración esencial del Constituyente de que la nacionalidad mexicana no se agota por una demarcación geográfica, sino que se relaciona con el sentimiento de pertenencia, lealtad a las instituciones, a los símbolos, a la cultura y a las tradiciones, y que se trata de una expresión espiritual que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las normas, fue con la finalidad de establecer la no pérdida de la nacionalidad mexicana de aquellos mexicanos por nacimiento que han emigrado y que se han visto en la necesidad de adquirir la nacionalidad o ciudadanía de otro país.

30. Lo anterior, porque antes de la reforma constitucional de que se trata, la adquisición de una nacionalidad diversa se traducía en una pérdida automática de la nacionalidad mexicana, por lo que, a raíz de dicha reforma, el Estado Mexicano permite la figura de la doble nacionalidad para los mexicanos por nacimiento, medida con la que el Estado Mexicano se propuso hacer frente a la creciente migración de mexicanos.

31. Sin embargo, del procedimiento de reforma aludido se desprende que una de las preocupaciones era que, para incluir la figura de la "doble nacionalidad", debía tomarse en cuenta la problemática que la inclusión de esta figura podría suscitar con respecto a los principios de soberanía y lealtad nacional, razón por la que, con el propósito de preservar y salvaguardar tales principios, se estableció en la primera parte del segundo párrafo del artículo 32 constitucional, que los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución Federal, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reservarán en exclusiva a quienes tengan esa calidad, pues al ser la nacionalidad una condición que trasciende la esfera privada, puede originar conflictos económicos, políticos, jurisdiccionales y de lealtades.

32. Así fue, precisamente en el marco de esta reforma –que amplió los supuestos para la naturalización– que el Constituyente determinó que el ejercicio de ciertos cargos y funciones correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias en el sector público, que se relacionan con el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, tenían que ser desempeñados por mexicanos por nacimiento, pues "sus titulares tienen que estar libres de cualquier vínculo jurídico o sumisión a otros países".

33. Es decir, tal como se advierte del procedimiento de la reforma al artículo 32 constitucional, la razón o los fines que tuvo en cuenta el Órgano Reformador para reservar el ejercicio de ciertos cargos para mexicanos por nacimiento, deriva de que el ejercicio de tales cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional, esto es, se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros.

34. Por ello, se destacó la importancia de fijar criterios tendentes a asegurar no únicamente que los mexicanos por naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y "una voluntad real de ser mexicanos", sino a garantizar que en el ejercicio de esos cargos y funciones correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias del Estado Mexicano "que por su naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales", los titulares estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión a otros países, de manera que no pueda ponerse en riesgo la soberanía y lealtades nacionales.

35. A partir de entonces y bajo tales principios, el Constituyente ha venido definiendo expresamente en la Ley Fundamental aquellos supuestos específicos en los que los depositarios de ciertos cargos públicos tienen que ser mexicanos por nacimiento, tal es el caso de los comisionados del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales federal (artículo 6o., apartado A), comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (artículo 28), los depositarios de los Poderes de la Unión (artículos 55, fracción I, 58, 82, fracción I, 95, fracción I, 99 y 100), el titular de la Auditoría Superior de la Federación (artículo 79), los secretarios de despacho (artículo 91), los Magistrados Electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (artículo 99), consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 100), el fiscal general de la República (artículo 102, apartado A, segundo párrafo), los gobernadores de los Estados y los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Estatales (artículo 116) y los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (artículo 122, apartado A, fracción IV).

36. En ese contexto se inserta, precisamente, la previsión del artículo 32 de la Constitución Federal, en el que el propio Constituyente estableció –como ya se vio–, expresamente, diversos cargos públicos que deberán ser ocupados por mexicanos por nacimiento.

37. Ahora bien, considerando que en relación con dicho mandato constitucional este Tribunal Pleno, en sus diversas integraciones, ha construido varias interpretaciones de las cuales pudieran surgir distintas interrogantes; sin embargo, en el presente asunto, la cuestión a dilucidar se constriñe a determinar, únicamente, si la atribución de establecer como requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos el ser mexicano por nacimiento, en términos del artículo 32 constitucional, le compete o no a las Legislaturas de los Estados.

38. Este Alto Tribunal arriba a la convicción, como se adelantó, que el criterio qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29753-c9cb30c2/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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