CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR UN SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC EN CONTRA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA, AL SER DE CARÁCTER FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 75, 84 Y 86, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 25, FRACCIÓN V, DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE DICHO MUNICIPIO. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES NI VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2011. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 19 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el ocho de febrero de dos mil once, en la Oficina de Correos del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, Luis Edgar Castillo Vega, en su carácter de síndico de dicho Municipio, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de las normas y los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. El Poder Legislativo del Estado de Morelos.
2. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
3. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
4. El Poder Judicial del Estado de Morelos.
5. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Normas impugnadas:
1. Artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Morelos.
2. Artículos 1o., 2o. y 36, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Actos impugnados:
1. La resolución de treinta de noviembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el juicio administrativo número TCA/1aS/143/10, relativo a la demanda promovida por Ezequiel Castañeda Alquisira, en contra de diversas autoridades del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos.
2. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los juicios administrativos números TCA/1aS/56/06, TCA/1aS/100/07 y TCA/1aS/132/07, promovidos por Guadalupe Toledo Olguín, Refugio Flores Bernal y Eduardo Albarrán Vázquez, en contra de diversas autoridades del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:
1. La actual administración municipal inició su gestión el primero de noviembre de dos mil nueve.
2. El veintiuno de julio de dos mil diez, el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, entre otras autoridades, demandando la invalidez de diversas normas locales, así como la indebida intromisión de dicho tribunal en el conocimiento y resolución de los juicios administrativos números TCA/1aS/132/07 y TCA/2aS/62/10, en los que se controvierte la legalidad de resoluciones emitidas por el Municipio actor, en ejercicio de su potestad disciplinaria, sin dar intervención al síndico, como representante legal de dicho nivel de gobierno.
La demanda fue admitida, otorgándose, además, la suspensión respecto del juicio administrativo número TCA/2aS/62/10.
Posteriormente, el veintiocho de octubre de dos mil diez, se admitió la ampliación de la demanda respecto de la resolución dictada por el referido tribunal, en el juicio administrativo antes citado.
Asimismo, el veintiuno de enero de dos mil once, el Municipio actor promovió una segunda ampliación de demanda, relacionada con otros juicios administrativos sustanciados ante dicho tribunal; sin embargo, ésta fue desechada mediante acuerdo de treinta y uno de enero siguiente, por considerar que se impugnaban actos distintos a los inicialmente controvertidos.
3. El veintiuno de septiembre de dos mil diez, el contralor municipal inició procedimiento disciplinario, pendiente de resolución, en contra de Ezequiel Castañeda Alquisira, el cual fue registrado con el número Q/CMJ/05-2010.
4. El dieciséis de diciembre de dos mil diez, el síndico tuvo conocimiento, por voz del contralor, del auto de treinta de noviembre anterior, dictado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el juicio administrativo número TCA/1aS/143/10, por el que se admite a trámite la demanda promovida por Ezequiel Castañeda Alquisira, en contra del procedimiento disciplinario instaurado en su contra, a la que, ad cautelam y sin admitir la competencia del citado órgano jurisdiccional, dio respuesta el contralor, a fin de evitar que operara la presunción de certeza de los actos reclamados.
5. El cinco de enero de dos mil once, el Municipio actor fue notificado de los escritos de contestación a la primera ampliación de demanda, en la controversia constitucional 46/2010, en los que se adujo, particularmente, por las autoridades demandadas del Poder Ejecutivo del Estado, la existencia de los juicios administrativos números TCA/1aS/56/06, TCA/1aS/100/07 y TCA/1aS/132/07, promovidos por Guadalupe Toledo Olguín, Refugio Flores Bernal y Eduardo Albarrán Vázquez, en contra de diversas autoridades de dicho Municipio.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:
1. Se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 109, fracción III, 113, 115, fracciones I y II, y 116, párrafos primero y segundo y fracción V, de la Constitución Federal que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación y autonomía municipal y prevén la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, puesto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, al conocer de los juicios administrativos números TCA/1aS/143/10 y TCA/1aS/132/07, promovidos por Ezequiel Castañeda Alquisira y Eduardo Albarrán Vázquez, interfiere en decisiones exclusivas del Municipio actor en esta materia.
Lo anterior es así, dado que la normatividad que rige la actuación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, no prevé expresamente la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones que, en materia de responsabilidades administrativas, emita el Municipio actor.
En este sentido, la competencia de los tribunales de jurisdicción contencioso-administrativa a que hace referencia el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, se limita a dirimir conflictos suscitados entre los órganos integrantes de la administración pública estatal y los particulares, y no entre éstos y los Ayuntamientos o alguno de sus órganos, puesto que no existe ninguna prevención constitucional que lo autorice.
Afirmar lo contrario, esto es, que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados sí tienen competencia en materia de responsabilidades administrativas, llevaría al extremo de aceptar que no sólo se encuentran facultados para reconocer la legalidad o declarar la nulidad de los actos que se emitan en dicha materia, sino también para revocarlos o modificarlos, constituyéndose así en una autoridad diversa que puede revisar las resoluciones que dicte la autoridad municipal, en ejercicio de su potestad disciplinaria, cuestión que es a todas luces incorrecta.
Asimismo, cabe destacar que de la lectura de la resolución dictada en el juicio administrativo número TCA/1aS/143/10, así como del diverso juicio administrativo número TCA/1aS/132/07, interpuestos en contra de las determinaciones que, en materia de responsabilidades administrativas, emitió la Contraloría Municipal, se desprende que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos en ningún momento ordenó notificar al síndico, a quien corresponde la representación legal del Municipio actor en todo tipo de controversias administrativas o jurisdiccionales en los que sea parte, vulnerando con ello su derecho de audiencia y defensa, por lo que se actualiza el supuesto de oportunidad para la impugnación de tales actos, previsto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, siendo inadmisible acudir al juicio de garantías, pues el artículo 9 de la Ley de Amparo autoriza promoverlo únicamente cuando se afecten los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales.
Al respecto, el hecho de que el contralor municipal haya sido notificado en los juicios administrativos antes referidos, de ninguna manera permite suponer que el Municipio actor haya consentido someterse lisa y llanamente a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, pues ello implicaría la vulneración de su ámbito competencial y la violación al principio de división de poderes.
Por todo lo anteriormente señalado, se solicita se declare la invalidez de los actos impugnados.
2. Se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14 y 16, en relación con los diversos 49, 113, 116, fracción V y 133 de la Constitución Federal que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación, división de poderes, autonomía municipal y supremacía constitucional, y prevén la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, puesto que el Congreso, el gobernador y el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, aprobaron, expidieron, refrendaron, promulgaron y publicaron los artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política y 1o., 2o. y 36, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, ambas del referido Estado, no obstante haber protestado guardar el debido cumplimiento de las normas constitucionales y locales que limitan su actuar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 133 de la Constitución Estatal.
En efecto, los referidos preceptos constitucionales y legales han sido vulnerados en agravio del Municipio actor, pues el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, al conocer de los juicios administrativos números TCA/1aS/143/10, TCA/1aS/56/06, TCA/1aS/100/07 y TCA/1aS/132/07, promovidos por Ezequiel Castañeda Alquisira, Guadalupe Toledo Olguín, Refugio Flores Bernal y Eduardo Albarrán Vázquez, respectivamente, en contra de diversas autoridades municipales, pretende subordinar inconstitucionalmente al Gobierno Municipal, mediante la revisión de las resoluciones que éste emite en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a su cargo, aun cuando la competencia de los tribunales de jurisdicción contencioso-administrativa, a que hace referencia el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, como se ha señalado, se limita a dirimir únicamente conflictos suscitados entre los órganos integrantes de la administración pública estatal y los particulares.
Por lo anterior, se solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas y los actos que se impugnan.
CUARTO. El actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 49, 109, fracción III, 113, 115, fracciones I y II, 116, párrafos primero y segundo y fracción V, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 16/2011 y, considerando que la misma guarda conexidad con la diversa controversia constitucional 46/2010, se designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como instructor del procedimiento respectivo.
Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil once, el Ministro instructor desechó parcialmente la demanda de controversia constitucional respecto de las normas impugnadas, al haberse combatido de manera extemporánea, admitiéndola únicamente respecto de los actos impugnados, consistentes en las resoluciones dictadas en los juicios administrativos números TCA/1aS/143/10, TCA/1aS/56/06, TCA/1aS/100/07 y TCA/1aS/132/07; tuvo como demandados únicamente al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -por imputársele hechos propios-, ambos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para que formularan sus respectivas contestaciones, y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de su presidente, al contestar la demanda, señaló medularmente lo siguiente:
En primer lugar, es falso que las resoluciones dictadas en los juicios administrativos números TCA/1aS/143/10, TCA/1aS/56/06, TCA/1aS/100/07 y TCA/1aS/132/07, promovidos por Ezequiel Castañeda Alquisira, Guadalupe Toledo Olguín, Refugio Flores Bernal y Eduardo Albarrán Vázquez, respectivamente, invadan la esfera competencial del Municipio actor para tramitar y resolver procedimientos administrativos de responsabilidad, pues el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 17 y 116, fracción V, de la Constitución Federal, 109 Bis de la Constitución Política del Estado y 1o. y 36, fracciones I y VII, de la Ley de Justicia Administrativa Estatal, únicamente revisa que las resoluciones emitidas en tales procedimientos se ajusten a los requisitos establecidos en la ley de la materia.
Por otra parte, resulta evidente que de las pruebas que fueron requeridas por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, las relacionadas con el juicio administrativo número TCA/1aS/56/06, se advierte que el primer acto de aplicación de las normas generales impugnadas y los actos atribuidos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, consistentes en la revisión y pronunciamiento sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por la Contraloría Municipal, tuvieron lugar desde el siete de julio de dos mil seis, fecha en la que el Municipio actor fue emplazado al referido juicio, tal como se desprende de la cédula de notificación respectiva, por lo que, al haber transcurrido en exceso el plazo para promover la controversia constitucional, es manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.
Del mismo modo, en relación con el juicio administrativo número TCA/1aS/56/06, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la tesis jurisprudencial emitida por esa Suprema Corte, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE IMPUGNEN ACTOS CONSUMADOS.", al haber cesado sus efectos en el momento en que las autoridades demandadas en dicho juicio dieron cumplimiento a la sentencia definitiva.
Ahora bien, en relación con la resolución dictada en el juicio administrativo número TCA/1aS/143/10, consistente en la radicación y admisión de la demanda interpuesta en contra de una resolución administrativa emitida por una autoridad municipal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues el Municipio actor, en términos de lo dispuesto por los artículos 83, fracción III, párrafo cuarto y 132 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, debió agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, consistente en el recurso de reclamación que procede en contra de los autos y providencias que emiten las Salas del tribunal.
De igual forma, resulta improcedente la presente controversia constitucional, puesto que, de estimarse por el Municipio actor que en el juicio administrativo número TCA/1aS/143/10 debía emplazársele por conducto del síndico, en su carácter de representante legal, debió promover juicio de amparo en contra de este supuesto vicio en el procedimiento, en términos del artículo 114, fracción V, de la ley respectiva.
Finalmente, en relación con el juicio administrativo número TCA/1aS/132/07, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, puesto que de las constancias que integran el expediente respectivo se advierte que el Municipio actor señala, de nueva cuenta, los mismos actos concretos de aplicación impugnados en la diversa controversia constitucional 46/2010.
Expuesto lo anterior, en cuanto al primer concepto de invalidez hecho valer por el Municipio actor, debe señalarse lo siguiente:
El argumento formulado por el Municipio actor, en el sentido de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado viola los principios de distribución competencial y supremacía constitucional, previstos en los artículos 109, fracción III, 113 y 115 de la Constitución Federal es, por un lado, inoperante, pues del Texto Constitucional no se desprende que las facultades que ejercen los Municipios en materia de responsabilidades administrativas de sus servidores públicos sean únicas y exclusivas, amén de que el tribunal únicamente se desempeña como órgano revisor de la legalidad de los actos y resoluciones administrativos que emite la Contraloría Municipal y, por otro, infundado, puesto que la facultad constitucional y legal atribuida al tribunal para conocer de las impugnaciones que realizan los particulares en contra de resoluciones que les imponen sanciones como consecuencia del desempeño del servicio público, en modo alguno afecta, restringe o menoscaba las facultades del Municipio actor, dado que el referido órgano jurisdiccional únicamente tiene competencia para revisar la legalidad de aquéllas.
Por otro lado, el argumento planteado por el Municipio actor, relativo a la falta de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos para conocer de las resoluciones intermedias -y no sólo definitivas- que se dictan en los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos municipales, es infundado, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Federal, 109 Bis de la Constitución Política del Estado y 1o. y 36 de la Ley de Justicia Administrativa Estatal, el tribunal es competente para conocer de las impugnaciones en contra de actos de naturaleza administrativa o fiscal, emitidos por las dependencias que integran la administración pública del Poder Ejecutivo y los Municipios del Estado, con independencia de que éstos sean o no definitivos, puesto que el acceso a la impartición de justicia no se encuentra sujeto a dicha condición.
Del mismo modo, el argumento hecho valer por el Municipio actor, en el sentido de que las resoluciones emitidas por el contralor municipal no se encuentran vinculadas con los fines propios de la administración pública y no son susceptibles, por tanto, de impugnarse en la vía contencioso administrativa, es infundado, toda vez que el artículo 113 de la Constitución Federal establece los fines de la responsabilidad de los servidores públicos, consistentes en preservar los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, por lo que cuando se imputan a un particular determinados hechos que lesionan dichos principios, la naturaleza tanto de las responsabilidades como de las sanciones es evidentemente administrativa.
Finalmente, debe desestimarse el argumento del Municipio actor, en el que afirma que, en los juicios administrativos números TCA/1aS/132/07 y TCA/1aS/143/10, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado no lo llamó a juicio, pues esto no guarda relación con alguno de los supuestos previstos en el artículo 105 de la Constitución Federal para la procedencia de la controversia constitucional. En todo caso, como se ha señalado, el Municipio tiene expedito su derecho para inconformarse al respecto, en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."
Por lo que se refiere al segundo concepto de invalidez planteado por el Municipio actor, debe señalarse lo siguiente:
Es inoperante el argumento formulado por el Municipio actor, en el sentido de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado pretende subordinarlo, mediante la revisión de las resoluciones que emite, toda vez que el referido tribunal, al conocer de los juicios administrativos que se impugnan, en ningún momento invade la esfera competencial que, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, le confieren los artículos 6o., fracción IV y 67 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 84 y 86 de la Ley Orgánica municipal.
Asimismo, resulta infundado el argumento hecho valer por el Municipio actor, en el sentido de que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado sólo puede conocer de la impugnación de actos emitidos por los órganos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, excluyendo de dicha facultad revisora a los Municipios que lo integran, puesto que se limita a realizar una interpretación literal y restrictiva del referido precepto constitucional, en relación con el verdadero alcance que debe darse al concepto "administración pública estatal".
Resulta aplicable a este respecto la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS."
Por todo lo expuesto, se solicita se decrete el sobreseimiento de la presente controversia constitucional respecto de las normas y los actos impugnados, o bien, se declaren infundados los conceptos de invalidez que aduce el Municipio actor.
SÉPTIMO. Por su parte, el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto del Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, al dar contestación a la demanda señaló, esencialmente, lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.", se actualiza una causal de improcedencia en el presente asunto, toda vez que el Municipio actor pretende impugnar resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional de legalidad, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
En efecto, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la amplitud en el ejercicio de la facultad para promover una controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso, cuando se aleguen cuestiones constitucionales, pues dichos tribunales, al resolver conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional.
Admitir que la controversia constitucional constituye la vía idónea para impugnar los juicios -y sus respectivas sentencias- de los que conocen los órganos jurisdiccionales y administrativos, sería tanto como aceptar que dicho medio de control constitucional constituye un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural, siendo que este medio de control está diseñado para preservar el orden constitucional entre entidades, poderes u órganos en sus actos ordinarios y no para someter a control constitucional mecanismos de carácter jurisdiccional.
En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los diversos 1o. y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracción I, de la Constitución Federal, lo procedente es sobreseer en la presente controversia, en términos de la fracción II del artículo 20 del ordenamiento legal antes referido.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA."
Así también, resulta procedente oponer la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, dado que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer en la presente controversia, tomando en consideración que el Poder Judicial del Estado de Morelos no ha realizado acto alguno que invada o afecte su ámbito competencial, siendo aplicable, a este respecto, la tesis jurisprudencial de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO."
Consecuentemente, se advierte también la falta de legitimación pasiva del Poder Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que no ha realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera de competencia municipal.
Por otra parte, antes de dar respuesta a los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor, debe señalarse que del análisis integral de la demanda no se advierte que se impugnen actos propios del Poder Judicial Estatal, sino sólo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su carácter de órgano jurisdiccional autónomo y de legalidad, integrante de aquél.
Aclarado lo anterior, en relación con el primer concepto de invalidez formulado por el Municipio actor, debe señalarse lo siguiente:
El Congreso del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción LI, de la Constitución Local, se encuentra facultado para instituir, mediante leyes que para tal efecto expida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con atribuciones para resolver los conflictos que se susciten entre el Estado, los Municipios y los particulares, estableciendo las normas que regulen su organización y funcionamiento, así como el procedimiento y los recursos para combatir sus resoluciones.
Al respecto, es importante subrayar que la Constitución Federal, ni en su artículo 116, fracción V, al facultar a los Estados para crear e instituir, a nivel local, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ni en el diverso 115, al establecer las bases constitucionales para la organización política y administrativa del Municipio Libre, contempla alguna prohibición o impedimento para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos pueda conocer y resolver, entre otras cuestiones, las controversias en las que un particular demande la nulidad de actos administrativos emitidos por autoridades municipales, máxime cuando dicha potestad jurisdiccional le fue otorgada por la Legislatura Estatal, en aplicación de las facultades que igualmente se encuentran previstas en la Norma Fundamental.
De manera que, en la especie, además de que el Municipio actor no logra demostrar la existencia de una prohibición, como la anteriormente referida, tampoco justifica que el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos invada, restrinja o vulnere facultades reservadas a los Municipios, razón por la cual debe estimarse infundado el argumento que apunta a la supuesta inconstitucionalidad tanto de las normas generales como de los actos que impugna en su demanda.
Lo anterior deriva en una clara falta de legitimación en la causa por parte del Municipio actor, pues no demuestra ninguna afectación o perjuicio en su ámbito competencial, con motivo de la aprobación y expedición de los ordenamientos legales con base en los cuales se determinó la creación y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."
Por otra parte, resultan infundados los argumentos formulados por el Municipio actor, toda vez que el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, al disponer que los Estados podrán establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, comprende, bajo el término "administración pública estatal", a todas las autoridades de los Estados, incluyendo las municipales.
Tal interpretación se confirma si se tiene en cuenta que:
a) Ninguna de las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Federal, que establece las bases para la organización de los Municipios, los faculta para establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
b) El artículo 116 constitucional, al señalar que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, comprende toda la conformación territorial del Estado, incluyendo sus Municipios.
c) La existencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos no viola lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone que no debe existir autoridad intermedia entre el Estado y los Municipios, toda vez que dicho tribunal, además de gozar de plena autonomía, no forma parte de la administración pública del Poder Ejecutivo Estatal, puesto que su función es única y exclusivamente de carácter jurisdiccional.
d) Los Municipios forman parte de la estructura jurídica del Estado y no integran un cuarto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23342-4dfc9fda/controversia-constitucional-procede-de-manera-excepcional-aun-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN FACULTAD PARA PROMOVERLA POR CONDUCTO DEL SÍNDICO, SIN QUE PARA ELLO DEBA EXISTIR UN ACUERDO DE CABILD (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA SÍNDICA MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS T (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 (118)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 (P./J. 101/97)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 (83)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICULARES Y (P./J. 100/97)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis