CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN FACULTAD PARA PROMOVERLA POR CONDUCTO DEL SÍNDICO, SIN QUE PARA ELLO DEBA EXISTIR UN ACUERDO DE CABILDO QUE OTORGUE TAL ATRIBUCIÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE LEGALIDAD FORMULADOS EN CONTRA DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES POR CUESTIONES DIVERSAS A VIOLACIONES DE ESFERAS DE COMPETENCIA, AL NO SER LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIRLAS. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS. LOS ACTOS Y RESOLUCIONES QUE EMITEN LOS MUNICIPIOS, EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA, SON SUSCEPTIBLES DE SER REVISADOS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 57/2011. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. CINCO VOTOS. 20 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALFREDO ORELLANA MOYAO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de junio de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el dos de mayo de dos mil once, en la Oficina de Correos del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, Luis Edgar Castillo Vega, síndico de dicho Municipio, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, del secretario de Gobierno y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad federativa, en la que cuestionó la validez de las normas y actos que a continuación se precisan:
"a) La inconstitucionalidad de la fracción LI del artículo 40, así como del primer párrafo del artículo 109 Bis, ambos de la Constitución Política del Estado de Morelos.
"b) La inconstitucionalidad de los artículos: 1, en sus dos primeros párrafos; 2 y 36, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
"c) El juicio invasor a la esfera de competencia constitucional que al Ayuntamiento actor corresponde, que se sustancia en la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, bajo el expediente número TCA/2a.S/35/11, en el que inconstitucionalmente sujeta a su escrutinio las determinaciones del Municipio actor en materia disciplinaria, e incluso admite la intervención de otros servidores públicos del Municipio, en su carácter de ‘tercero perjudicado’".
SEGUNDO. Antecedentes (fojas 4 a 7 y 115 a 117 del expediente principal). En su escrito de demanda y ampliación, la parte actora señala los siguientes:
1. El veintiuno de julio de dos mil diez, el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió diversa controversia constitucional en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado y otras autoridades, en la que reclamó la invalidez de diversas normas locales, así como su aplicación e indebida intromisión por parte de dicho tribunal, para conocer y pronunciarse respecto de las atribuciones disciplinarias del Municipio, en los juicios administrativos TCA/1a.S/132/07 y TCA/2a.S/62/10, sin dar intervención al síndico, como representante legal de ese nivel de gobierno.
La demanda fue admitida, otorgándose, además, la suspensión respecto del juicio administrativo número TCA/2a.S/62/10.
Posteriormente, en ese mismo asunto, se admitió la ampliación de la demanda respecto de la resolución dictada en el referido juicio administrativo antes citado.
2. El veintiuno de septiembre de dos mil diez, el contralor municipal inició procedimiento disciplinario Q/CMJ/05-2010, en contra de Javier Ramírez Marchán y Ezequiel Castañeda Alquisira, jefe de departamento y auxiliar administrativo respectivamente, ambos pertenecientes a la Dirección Administrativa, Modernización y Proyectos, de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Rescate del Municipio de Jiutepec.
3. El auto que ordenó la investigación disciplinaria y la de admisión de pruebas, fue impugnado únicamente por Ezequiel Castañeda Alquisira, ante el Tribunal Contencioso Administrativo Estatal, radicándose el juicio de nulidad TCA/1a.S/143/10, el cual motivó la promoción de una diversa controversia constitucional.
4. El procedimiento disciplinario Q/CMJ/05-2010, seguido ante el Municipio, fue resuelto por su contralor el veintiuno de enero de dos mil once, en el sentido de suspender a ambos trabajadores por un periodo de ciento veinte días.
5. El veinticinco de abril de dos mil once, el contralor informó al síndico del Municipio actor, de otro juicio de nulidad TCA/2a.S/35/11 del índice de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, radicado y admitido por auto de diecisiete de marzo de dos mil once, promovido por Javier Ramírez Marchán, en contra de la anterior determinación que lo sancionaba.
6. Notificado el auto admisorio del juicio de nulidad, al titular del órgano de control municipal, fue necesario que éste presentara la contestación de demanda, a efecto de evitar que el silencio en la litis propiciara tener por cierto los actos reclamados.
7. El veintiocho de abril de dos mil once, el contralor hizo del conocimiento del síndico, que en el juicio de nulidad TCA/2a. S/35/11, el catorce de abril de dos mil once, se había dictado un auto que tuvo como "tercero perjudicado" al contador Ignacio Eugenio Rodríguez Balderas, en su carácter de encargado de despacho de la Dirección Administrativa, Modernización y Proyectos, de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Rescate del Municipio de Jiutepec, quien denunció los hechos que motivaron el procedimiento disciplinario Q/CMJ/05-2010.
8. El veintiséis de septiembre de dos mil once, por voz del contralor el síndico tuvo conocimiento de la resolución definitiva dictada en el juicio de nulidad TCA/2a.S/35/11, la cual le había sido notificada el treinta y uno de agosto de dos mil once.
9. Como el punto resolutivo tercero de dicha resolución estableció un término improrrogable para informar sobre su cumplimiento; con el fin de evitar que el Tribunal Contencioso decretara medidas de apremio en contra del titular de la Contraloría Municipal, éste dio cumplimiento y al efecto emitió nueva resolución en el procedimiento Q/CMJ/05/2010 seguido a Javier Ramírez Marchán y otro.
TERCERO. Preceptos constitucionales violados (fojas 4 y 114 del expediente principal). El actor en su demanda y respectiva ampliación, considera que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 113, 115, 116, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Conceptos de invalidez (fojas 7 a 30 del expediente principal). Los que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:
1. El auto de radicación dictado el diecisiete de marzo de dos mil once y la sustanciación del juicio de nulidad TCA/2a.S/35/11, vulneran la autonomía y atribuciones que en materia disciplinaria ejerce el Municipio actor, previstas en los artículos 14, 16, 109, fracción III, 113, 115, fracciones I y II, y 116, párrafos primero, segundo y fracción V, de la Constitución Federal, que estatuyen respectivamente, principios de fundamentación y motivación a los que debe sujetarse cualquier acto de autoridad; la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que se definirá en procedimientos y por autoridades competentes para aplicarlas, en los términos que disponga la ley de la materia; asimismo, que el Municipio constituye un orden de gobierno dotado de personalidad jurídica y patrimonio, con atribuciones constitucionales y legales; y que los poderes de las entidades federativas deben actuar conforme al marco normativo que los regula.
Cabe destacar, que tales determinaciones, no fueron notificadas al Municipio actor, por conducto del síndico, quien es el representante legal de dicho nivel de gobierno.
Las citadas normas constitucionales se lesionan en agravio de la parte actora, al momento en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, persiste en sujetar, arbitraria y caóticamente, a su escrutinio las determinaciones que el Municipio actor adopta, tanto para iniciar sus atribuciones de investigación disciplinaria, como las resoluciones terminales que en dicha materia pronuncia, admitiendo incluso como "tercero perjudicado", a un servidor público municipal, por ello queda el gobierno municipal supeditado a cumplir con las resoluciones que en cualquier momento y sentido pronuncie la autoridad demandada.
La Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos (antes Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos), no reconoce como autoridad al citado tribunal, para justipreciar los actos que en materia disciplinaria lleve a cabo el Municipio, incluso el artículo 67 de dicho ordenamiento establece que tales resoluciones dictadas en materia de responsabilidad administrativa, son definitivas o terminales, no recurribles a nivel local.
Así, el tribunal demandado lleva a cabo una intromisión inconstitucional, pues ni los ordenamientos constitucionales, federal y local, ni las leyes estatales de justicia administrativa, y de responsabilidades de los servidores públicos, le confieren atribución para inmiscuirse en procedimientos o resoluciones municipales, instruidos y dictadas por su órgano de control, de esta forma, el órgano contencioso no constituye autoridad judicial competente para conocer de resoluciones en materia de responsabilidad administrativa que emita el gobierno municipal.
Del contenido de los artículos 109, párrafo primero, fracción III y 113 de la Norma Fundamental, se desprende que las leyes creadas ex profeso, regularán la responsabilidad administrativa en que incurra un servidor público bajo procedimientos, sanciones y autoridades competentes para aplicarlos, asimismo la Constitución de Morelos (artículos 134 y 141) define a los servidores públicos, locales o municipales, sujetos a procedimiento y, en su caso, acreedores a sanción con motivo del empleo, cargo o comisión pública que desempeñen, cuya responsabilidad administrativa será determinada conforme a la ley de la materia, y si bien contempla las atribuciones de la Legislatura Estatal para expedir normas, como la que instituyen al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la competencia de este último se ciñe a dirimir controversias entre la administración pública estatal o municipal con los particulares, como se desprende del artículo 40, fracción LI.
Sin embargo, esta atribución no es absoluta, porque no puede conocer de cualquier acto emanado de la administración pública municipal como los dictados o ejecutados en materia disciplinaria, atento a lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley Orgánica municipal, 20 fracción V, último párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como 6 y 67 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que depositan esa potestad en los Municipios, por conducto de su órgano de control interno que no son recurribles a nivel local.
El citado precepto constitucional local, no dejó en plena libertad al Congreso de Morelos, para que fijara la competencia del tribunal demandado, por cualquier acto administrativo, pues únicamente puede conocer de aquellos que se dirijan a particulares, pero no con motivo de sus actuaciones como servidores públicos.
La facultad disciplinaria de los órganos municipales de control, se encuentra consignada en los artículos 109, párrafo primero, fracción III y 113 de la Constitución Federal, por lo que niegan competencia al órgano contencioso local, lo cual se corrobora por la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todas del Estado de Morelos, que prevén un sistema para ejercer el arbitrio sancionador y prevén que la determinación de la responsabilidad administrativa, recae en órganos de control de cada poder u órgano de gobierno, con efectos definitivos, a nivel local; en contra de las cuales, únicamente procede el amparo.
Consecuentemente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, tiene competencia para conocer de litigios entre la administración pública estatal o municipal y los particulares, sin que esto pueda interpretarse al extremo de que tenga jurisdicción respecto de cualquier acto administrativo, sobre todo cuando la competencia de los órganos no se presume, debe estar consignada expresamente en la ley, de ahí que habiendo dispositivos que le niegan tal atribución, queda demostrada su incompetencia legal.
2. Se vulneran en agravio del Municipio actor, los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales establecen principios de fundamentación y motivación que exigen que la actuación de un ente o poder público tenga como fundamento una norma legal que le otorgue facultades y le permita su aplicabilidad. Esto, en relación con los artículos 49, 113, 116, fracción V y 133 de la propia Norma Fundamental, que respectivamente disponen, el principio de división de poderes que marca la distinción funcional de atribuciones de los órganos del Estado y que sólo por ley podrá investigarse y sancionarse las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos, a través de las autoridades que la misma norma legal defina; asimismo, los tribunales contenciosos instituidos en las entidades federativas, únicamente conocen de litigios entre la administración pública estatal y los particulares, y finalmente se contempla la supremacía de la Carta Magna.
Todo ello fue contravenido, por los que aprobaron, expidieron, refrendaron, promulgaron y publicaron las normas generales cuya invalidez se impugna, al establecer una imprecisa potestad al Tribunal de lo Contencioso para justipreciar, sin límites, actos administrativos de los Municipios, lo que ha llevado a que dicho órgano jurisdiccional, sostenga competencia e injerencia en actos disciplinarios llevados a cabo por el Municipio actor, aun en contra de las leyes estatales en materia de organización municipal, presupuesto contabilidad y gasto público, y, particularmente, la de responsabilidades de los servidores públicos, cuya inconstitucionalidad también se reclama, pues fueron aplicadas en el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil once, dictado en el juicio de nulidad de que se trata.
Esta extrema arbitrariedad y anarquía del órgano demandado, se hace patente con el acuerdo de catorce de abril de dos mil once, en el que ordenó tener como "tercero perjudicado", a un servidor público del propio Municipio de Jiutepec, quien denunció los actos irregulares de aquellos que están sujetos al procedimiento de responsabilidad de origen, no obstante, que ante un órgano jurisdiccional, sólo tiene el carácter de parte, la persona cuyos intereses legítimos pueden verse afectados por la resolución que se dicte, y en estos procedimientos, el denunciante no puede tener tal carácter, porque la resolución no afecta ningún derecho personal, como lo dispone el artículo 5o. de la Ley Estatal de Responsabilidades, ya que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos tiene como propósito preservar que la función pública cumpla con los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan la administración pública y garantizan el buen servicio público, sancionando actos u omisiones contrarios a dichos principios.
El artículo 109, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Federal dispone que se apliquen sanciones administrativas a los servidores públicos por sus actos u omisiones que afecten tales principios, por ello, el concepto de servidor público es totalizador o universal, en razón de crear un régimen de sujeción, control y disciplina que beneficie y favorezca a ciudadanos con derecho a una función pública de excelencia y de ejercicio con legalidad, al grado que se incluya a cualquier persona que maneje o aplique recursos públicos, están previstas todos aquellos a los que se deberá normar, sujetar, controlar, y, en su caso, responsabilizar, por el orden jurídico que rija la institución a la que pertenecen.
En ese sentido debe entenderse que el artículo 108 constitucional, como totalizador e incluyente de un género de personas, empleados y funcionarios municipales, son servidores públicos, que les resulta vinculatoria la normatividad en materia de responsabilidades, que prevé un órgano de control interno y disciplinario en cada uno de los tres poderes y en los Municipios.
Así, la competencia directa para aplicar sanciones en materia de responsabilidades a servidores públicos municipales consagrada en el inciso a), fracción II, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 40, fracción XV, de la Constitución Local y precisada en la Ley Orgánica Municipal, de la que se desprende la facultad de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, de investigar y, en su caso, sancionar, a través del procedimiento disciplinario respectivo, a sus servidores públicos, lo que se corrobora con los artículos 6 y 67 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establecen que la facultad disciplinaria recae en órganos de control de cada poder o nivel de gobierno, cuyas resoluciones son definitivas, no pueden sujetarse al escrutinio de una autoridad administrativa o jurisdiccional, pues ello permite la intromisión a otras esferas de poder, lo cual rompe con el principio de autonomía y división de poderes.
QUINTO. Trámite (foja 65 del expediente principal). Mediante proveído de presidencia de nueve de mayo de dos mil once, se ordenó formar y registrar el asunto número 57/2011, asimismo, fue designado como instructor en el procedimiento el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien por auto de diez siguiente, desechó la demanda de controversia constitucional, al considerar:
a) Que es extemporánea su presentación respecto de las normas generales impugnadas, en virtud de que no se combaten con motivo de su primer acto de aplicación, en tanto eran materia de la diversa controversia constitucional 46/2010, promovida por el mismo Municipio actor; y,
b) En relación con los actos de aplicación controvertidos, relativos a la sustanciación del expediente TSA/2a.S/35/11, se estimó que no se había agotado el principio de definitividad, al no haberse dictado sentencia en el indicado juicio de nulidad.
Inconforme con lo anterior, el síndico del Municipio de Jiutepec, interpuso recurso de reclamación, que fue registrado con el número 43/2011-CA y que, admitido a trámite, mediante proveído de presidencia de veinticinco de mayo de dos mil once e integrado el expediente, fue resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en su sesión de treinta y uno de agosto de dos mil once, declarándolo fundado, conforme a las siguientes consideraciones:
"Esta Segunda Sala considera que los agravios hechos valer por el recurrente son esencialmente fundados, como se muestra a continuación. En el acuerdo materia del presente recurso de reclamación se determinó que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia (que alude al principio de definitividad), ya que el acto concreto de aplicación de las normas impugnadas se refiere al trámite de un juicio administrativo no concluido, el cual deberá agotarse previamente a la controversia constitucional, pues será hasta entonces cuando pueda dilucidarse si se está o no en un caso de excepción a la regla de improcedencia de la vía, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, dada la impugnación de la competencia del tribunal ordinario para conocer del asunto. Del análisis de la demanda y de sus anexos, se observa que el Municipio actor impugna, como acto de aplicación de las normas generales reclamadas, el acto que abajo se precisa (en el entendido de que respecto de las normas generales impugnadas en el acuerdo impugnado se estableció que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la extemporaneidad de la demanda, prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 21, fracción II, del mismo ordenamiento y que no es objeto de impugnación en el presente recurso de reclamación). Así, el acto impugnado es el siguiente: ‘c) El juicio invasor a la esfera de competencia constitucional que al Ayuntamiento actor corresponde, que se sustancia en la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, bajo el expediente número TCA/2a.S/35/11, en el que inconstitucionalmente sujeta a su escrutinio las determinaciones del Municipio actor en materia disciplinaria, e incluso admite la intervención de otros servidores públicos del Municipio, en su carácter de ‘tercero perjudicado’. ... En tal virtud, en forma opuesta a lo que se señala en el acuerdo impugnado, no es necesario que el promovente espere a que concluya el juicio contencioso administrativo de que se trata para poder acudir a la vía de la controversia constitucional, ya que el motivo de agravio radica en la supuesta invasión a su esfera de atribuciones, que considera actualizada desde el momento en que el referido tribunal admite demandas promovidas por funcionarios municipales que hubiesen sido sancionados por la Contraloría y/o el presidente municipal, por resentir, desde ese momento, una afectación en su ámbito de atribuciones. En ese sentido, en el presente caso, se actualiza el supuesto de excepción a la regla general de improcedencia de las controversias constitucionales contra resoluciones jurisdiccionales, debido a que se cuestiona la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, toda vez que si bien es cierto que, por regla general, la controversia constitucional no constituye la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, también es verdad que, de manera excepcional, procede ese medio de control constitucional intentado aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido -como ocurre en la especie- si la cuestión por examinar atañe a la supuesta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, como lo es el Municipio actor, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en la esa vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competen."
En cumplimiento a la resolución que antecede, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil once (fojas 92 a 94 del expediente principal), fue admitida a trámite la demanda de controversia constitucional en contra únicamente de la sustanciación del indicado juicio de nulidad, reconociéndole el carácter de autoridades demandadas al Poder Judicial del Estado de Morelos y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la misma entidad, ordenándose su emplazamiento, asimismo, se dio vista a la procuradora general de la República, a efecto de que manifestara lo que a su representación conviniera.
SEXTO. Ampliación de demanda (fojas 113 a 131 del expediente principal). Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil once, en la Oficina de Correos del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, el actor amplió su demanda en la que impugnó la resolución de treinta de agosto de dos mil once dictada en el juicio de nulidad TCA/2a.S/35/11, al considerarla inconstitucional por razones similares a las vertidas en el escrito inicial de demanda.
SÉPTIMO. Trámite de la ampliación de demanda (fojas 180 a 186 del expediente principal). Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil once, el Ministro instructor determinó desechar la ampliación de demanda, porque el acto que se impugnaba, había cesado en sus efectos, toda vez que la propia autoridad municipal dio cumplimiento a dicha resolución, al dictar el doce de septiembre de dos mil once, una nueva resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa Q/CMJ/05-2010, instaurado en contra de Javier Ramírez Marchán y otro.
Inconforme con la anterior determinación, el síndico del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, interpuso recurso de reclamación, radicado con el número 81/2011-CA, admitido a trámite mediante acuerdo de presidencia de catorce de noviembre de dos mil once; y una vez seguido su cauce legal, fue resuelto por la Segunda Sala de este Alto tribunal en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, en el sentido de declararlo fundado, al no considerarse notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada en el auto recurrido, toda vez que la cesación de efectos de la resolución impugnada en la ampliación, era una cuestión que debía analizarse al resolver el fondo de la controversia constitucional.
En acatamiento a esto, mediante proveído de trece de febrero de dos mil doce, se admitió a trámite la ampliación de demanda; fue ordenado emplazar a las autoridades demandadas, a efecto de que formularan sus respectivas contestaciones y se mandó dar vista a la procuradora general de la República, a fin de que manifestara lo que a su representación conviniera (fojas 341 a 342 del expediente principal).
OCTAVO. Contestación a la demanda por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos (fojas 199 a 237 del expediente principal). Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, al contestar la demanda señaló lo siguiente:
En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los diversos 1o. y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que el síndico del Municipio de Jiutepec promueve la demanda de controversia constitucional en representación de este último, empero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los entes legitimados para promover controversia constitucional son los Ayuntamientos y no los síndicos en lo individual, a menos que cuenten expresamente con tal facultad, o bien, acrediten la existencia de un acuerdo de cabildo que se las conceda, supuestos que no se presentan en la especie.
Asimismo, aduce que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, habida cuenta que los conceptos de invalidez de la presente controversia constitucional son de la misma índole a los expresados en las diversas controversias 46/2010 y 16/2011, por lo que existe identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez.
Expuesto lo anterior, en cuanto al primer concepto de invalidez hecho valer por el Municipio actor, debe declararse infundado, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, no sólo tiene facultades para conocer de la impugnación contra actos emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal y sus dependencias, sino también de actos y resoluciones administrativas o fiscales que emita la administración pública municipal y organismos descentralizados o paraestatales que la integran.
Asimismo, el tribunal no vulnera los principios de distribución competencial y de supremacía constitucional al intervenir en decisiones exclusivas del Municipio actor, pues, si bien este cuenta con autonomía para conocer, tramitar y resolver procedimientos de responsabilidad, a través de su contraloría, esto no lleva a que se constituya en una entidad soberana y sin límites, la autonomía es el reconocimiento de una serie de facultades que pueden ser ejercidas libremente; sin embargo, están limitadas por leyes como la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que permite revisar los actos administrativos y fiscales emitidos por la administración pública del Estado y de los Municipios, así al estar sujeto la parte actora a condicionamientos constitucionales y legales, resulta inexacto que se invada su esfera competencial, pues se trata del funcionamiento de un órgano jurisdiccional que velará por el apego a la legalidad de los actos de autoridades municipales.
De igual forma, resulta equívoco que la facultad constitucional y legal del Tribunal de lo Contencioso, para conocer de impugnaciones que realizan particulares en contra de resoluciones que les impone sanciones como servidores públicos, afecte, restrinja o menoscabe facultades municipales; esto no es así, en virtud de que el citado órgano jurisdiccional no se entromete en la facultad administrativa prevista en el título IV de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, relativa a tramitar, resolver o sancionar a las personas a quienes se les haya instaurado un procedimiento de responsabilidad, lo único que determina es si el actuar de la autoridad municipal se ajustó a las formalidades del procedimiento, es decir, un control de la legalidad de actos o resoluciones que dicten, ordenen o ejecuten las autoridades administrativas municipales.
En relación con el segundo concepto de invalidez, este resulta infundado, pues el actor considera que la resolución emitida dentro del procedimiento disciplinario de origen, no es revisable por algún órgano jurisdiccional estatal.
Al respecto, debe tomarse en consideración que dichas resoluciones o actos son de carácter administrativo, por ello no puede sostenerse una invasión a la esfera municipal por sustitución de sus autoridades, pues el Tribunal de lo Contencioso al conocer del juicio TCA/2a.S/35/11, lo hace como órgano jurisdiccional, cuyo objeto es el examen de la legalidad de los actos administrativos, pero nunca sustituye la esfera competencial del Municipio actor que ejerce a través de su Contraloría, pues ésta es una autoridad formal y materialmente administrativa, mientras que la actividad que desempeña el tribunal al conocer de juicios de nulidad, es de carácter jurisdiccional.
Por otra parte, se refutan los argumentos de la actora en los que sostiene, esencialmente, que no existe precepto constitucional o legal que faculte al Tribunal de lo Contencioso para conocer de impugnaciones en materia de responsabilidades de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24316-5cdfe023/controversia-constitucional-los-ayuntamientos-del-estado-de-morelos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIV (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (9)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
- JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. ES IMPROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN. (168)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis