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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD O PERSONA QUE RECIBA O EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD, QUE SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ESTE DERECHO NO ES ABSOLUTO, YA QUE LA INFORMACIÓN PUEDE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL O PUEDE SER CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, POR REFERIRSE A LA VIDA PRIVADA Y DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. TODA LA INFORMACIÓN QUE DERIVE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, INCLUIDOS LOS EXPEDIENTES, NO SERÁ AUTOMÁTICAMENTE CONSIDERADA COMO RESERVADA, SINO QUE ES SUSCEPTIBLE DE RESERVARSE UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO UNA PRUEBA DE DAÑO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 10, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "TODA", DE LA LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN QUE DERIVE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, INCLUIDOS LOS EXPEDIENTES, SERÁ CONSIDERADA COMO RESERVADA Y CONFIDENCIAL, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ASÍ COMO EN AQUELLOS CASOS EN QUE DEBAN PRESENTARSE EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES, UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO UNA PRUEBA DE DAÑO (ARTÍCULO 10, SALVO SU PORCIÓN NORMATIVA "TODA", DE LA LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. EL EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA LEGISLATIVA DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS EN DOS ETAPAS: EL ALCANCE O CONTENIDO PRIMA FACIE DEL DERECHO EN CUESTIÓN Y SI LA NORMA IMPUGNADA INCIDE O NO EN DICHO ÁMBITO DE PROTECCIÓN (ARTÍCULO 10, SALVO SU PORCIÓN NORMATIVA "TODA", DE LA LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE: "TODA LA INFORMACIÓN QUE DERIVE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, INCLUIDOS LOS EXPEDIENTES, SERÁ CONSIDERADA COMO RESERVADA Y CONFIDENCIAL, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ASÍ COMO EN AQUELLAS [SIC] CASOS EN QUE DEBAN PRESENTARSE EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES" NO INCIDE EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 10, SALVO SU PORCIÓN NORMATIVA "TODA", DE LA LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2018. · Registro digital (IUS): 29702
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo I, Pág. 170.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a diecisiete de febrero de dos mil veinte.

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 94/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

I. Antecedentes

1. Presentación de la demanda. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez del artículo 10 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí. Como autoridad emisora y promulgadora señaló a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

2. Registro, turno de la demanda. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad; la registró con el número 94/2018 y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

3. Admisión de la demanda. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la demanda; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran su informe, y al procurador general de la República.

4. Informes. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí rindiendo informe en representación del Poder Ejecutivo demandado. Igualmente, el tres de enero de dos mil diecinueve se tuvo a la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí rindiendo el informe en representación del Poder Legislativo demandado.

5. Alegatos. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve se tuvieron por recibidos los alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(1)

6. Cierre de instrucción. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, el doce de febrero de dos mil diecinueve se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución en la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 68 de la ley reglamentaria.(2)

II. Competencia

7. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 1o. de su ley reglamentaria(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez del artículo 10 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí por considerar que viola derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es Parte.

III. Oportunidad

8. La acción de inconstitucionalidad se ejerció dentro del plazo de treinta días naturales previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional,(6) ya que de acuerdo con el artículo 60 de su ley reglamentaria,(7) el cómputo inicia a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada. En el caso, la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí fue publicada el uno de octubre de dos mil dieciocho,(8) de tal forma que el plazo para presentar la demanda transcurrió del dos al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Luego, si la demanda se presentó en el último día indicado,(9) entonces se presentó de manera oportuna.

IV. Legitimación

9. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución,(10) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, ya que argumenta que las disposiciones reclamadas son violatorias principalmente del derecho humano de acceso a la información.

10. Suscribió la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de trece de noviembre de dos mil catorce.(11) Asimismo, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(12) y 18 de su reglamento interno,(13) a dicho funcionario le corresponde su representación legal. En consecuencia, debe considerarse que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la representación legal para presentar la acción de inconstitucionalidad a nombre de dicho órgano.

V. Improcedencia y sobreseimiento

11. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí sostiene que el presente asunto debe sobreseerse ya que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria. Ello es así, porque la inconstitucionalidad de la norma impugnada no reside en actos atribuibles al Poder Ejecutivo, es decir, la accionante en ningún momento aduce la inconstitucionalidad por vicios propios de la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de "San Luis Potosí".

12. Sobre el particular, los artículos 61, fracción II y 64, primer párrafo, de la ley reglamentaria establecen que en su demanda el promovente debe indicar, entre otras cosas, los órganos legislativos y ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas generales impugnadas, a quienes durante el procedimiento se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar su validez o la improcedencia del medio de impugnación.

13. En ese sentido, el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 12/2016,(14) sostuvo que: "con independencia de que la promovente controvierta o no por vicios propios los actos que atribuye al citado ejecutivo local, lo cierto es que al tener injerencia en el procedimiento legislativo de las normas generales impugnadas, está invariablemente implicado en su validez", de modo que debe acudir a la acción a fin de justificar su constitucionalidad.

14. Además, al impugnarse una norma de carácter general se entiende que está integrada por todas las etapas del proceso legislativo que le dio origen o que motivó su modificación o reforma, de manera que deben considerarse los actos que integran ese proceso como una unidad y no por separado. Dicho criterio se encuentra recogido en la jurisprudencia P./J. 38/2010, del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(15)

15. Por lo anterior, se declara infundada la causa de improcedencia propuesta por el Poder Ejecutivo del Estado San Luis Potosí y toda vez que el Poder Legislativo no hizo valer alguna otra y no se advierte alguna de oficio, corresponde al Pleno de esta Suprema Corte resolver el fondo del asunto.

VI. Estudio

16. Este Alto Tribunal procederá al estudio del único concepto de invalidez hecho valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el que plantea la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, haciendo valer los siguientes argumentos:

(1) El artículo es violatorio del derecho humano de acceso a la información reconocido en los artículos 6o. de la Constitución, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su correlativo principio de máxima publicidad, porque contempla una reserva genérica, previa e indeterminada de la información relativa a los resultados de los procesos de evaluación y control de confianza, incluidos los expedientes que se realizan a los integrantes de instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada, siendo que dicha información es primordialmente pública y sólo en caso de que exista una razón que justifique su clasificación será posible restringir su acceso.

En ese sentido, argumenta que una de las formas que garantiza el principio de máxima publicidad se refiere precisamente a prohibir la clasificación general, pues la información sólo podrá ser clasificada cuando se reciba una solicitud de información, la autoridad competente lo determine y se realice una prueba de daño.

(2) La Constitución permite la restricción del derecho a la información pública, al establecer la posibilidad de reservar el acceso a la misma; no obstante, dicha restricción sólo podrá realizarse: (i) por tiempo determinado; (ii) por razones de interés público o de seguridad nacional; y, (iii) en los términos que fijen las leyes.

La Primera Sala de la Suprema Corte, en el amparo en revisión 173/2012, determinó que los alcances del principio de máxima publicidad en relación con el derecho de acceso a la información se orientan en tres ejes: (1) el derecho de acceso a la información está sometido a un régimen limitado de excepciones; (2) la reserva de información por parte de las autoridades deberá responder a una justificación realizada mediante una prueba de daño; y, (3) el principio de máxima publicidad es la herramienta para la interpretación de disposiciones legales relacionadas con el derecho de acceso a la información.

(3) La norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico, al imposibilitar la búsqueda de toda información que derive del proceso de evaluación y control de confianza, quienes tienen como función social buscar y difundir información sobre temas de interés general a fin de ponerla en la mesa del debate público.

(4) Es necesario realizar un test de proporcionalidad para determinar las relaciones entre el fin perseguido por la norma y su colisión con el derecho de acceso a la información.

• Finalidad constitucionalmente legítima: La disposición impugnada pretende salvaguardar la seguridad pública y los datos personales, es decir, la norma impugnada persigue un fin constitucionalmente válido.

• Idoneidad: Las normas alcanzan su fin al clasificar toda la información que derive del proceso de evaluación y control de confianza.

• Necesidad: Existen medios alternativos igualmente idóneos menos restrictivos como es el análisis casuístico de la información, con base en el principio de máxima publicidad, para determinar si efectivamente su publicidad representa una afectación a la seguridad pública, por tanto, la afectación provocada al derecho de acceso a la información resulta de un grado mayor que la realización del fin que persigue.

• Proporcionalidad en sentido estricto: No existe proporción entre el fin constitucional que se persigue –garantizar la seguridad pública– y el resultado de la medida –restricción al derecho de acceso a la información pública–.

(5) Finalmente, señala que las empresas de seguridad privada al ejercer funciones de auxilio a la seguridad pública, se encuentran obligadas a respetar el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Así, que la norma presuponga que toda la información en manos de instituciones de seguridad pública como privada sea susceptible de clasificación, resulta igualmente inconstitucional.

17. Respecto de lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí en su informe argumentó lo siguiente:

(1) El artículo impugnado no vulnera el derecho humano de acceso a la información reconocido en la Constitución, sino por el contrario, se redactó previniendo la protección de los datos personales y los datos sensibles de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

(2) Los resultados de los exámenes que se aplican en los procesos de evaluación reflejan información psicológica, médica, toxicológica, social y económica de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada del Estado, por lo que dicha información debe ser considerada como reservada y confidencial porque expone datos personales y datos personales sensibles.

(3) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos erróneamente confronta el principio de máxima publicidad con el artículo impugnado, porque confunde el proceso de evaluación con la información que deriva o se obtiene como resultado del proceso de evaluación.

(4) Los procesos de evaluación siempre deberán ser transparentes como lo establece el artículo 7o. de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí y en cumplimiento del artículo 6o. constitucional; sin embargo, la información que se obtiene de cada uno de los aspirantes de las instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada que participan en los procesos de evaluación y control de confianza no puede atender al principio de máxima publicidad, pues se considera que son datos personales y sensibles que deben ser protegidos.

(5) Finalmente, alegó que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria, pues ésta se concatena con la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 19, fracción VIII, debido a que la accionante jamás señaló vicios propios de los actos reclamados respecto a la promulgación y publicación del ordenamiento tildado de inconstitucional.

18. Por su parte, el Poder Legislativo en su informe señaló que:

(1) El derecho de acceso a la información como cualquier otro derecho tiene ciertos límites. Éstos se encuentran establecidos en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(2) Una cuestión relevante en las leyes de acceso a la información consiste en lograr un adecuado equilibrio o proporcionalidad entre publicidad y secreto, ya que frente a la demanda de información por parte de las personas también corresponde una cierta reserva por parte del Estado con respecto de algunos temas que por su naturaleza deben permanecer sustraídos del conocimiento público, como son los datos de carácter personal, evitando la indebida intromisión a la vida privada.

19. A manera de preámbulo este Alto Tribunal estima conveniente recordar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2016,(16) así como al dirimir las diversas acciones de inconstitucionalidad respecto de esta materia, advirtió que entre las finalidades de la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce se encuentran la de dotar de autonomía constitucional al órgano garante nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública en nuestro país y replicarlo en las entidades federativas y, principalmente, unificar los alcances de los principios y bases del derecho de transparencia y acceso a la información a fin de que todos los gobernados puedan ejercerlo de la misma manera y medida en todo el territorio nacional.

20. Igualmente, el Poder Reformador de la Constitución estimó que esa unificación se lograría a través de la emisión de una ley general que desarrolle las directrices y aspectos mínimos aplicables en la materia reconocidos en el texto constitucional, sin que tal circunstancia infrinja el sistema federal adoptado por nuestro país, pues se reconoce el deber de las entidades federativas de adecuar su legislación a la general y, a la vez, la posibilidad de que la amplíen o perfeccionen, siempre que en ese ejercicio respeten su ámbito de competencia y, sobre todo, los aspectos mínimos establecidos en la Constitución Federal y desarrollados en la mencionada ley general.

21. Se indicó que ese doble propósito se evidenció, por una parte, en las exposiciones de motivos tanto de la reforma constitucional de mérito como de la ley general aplicable y, por otra, en el propio texto constitucional al establecer en su artículo 6o. que la ley general dispondrá las bases y principios del derecho en comento, lo que significa que las leyes federal y de las entidades federativas deben atender esos aspectos mínimos, sin vedar en ningún momento su potestad para legislar en la materia, siempre y cuando no contravengan esos parámetros generales.

22. De esa manera, se concluyó que las Legislaturas de las diversas entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus instrumentos normativos aplicables en la materia a las bases y principios reconocidos en la Constitución y pormenorizados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero a la vez tienen libertad para ampliarlos o precisarlos atendiendo a su realidad, siempre y cuando respeten dichos mínimos, bases y principios, y lo legislado localmente se relacione con su específico ámbito de competencia.

23. Al final de cuentas, se explicó que: "el reconocimiento de esa libertad de las entidades federativas para legislar en materia de transparencia y acceso a la información pública no es más que el reconocimiento del sistema federal asumido como forma de gobierno por nuestro país", así como el de la existencia de las denominadas facultades concurrentes o coincidentes muchas veces definidas y analizadas tanto por la doctrina como por los órganos del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que implican que las entidades federativas, los Municipios y la Federación, pueden actuar respecto de una misma materia, siendo el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

24. Se procederá al estudio de constitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí, mismo que para mayor claridad se transcribe:

"Artículo 10. Toda la información que derive del proceso de evaluación y control de confianza, incluidos los expedientes, será considerada como reservada y confidencial, con excepción de lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como en aquellas (sic) casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales."

25. Por una cuestión metodológica y debido a la estrecha relación que guardan los argumentos identificados en los incisos (1), (2) y (5) éstos serán analizados de manera conjunta, a efecto de responder si el artículo impugnado se opone al derecho de acceso a la información y al principio de máxima publicidad contenidos en los artículos 6o. de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

26. La accionante esencialmente sostiene que la disposición legal impugnada es inconstitucional, porque contempla una restricción genérica, previa e indeterminada de la información relativa a los resultados de los procesos de evaluación y control de confianza, incluidos los expedientes que se realizan a los integrantes de seguridad pública y empresas de seguridad privada, siendo que dicha información es prioritariamente pública. Aunado a que no cumple con lo establecido en el artículo 6o., apartado A, fracción I, constitucional, esto es, que la reserva de información únicamente pueda realizarse: (i) por tiempo determinado; (ii) por razones de interés público o de seguridad nacional; y, (iii) en los términos que fijen las leyes. Finalmente, aduce que el artículo tildado de inconstitucional contraviene lo establecido por la Primera Sala en el amparo en revisión 173/2012.

27. A efecto de poder dar respuesta a los argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Alto Tribunal se ocupará de aclarar: (A) el contenido y alcance del derecho humano de acceso a la información; y, (B) las restricciones constitucionales al ejercicio del derecho en comento.

A. Contenido y alcance del derecho humano de acceso a la información

28. El derecho de acceso a la información se encuentra protegido en el artículo 6o. de la Constitución, el cual en su apartado A establece que para su ejercicio la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los principios y bases señaladas en las fracciones I a VIII del propio apartado. La fracción I indica que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Asimismo, determina que en la interpretación de este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad.

29. Por su parte, la fracción II de precepto constitucional en comento señala que la información que se refiere a la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Como se desprende de su lectura, dichas fracciones enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al derecho en comento. Sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información.

30. Sobre este tema, la Segunda Sala ha reconocido que es jurídicamente posible que las leyes de la materia establezcan restricciones al acceso de la información pública, siempre y cuando atiendan a las finalidades previstas en la Constitución, así como que las clasificaciones correspondientes sean proporcionales y congruentes con los principios constitucionales que intentan proteger.(17) En similares términos se ha pronunciado este Tribunal Pleno en las tesis P. XLV/2000,(18) y P. LX/2000,(19) concluyendo que es lógica su limitación por los intereses nacionales y los derechos de terceros.

31. En la misma línea, la Segunda Sala de la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 2931/2015,(20) adujo que el derecho de acceso a la información previsto en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte,(21) ha sido entendido como "el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información", atribuyéndosele al mismo tiempo una doble función.(22) Por un lado, tiene una "dimensión individual, la cual protege y garantiza que las personas recolecten, difundan y publiquen información con plena libertad, formando parte indisoluble de la autodeterminación de los individuos, al ser una condición indispensable para la comprensión de su existencia y de su entorno", mientras que por otro lado la "dimensión social constituye un pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como la condición fundamental para el progreso social e individual".

32. La doctrina convencional establecida por la Corte Interamericana ha asociado el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás, al derecho de libertad de pensamiento y expresión contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

33. En el Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile,(23) la Corte Interamericana indicó que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho que tiene toda persona a solicitar información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Igualmente, sostuvo que dicho precepto ampara "el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información y reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto".(24)

34. En el precedente mencionado, el tribunal interamericano aclaró que la información pública debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Aunado a lo anterior, explicó que: "[s]u entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea".(25)

35. En correspondencia con lo anterior, el texto del artículo 6o., segundo párrafo, constitucional señala que el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna comprende el derecho a buscar, recibir y difundir información. De igual forma, el artículo 4o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir y recibir información.

36. Retomando las consideraciones del amparo directo en revisión 2931/2015, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte enfatiza que el derecho de acceso a la información garantiza que "todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa". En dichos términos, el contenido del derecho citado impone obligaciones negativas y positivas a cargo del Estado, esto es, le exige que no obstaculice ni impida su búsqueda (obligación negativa), y le requiere que establezca los medios e instrumentos idóneos a través de los cuales las personas puedan solicitar dicha información (obligación positiva). El criterio anterior se encuentra recogido en la tesis de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL.".(26)

37. Posteriormente, este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 56/2018,(27) precisó que respecto al derecho humano de acceso a la información subyacen dos principios rectores: (i) el de buena fe; y, (ii) el de máxima divulgación de la información. Por cuanto ve al primero, explicó que debe tenerse en cuenta que "para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe", es decir, interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a trasparentar la gestión pública y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

38. Por cuanto ve al segundo de los principios mencionados, este Alto Tribunal se remitió a lo sostenido por la Corte Interamericana en el Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, donde argumentó que: "en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda la información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones".(28)

39. Al respecto, este Pleno de la Suprema Corte resalta que la Corte Interamericana admitió que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que "la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto".

40. En un sentido similar, el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define el principio de máxima publicidad en términos de que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

41. Una vez clarificado el contenido del derecho fundamental de acceso a la información, este Tribunal Pleno procederá a exponer el régimen de restricciones al ejercicio del derecho para así estar en posibilidad de analizar la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Control de Confianza del Estado de San Luis Potosí.

B. Restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado

42. Este Tribunal Pleno reafirma como lo sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 11/2013,(29) que el "derecho de acceso a la información no es absoluto", pues el artículo 6o., apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Federal establece dos limitaciones válidas o legítimas. Una es la referida a la información que puede ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional y otra a la información susceptible de ser clasificada como confidencial, por referirse a la vida privada y datos personales de las personas. De modo que, el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene distintos alcances dependiendo del tipo de información al que se pretende acceder, pues existe información que potencialmente puede afectar el interés público y la seguridad nacional mientras que existe otro tipo que pued

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29702-a59aba10/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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