CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES NECESARIO QUE EN DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL RESUELTA PREVIAMENTE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS IMPUGNADOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. CONFORME A LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, EL CONGRESO DE LA ENTIDAD TIENE FACULTADES PARA ADVERTIR DE OFICIO UNA VACANTE DERIVADA DEL RETIRO FORZOSO DE ALGUNO DE AQUÉLLOS POR HABER CUMPLIDO SETENTA AÑOS Y DAR INICIO AL PROCESO DE ELECCIÓN CORRESPONDIENTE. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1056-LIX-2011, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ESTATAL EL 2 DE AGOSTO DE 2011, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA QUE RESPECTO DE ALGUNOS DE AQUÉLLOS OPERÓ LA HIPÓTESIS DE RETIRO FORZOSO POR HABER CUMPLIDO SETENTA AÑOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS VACANTES RESPECTIVAS, ES CONSTITUCIONAL AL HABER SIDO EMITIDO POR EL CONGRESO LOCAL EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1064-LIX-11 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, TOMANDO EN CUENTA QUE SE TRATA DE UN ACTO EN EL QUE SE DETERMINA EL NOMBRAMIENTO DE AQUELLOS RESPECTO DE LOS CUALES OPERÓ UNA HIPÓTESIS DE RETIRO FORZOSO Y NO DE UNA RATIFICACIÓN EN LA QUE SE RESUELVA SOBRE LA INAMOVILIDAD DE ÉSTOS. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ES LA VÍA ADECUADA PARA ALEGAR VIOLACIONES A LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU PERJUICIO, CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, AL CONSTITUIR UN PROBLEMA DE DERECHOS INDIVIDUALES Y NO UNO DE ESFERAS DE COMPETENCIA. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA OMISIÓN DEL PODER JUDICIAL LOCAL DE SEPARAR DEL CARGO A LOS QUE SE UBIQUEN EN EL SUPUESTO DE RETIRO FORZOSO POR HABER CUMPLIDO SETENTA AÑOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD, VULNERA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU INAMOVILIDAD JUDICIAL NO SIGNIFICA PERMANENCIA VITALICIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 19 DE FEBRERO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el dieciocho de agosto de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celso Rodríguez González, quien se ostentó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de esa entidad, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del mismo Estado, en la que solicitó la declaración de invalidez de los siguientes actos:
I. El Acuerdo Legislativo 1056-LIX-2011 del Congreso del Estado de Jalisco,(1) mediante el cual, por una parte, determinó "el retiro forzoso" de los Magistrados Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras "por haber cumplido los setenta años de edad", aplicando la reforma del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco de veinte de enero de dos mil ocho y, por otra, aprobó la convocatoria a efecto de que se presenten propuestas de candidatos para elegir tres nuevos Magistrados en sustitución de aquéllos.
II. La ejecución de dicho acuerdo legislativo y todas las consecuencias directas e inmediatas que deriven del mismo.
La parte actora considera que el acuerdo legislativo impugnado es contrario a los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de los siguientes conceptos de invalidez:
1) Se violan los párrafos primero, segundo y tercero de la fracción III del artículo 116 constitucional, porque el Congreso Local carece de facultades para ordenar la separación forzosa de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad, ya que el fundamento del acuerdo legislativo impugnado (artículos 35, fracción IX y 61, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 92, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo) no lo facultan expresamente para disponer el retiro forzoso de dichos Magistrados, toda vez que la permanencia de los servidores públicos que forman parte del Supremo Tribunal de Justicia le compete constitucionalmente al Poder Judicial del Estado de Jalisco. Por tanto, al ejercer el Poder Legislativo del Estado una facultad reservada al Judicial, está reuniendo dos poderes en una misma corporación y está invadiendo la esfera de facultades que le corresponde a otro poder.
2) Se violan la independencia y autonomía del Poder Judicial consagradas en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, porque el Congreso Local no respetó el artículo tercero transitorio de la reforma a los artículos 58 y 61 de la Constitución Política Local, publicada en el Decreto 21928/LVIII/07 el diecinueve de enero de dos mil ocho, en el cual se estableció que las reformas publicadas en dicho decreto "no incidirían en la esfera jurídica de los Magistrados numerarios o supernumerarios que venían desempeñando su encargo en la fecha de publicación del mismo, ya que patentiza que esos funcionarios continuarán, con calidad de Magistrados propietarios y en igualdad de derechos y condiciones, ‘en el desempeño de su encargo por el plazo que para cada uno corresponda de acuerdo a su nombramiento y a las normas de la Constitución’."
3) También se violan la independencia y autonomía del Poder Judicial, al transgredirse el principio de no retroactividad del artículo 14 constitucional, en virtud de que el Congreso Local determinó el retiro forzoso de tres Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia con fundamento en una norma que no estaba vigente en el momento de su designación, ni cuando ocurrió su ratificación y alcanzaron la inamovilidad en el cargo.
Al efecto, señala que no desconoce el criterio aislado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se señaló que la irretroactividad de la ley no podía alegarse en controversia constitucional; sin embargo, "por su importancia y dado que la violación a ese principio incide y afecta la autonomía e independencia del Poder (Judicial)", hace el planteamiento con fundamento en el criterio plasmado en la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno número P./J. 98/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(2)
4) Se viola el artículo 16 constitucional, toda vez que el acuerdo legislativo impugnado no reúne los requisitos de fundamentación y motivación necesarios para su validez, en virtud de que el Congreso se basó en los artículos 35, fracción IX y 61, fracción II, de la Constitución Local y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los cuales no lo facultan para ordenar el retiro forzoso de los referidos Magistrados.
5) Son inaplicables las consideraciones que sustentan la controversia constitucional 25/2008, en la que se reconoció la validez del artículo 61 de la Constitución Local, ya que giran en torno a la interpretación en abstracto de dicho precepto y no al caso en concreto.
SEGUNDO. Registro, turno y admisión de la demanda. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 87/2011 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Posteriormente, mediante proveído de veintitrés del mismo mes y año, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar al Poder Legislativo demandado para que formulara su contestación; asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
TERCERO. Contestación de la demanda y reconvención. Por oficio presentado el cinco de octubre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salvador Barajas del Toro, Mariana Fernández Ramírez y Claudia Esther Rodríguez González, quienes se ostentaron como presidente y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo de esa entidad, dieron contestación a la demanda.
En su contestación, plantea los siguientes motivos de improcedencia:
1) Que la controversia constitucional resulta improcedente, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el acto impugnado no afecta la esfera de competencias y atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia como integrante del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
En este sentido, afirma que el poder actor no está impugnando actos en razón de las atribuciones que le otorga la Constitución Federal, sino que pretende defender derechos que, estima, poseen particulares, en específico, los Magistrados que alcanzaron los setenta años de edad y respecto de los cuales operó el retiro forzoso.
Al efecto, en cuanto a que la retroactividad no se asocia con una afectación al Poder Judicial actor, sino a las personas, cita la tesis aislada P. LIII/2009, de rubro: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ES LA VÍA ADECUADA PARA ALEGAR VIOLACIONES A LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD EN SU PERJUICIO, POR PARTE DEL ARTÍCULO 57, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL."(3)
2) Que los actos impugnados derivan de la aplicación del artículo 61, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, cuya constitucionalidad fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 49/2008. En este sentido, afirma que no podría verificarse su constitucionalidad sin desconocer las argumentaciones que fueron asentadas en dicha controversia y que tienen el carácter de cosa juzgada.
Asimismo, señala que en la controversia constitucional 25/2008 se discutió el retiro forzoso de los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a partir de los setenta años de edad, conforme al artículo 61, quinto párrafo, de la Constitución Local, por lo que no procede que se reexamine su constitucionalidad, puesto que implicaría desconocer los efectos de cosa juzgada de la ejecutoria de dicha controversia.
3) Que el poder actor consintió los efectos y consecuencias del acuerdo legislativo impugnado, al haber enviado al Congreso Local -el diez de agosto de dos mil once- las propuestas de los aspirantes que se registraron, en virtud de la convocatoria en él contenida, y que desde esa fecha se actualizaron las violaciones que ahora alega, por lo que, al no haber planteado la controversia constitucional desde ese momento, la demanda resulta extemporánea, porque se excedió del plazo previsto en el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.
En relación con los conceptos de invalidez, señalan lo siguiente:
a) Que el Congreso del Estado de Jalisco sí tiene facultades constitucionales y legales para determinar la separación forzosa de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal.
b) Que es infundado que el Acuerdo Legislativo 1056-LIX-2011 sea violatorio de los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución. Lo anterior, debido a que el artículo 61 de la Constitución Local fue reformado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez constitucional de la causal de retiro forzoso en él prevista para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
c) Que la inamovilidad tiene sus límites, tal como lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que los Magistrados no adquieren en propiedad el cargo encomendado, es decir, la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo no implica que los Magistrados tienen un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente en ellos.
d) Que es infundado que el Acuerdo Legislativo 1056-LIX-2011 sea violatorio de la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Lo anterior, debido a que el retiro forzoso, por razón de edad, corresponde a una obligación constitucional existente desde la época en que los Magistrados adquirieron la inamovilidad.
e) Que es falso que el acuerdo legislativo carezca en su totalidad de fundamentación y motivación, ya que éste fue emitido en ejercicio de las facultades atribuidas al Poder Legislativo Estatal y de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el mismo escrito, en representación del Poder Legislativo Local, reconvinieron al Poder Judicial actor para impugnar "la omisión del Poder Judicial del Estado de Jalisco de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, fracción II, de la Constitución Estatal, al permitir que continúen en funciones los Magistrados que cesaron en sus funciones por retiro forzoso, al haber cumplido 70 años de edad, por lo que se invade la esfera competencial del Poder Legislativo."
En esencia, afirmaron que el Poder Judicial actor viola, en su perjuicio, los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Federal, ya que el Tribunal Superior de Justicia, al permitir la permanencia de personas que, por razón de su edad y por ministerio de ley, ya no deben estar ejerciendo el cargo de Magistrados, invade la facultad exclusiva del Congreso Local de designar a los Magistrados que integren dicho órgano jurisdiccional; en este sentido, afirma que su omisión resulta equiparable a una ratificación tácita. Asimismo, considera que permite que dichos Magistrados continúen en funciones sin ningún fundamento.
CUARTO. Admisión de la reconvención. Mediante auto de siete de octubre de dos mil once, la Ministra instructora admitió a trámite la reconvención que planteó el Poder Legislativo, ordenando emplazar al Poder Judicial actor para que formulara su contestación; asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO. Ampliación de la demanda. Por oficio presentado el catorce de noviembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial actor promovió ampliación de la demanda para impugnar el Acuerdo Legislativo 1064-LIX-11, con base en el cual se eligió a Roberto Rodríguez Preciado, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba y Jorge Mario Rojas Guardado, como Magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
En sus conceptos de invalidez, la parte actora señala que el acuerdo legislativo impugnado resulta violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Federal, toda vez que: "... el Congreso del Estado infringió el marco normativo rector del trámite de elección del cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad", en virtud de que "... ni del acta levantada con motivo de la sesión ordinaria, verificada por el Congreso Local el veintitrés de agosto de dos mil once para la designación de tres nuevos Magistrados; ni del Diario de Debates, se desprende que los representantes hubiesen realizado juicio de ponderación ni decisión razonada alguna tendente a aquilatar las aptitudes de los candidatos y su adecuación con la exigencias normativas para el acceso a los encargos de mérito."
En este sentido, se queja de que "... la Legislatura no motivó adecuadamente la elección de los nuevos Magistrados, trastocando con ello los imperativos sustanciales de la debida fundamentación y motivación, socavando del mismo modo el principio constitucional de la separación de poderes, puesto que ... el Legislativo está en realidad imponiendo de manera arbitraria su voluntad al ya señalado Poder Judicial, incidiendo directamente en la conformación del mismo."
En cuanto a la insuficiencia de la motivación de la elección de los nuevos Magistrados, en concreto, de la motivación reforzada, cita en su apoyo la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 120/2009, de rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS."(4)
SEXTO. Admisión de la ampliación de la demanda. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil once, la Ministra instructora admitió la ampliación de la demanda, ordenando emplazar al Poder Legislativo demandado para que formulara su contestación; asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SÉPTIMO. Contestación a la reconvención. Por oficio presentado el veintiocho de noviembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial actor dio contestación a la reconvención.
En ella, niega la existencia de la omisión impugnada y pide sobreseer en la reconvención con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, por los siguientes motivos:
1) En un sentido estricto, la omisión que se le atribuye no existe, toda vez que la misma es atribuible al Supremo Tribunal de Justicia y este órgano no figura como parte en la controversia constitucional.
2) En un sentido amplio, la omisión impugnada tampoco existe, toda vez que, en su opinión, el artículo 61 de la Constitución Política Local "... no le fija a dicho poder determinado proceder sobre el particular, ... en consecuencia, no ha incurrido en el incumplimiento de un deber". En este sentido, considera que se debe decretar el sobreseimiento en la reconvención con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia.
En relación con la procedencia de la reconvención, el Poder Judicial pide sobreseer con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, por los siguientes motivos:
1) Que la reconvención resulta improcedente, de conformidad con la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción II del artículo 10 del mismo ordenamiento, en virtud de que la omisión impugnada es atribuible al Supremo Tribunal de Justicia y este órgano no figura como parte en la controversia constitucional.
2) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, ya que tal omisión obedece al acatamiento de una sentencia dictada por un Juez de Distrito dentro de los autos de un juicio de amparo. Esto es así, en virtud de que en el juicio de amparo 1809/2000 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, se concedió la suspensión a los Magistrados que fueron removidos por el Congreso Local, para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado en que se encontraban, esto es, para que no se les removiera del cargo.
Por último, considera que la omisión no adolece de los vicios que el Congreso Local le atribuye, reiterando que el artículo 61 de la Constitución Política Local no le impone deber alguno al Poder Judicial actor.
OCTAVO. Contestación de la ampliación de la demanda. El Poder Legislativo demandado afirma que los actos reclamados se realizaron conforme a las facultades que la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo le otorgan, puesto que la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por parte de un poder distinto, garantiza el equilibrio entre los poderes en las entidades federativas.
Asimismo, plantea la improcedencia de la demanda con fundamento en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción VII del artículo 22 del mismo ordenamiento, toda vez que los argumentos del Poder Judicial actor son meras afirmaciones sin fundamento, desprovistas de pruebas y que no se adecuan a la normatividad a la que estuvo constreñido este poder público para la designación que se llevó a cabo en el Acuerdo Legislativo 1064-LIX-11 que se impugna.
En relación con los conceptos de invalidez, señala que el actor incumple con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 22 de la ley reglamentaria de la materia, y además carece de sustento, puesto que el Acuerdo Legislativo 1056-LIX-11 acredita plenamente los elementos que se requirieron a los aspirantes para ser propuestos ante la asamblea, señalando no sólo los requisitos, sino también la documentación para acreditar cada uno de ellos.
NOVENO. Opinión de la procuradora general de la República. La citada funcionaria, al emitir la opinión que le corresponde en esta controversia constitucional, manifestó, en síntesis:
Que esta Suprema Corte de Justicia es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco cuenta con la legitimación procesal activa para promover este medio de control constitucional y que la demanda se presentó de manera oportuna.
Sobre los conceptos de invalidez, considera que resultan fundados, en razón de que de los artículos 35, fracción IX y 1o., fracción II, de la Constitución del Estado de Jalisco, así como del 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que sirvieron como fundamento para la emisión del acuerdo impugnado, no se advierte de manera expresa, literal o enunciativa que le esté conferida al Congreso de la entidad la facultad de determinar el retiro forzoso de los Magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad que alcanzaron los setenta años de edad.
En consecuencia, considera que es fundada la violación a los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y solicita se declare la inconstitucionalidad del Acuerdo Legislativo 1056-LIX-2011.
DÉCIMO. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Radicación. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la controversia constitucional que se plantea entre el Poder Judicial del Estado de Jalisco y el Poder Legislativo de la misma entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y los artículos 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013,(7) aprobado por el Pleno el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos poderes de un mismo Estado en el que no se impugnan normas de carácter general.
SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la controversia constitucional.
I. Actos impugnados en la demanda
En el apartado correspondiente a los actos reclamados, el Poder Judicial del Estado de Jalisco señaló, en primer lugar, el Acuerdo Legislativo 1056-LIX-2011, que el Congreso del Estado de Jalisco emitió en la sesión del martes veintiséis de julio del año dos mil once, cuyos puntos resolutivos establecen:
"Primero: Se determina que se actualiza en la persona de los Magistrados Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras, este último a partir del 11 de agosto del año 2011, los supuestos que señala el artículo 61 fracción II, (de la Constitución Política del Estado de Jalisco) al aplicar el retiro forzoso por haber cumplido los setenta años de edad, por lo que se ordena notificar el retiro de sus encargos de forma forzosa y en consecuencia se proceda a realizar nuevos nombramientos en substitución y en los términos que aplica la ley.
"Segundo: Se aprueba la convocatoria dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que presenten a esta Soberanía propuesta de candidatos para la elección de Magistrados numerarios para integrar el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, por un periodo de siete años contados a partir del día en que rindan protesta de ley.
"Tercero: Se autoriza la publicación de la convocatoria y del dictamen a que se refiere el artículo primero y segundo de este acuerdo en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ y en los periódicos de circulación local por una sola vez; en los términos que a continuación se expresen: ...
"Cuarto: Notifíquese al (sic) los C. Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras por oficio y con copias certificadas del acuerdo; y por oficio al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco así como a cada uno de los consejeros que lo integran: ...
"Publíquese la presente convocatoria en diarios de mayor circulación en el Estado, en los estrados del Palacio del Poder Legislativo y en la página web del Congreso del Estado de Jalisco.
"Quinto. Se instruye a la Comisión de Justicia a que realice el procedimiento para analizar los expedientes de los candidatos que se registren y presenten la lista de elegibles en los términos de la convocatoria."
Como se puede apreciar, en el acuerdo legislativo impugnado se determina que los Magistrados Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras se encuentran en la hipótesis de retiro forzoso prevista en la fracción II del artículo 61 de la Constitución Local y, por este motivo, se ordena:
a) Notificar esta situación tanto a los referidos Magistrados, como al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y al Consejo de la Judicatura Local;
b) Emitir la convocatoria para la elección de Magistrados numerarios para integrar el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco;
c) Autorizar la publicación de dicha convocatoria; y,
d) Instruir a la Comisión de Justicia para que analice los expedientes de los aspirantes y presente la lista de candidatos elegibles.
En segundo lugar, señaló "la ejecución del mencionado Acuerdo Legislativo Número 1056-LIX-2011, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que del mismo deriven"; sin embargo, como no especifica cuáles son o en qué consisten tales consecuencias, lo procedente es sobreseer respecto de su impugnación con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia.(9) Al efecto, resulta aplicable el criterio de la tesis jurisprudencial P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(10)
Por consiguiente, se tiene al Poder Judicial del Estado de Jalisco impugnando de manera destacada el acuerdo del Poder Legislativo identificado como 1056-LIX-2011, así como su ejecución; sin embargo, atendiendo a su contenido, se colige que la impugnación se endereza en contra de: a) la separación de los Magistrados Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras con motivo del retiro forzoso decretado por el Congreso Local con fundamento en la fracción II del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y, como consecuencia de esta determinación, en contra del procedimiento para elegir a los Magistrados sustitutos.
II. Actos impugnados en la reconvención
Al contestar la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco reconoció la emisión del Acuerdo Legislativo 1056-LIX-2011. Asimismo, señaló que el veintitrés de agosto de dos mil once emitió el Acuerdo Legislativo 1064-LIX-11, por el que se aprobó la lista de los aspirantes que atendieron la convocatoria para la elección de tres Magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y conforme a la cual se eligió a María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, Roberto Rodríguez Preciado y Jorge Mario Rojas Guardado para ocupar el cargo de los Magistrados Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras.
Por último, reconvino al Poder Judicial actor para impugnar la omisión de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(11) "al permitir que continúen en funciones los Magistrados que cesaron en sus funciones por retiro forzoso al haber cumplido setenta años de edad conforme a la fracción II del artículo en mención."
Por su parte, al dar contestación a la reconvención, el Poder Judicial actor negó la existencia de la omisión que se le atribuye, aduciendo que la omisión impugnada es atribuible al Supremo Tribunal de Justicia, aunado a que el artículo 61 de la Constitución Política Local no le impone obligación alguna, de tal manera que no ha incurrido en el incumplimiento de ningún deber. Por este motivo, considera que se debe decretar el sobreseimiento en la reconvención con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia.
Al efecto, esta Primera Sala considera que no ha lugar a sobreseer en la reconvención en los términos propuestos por el Poder Judicial actor, por las siguientes razones:
• En primer lugar, porque el Supremo Tribunal de Justicia es un órgano depositario del Poder Judicial del Estado de Jalisco, de conformidad con el párrafo primero del artículo 56 de la Constitución Política de la entidad,(12) en esta medida, la omisión que se imputa a este órgano es atribuible al Poder Judicial del Estado de Jalisco, el cual sí figura como parte en la presente controversia constitucional, al tratarse de un poder de uno de los Estados de la República; y,
• En segundo lugar, porque demostrar la inexistencia de la omisión impugnada es una cuestión que atañe al fondo del asunto, porque primero es necesario examinar si la fracción II del artículo 61 de la Constitución Política Local le impone obligación alguna al Poder Judicial Local en el sentido alegado por el Poder Judicial actor y, segundo, de existir tal obligación, si se acredita la inactividad del poder demandado, como se señala en la tesis del Tribunal Pleno P./J. 66/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."(13)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25037-9970e4f6/controversia-constitucional-para-que-se-actualice-la-causal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 D (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 30 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA ENTIDAD R (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA NO SE ACTUALIZA POR LA PRESUNTA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DADO QUE SU ACUALIZACIÓN REQUIERE DE UN ESTUDIO DE (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, REFORMADO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA ANULACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO QUE (XV.3o.8 K (10a.))
- MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACC (41)
- MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACC (193)
- MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACC (P./J. 103/2000)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis