CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE ÉSTE EMITE EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO SOBRE LA EXISTENCIA DE UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA DIVERSAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO, NO IMPIDE AL MUNICIPIO IMPUGNARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD PARA IMPUGNAR LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS CONTRA RESOLUCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SANCIONADOS COMPAREZCAN EN CALIDAD DE PARTICULARES Y NO DE SERVIDORES PÚBLICOS, HACE PROCEDENTE LA VÍA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR UN SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC EN CONTRA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA, AL SER DE CARÁCTER FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 75, 84 Y 86, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 25, FRACCIÓN V, DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE DICHO MUNICIPIO.
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS FACULTAN PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES NI VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2010. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 19 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil once.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintiuno de julio de dos mil diez en la Oficina de Correos del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, Luis Edgar Castillo Vega en su carácter de síndico de dicho Municipio, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de las normas y los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. El Poder Legislativo del Estado de Morelos.
2. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
3. El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
4. El Poder Judicial del Estado de Morelos.
5. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Normas impugnadas:
1. Artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Morelos.
2. Artículos 1o., 2o., 36, fracciones I, II y VI, 52, fracciones IV, V y VI y 139, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Actos impugnados:
1. El juicio administrativo número TCA/1aS/132/07 sustanciado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, relativo a la demanda promovida por Eduardo Albarrán Vázquez en contra de diversas autoridades del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, con motivo de las resoluciones municipales dictadas en el expediente número Q/CMJ/03-07 en ejercicio de las facultades disciplinarias que al citado Municipio corresponden, incluyendo la sentencia de siete de octubre de dos mil ocho, así como el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diez, que tiene por cumplida dicha sentencia.
2. El juicio administrativo número TCA/2aS/62/10 sustanciado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, relativo a la demanda promovida por Lucía Rayo Benítez en contra de diversas autoridades del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos; específicamente, el acuerdo de ocho de junio de dos mil diez mediante el cual se admite la demanda y se otorga la suspensión respecto de la resolución terminal del procedimiento de responsabilidades administrativas instaurado en contra de dicha funcionaria, así como todas y cada una de las determinaciones que se emitan en el juicio, incluyendo la sentencia respectiva.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:
1. La actual administración municipal inició su gestión el primero de noviembre de dos mil nueve.
2. El artículo 45, párrafo primero y fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, dispone que al síndico le corresponde la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, teniendo a su cargo la representación jurídica del Ayuntamiento en todas las controversias administrativas y jurisdiccionales en que sea parte.
3. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Federal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en sus artículos 84 y 86, fracciones V y VII, establece que los Ayuntamientos ejercen su potestad disciplinaria por conducto del Contralor Municipal, respecto de las faltas en que incurran los servidores públicos que no hayan sido electos popularmente.
El ejercicio de dicha potestad se encuentra igualmente previsto en el artículo 6, fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo artículo 67 establece, además, que no son recurribles a nivel local las determinaciones que emita en definitiva el órgano de control municipal.
4. Desde la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos y hasta la fecha, no existe una norma que otorgue competencia a dicho órgano para conocer y resolver respecto de las determinaciones que, en materia de responsabilidades administrativas, emitan las autoridades municipales; lo anterior se desprende de la lectura de los artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política y de las disposiciones relativas de la Ley de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Morelos.
De igual forma, ni la anterior Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, ni la actual Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, otorgan competencia al referido Tribunal para pronunciarse respecto de resoluciones emitidas por la Contraloría Municipal.
5. El nueve de junio de dos mil diez, diversas autoridades del Municipio actor fueron notificadas del acuerdo de veintiocho de mayo del mismo año, que tiene por cumplida la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil ocho en el juicio administrativo número TCA/1aS/132/07, en el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos conoció y resolvió respecto de diversos actos administrativos emitidos en definitiva por autoridades municipales en ejercicio de su potestad disciplinaria, no obstante carecer de competencia para pronunciarse respecto de los mismos.
6. El dos de julio de dos mil diez, el Municipio actor tuvo conocimiento de que el once de junio del mismo año el contralor municipal fue notificado del acuerdo dictado el ocho del mismo mes y año en el juicio administrativo número TCA/2aS/62/10, en el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos admitió una nueva demanda en contra del Municipio, promovida por una servidora pública municipal en la que se impugna la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidades administrativas registrado con el número Q/CMJ/01-2010, no obstante carecer de competencia para pronunciarse respecto de este tipo de resoluciones.
Lo anterior, aunado a que el síndico del Municipio actor ni siquiera fue llamado a comparecer, no obstante que en la sindicatura a su cargo recae la representación legal y la defensa de los intereses del Municipio en todas aquellas controversias administrativas y jurisdiccionales en las que éste sea parte, como es el caso.
El contralor municipal, sin embargo, dio contestación a la demanda respectiva, con la única finalidad de evitar que operara la presunción de certeza de los actos reclamados en perjuicio del Municipio, en términos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:
1. Se vulneran, en agravio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 49, 115, fracción II, 116, fracción V y 133, de la Constitución Federal que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación, división de poderes, autonomía municipal y supremacía constitucional, puesto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, al aplicar los artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política y 1o., 2o., 36, fracciones I, II y VI, 52, fracciones IV, V y VI y 139, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Morelos, cuya invalidez se demanda, atenta contra los referidos principios, dado que con el conocimiento y sustanciación de los juicios administrativos números TCA/1aS/132/07 y TCA/2aS/62/10, interfiere en decisiones exclusivas del Municipio actor en materia de responsabilidades administrativas de sus servidores públicos.
La competencia de los tribunales de jurisdicción contencioso- administrativa a que hace referencia el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, se limita a dirimir conflictos suscitados entre los órganos integrantes de la administración pública estatal y los particulares y no entre éstos y los Ayuntamientos o alguno de sus órganos, puesto que no existe ninguna prevención constitucional que lo autorice.
De esta forma, resultan inconstitucionales los artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política y 1o., 2o., 36, fracciones I, II y VI, 52, fracciones IV, V y VI y 139, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Morelos, que confieren al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, la facultad para conocer y resolver los conflictos que por actos administrativos y fiscales se generen entre los órganos de la administración pública municipal y los particulares.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SÓLO ES COMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, CENTRAL O PARAESTATAL, Y LOS PARTICULARES, PERO NO LOS CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE ÉSTOS Y LOS PODERES LEGISLATIVO O JUDICIAL."
En consecuencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, al carecer de facultades para dirimir controversias surgidas con motivo de actos o resoluciones municipales frente a los particulares, viola en agravio del Municipio actor los principios constitucionales de referencia, siendo procedente declarar la invalidez de las normas y los actos impugnados.
2. Ad cautélam y sólo en caso de que esa Suprema Corte considere que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos sí tiene competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre la administración pública municipal y los particulares, por actos administrativos y fiscales, se transgreden en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 109, fracción III, 113, 115, fracción II y 116, párrafos primero y segundo y fracción V, de la Constitución Federal que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación, división de poderes y autonomía municipal y prevén la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; en relación con los artículos 84 y 86, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 6o, fracción IV y 67, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que disponen que, en el ámbito municipal, la facultad disciplinaria de los Ayuntamientos se ejerce por conducto del contralor municipal, sin que sus actos o determinaciones definitivos en esta materia puedan ser revisables por alguna autoridad local.
Los citados preceptos constitucionales y legales han sido vulnerados en agravio del Municipio actor, en virtud de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, inconstitucionalmente e invadiendo su esfera competencial, conoce de las determinaciones emanadas de la potestad disciplinaria que el órgano de gobierno municipal ejerce por conducto del contralor municipal, a través de los juicios administrativos números TCA/1aS/132/07 y TCA/2oS/62/10, en los que se reclama la imposición de sanciones por infracciones cometidas por servidores públicos municipales, no obstante que la Constitución Política y la Ley de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Morelos, en ningún caso otorgan competencia a dicho tribunal para pronunciarse respecto de tales determinaciones.
En efecto, del contenido de los artículos 40, fracción LI y 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Morelos únicamente se desprende la autorización para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos se pronuncie respecto de conflictos administrativos y fiscales suscitados entre los órganos de la administración pública municipal y los particulares y no sobre las resoluciones que, en ejercicio de su potestad disciplinaria, ante infracciones cometidas por servidores públicos, adopten las autoridades municipales, dado que la relación de éstos con la administración pública municipal no surge de su condición de particulares o gobernados, sino de su vinculación y desempeño en el empleo, cargo o comisión asignados en el ejercicio del servicio público.
De igual forma, el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos reitera la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado únicamente para pronunciarse respecto de resoluciones administrativas o fiscales de las autoridades municipales que causen perjuicio a los particulares, sin que ello implique el escrutinio judicial de las determinaciones que el Municipio emita en ejercicio de su facultad disciplinaria, haciendo nugatoria su potestad sancionadora.
Por el contrario, los artículos 84 y 86, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 6o., fracción IV y 67, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, disponen expresamente que la única autoridad con atribuciones, en el ámbito municipal, para investigar y sancionar conductas administrativas infractoras es el contralor municipal, cuyas determinaciones son definitivas e inatacables.
De este modo, si la Constitución Federal, la Constitución Local y la propia Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no otorgan competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado para pronunciarse respecto de actos y resoluciones que, en ejercicio de sus atribuciones disciplinarias, emita el Municipio, resulta evidente que, en el caso, existe una intromisión inconstitucional del referido tribunal en la autonomía municipal.
Al respecto, resultan aplicables las tesis jurisprudenciales de rubros: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS." y "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD SEÑALE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E IMPONGA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, TRANSGREDE LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
3. Ad cautélam y sólo en caso de que esa Suprema Corte considere que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos sí tiene competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre la administración pública de los Ayuntamientos y los particulares por actos administrativos y fiscales, incluyendo los que emitan en ejercicio de su potestad disciplinaria, se transgreden en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115, fracción II, de la Constitución Federal que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación y de autonomía municipal; en relación con el artículo 45, párrafo primero y fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que dispone que al síndico corresponde la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, teniendo a su cargo la representación jurídica del Ayuntamiento en todas las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, así como con los diversos 53 y 55 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que prevén que tendrán el carácter de parte las personas que tengan un interés legítimo que funde su pretensión y, tratándose de personas morales, serán representantes legales los que, de conformidad con su normatividad, tengan ese carácter.
Los referidos preceptos constitucionales y legales han sido vulnerados en agravio del Municipio actor pues, como se desprende del auto de radicación de ocho de junio de dos mil diez, dictado en el expediente número TCA/2aS/62/10, en ningún momento se ordenó notificar al síndico, a quien corresponde la representación legal del Ayuntamiento en todo tipo de controversias administrativas o jurisdiccionales en las que éste sea parte, omisión que deja al Municipio en estado de indefensión, vulnerando con ello su derecho de audiencia y defensa.
No es óbice a lo anterior, que el titular del órgano de control municipal sí haya sido notificado de dicho auto, pues esto no liberaba al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos de la obligación de notificar al síndico, en su carácter de representante legal del Municipio actor, transgrediendo, con ello, su propia normatividad, concretamente, lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.
CUARTO. El actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 49, 109, fracción III, 113, 115, 116, párrafos primero y segundo y fracción V y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil diez, los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Luis María Aguilar Morales, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo del año dos mil diez, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 46/2010 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de once de agosto de dos mil diez, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al secretario de Gobierno -por cuanto al refrendo de las normas generales impugnadas- y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -por imputársele hechos propios-, todos del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para que formularan sus respectivas contestaciones, y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, al formular su contestación, señalaron coincidentemente lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.", se actualiza una causal de improcedencia en el presente asunto, toda vez que el Municipio actor pretende impugnar resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional de legalidad, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
De igual forma, respecto del juicio administrativo número TCA/1aS/132/07, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al pretender combatirse una resolución definitiva respecto de la cual ha transcurrido en exceso el plazo para su impugnación, lo que repercute sobre el diverso juicio administrativo número TCA/2aS/62/10, por encontrarse igualmente fundado en las normas que se impugnan de manera extemporánea.
En efecto, el Municipio actor no tuvo conocimiento reciente de los actos que impugna, pues de autos se advierte que una de las dependencias y/o unidades administrativas del Ayuntamiento fue notificada en su oportunidad; de ahí que la demanda de controversia constitucional haya sido presentada extemporáneamente, debiendo por tanto, sobreseer en el juicio.
Así también, resulta procedente oponer la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, dado que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer en la presente controversia, tomando en consideración que ni el titular del Poder Ejecutivo ni el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, han realizado acto alguno que invada o afecte su ámbito competencial, siendo aplicable, a este respecto, la tesis jurisprudencial de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO."
Consecuentemente, se advierte también la falta de legitimación pasiva tanto del titular del Poder Ejecutivo como del secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, en virtud de que no han realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera de competencia municipal.
Por otro lado, contrario a lo manifestado por el Municipio actor, en ningún momento se ha incurrido en violación a los preceptos constitucionales citados, por las siguientes razones:
El Municipio actor atribuye al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos la promulgación y publicación, y a su secretario de Gobierno el refrendo y publicación, del decreto en que se contienen las normas impugnadas; sin embargo, dichas actuaciones se realizaron con estricto apego a las facultades con que cuentan estas autoridades, de conformidad con lo establecido en los artículos 70, fracción XVII y 76 de la Constitución Política del Estado.
Además, no debe perderse de vista que el actor se abstuvo de formular conceptos de invalidez en los que reclamase vicios propios derivados de dichos actos, por lo que es falso que el titular del Ejecutivo Estatal y el secretario de Gobierno hayan violado, en su perjuicio, las disposiciones constitucionales que invoca.
En este sentido, los conceptos de invalidez formulados por el Municipio actor deben declararse inatendibles e inoperantes, en tanto no señalan, ni concretan algún razonamiento susceptible de ser analizado por ese Alto Tribunal, al no lograr descalificar y evidenciar la inconstitucionalidad de las consideraciones en que se sustentan las normas y los actos impugnados.
Ahora bien, en cuanto al primer concepto de invalidez que se plantea, relacionado con la supuesta violación al principio de legalidad constitucionalmente establecido, en virtud de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos no tiene facultades para legislar respecto de las atribuciones que corresponden al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, tratándose de controversias que se susciten entre los Ayuntamientos y/o sus dependencias y unidades administrativas, debe señalarse lo siguiente:
El Congreso del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Local, se encuentra facultado para instituir, mediante leyes que para tal efecto expida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con atribuciones para resolver los conflictos que se susciten entre el Estado, los Municipios y los particulares, estableciendo las normas que regulen su organización y funcionamiento, así como el procedimiento y los recursos para combatir sus resoluciones.
Al respecto, es importante subrayar que la Constitución Federal, ni en su artículo 116, fracción V, al facultar a los Estados para crear e instituir, a nivel local, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ni en el diverso 115, al establecer las bases constitucionales para la organización política y administrativa del Municipio Libre, contempla alguna prohibición o impedimento para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos pueda conocer y resolver, entre otras cuestiones, las controversias en las que un particular demande la nulidad de actos administrativos emitidos por autoridades municipales, máxime cuando dicha potestad jurisdiccional le fue otorgada por la Legislatura Estatal, en aplicación de las facultades que igualmente se encuentran previstas en la Norma Fundamental.
De manera que, en la especie, además de que el Municipio actor no logra demostrar la existencia de una prohibición, como la anteriormente referida, tampoco justifica que el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos invada, restrinja o vulnere facultades reservadas a los Municipios, razón por la cual debe estimarse infundado el argumento que apunta a la supuesta inconstitucionalidad tanto de las normas generales como de los actos que impugna en su demanda.
Lo anterior deriva en una clara falta de legitimación en la causa por parte del Municipio actor, pues no demuestra ninguna afectación o perjuicio en su ámbito competencial con motivo de la aprobación y expedición de los ordenamientos legales con base en los cuales se determinó la creación y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Por otra parte, resultan infundados los argumentos formulados por el Municipio actor, toda vez que el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal al disponer que los Estados podrán establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, comprende, bajo el término "administración pública estatal", a todas las autoridades de los Estados, incluyendo las municipales.
Tal interpretación se confirma, si se tiene en cuenta que:
a) Ninguna de las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Federal, que establece las bases para la organización de los Municipios, los faculta para establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
b) El artículo 116 constitucional, al señalar que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, comprende toda la conformación territorial del Estado, incluyendo sus Municipios.
c) La existencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, no viola lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone que no debe existir autoridad intermedia entre el Estado y los Municipios, toda vez que dicho tribunal, además de gozar de plena autonomía, no forma parte de la administración pública del Poder Ejecutivo Estatal, puesto que su función es única y exclusivamente de carácter jurisdiccional.
d) Los Municipios forman parte de la estructura jurídica del Estado y no integran un cuarto poder o uno distinto del Ejecutivo, en cuanto el primer párrafo del artículo 115 constitucional, dispone que: "Los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre ..."
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que si bien es cierto que el Municipio es una esfera competencial con facultades administrativas y legislativas que integra un nivel de gobierno, esto es, una persona de derecho público autónoma, también lo es que no se trata de un ente soberano, pues se encuentra sujeto a las disposiciones constitucionales y legales expedidas por los órganos competentes de la entidad federativa respectiva.
Por ello, resulta inexacto afirmar que a través de la creación y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, con facultades legales respecto de los actos de autoridades estatales y/o municipales, se afecten, restrinjan o menoscaben las facultades del Ayuntamiento.
Efectivamente, el hecho de que el referido tribunal de legalidad conozca de litigios en contra de actos o resoluciones definitivos dictados por las autoridades municipales, no constituye una afectación a las facultades que, constitucional y legalmente, se encuentran reservadas al Municipio actor, en virtud de que la teleología del artículo 116, fracción V, constitucional responde a estructurar un sistema integral de justicia administrativa que fortalezca el Estado de derecho y, por tanto, el respeto a los derechos constitucionales y legales de los gobernados.
Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS."
Ahora bien, por cuanto hace al segundo y tercer conceptos de invalidez, debe señalarse lo siguiente:
Ambos conceptos de invalidez resultan infundados y, en consecuencia, inoperantes, de acuerdo con los argumentos expuestos a este respecto en la respuesta al primer concepto de invalidez planteado por el actor.
En efecto, resulta infundado el argumento del Municipio actor, en cuanto a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos no tiene competencia para intervenir en asuntos r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23350-1686bc03/controversia-constitucional-el-tribunal-de-lo-contencioso-administrativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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