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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN DE QUE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, MENORES Y DE PAZ, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SE INTEGRARÁN A SU EXPEDIENTE LABORAL, EL CUAL SERÁ DE CARÁCTER RESERVADO, NO CONSTITUYE UNA REGLA GENÉRICA QUE RESTRINGE ESTE DERECHO, PORQUE TODA ESTA INFORMACIÓN SERÁ PÚBLICA Y ACCESIBLE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES EN LA MATERIA, CONFORME A LAS CUALES LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN APLICAR LA PRUEBA DE DAÑO PARA MOTIVAR, EN SU CASO, SU CLASIFICACIÓN COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL (ARTÍCULOS 61, PÁRRAFO ÚLTIMO, 63, PÁRRAFO TERCERO, Y 66, PÁRRAFO QUINTO, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "EL CUAL SERÁ DE CARÁCTER RESERVADO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2019. · Registro digital (IUS): 29793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-14
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 253.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de octubre de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió la acción de inconstitucionalidad que ahora se resuelve. Señaló como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco e impugnó los artículos 61, 63 y 66 de la Constitución Política de esa entidad, reformada mediante el Decreto 27296/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el diez de septiembre de dos mil diecinueve.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o. y 6o. constitucionales, 1o. y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el numeral 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La promovente considera que las normas impugnadas, al establecer como reservada la totalidad de la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Estado de Jalisco, constituye una restricción absoluta, indeterminada y previa en transgresión del principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en los artículos 6o. constitucional, 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Al respecto refiere lo que a continuación se señala.

Las normas impugnadas establecen una reserva ex ante de toda la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

El derecho de acceso a la información tiene un carácter dual, pues se rige como derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, en relación con este derecho, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo debe ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes; no es necesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información; y que para la tutela de este derecho, se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con este derecho, ha señalado que corresponde a toda persona sin necesidad de acreditar interés para su obtención; que conlleva las obligaciones del Estado de suministrar la información a quien la solicite y, de no hacerlo, dar una respuesta fundamentada; que se ejerce sobre la información en Poder del Estado y debe regirse por el principio de máxima divulgación; y que los Estados deben garantizar un procedimiento adecuado para las solicitudes de información, con un recurso sencillo, rápido y efecto para determinar si se violó el derecho, para lo que deben adoptarse medidas legislativas necesarias para hacerlo efectivo.

Con base en lo anterior, los artículos 61, último párrafo, 63, tercer párrafo, y 66, quinto párrafo, de la Constitución del Estado de Jalisco, en la porción normativa que dice "el cual será de carácter reservado" contravienen el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

Es así, porque disponen de forma absoluta, indeterminada y previa que toda la información contenida en los expedientes laborales de funcionarios judiciales, con independencia de su contenido y naturaleza, será reservada, sin que puedan clasificarse de manera casuística, aunado a que no permite que la reserva se sujete a una temporalidad, lo que constituye una regulación contraria al artículo 6o. constitucional.

Los capítulos III y IV del título sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen los supuestos en los que puede reservarse la información, siempre que se funden y motiven en una prueba de daño.

No es correcto señalar que las normas impugnadas están encaminadas a salvaguardar datos personales o información confidencial, porque no están sujetos a temporalidad alguna y sólo pueden acceder a ellos sus titulares, representantes y autoridades facultados para ello, aunado a que dicha información está protegida por ser confidencial al tratarse de datos personales.

Las normas impugnadas no encuadran en las hipótesis de reserva de información establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A diferencia de las normas impugnadas, el artículo 56, último párrafo, de la Constitución del Estado de Jalisco dispone que los resultados de las evaluaciones de evolución patrimonial, desempeño y probidad deberán publicarse de manera mensual con excepción de la información reservada conforme a las leyes de la materia.

Aunado a lo anterior, la reserva que establecen las normas impugnadas no está sujeta a una temporalidad concreta, la cual debe estar encaminada a salvaguardar el interés público, sin que en el caso pueda ser de manera permanente o indeterminada.

Si bien el derecho de acceso a la información admite restricciones, deben cumplir con sustento legal, tanto en sentido material como formal, y ser acordes a lo establecido en el marco constitucional y legal.

En el caso, es necesario realizar un examen de constitucionalidad de las normas impugnadas, a través del test de proporcionalidad, de tal manera que se corrobore que persiguen un fin constitucionalmente válido, que resultan idóneas para satisfacer su propósito constitucional; que no existen otras medidas igualmente idóneas pero menos lesivas del derecho, y que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida.

En el caso, la finalidad de la norma no es constitucionalmente válida porque la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios judiciales no es una categoría de información susceptible de ser reservada por cuestiones de orden público, de tal manera que resultan innecesarios los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo patente que en los artículos 100, 103, 104 y 108, la ley general de la materia exige que todos los sujetos obligados para clasificar información como reservada, deben aplicar la prueba de daño.

CUARTO.—Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 109/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite el referido asunto, le requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Jalisco, rendir un informe y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.

QUINTO.—Certificación. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales para rendir su informe en la acción de inconstitucionalidad transcurriría del cinco al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Durango. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Poder Legislativo Estatal, por conducto de María Patricia Meza Núñez, Jorge Eduardo González Arana y María Esther López Chávez, quienes se ostentaron, la primera, como presidente y los segundos como secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, rindió el informe que le fue requerido.

Planteamiento de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad

En primer lugar, sostiene que la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra la supuesta violación al derecho de acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial, al referirse la accionante a "la imposibilidad de reelección de los Magistrados del Supremo Tribunal y del Tribunal Administrativo de Jalisco", sin legitimación, pareciera que asume la defensa competencial del Poder Judicial de esa entidad.

Al respecto refiere que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad, ante la transgresión de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, pudiendo invocar violaciones al principio de legalidad; no debe reconocerse legitimación por el señalamiento que realiza a manera de sospecha, al referir que la reforma a la Constitución del Estado de Jalisco, al no prever la reelección de los Magistrados el Poder Judicial de la entidad, podría complicar el derecho de acceso a la justicia, puesto que ello no está sustentado en concepto de invalidez alguno; sin que en el caso resulte aplicable la figura de la suplencia por parte de este Tribunal Constitucional.

Argumentos relacionados con la materia del fondo del asunto

Toda vez que los preceptos impugnados se encuentran en el título sexto, capítulo II denominado "Del Poder Judicial" de la Constitución es necesario señalar que conforme al artículo 116, fracción III, de la Constitución, en las Constituciones y leyes orgánicas de los Estados se debe garantizar la independencia judicial y, para ello se fijan las condiciones de ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales.

Al Congreso Local le corresponde legislar sobre las materias que le son propias. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos que realizan las autoridades dentro de sus atribuciones se consideran constitucionales, sustentando además la fundamentación y motivación del acto legislativo. En ese sentido, los preceptos son constitucionales, porque fueron emitidos en ejercicio del poder público conferido, en cumplimiento a los artículos 116, fracción III, de la Constitución Federal, y 35, fracción I, y 117 de la Constitución Local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los Poderes Legislativos no tienen la obligación de explicitar sus actos de motivación, como se advierte de la tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPLICARLOS.",(1) por su parte, al resolver la controversia constitucional 32/2007, estableció que la motivación legislativa puede ser reforzada y ordinaria.

A efecto de garantizar el derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los principios y bases establecidos en el artículo 6o. constitucional.

El derecho de acceso a la información se consagra en los artículos 4o., sexto párrafo, y 9o. de la Constitución de Jalisco y, atendiendo a esta garantía, el Estado debe actuar con base en el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; sin embargo, este derecho no es absoluto, porque los datos personales deben protegerse en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

En ese sentido, la autoridad deberá determinar cuál de los dos derechos prevalece, considerando las actividades que realizan los sujetos involucrados así como la relevancia e interés que la información tenga para la sociedad, porque los parámetros de protección rigen de igual forma.

Cita la tesis 2a. XXXVI/2019, de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA EN CONFLICTO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD.". Señala que ello se desprende también de la tesis P. LX/2000, de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS."

En la acción de inconstitucionalidad 56/2018, la Suprema Corte sostuvo que las limitaciones al derecho de acceso a la información deben ser necesarias en una sociedad democrática para satisfacer el interés público imperativo y para lograr ese objetivo se debe elegir la que menos restrinja el derecho protegido y debe ser conducente para alcanzar su logro, proporcional al interés que la justifica e interferir en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho.

Esas limitaciones también fueron señaladas por los relatores de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Organismo Superior de las Controversias del Estado en su declaración conjunta de 2004, al establecer que el derecho de acceso a la información debe sujetarse a un sistema restringido de excepciones para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad, y que las excepciones se aplicarán sólo cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos, y el daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que cualquier restricción en el acceso a la información en poder del Estado, para ser compatible con la Convención Americana, debe superar una prueba de proporcionalidad que consta de tres pasos que consisten en estar relacionado con uno de los objetivos legítimos que la justifican; demostrarse que la divulgación de la información amenaza con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo; y demostrarse que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la información.

Una de las limitantes al derecho de acceso a la información es la protección de datos personales, que plantea en algunos casos una tensión con otros derechos como al honor, la intimidad, la vida privada y la imagen.

Para su análisis, se invoca una parte del voto concurrente formulado por el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, en la acción de inconstitucionalidad 56/2018, en el que indicó no compartir la inconstitucionalidad de una norma por contemplar una reserva absoluta de información, puesto que al tratarse de una restricción al derecho de acceso a la información, dicha reserva debe analizarse a partir de la aplicación de un test de proporcionalidad.

La reforma impugnada establece que el Poder Judicial del Estado de Jalisco contará con un sistema de evaluación de control de confianza para garantizar la probidad y honorabilidad de sus funcionarios, por lo que las evaluaciones de control de confianza incluirán por lo menos exámenes patrimonial y entorno social, médico, psicométrico y psicológico, poligráfico, toxicológico y los demás que establezca la ley.

Sin embargo, también debe apreciarse que conforme al último párrafo del artículo 56 de la Constitución de esa entidad, contenido en la reforma que se analiza, el acceso a la información de la evolución patrimonial, desempeño y probidad se publicarán con excepción de los datos de carácter reservado que de ellos se desprenda en términos no sólo de la Constitución, sino de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La reserva de las evaluaciones de control de confianza que se integren a los expedientes laborales de los Magistrados y Jueces se sustenta en la protección personal a los impartidores de justicia conforme a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que señala Naciones Unidas.

En el informe de la relatora especial sobre independencia de los Magistrados y abogados de la Asamblea General de Naciones Unidas, de dieciocho de abril de dos mil once, se reconoce la necesidad de proteger a los operadores de justicia ante amenazas e intimidaciones.

En ese sentido, la impugnación carece de sustento porque la finalidad de la protección de los datos que realizan las porciones normativas reclamadas, es salvaguardar la integridad, la honra y la vida privada de los funcionarios judiciales de la entidad, protegiéndola en el ejercicio de la administración de justicia, lo cual es acorde con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 56/2018.

Así, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, por lo que nadie podrá ser obligado a proporcionar datos sensibles, salvo aquellos necesarios para proteger la vida y seguridad personal o así lo prevea alguna disposición legal. Aunado a que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las expresiones e información de servidores públicos en razón de la naturaleza de sus funciones, están sujetas a una protección diferente de su reputación y honra frente a las demás personas.

SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Adrián Talamantes Lobato, quien se ostentó como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, rindió el informe que le fue requerido, en el que manifestó los siguientes argumentos.

Primero. La accionante señala que las normas impugnadas invierten la regla general establecida en el artículo 6o. constitucional, al prever una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios judiciales de la entidad; sin embargo, esa conclusión es equivocada, porque el texto constitucional reconoce principios y derechos que operan como excepciones a la regla general, lo que da lugar a que la información puede reservarse o considerarse confidencial.

Las fracciones I y II del artículo 6o. constitucional establecen que el derecho de acceso a la información podrá limitarse por razones de interés público y cuando se refiera a la vida privada y los datos personales, aunado a que remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos de las excepciones que buscan proteger esos bienes constitucionales, enunciados como límites al derecho de acceso a la información.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que es jurídicamente adecuado que las leyes en materia de transparencia establezcan restricciones al acceso a la información pública, siempre que atiendan a las finalidades previstas en la Constitución, aunado a que las clasificaciones sean proporcionales y congruentes con los principios constitucionales que intentan proteger.

Al respecto, cita las tesis de rubros: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN." y "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS."

En ese sentido, las normas impugnadas cumplen con el mandato constitucional y los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que serán reservados los expedientes laborales en los que consten las evaluaciones de control y confianza de los Jueces y Magistrados, porque cumplen el propósito de salvaguardar la información, dada su relevancia y sensibilidad, así como la integridad de los servidores públicos que pudieran recibir presiones externas o, incluso, ser denostados en el caso de no aprobar los exámenes, y darse a conocer esa información.

Aunado a lo anterior, se pondría en riesgo la independencia y autonomía judicial, lo cual es de interés público, de tal manera que las normas impugnadas encuadran en la excepción prevista en el artículo 6o., apartado A, fracciones I y II, de la Constitución.

Segundo. Es falso que las normas impugnadas establezcan una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la información de los expedientes laborales de los funcionarios judiciales de la entidad, porque los titulares de la información sí podrán acceder a ella si desean impugnar el resultado de las evaluaciones que les son aplicadas.

Tercero. La participación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco se emitió en cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución de esa entidad.

Asimismo, la emisión de las normas impugnadas cumplió con las formas consagradas en los ordenamientos correspondientes a través de atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

OCTAVO.—Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos.

NOVENO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.

DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(4) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se publicó la norma impugnada.

En el presente caso se impugnan los artículos 61, 63 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, reformados mediante Decreto Número 27296/LXII/19, publicado el diez de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de dicha entidad.

En ese sentido, el plazo de treinta días transcurrió a partir del día siguiente en que se publicaron las referidas leyes, es decir, del miércoles once de septiembre al jueves diez de octubre de dos mil diecinueve, por lo que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda en esta última fecha, se concluye que es oportuna.

TERCERO.—Legitimación. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por la Legislatura Estatal que estimen violatorias de derechos humanos.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) confiere al presidente de dicho órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Luis Raúl González Pérez demostró su carácter de presidente de la comisión mediante el oficio DGPL-1P3A.-4858 emitido por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.(7)

Cabe precisar que se impugnan tres preceptos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, expedida por el Poder Legislativo de esa entidad federativa, que establecen que las evaluaciones de control de confianza que se realicen a Magistrados y Jueces del Poder Judicial, así como del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Jalisco, se integrarán a su expediente laboral, el cual será de carácter reservado; el promovente las estima violatorias del derecho al acceso a la información pública y al principio de máxima publicidad.

Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su debido representante.

CUARTO.—Causas de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco sostiene que la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra la supuesta violación al derecho de acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial al referirse la accionante a "la imposibilidad de reelección de los Magistrados del Supremo Tribunal y del Tribunal Administrativo de Jalisco", porque, sin legitimación, pareciera que asume la defensa competencial del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Al respecto, refiere que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad, ante la transgresión de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, pudiendo invocar violaciones al principio de legalidad; no debe reconocerse legitimación por el señalamiento que realiza a manera de sospecha, al referir que la reforma a la Constitución del Estado de Jalisco, al no prever la reelección de los Magistrados el Poder Judicial de la entidad, podría complicar el derecho de acceso a la justicia, puesto que ello no está sustentado en concepto de invalidez alguno; sin que en el caso resulte aplicable la figura de la suplencia por parte de este Tribunal Constitucional.

Sin embargo, toda vez que la litis en este asunto la constituye la constitucionalidad de los artículos 61, último párrafo, 63, tercer párrafo, y 66, quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, por considerarse violatorios del principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6o. constitucional, no es dable realizar pronunciamiento alguno en relación con los argumentos que, a manera de improcedencia, formula el Poder Legislativo de esa entidad, por estar relacionados con cuestiones ajenas a la materia de esta acción de inconstitucionalidad.

QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene –esencialmente– que deben declarase inválidos los artículos 61, último párrafo, 63, tercer párrafo, y 66, quinto párrafo, en la porción normativa que dice "el cual será de carácter reservado", de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que al establecer como reservada la totalidad de la información contenida en los expedientes laborales de los funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, así como de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se constituye una restricción absoluta, indeterminada y previa en transgresión del principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en los artículos 6o. constitucional, 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Este Tribunal Pleno considera que son infundados dichos argumentos.

Para demostrar lo anterior, a manera de preámbulo, este Alto Tribunal estima conveniente recordar que el Pleno de esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2016,(8) así como al dirimir las diversas acciones de inconstitucionalidad respecto de esta materia, advirtió que entre las finalidades de la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce, se encuentran la de dotar de autonomía constitucional al órgano garante nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública en nuestro país y replicarlo en las entidades federativas y, principalmente, unificar los alcances de los principios y bases del derecho de transparencia y acceso a la información a fin de que todos los gobernados puedan ejercerlo de la misma manera y medida en todo el territorio nacional.

Igualmente, el Poder Reformador de la Constitución estimó que esa unificación se lograría a través de la emisión de una ley general que desarrolle las directrices y aspectos mínimos aplicables en la materia reconocidos en el texto constitucional, sin que tal circunstancia infrinja el sistema federal adoptado por nuestro país, pues se reconoce el deber de las entidades federativas de adecuar su legislación a la general y, a la vez, la posibilidad de que la amplíen o perfeccionen, siempre que en ese ejercicio respeten su ámbito de competencia y, sobre todo, los aspectos mínimos establecidos en la Constitución Federal y desarrollados en la mencionada ley general.

Se indicó que ese doble propósito se evidenció, por una parte, en las exposiciones de motivos tanto de la reforma constitucional de mérito como de la ley general aplicable y, por otra, en el propio texto constitucional al establecer en su artículo 6o. que la ley general dispondrá las bases y principios del derecho en comento, lo que significa que las leyes federal y de las e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29793-34112ba1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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