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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 23-C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 16, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 89, PÁRRAFOS DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA (ARTÍCULO 109-ter, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO ES VIABLE EL SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LAS NORMAS IMPUGNADAS CUANDO ÉSTAS HAN SIDO REFORMADAS SI SU MODIFICACIÓN NO IMPACTA PARA EFECTOS DE SU ANÁLISIS EN AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN XXXVII, PÁRRAFO SEGUNDO, 89, PÁRRAFOS SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, Y 190-Ter, PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA APROBACIÓN DEL DECRETO QUE DEJA SIN EFECTOS EL DIVERSO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO IMPUGNADO, NO ALTERA NI MODIFICA LA IMPUGNACIÓN DE ESA NORMA TRANSITORIA, YA QUE CON DICHA APROBACIÓN SÓLO SE DEJÓ SIN EFECTOS UN DIVERSO DECRETO QUE CONSTITUYE LA APLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS TRECE, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DEROGACIÓN DEL CONJUNTO DE NORMAS QUE CONFORMABAN EL SISTEMA DE REELECCIÓN Y RATIFICACIÓN DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE REGÍA CON ANTERIORIDAD A LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, SÓLO DEBE SUBSISTIR LA IMPUGNACIÓN INDIVIDUAL Y DESTACADA DE LA NORMA TRANSITORIA QUE HAYA SIDO COMBATIDA POR VICIOS PROPIOS (DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN XXXVII, PÁRRAFO SEGUNDO, 89, PÁRRAFOS TERCERO, OCTAVO Y NOVENO, 109-bis, PÁRRAFO SÉPTIMO, Y 109-ter, PÁRRAFO CUARTO; Y REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 89, PÁRRAFOS SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, 109-bis, PÁRRAFOS SEXTO Y OCTAVO, Y 109-ter, PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ESTABLECIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS TRECE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE). VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LOS ESTADOS GOZAN DE AUTONOMÍA PARA DECIDIR SOBRE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LO QUE IMPLICA UNA AMPLIA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA DE NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN, SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN LA ESTABILIDAD EN EL CARGO Y ASEGUREN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. IX. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS EN EL CARGO COMPRENDE LA DETERMINACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES DEL TIEMPO DE DURACIÓN EN SU EJERCICIO Y LA POSIBILIDAD DE SER RATIFICADOS EN TÉRMINOS DEL PERIODO SEÑALADO. X. PRINCIPIOS DE INAMOVILIDAD E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL HECHO DE QUE UNA LEGISLATURA ESTATAL NO PREVEA LA FIGURA DE LA RATIFICACIÓN AL ESTABLECER LA TEMPORALIDAD EN EL CARGO DE LOS MAGISTRADOS LOCALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE UNA VULNERACIÓN DE AQUELLOS PRINCIPIOS (ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS TRECE POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). XI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA PREVISIÓN DE UN PERIODO ÚNICO DE CATORCE AÑOS, QUE SUSTITUYE AL SISTEMA DE REELECCIÓN Y RATIFICACIÓN PARA EJERCER EL CARGO DE MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE ESA ENTIDAD, CUMPLE CON LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN A LA MAGISTRATURA LOCAL (DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN XXXVII, PÁRRAFO SEGUNDO, 89, PÁRRAFOS TERCERO, OCTAVO Y noveno,109-bis, PÁRRAFO SÉPTIMO, Y 109-ter, PÁRRAFO CUARTO, ASÍ COMO DE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 89, PÁRRAFOS SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, 109-bis, PÁRRAFOS SEXTO Y OCTAVO, Y 109-ter, PÁRRAFOS TERCERO Y QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ESTABLECIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS TRECE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2017. · Registro digital (IUS): 30471
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-03-25
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo I, Pág. 745.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2017. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 13 DE JULIO DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de julio de dos mil veinte.

VISTOS; para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación del escrito inicial, normas impugnadas y autoridades emisora y promulgadora de la norma. Por oficio depositado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió acción de inconstitucionalidad por conducto de su presidente Jorge Arturo Olivarez Brito, en la que se solicitó la invalidez del Decreto Número Mil Seiscientos Trece (1613), por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en lo relativo a la derogación del artículo 40, fracción XXXVII, párrafo segundo; la reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto, sexto, décimo, décimo primero y décimo segundo y derogación de sus párrafos tercero, octavo y noveno; la reforma al artículo 109 Bis, párrafos sexto y octavo y derogación de su párrafo séptimo; la reforma al artículo 109 Ter, párrafos tercero, quinto y sexto, y derogación de su párrafo cuarto; todos de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como del artículo tercero transitorio del referido decreto, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 1o., 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1, 2, 2.2, 7 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 1, 2, 3, 7, 13, 14.1, 14.2, 14.3, incisos b) y d), y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 26 y 27 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 7.5, 8.1, 8.2, inciso d), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 2 y 5 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura.

3. En su primer concepto de invalidez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos señaló que el artículo tercero transitorio de dicha reforma, al prever que por única ocasión los Magistrados que se encuentren en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como los del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, durarán en su cargo hasta cumplir veinte años, transgrede el principio de igualdad y no discriminación de acuerdo con el artículo primero constitucional. Considera que dicha norma discrimina injustificadamente a quienes posteriormente aspiren al cargo de Magistrado. Además, señala que dicha norma es contraria al artículo 89 de ese ordenamiento, el cual establece que en ningún caso el cargo de Magistrado podrá rebasar catorce años en el cargo.

4. Asimismo, en el propio primer concepto de invalidez, la accionante considera violado el principio de igualdad política, toda vez que beneficia única y exclusivamente a quienes ahora se desempeñan como Magistrados, produciendo una distinción injustificada entre situaciones jurídicas iguales.

5. En su segundo concepto de invalidez, se planteó que la reforma que derogó el sistema de reelección y ratificación de Magistrados, que se preveía en la Constitución Local, hasta antes de la emisión del decreto combatido, transgrede la legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia, toda vez que al derogarse dicho sistema no sólo se eliminó la ratificación o reelección sino que también la posibilidad de que los Magistrados sean evaluados, lo cual transgrede los principios que rigen la actuación del funcionario, así como el principio de inamovilidad judicial regulado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución General.

6. Al respecto, menciona que la evaluación es un derecho de los Magistrados a fin de que éstos sean ratificados, lo que a su vez satisface el interés de la sociedad para conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia.

7. En relación con los artículos 116, fracción III, de la Constitución General y 89 de la Constitución Estatal que regulan los requisitos de evaluación para que los Magistrados de los tribunales estatales sean ratificados, aduce que en términos constitucionales la duración de los Magistrados es de seis años con la posibilidad de ser ratificados por ocho años más, con lo cual considera que compete al Congreso Local realizar tal ratificación conforme a dichos preceptos constitucionales, mas no se trata de un derecho adquirido de los Magistrados.

8. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad 20/2017 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

9. Por diverso acuerdo de fecha de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y por designadas a las personas autorizadas y delegados, así como por exhibidas las documentales presentadas. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes y requirió al Congreso del Estado de Morelos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. Por último, ordenó dar vista al procurador general de la República.

10. Por diverso acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, el presidente de este Alto Tribunal ordenó returnar los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien, por determinación del Pleno, quedó adscrito a la Primera Sala en lugar del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con motivo de su designación como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

11. CUARTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El consejero jurídico y el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo rindieron informe en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En esencia esgrimieron los argumentos que se exponen a continuación.

12. En primer lugar señalaron que es cierto el acto que se le atribuye al Poder Ejecutivo consistente en la promulgación del decreto impugnado; sin embargo, precisaron que se emitió en ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Estatal.

13. Por otra parte, manifestó que el decreto impugnado se emitió bajo la libertad configurativa del Estado para decidir sobre la integración y funcionamiento de su Poder Judicial. Al respecto, citó la controversia constitucional 88/2008 como precedente en la que estudió la conformación y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

14. Sostuvo que el decreto impugnado garantiza la estabilidad e independencia de los juzgadores pues el legislador local previó como regla general un periodo de catorce años para la duración del cargo de Magistrados y por única ocasión contempló el periodo de veinte años. Considera que ambos periodos son racionales y en beneficio de la administración de justicia, toda vez que con ellos se garantiza su autonomía, independencia, duración, permanencia y estabilidad en el cargo, lo cual es acorde al artículo 116, fracción III, de la Constitución General.

15. Asimismo menciona que la duración en el cargo es una cuestión de interés general, social y de orden público por lo que es un valor superior frente a las expectativas de derecho que pueden tener los aspirantes al cargo de Magistrado. Nuevamente cita el precedente controversia constitucional 88/2008 en la que se reconoció la constitucionalidad del Decreto 824 que redujo la duración tal cargo, entonces vitalicio, a catorce años, señala que, si esa reducción fue válida, por mayoría de razón la variación de esa duración tampoco es inconstitucional.

16. Posteriormente, destacó que los artículos 89 y tercero transitorio deben interpretarse armónicamente y que este último es de carácter temporal y únicamente tiene por objeto implementar la reforma constitucional, por lo que al no estar dirigida a un grupo específico no vulnera el derecho a la igualdad.

17. Por otra parte, destacó que, de acuerdo con su exposición de motivos, el tercero transitorio está justificado pues implica beneficios tales como la prórroga del retiro de los Magistrados y con ello la obligación de que se les pague el haber de retiro, así como la prórroga de nuevas designaciones y del pago de sus correspondientes emolumentos, además de que permite aprovechar por mayor tiempo la experiencia de los Magistrados en funciones.

18. Luego hizo referencia a diversas controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial(1) de los que destaca la problemática financiera emanada de las pensiones concedidas por el Congreso Local a cargo de los Poderes del Estado y sus Ayuntamientos. Menciona que la reforma crea un tratamiento diverso y novedoso para afrontar dicha problemática financiera.

19. Adicionalmente, negó que se hubiera eliminado la ratificación y evaluación de los Magistrados pues la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, conservan el esquema para la designación de Magistrados conforme al artículo 116, fracción III, de la Constitución General.

20. Finalmente, comparó la legislación de diversas entidades federativas y argumentó que no existen disposiciones homogéneas respecto de la duración del cargo de Magistrado y de la evaluación para su permanencia, por lo que es parte de la libertad configurativa de las Legislaturas Estatales.

21. QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Poder Legislativo del Estado de Morelos rindió informe por conducto de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. Esencialmente argumentó que la Constitución General no establece la forma de designación de los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, por lo que corresponde a cada entidad determinarlo en su legislación.

22. Por otra parte, señala que la reforma impugnada respeta el principio de división de poderes y tiene como finalidad fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial y lograr un mejor desempeño de los Magistrados, armonizando la duración en el cargo para que la misma sea de catorce años sin posibilidad de ratificación o reelección, lo cual implicará beneficios en especialización judicial. Al respecto menciona que, entre mayor grado de experiencia de los Magistrados, sus sentencias adquieren mayor nivel de calidad y eficiencia.

23. Argumenta que la duración de veinte años no vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación ya que confiere el beneficio a favor del funcionario consistente en la posibilidad del retiro por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o al cumplir setenta años. Señala que en el artículo 89 de la Constitución Estatal subsiste el límite de edad para el retiro y que el artículo tercero transitorio aplica dicha reforma en favor de los Magistrados en funciones.

24. Señala que el artículo tercero transitorio impugnado obedece a que el Congreso Local tiene atribuciones suficientes para establecer los plazos máximos de duración en el cargo, ya que con ello da sentido a la organización e integración de uno de los Poderes del Estado. Por último resalta que los artículos son transitorios en razón de su función, no de su estructura ya que regulan el tránsito de un orden jurídico a otro.

25. SEXTO.—Informe de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no emitió una opinión en el presente asunto.

26. SÉPTIMO.—Alegatos y cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor señaló que los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos no formularon alegatos. Además, cerró instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

27. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promueve el presente medio de control constitucional en contra de diversos artículos de la Constitución Estatal.

28. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

29. En el caso, se impugnan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Morelos reformados mediante el Decreto Número Mil Seiscientos Trece, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial de la entidad. De esta manera, el plazo de treinta días naturales mencionado transcurrió del sábado veinticinco de febrero al domingo veintiséis de marzo de dos mil diecisiete. Consecuentemente, la acción de inconstitucionalidad es oportuna ya que se presentó el veintidós de marzo de dos mil diecisiete.(5)

30. TERCERO.—Legitimación. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos es un órgano legitimado para promover el presente medio de control en contra de leyes del Estado.

31. Asimismo, el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia(6) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello. Al respecto, de acuerdo con los artículos 23-C de la Constitución Local(7) y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,(8) el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos tiene la facultad de representar legalmente a dicho órgano.

32. El escrito inicial está firmado por Jorge Arturo Olivarez Brito ostentándose como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y para acreditarlo ofreció copia del Periódico Oficial de veintidós de marzo de dos mil dieciséis que contiene el Decreto Número Cuatrocientos Cincuenta y Cinco por el que se le designó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como su nombramiento expedido el veintidós de marzo de dos mil dieciséis. Consecuentemente, el promovente tiene legitimación procesal activa y está representado por persona legalmente facultada para ello.

33. CUARTO.—Causales de improcedencia. No obstante que las autoridades emisoras de la norma impugnada no hicieron valer causas de improcedencia, este Tribunal Pleno advierte una de oficio, de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.(9)

34. En principio, se precisa que el promovente señaló como acto impugnado el Decreto Número Mil Seiscientos Trece (1613), mediante el cual se reformaron y derogaron diversos preceptos de la Constitución de Morelos.

35. La accionante impugnó en específico la derogación del artículo 40, fracción XXXVII, párrafo segundo; la reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto, sexto, décimo, décimo primero y décimo segundo y derogación de sus párrafos tercero, octavo y noveno; la reforma al artículo 109 Bis, párrafos sexto y octavo y derogación de su párrafo séptimo; la reforma al artículo 109 Ter, párrafos tercero, quinto y sexto, y derogación de su párrafo cuarto; todos de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como el artículo tercero transitorio del referido decreto, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.

36. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial se advierte que la promovente no esgrimió conceptos de invalidez en contra del artículo 89, párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo. En ese sentido, este Tribunal Pleno advierte que se actualiza la causal de improcedencia derivada de falta de conceptos de invalidez en relación con esas porciones normativas, por lo que debe sobreseerse al respecto. Lo anterior con fundamento en el artículo 19, párrafo octavo, en relación con el artículo 61, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia.(10)

37. Al respecto, es aplicable por analogía el siguiente criterio:

"ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES. Cuando en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral se señalan diversos preceptos legales como contrarios a la Constitución General de la República, pero se omite expresar algún concepto de invalidez en su contra, lo correcto jurídicamente es sobreseer en la acción de inconstitucionalidad respecto de dichos preceptos y no declarar inoperante el argumento, en razón de que aquélla se interpone en contra de normas generales y no de actos. Esto es, si no se expresa algún argumento de invalidez contra el artículo impugnado, lo más adecuado, acorde con la técnica de análisis de ese juicio constitucional, es sobreseer en la acción respecto de tales preceptos legales, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los diversos 22, fracción VII, y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la declaración de inoperancia implica la exposición de diversos argumentos y no su ausencia, que por diversas razones no resultaron eficaces para lograr la invalidez de la norma."(11)

38. Ahora bien, por cuanto hace al artículo 109-ter, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, reformado mediante el Decreto Número Mil Seiscientos Trece, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, debe sobreseerse por cesación de efectos de dicha porción normativa.

39. En efecto, el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

40. Al igual que en la controversia constitucional, en la acción de inconstitucionalidad la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, se actualiza cuando dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ésta.(12)

41. El supuesto en mención se actualiza en el caso atendiendo a que, con posterioridad a la promoción de esta acción, mediante decreto de quince de febrero de dos mil dieciocho, fue derogado el artículo 109-ter, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual, a diferencia de los restantes párrafos de ese precepto, no se refería a la estabilidad en el cargo de los juzgadores locales, sino que se relacionaba con aspectos presupuestarios del Poder Judicial Local. En consecuencia, y atendiendo a que no aborda un tema referente a la materia penal, lo dispuesto en el referido párrafo ha dejado de surtir sus efectos,(13) por lo que lo procedente es sobreseer respecto de esa porción normativa.

42. En cambio, no pasa desapercibido que, por cuanto hace a los artículos 40, fracción XXXVII, párrafo segundo; 89, párrafos segundo, quinto y sexto; y 109-ter, párrafos tercero y quinto; también fueron objeto de modificaciones con posterioridad a la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad, mediante decretos de quince de febrero y cuatro de abril de dos mil dieciocho, respectivamente.

43. Sin embargo, se precisa que no se considera viable sobreseer con base en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los preceptos en mención, atendiendo a que si bien éstos fueron motivo de reformas en dos mil dieciocho,(14) lo cierto es que éstas no impactan para efectos del análisis de la presente acción de inconstitucionalidad, al conservarse la materia del asunto, toda vez que subsiste la razón por la cual se promovió, atendiendo a que en el texto actual de dichas disposiciones sigue persistiendo la supresión de la posibilidad de que los Magistrados locales sean reelectos o ratificados en el cargo con base en una evaluación, que es lo que se impugna en forma destacada en los conceptos de invalidez.

44. Por último, debe precisarse que no pasa inadvertido que mediante diverso Decreto Cuatrocientos Veintisiete, publicado en el Periódico Oficial Local el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se deja sin efecto el diverso Decreto Dos Mil Seiscientos Diez, "por el que se expiden los nombramientos a los Magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera del Decreto Mil Seiscientos Trece".

45. Sin embargo, la aprobación del Decreto Cuatrocientos Veintisiete no es susceptible de alterar o modificar la impugnación propuesta respecto del artículo tercero transitorio del decreto combatido, toda vez que mediante aquel acto legislativo sólo se deja sin efectos un diverso decreto que constituye la aplicación del decreto impugnado, específicamente de su tercero transitorio, el cual continúa subsistiendo.

46. QUINTO. —Fijación de la litis. Previamente a pronunciarse sobre los conceptos de invalidez planteados debe precisarse que, atendiendo al contenido integral del documento que dio origen a la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, se advierte que el decreto fue combatido desde dos ángulos: 1) Por un lado, se reclaman, de manera individual y destacada, diversos artículos de la Constitución Local, en su texto vigente a partir de su reforma mediante el decreto reclamado; y, b) Por otra parte, se impugna, de manera general, la emisión del "Decreto Número Mil Seiscientos Trece (1613), por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, al que se le atribuye la derogación del sistema de reelección y ratificación de funcionarios del Poder Judicial Local, que se encontraba previsto en la Constitución Local hasta antes de la emisión del referido decreto.

47. En relación con la impugnación individual y destacada de diversos artículos de la Constitución Local, en su texto vigente a partir de su reforma mediante el decreto reclamado, debe decirse que sólo subsiste la impugnación respecto del artículo tercero transitorio del decreto impugnado, al haber sido combatido por vicios propios.

48. Por lo demás, en relación con la derogación del artículo 40, fracción XXXVII, párrafo segundo; la reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto y sexto y la derogación de sus párrafos tercero, octavo y noveno; la reforma al artículo 109 Bis, párrafos sexto y octavo y derogación de su párrafo séptimo; la reforma al artículo 109 Ter, párrafos tercero y quinto y derogación de su párrafo cuarto; todos de la Constitución Local, se precisa que aun cuando tales preceptos fueron impugnados particularmente, lo cierto es que su inconstitucionalidad se hace depender de que en su texto actual ya no se prevé el sistema de ratificación de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para adolescentes. Por tanto, al combatirse como una consecuencia de la derogación de dicho sistema mediante el decreto impugnado, el destino de tales dispositivos, reformados y derogados, respectivamente, dependerá de lo que se resuelva en relación con la constitucionalidad de la referida derogación efectuada mediante el decreto reclamado.

49. En consecuencia, los artículos señalados en el párrafo anterior serán analizados no en forma destacada, atendiendo a que su impugnación no deriva de vicios de inconstitucionalidad en su contenido, sino que su estudio se efectuará partiendo de que tales preceptos conforman el sistema de reelección y ratificación de funcionarios del Poder Judicial Local que regía con anterioridad a la emisión del decreto impugnado, y cuya derogación de dicho sistema es precisamente lo que se combate.

50. En consecuencia, atendiendo a lo relatado en este apartado, la litis se acota al análisis exclusivamente de dos temas, a saber:

51. a) Análisis sobre la constitucionalidad de la derogación efectuada mediante el decreto reclamado, del sistema de ratificación o reelección de los Magistrados locales con base en su evaluación (conformado por el artículo 40, fracción XXXVII, párrafo segundo; artículo 89, párrafos segundo, tercero, quinto, sexto, octavo y noveno; artículo 109 Bis, párrafos sexto, séptimo y octavo; y artículo 109 Ter, párrafos tercero, cuarto y quinto; todos de la Constitución Local, en su texto vigente hasta antes de la emisión del decreto impugnado); y,

52. b) Análisis sobre la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio del decreto combatido.

53. SEXTO.—Estudio de fondo. Derogación del sistema de ratificación o reelección de los Magistrados con base en su evaluación. Como se adelantó, la promovente impugna el "Decreto Número Mil Seiscientos Trece (1613), por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, al que se le atribuye la supresión de la posibilidad de ratificación de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, con base en su evaluación.

54. Como se precisó, el sistema de ratificación de Magistrados con base en evaluación se contenía en la Constitución Política del Estado de Morelos, en el texto vigente antes de la reforma contenida en el decreto reclamado, específicamente en sus artículos 40, fracción XXXVII, párrafo segundo; 89, párrafos segundo, quinto y sexto; 109 Bis, párrafos sexto, séptimo y octavo; y artículo 109 Ter, párrafos tercero y quinto.

55. Al respecto, la accionante considera que con la reforma y/o derogación se eliminó la posibilidad de ratificación o reelección de los Magistrados con base en su evaluación, lo cual transgrede el artículo 116, fracción III, de la Constitución General, así como los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honestidad, independencia, transparencia, rendición de cuentas e inamovilidad.

56. A fin de resolver los conceptos de invalidez planteados, es necesario referirse en primer término a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:

"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá´, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

"...

"III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá´ por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

"La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá´ estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.

"Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30471-1b9599b5/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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