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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. IV. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. V. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. VI. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO IMPUGNADO AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL DIVERSO DECRETO 661 EN EL QUE SE SUSTENTA AQUÉL EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL TRABAJADOR PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES."). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "...SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, PRECISADO EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2021. · Registro digital (IUS): 30306
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-07
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, Pág. 1385.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 13 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de octubre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 23/2021, que se promovió por el Poder Judicial del Estado de Morelos.

1. Antecedentes

1. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito recibido el dos de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.

2. En su demanda reclamó la invalidez por sí y por vicios propios de los artículos 2o. y 3o. del Decreto Número Seiscientos Setenta y Dos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5904, de veinte de enero de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Alicia Bustos Garduño con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

3. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:

• El Tribunal Superior de Justicia ha promovido sendas controversias constitucionales reclamando la invalidez de los decretos emitidos por el Poder demandado, porque con su emisión invade la esfera competencial de ese tribunal, particularmente en cuanto a la autonomía financiera; controversias que en su gran mayoría se han resuelto y han declarado la invalidez de los decretos jubilatorios.

• En cada ejercicio fiscal se ha remitido al titular del Poder Ejecutivo su anteproyecto de presupuesto de egresos en los que se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada, sin embargo; el legislativo ha autorizado únicamente un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.

• En los ejercicios de dos mil trece a dos mil diecisiete, no existió incremento presupuestal al Poder Judicial Estatal, no obstante el aumento en el número de jubilados por virtud de decretos jubilatorios autorizados por el Congreso del Estado de Morelos sin que, durante dicho periodo, existiera la partida presupuestal de pensiones a cargo de la cual éstas fueran sufragadas.

• El treinta de agosto de dos mil diecinueve, por oficio HTSJ/MCVCL/637/2017 (sic), de veintinueve de los mismos mes y año, se remitió al titular del Ejecutivo del Estado, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial del Estado de Morelos, en el que se previó una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones que llegara a emitir el Congreso del Estado, empero no se aprobaron siquiera los necesarios para el pago de los existentes, por ello de modo alguno puede considerarse que los que se han emitido en el presente ejercicio fiscal se pueden cubrir con los insuficientes recursos aprobados para los existentes antes del ejercicio fiscal de dos mil veinte.

• El Poder Ejecutivo del Estado, el primero de octubre de dos mil diecinueve, remitió a la Legislatura del Estado de Morelos el proyecto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Poder Judicial del Estado, reducción de recursos monetarios que se llevó a cabo sin motivación y fundamentación, enviando al Poder Legislativo un proyecto de presupuesto diametralmente opuesto al que le fue remitido por el Poder Judicial.

• Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos, el veintiocho de enero de dos mil veinte, aprobó el Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno relativo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, asignando al Poder Judicial del Estado de Morelos un presupuesto de egresos en el que se incluyeron las partidas presupuestarias denominadas "Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia" y "Apoyo extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial.". No pasa desapercibido que, del total de recursos autorizados para ese ejercicio, se debe descontar la cantidad asignada al Tribunal de Justicia para Adolescentes.

• La cantidad destinada en el presupuesto de egresos para el pago de decretos de pensiones es muy inferior a la solicitada por el tribunal actor, en su anteproyecto de presupuesto de egresos.

• Mediante oficio número RJD/JUNTA ADMON 787/202, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se remitió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del Poder Judicial del Estado de Morelos, a efecto de que aquél lo remitiera al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.

• En el Anteproyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, se consideró, atendiendo a las necesidades presupuestales y financieras del Poder Judicial se asignara por lo menos la cantidad de $916'832,428.00 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el presupuesto del año dos mil veinte. Se enfatizó que dicha cantidad sólo corresponde al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, independientemente del presupuesto que se destinaría al pago de decretos pensionarios y a la implementación del sistema de justicia laboral.

• El primero de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo del Estado, remitió a la Legislatura del Estado de Morelos, dicho anteproyecto sin respetar el importe proyectado; reducción de recursos monetarios que se llevó a cabo vulnerando por un lado el artículo 70, fracción XVIII, inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y por otro, el principio de autonomía e independencia judicial prevista en el artículo 116 de la Constitución Federal, al enviar (mas no remitir, como lo mandata la Constitución Local) al Poder Legislativo un proyecto de presupuesto diametralmente opuesto al contenido del anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial.

• Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos, el quince de diciembre de dos mil veinte aprobó el Decreto Número Mil Ciento Cinco, en el cual autoriza el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial del Estado de Morelos un presupuesto de egresos sin contemplar la partida presupuestaria denominada "Apoyo extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial" como sí lo hacía en otros ejercicios fiscales anteriores. Cantidad que no corresponde al 4.7% del gasto programable como lo debieron haber aprobado.

• El veinte de enero de dos mil veintiuno, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5904 el Decreto Número Seiscientos Setenta y Dos, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Alicia Bustos Garduño con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

4. Conceptos de invalidez. La parte actora hace valer en su único concepto de invalidez los siguientes argumentos:

• El decreto que se impugna viola la autonomía de gestión presupuestaria, pues el Legislativo se entromete en las decisiones financieras lesionando su independencia, en el grado más grave de violación, que es la subordinación y, como consecuencia de ello, su autonomía en la gestión de sus recursos, ya que en el artículo 2o. del decreto del que se demanda su invalidez, se determinó que la pensión decretada deberá cubrirse al 100% a la solicitante con cargo a la partida presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; de tal manera que el ente demandado dispone de los recursos financieros del tribunal actor al conceder una pensión a Alicia Bustos Garduño, afectando con ello la partida presupuestal para el pago de pensiones, la cual de por sí resulta insuficiente para cubrirlas, y menos aún para cubrir las pensiones futuras, como es el caso.

• El Congreso del Estado de Morelos, vulnera el principio de división de poderes, ya que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.

• Además, que los trabajadores burocráticos tienen derecho a recibir pensión o jubilación, siempre y cuando se encuentren asignadas en los ordenamientos respectivos; sin embargo, al haberse emitido por la Legislatura Local el Decreto Número Seiscientos Setenta y Dos, por el que se concede pensión por jubilación a Alicia Bustos Garduño, determinando que su pago debe ser sufragado por el Poder Judicial con cargo a la partida presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, sin proporcionar numerario alguno para cubrir esa pensión en la medida que resulte suficiente para ello, lo que se traduce en una omisión que permite advertir una notoria afectación al presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnera los principios de división de poderes, autonomía e independencia, establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal; 92-A y 131 de la Constitución Local.

• El Congreso Local se entromete inconstitucionalmente en la disposición del presupuesto del Poder Judicial respecto a las relaciones laborales de éste con sus trabajadores, al determinar con quebranto del orden constitucional el decreto impugnado sin verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de su presupuesto al imponerle fuera de toda previsión el deber de cubrir oportunamente una jubilación, pues si bien, el Congreso del Estado de Morelos aprobó una partida presupuestal para el pago de decretos jubilatorios del Tribunal Superior de Justicia, la cantidad asignada ni siquiera es suficiente para cumplir con los decretos ya existentes.

• Con la emisión de decretos jubilatorios sin la correspondiente garantía económica, se violan los derechos de los trabajadores pues se impide el pago oportuno de los conceptos inherentes a su retiro, ante la innegable falta de recursos.

• Menciona que el propósito del asunto no es el que se excluya al poder actor en la decisión de a quiénes en su carácter de trabajadores debe concederse una pensión, sino que se omita otorgar suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.

• Si bien el régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales locales, esto de modo alguno implica que a través de las mismas, el Congreso pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Poderes del Estado de Morelos y sus trabajadores, pues la Constitución Federal otorga a los Poderes Judiciales la autonomía de gestión presupuestal como un principio fundamental de la independencia judicial.

• En el caso, el decreto emitido por el Congreso de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, ya que actualiza todos los grados de violación al principio de división de poderes.

• Por tales circunstancias debe declararse la invalidez del decreto impugnado, y de igual forma deberá analizarse la subordinación y dependencia en la que se encuentra el Poder Judicial, toda vez que el Poder Legislativo Local deberá incrementar o dotar de los recursos suficientes en la partida de pensiones a efecto de no vulnerar los derechos de los trabajadores de ese Poder Judicial.

• Además, que la cantidad asignada en el decreto que se combate, no representa ni siquiera la mitad de lo que se necesita para cumplir con el pago de decretos pensionarios ya existentes, y mucho menos para el pago del incremento de los salarios de las pensiones correspondientes.

5. Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. Se señalaron como violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

6. Registro, admisión, trámite y designación de Ministro instructor. Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el presente asunto, asignándole el número 23/2021; asimismo designó como instructora a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

7. Admisión. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario de Gobierno de la citada entidad federativa; y finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

8. Contestaciones de la demanda.

9. A) Poder Ejecutivo. Por escrito recibido electrónicamente el veinte de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, formuló contestación a la demanda.

• En ella, sostuvo esencialmente que si bien, el Poder Judicial reclama la invalidez del decreto de mérito, el mismo se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata dicha disposición por vicios respecto de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Ahora bien, el Poder Ejecutivo Estatal, en el proceso legislativo para la emisión del decreto que se impugna, llevó a cabo su promulgación y publicación, sin que tales actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que esta autoridad viole en perjuicio del Poder Judicial actor las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.

• Lo anterior, porque el Poder Ejecutivo Estatal cuenta con las facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones federales, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, por lo que son constitucionales dichos actos, toda vez que son exclusivamente de la competencia de esta autoridad, en ejercicio de sus atribuciones por las circunstancias aludidas.

• Por tanto, los actos emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal, relativos a la promulgación y publicación del decreto combatido, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en nuestra Constitución Federal, así como demás normativa en la materia, razón por la cual la impugnación que formula el Poder Judicial actor en contra de esta autoridad, resulta notoriamente improcedente e infundada.

10. B) Poder Legislativo. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.

11. I) Causal de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado consideró que la presente controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la fracción I, inciso h), del propio artículo 105 de la Constitución Federal, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de la entidad federativa, por tanto, la actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional, por lo que debe sobreseerse.

12. II) Contestación a la demanda. Respecto al concepto de invalidez, relativo a que el Poder Legislativo del Estado invadió su autonomía de gestión presupuestal, resultan infundadas e inoperantes las afirmaciones realizadas por el actor, ello habida cuenta de que en sesión ordinaria de Pleno del Congreso de la entidad federativa, se aprobó el decreto seiscientos sesenta y dos, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, de fecha veinte de enero de dos mil veinte y como consta en éste se previó una cantidad al Tribunal Superior de Justicia, la cual incluye una asignación al pago de pensiones.

• Dicha cantidad autorizada se integra por los recursos necesarios, que deberán utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la capacitación de recursos humanos, y demás obligaciones que en general deban cumplir.

• En ese sentido, al otorgar los recursos suficientes para el pago de la pensión otorgada mediante el decreto impugnado, en nada violenta la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagradas en la Constitución Federal.

13. C) Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario de Gobierno de la entidad federativa, formuló la contestación a la demanda.

• En ella sostuvo que si bien, el Poder Judicial reclama la invalidez del decreto de mérito, el mismo se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata dicha disposición por vicios respecto del acto de publicación atribuido al secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

• El secretario de Gobernación, en el proceso legislativo para la emisión del decreto que se impugna, llevó a cabo su publicación, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que éste viole en perjuicio del poder actor, las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.

• Por tanto, se debe entender que los actos llevados a cabo por el secretario de Gobierno Estatal, relativos a la publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en nuestra Constitución Federal, así como demás normativa en la materia, razón por la cual la impugnación que formula el Poder Judicial actor en contra de esta autoridad, resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que bajo ninguna circunstancia dichos actos invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor de dicho poder actor, sino que el actuar del secretario de Gobierno se encuentra apegado a las facultades legales que le han sido conferidas; en consecuencia, carecen de sustento jurídico los argumentos expresados a manera de conceptos de invalidez por cuanto hace a los actos efectuados por esta autoridad.

14. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por recibidos los escritos y anexos presentados por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, por el secretario de Gobierno y por el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en ausencia del presidente del referido órgano legislativo local, todos del Estado de Morelos; asimismo, tuvo por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda, por designados a sus delegados; por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por ofrecidas las pruebas que acompañaron a sus escritos; asimismo se dio vista al actor, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República.

15. Por acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno se señaló lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

16. La Fiscalía General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

17. Audiencia y puesta en estado de resolución. El nueve de julio de dos mil veintiuno, una vez substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

18. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

19. Consecuente con ello, el uno de octubre de dos mil veintiuno la Ministra presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su ponencia para el dictado del proyecto correspondiente.

2. Presupuestos procesales

2.1 Competencia

20. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

2.2 Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia.

21. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:

a) Los artículos 2o. y 3o. del Decreto Número Seiscientos Setenta y Dos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5904, de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Alicia Bustos Garduño con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, cuya existencia quedó acreditada con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5904, de veinte de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, dicho decreto constituye la materia de la presente controversia constitucional.

2.3 Oportunidad

22. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de un acto, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos su notificación o que se haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución, o al día siguiente en que el poder actor se ostente sabedor del mismo, lo anterior de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria.(2)

23. En este caso, para el cómputo del plazo se tomará la publicación como fecha de conocimiento del decreto impugnado, esto es, el veinte de enero de dos mil veintiuno; lo anterior, porque el Poder actor no manifestó tener conocimiento del acto en fecha distinta.

24. Toda vez que el decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el miércoles veinte de enero de dos mil veintiuno, dicho plazo transcurrió del jueves veintiuno de enero al viernes cinco de marzo del mismo año, debiéndose descontar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero del mismo año, por ser sábados y domingos respectivamente, considerados días inhábiles de conformidad con el Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte,(3) asimismo fue inhábil el uno de febrero conforme al artículo 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo(4) y el cinco de febrero el cual fue laborable pero no corrieron términos.

25. De esta manera, la demanda resulta oportuna, por haberse presentado el martes dos de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2.4 Legitimación activa

26. Rubén Jasso Díaz, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(5) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(7) y 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(8) Así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(9)

27. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial del Estado de Morelos, corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.

2.5 Legitimación pasiva

28. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.

29. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad federativa, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

30. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio el consejero jurídico del Estado en representación del gobernador de la entidad federativa, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5648 de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se publicó el nombramiento a favor del que suscribe como titular de la Consejería Jurídica, de primero de octubre de dos mil dieciocho.

31. La Secretaría de Gobierno Local fue representada por su titular, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien justificó tal carácter con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento.

32. Al respecto cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(10) y 22, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos(11) facultan al secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.

33. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado José Luis Galindo Cortez, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, lo que se advierte del acta de sesión ordinaria iniciada el quince de julio de dos mil veinte, y continuada y concluida el treinta y uno de agosto del mismo año, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en los artículos 32 y 38 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(12)

34. Conforme a lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos Poderes y órganos.

2.6 Causales de improcedencia.

35. Falta de interés legítimo.

36. El Poder Legislativo del Estado de Morelos adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley regla

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30306-64b6a5da/i-controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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