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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (RADICACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y SENTENCIA DICTADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TCA/3AS/213/2014, POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS). II. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS (RADICACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y SENTENCIA DICTADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TCA/3AS/213/2014, POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS). III. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO SE REQUIERE QUE EN LEY SE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EL TIPO DE RESOLUCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FISCAL DE LAS QUE PUEDEN CONOCER, SINO QUE BASTA QUE SE IDENTIFIQUEN CON ESA MATERIA DE MANERA GENÉRICA (DETERMINACIÓN DEL PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA DICTADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TCA/3AS/213/2014, POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2015. · Registro digital (IUS): 200036
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 31/2015. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS. 4 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y PRESIDENTE ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. EN CONTRA DE LOS EMITIDOS POR LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil quince.

V I S T O S para resolver los autos de la controversia constitucional 31/2015, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda, órganos demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cuauhtémoc Mazinni Nuñez Valencia, quien se ostentó como Síndico Municipal de Xochitepec, Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan, emitidos por el órgano que a continuación se menciona:

"El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, como representante del Poder Judicial de la misma entidad.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.

(...)".

"El juicio invasor a la esfera de competencia constitucional que al Ayuntamiento actor corresponde, que se substancia en la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, con motivo de la resolución dictada con fecha 31 de marzo del 2015, dictado (sic) en el expediente número TCA/3ªS/213/2014, por medio del cual se arroga de atribuciones que no tiene en ninguna norma vigente, determinando inconstitucionalmente el pago de una pensión por viudez a favor de los menores HANNIA JOHANA Y JUAN JESÚS AMBOS DE APELLIDOS ALVAREZ GONZALEZ... (sic) Reclamando todas y cada una de las diligencias que se dicten en dicho asunto, incluyendo la resolución terminal del mismo, y solicitando la invalidez de la resolución de fecha 31 de marzo de 2015, la cual, fue notificada a mi representado el día 13 de abril de 2015".

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

1. El uno de noviembre de dos mil once, Juan José Álvarez Rivera, ingresó con el carácter de Policía a la Dirección General de Seguridad Pública, Transito Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

2. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, encontrándose en sus funciones, Juan José Álvarez Rivera, falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Ada Elba González Flores, en representación de sus menores hijos Hannia Johana y Juan Jesús ambos de apellidos Álvarez González, demandó la declaración de beneficiarios de Juan José Álvarez Rivera, así como el pago de una pensión por viudez y orfandad a favor de ella y de sus dos menores hijos, a cargo del Municipio de Xochitepec, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

3. Por auto de diez de junio de dos mil catorce, el referido Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos.

4. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite la demanda referida en el párrafo anterior, y la radicó con el número de expediente TCA/3AS/213/2014, ordenando emplazar al Ayuntamiento demandado.

5. Desahogada en cada una de sus etapas procesales, el treinta y uno de marzo de dos mil quince, se dictó sentencia en el referido juicio de nulidad, en la que se condenó al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, a pagar en favor de Ada Elba González Flores, en representación de sus menores hijos Hannia Johana y Juan Jesús ambos de apellidos Álvarez González, la pensión por viudez prevista en la fracción XI del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

o El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, al momento de su radicación, substanciación y al dictar la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince, en el juicio contencioso administrativo TCA/3AS/213/2014, invade la esfera de competencia del Municipio de Xochitepec, Morelos, atribuyéndose facultades que no se encuentran establecidas en ninguna norma vigente.

o El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, carece facultades y atribuciones para decretar una pensión con cargo al citado Municipio, ya que en ninguna de las fracciones que integran el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se establece la competencia del referido Tribunal, se faculta al mismo para determinar una pensión con cargo al Municipio de Xochitepec, del Estado de Morelos.

o Contrario a lo manifestado por el Tribunal Contencioso Administrativo, el órgano competente para determinar pensiones, es el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, competencia que deviene de los artículos 1, 2, 6 y 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como en lo establecido en las fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

o El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, invade la esfera competencial del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, pues al Municipio le corresponde conocer del otorgamiento de pensiones a favor de miembros de los elementos de la corporación de Seguridad Pública Municipal.

o Si el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina la competencia de los asuntos de los que puede conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, y el mismo carece de competencia para decretar una pensión con cargo al referido Municipio, implica que el juicio contencioso administrativo, no debe ser ajeno a los aspectos relevantes que derivan del juicio que genera el acto reclamado.

o Respecto al ejercicio del control difuso que refiere el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, las autoridades que dicten resoluciones en materia administrativa, no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, es decir, no pueden asumir competencia, ni resolver sobre el mismo, cuando carecen de las atribuciones para ello. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, sin que llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 1°, 14, 16 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 31/2015. Por razón de turno se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.

El veintinueve de mayo de dos mil quince, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como autoridad demandada al Poder Judicial de Morelos, a quien ordenó emplazar para que formulara su contestación, por otro lado, no tuvo como demandados a los Tribunales Superior de Justicia y Contencioso Administrativo, toda vez que el Municipio Actor, no combatió un acto directamente emitido por el primero y el segundo es un órgano subordinado del referido Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.(1)

Asimismo, ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su derecho y representación correspondiera.

SEXTO. Contestación de la demanda por parte del Poder Judicial del Estado de Morelos. Al contestar la demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos, aceptó los actos que se le reclaman y consideró infundados los conceptos de invalidez, de acuerdo a lo siguiente:

o Contrario a lo argumentado por el Ayuntamiento de Xochitepec, del Estado de Morelos, la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad número TCA/3AS/213/2014, del índice de la Tercera Sala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 17 y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 bis de la Constitución Política del Estado de Morelos; 1, 2, 3 y 36 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 105 y 196 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Morelos y 36 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

o Al decretar el pago de la pensión por viudez en favor de Ada Elba González Flores, en representación de sus hijos menores Hannia Johanna y Juan Jesús, ambos de apellidos Álvarez González, prevista en la fracción XI del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no se invade la esfera de competencia del Municipio de Xochitepec, Morelos, ya que se trata de una sentencia de condena derivada del juicio de nulidad número TCA/3AS/213/2014.

o Atendiendo a lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al tratarse el asunto, de las prestaciones reclamadas a favor de los menores Hannia Johanna y Juan Jesús, ambos de apellidos Álvarez González, y que la parte actora en el juicio de origen se encontraba en la hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de que cumplió con los requisitos previstos en la fracción IV del artículo 15 de la referida Ley, y con la finalidad de no retardar más el acceso a la justicia de la pensión solicitada por Ada Elba González Flores, en representación de sus hijos menores Hannia Johanna y Juan Jesús, ambos de apellidos Álvarez González, determinó procedente condenar al Ayuntamiento de Xochitepec, del Estado de Morelos, en los términos precisados en la sentencia, materia de la controversia.

o Resulta infundada la controversia planteada, dado que no existe materia para decretar que se invade la esfera competencial del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, pues únicamente está declarando el derecho en un juicio, en el que las partes, incluido el referido Municipio, estuvo en aptitud de hacer valer las defensas, excepciones y aportar pruebas, lo que en la especie no lo hizo, y tal omisión, no puede ser superada mediante la controversia planteada.

SÉPTIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintidós de septiembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO. Dictamen. Previo dictamen formulado por el Ministro instructor, por auto de seis de octubre de dos mil quince, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó remitir el asunto para su avocamiento y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal.

NOVENO. Avocamiento. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil quince, el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2013, punto Segundo, fracción I, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece. Lo anterior por tratarse de un conflicto suscitado entre el Municipio de Xochitepec, del Estado de Morelos, en contra del Poder Judicial del Estado de Morelos, con motivo de actos emitidos por éste, que no reúnen las características de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de una norma general.

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados y certeza de su existencia. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) esta Sala procede a fijar los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.

La parte actora señala como acto impugnado del Poder Judicial del Estado de Morelos, el siguiente:

1. El procedimiento dictado en el juicio contencioso administrativo, TCA/3AS/213/2014, es decir, su radicación, substanciación y la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil quince, por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en el referido juicio contencioso administrativo.

De lo acreditado en autos, se advierte que el Poder Judicial del Estado de Morelos, aceptó expresamente la existencia del acto reclamado, en los términos siguientes:

"Es cierto que el treinta y uno de marzo del dos mil quince, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial que representó (sic), con las facultades jurisdiccionales conferidas en los artículos 17 y 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, 1, 2, 3 y 36 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dictó sentencia definitiva en autos del juicio de nulidad número TCA/3ªS/213/2014, del índice de la Tercera Sala, en la que se decretó condenar al H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, al pago de la pensión por viudez prevista en la fracción XI del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en favor de ADA ELBA GONZÁLEZ FLORES, en representación de sus menores hijos HANNIA JOHANNA y JUAN JESÚS ambos de apellidos ÁLVAREZ GONZÁLEZ, así como al pago de diversas prestaciones; sentencia que fue notificada al Ayuntamiento inconforme el trece de abril del presente año".(3)

Consecuentemente, se tiene por cierto el acto impugnado.

TERCERO. Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

En ese orden de ideas, toda vez que se impugnan actos de autoridad; para efectos de la oportunidad de la demanda, debe estarse a lo dispuesto por la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la Materia, que dispone que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del siguiente al que:

1) Surta efectos la notificación del acto, conforme a la ley que lo rige.

2) Se haya tenido conocimiento de éste por el actor; o

3) En que el actor se ostente sabedor del mismo.

En el caso, el representante de la parte actora, precisa que el Municipio de Xochitepec, Morelos, tuvo conocimiento de la resolución cuya invalidez reclama, el trece de abril de dos mil quince. En efecto, se estima aplicable el primer supuesto, dado que tuvo conocimiento de los actos impugnados a través de la notificación practicada bajo las reglas que rigen la ley de los propios actos reclamados, como lo establece la primera hipótesis.

Ahora, de las constancias en autos, se advierte que el oficio de notificación se recibió en la dirección jurídica del Municipio actor, el trece de abril de dos mil quince. (4) En consecuencia, debe atenderse a esta fecha para el cómputo de la oportunidad, es decir, al día en que la parte actora tuvo conocimiento de los actos reclamados. Sirve de sustento a lo anterior el criterio emitido por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que se comparte por esta Primera Sala.

Ver criterio 1

Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda corrió del quince de abril de dos mil quince, hasta el veintiocho de mayo del mismo año. Del término deben descontarse los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril de dos mil quince y uno, dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo de dos mil quince, por ser inhábiles en términos de los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo tanto, si la demanda se presentó el veintisiete de mayo de dos mil quince, (5) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, debe declararse oportuna su presentación.

CUARTO. Legitimación activa. El actor es el Municipio de Xochitepec, Morelos, y en su representación promueve la demanda, Cuauhtémoc Mazinni Nuñez Valencia, en su carácter de Síndico Municipal, cargo que acreditó con la respectiva copia certificada de la constancia de mayoría, correspondiente al Municipio de Xochitepec, Morelos, expedida por el Consejo Municipal Electoral de la entidad, el cuatro de julio de dos mil doce.(6)

En relación con lo anterior, el artículo 112 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que los miembros del Ayuntamiento se renuevan cada tres años y deben tomar posesión los funcionarios electos, el día cinco de octubre. Así, se deduce que el periodo del actual Síndico y Presidente del Municipio actor abarca del cinco de octubre de dos mil doce al cuatro de octubre de dos mil quince.

Ahora, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se advierte que el actor en una controversia constitucional debe comparecer por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. En este sentido, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su artículo 45 fracción II, otorga al Síndico, la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio.

Por lo tanto, Cuauhtémoc Mazinni Nuñez Valencia, tiene las facultades necesarias para promover la presente controversia constitucional en representación del municipio actor.

Finalmente cabe señalar que el municipio actor está legitimado para promover la presente controversia constitucional, al ser uno de los órganos previstos para ello por el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Legitimación pasiva. Acto seguido, se analiza la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora. En el presente caso, la entidad demandada es el Poder Judicial del Estado de Morelos, conforme a lo precisado por el Ministro instructor en el auto admisorio de veintinueve de mayo de dos mil quince, toda vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, es parte del Poder Judicial de la misma entidad, tal y como se desprende del artículo 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.(7)

De conformidad con la fracción I del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(8) es atribución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, representar al Poder Judicial de la referida entidad, ante los otros Poderes del Estado.

En la especie, compareció a juicio la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, Nadia Luz María Lara Chávez, quien acredita dicho carácter con copia certificada de su nombramiento.(9) Por lo tanto, dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria para representar al Poder Judicial del Estado de Morelos, en la presente controversia.

SEXTO. Procedencia del recurso. En primer término, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima pertinente precisar que la presente controversia constitucional planteada por el Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, resulta procedente a pesar de haber sido planteada contra una sentencia de un órgano jurisdiccional, a saber, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en virtud de lo siguiente:

Por principio, debe precisarse que si bien el acto combatido, consiste en la determinación de una pensión a favor de favor de Ada Elba González Flores, la argumentación del municipio actor en la presente controversia constitucional, se encuentra encaminada controvertir la competencia del referido Tribunal de lo Contencioso, para determinar a su cargo la señalada pensión, en esa virtud, de sus conceptos de invalidez, se desprende que pretende combatir una invasión en su esfera de competencias, y no así las consideraciones en las que se basó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, para emitir su sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil quince.

Así pues, en la presente controversia constitucional no se trata de conocer sobre la misma cuestión litigiosa que originó el juicio contencioso administrativo, ni los fundamentos y motivos de la sentencia referida, sino estrictamente sobre un aspecto que atañe al ámbito de competencias del Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la misma entidad federativa.

Por tanto, si el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional, tiene como objeto principal de tutela, el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado y, tomando en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal, debe considerarse que en este caso, las posibles transgresiones invocadas sí están sujetas a dicho medio de control constitucional.

De esta manera, si bien el acto impugnado en estricto sentido es una resolución de carácter jurisdiccional, tal circunstancia, no la hace improcedente, puesto que, como se ha dicho, en este caso la cuestión a examinar atañe estrictamente sobre la presunta invasión de la esfera de competencia de uno de los órganos originarios del Estado y si la finalidad de este medio de control constitucional es precisamente la preservación del ámbito de atribuciones conferido Constitucionalmente a dichos órganos, debe proceder la acción intentada como un caso de excepción a la regla general que ha establecido este Tribunal Pleno.

Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de este Alto Tribunal:

Ver criterio 2

SEPTIMO. Estudio de fondo. Esta Primera Sala, estima que la demanda del Municipio actor es infundada.

El planteamiento esencial del Municipio actor, parte del supuesto de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, se arroga atribuciones que no le corresponden al determinar el pago de una pensión a favor de Ada Elba González Flores, en representación de sus menores hijos Hannia Johana y Juan Jesús ambos de apellidos, Álvarez González.

El argumento previamente reseñado, resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones:

Por principio, es de señalar que el fundamento Constitucional de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados, se encuentra previsto en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, que a la letra dispone:

"ARTÍCULO 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

(...)

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones."

Conforme a lo anterior, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Locales, son competentes para resolver las controversias que surjan entre la Administración Pública Estatal y los particulares.

Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, entre otras, la controversia constitucional 1/95, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, determinó que la expresión "administración pública estatal" no admite una interpretación letrista y restrictiva, pues debe entenderse que, en la reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, subyace la pretensión de crear, en el ámbito local, un sistema integral de justicia administrativa, por lo que los actos administrativos municipales no están exentos de quedar sujetos a dichos mecanismos de control.

El criterio sustentado por el Tribunal Pleno en este sentido, es el siguiente:

Ver criterio 3

Como se observa, contrario a lo señalado por el actor, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados, ha sostenido que no transgreden el principio de división de poderes, ni invaden las atribuciones competenciales de los Municipios, cuyos actos no están exentos de control por parte de dichos Tribunales.

De lo anterior, debe destacarse que, conforme a la voluntad manifiesta del Órgano Reformador de la Constitución Federal, se facultó a las entidades federativas para establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo, encargados de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, lo cual fue acatado en el caso de Morelos, plasmándolo así en la Constitución y la Ley de Justicia Administrativa Estatales.

De esta forma, acorde con lo preceptuado en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, en el Estado de Morelos se estableció un órgano de justicia administrativa, tal y como se aprecia del contenido del artículo 109 Bis de su Constitución, que establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 109 BIS. La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que conocerá y resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares. En ningún caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo será competente para conocer y resolver sobre los actos y resoluciones que dicte la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado.

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa y fiscal plenamente acreditada. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.

Durarán en su cargo seis años contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser designados para un período más y si lo fueren, continuarán en esa función hasta por ocho años más, sin que puedan ocupar el cargo por más de catorce años y sólo podrán ser privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

La designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.

Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su designación para un período más en términos de esta constitución, podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200036-6e66dbc3/i-controversia-constitucional-procede-de-manera-excepcional-aun · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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