I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA NO SE ACTUALIZA POR LA PRESUNTA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DADO QUE SU ACUALIZACIÓN REQUIERE DE UN ESTUDIO DE MAYOR PROFUNDIDAD AL ADVERTIRSE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN A LA ESFERA DE COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS (PROCEDIMIENTO EVALUATORIO DE LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE LA PARTE ACTORA LO SEA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS CUANDO LO HAGA EN SU CALIDAD DE PODER ESTATAL (PROCEDIMIENTO EVALUATORIO DE LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 14/2015-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2015. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZÁLDIVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de noviembre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Controversia constitucional.
1. Demanda. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado en el que solicitó la invalidez de los siguientes actos:
1.1. Acuerdo mediante el cual se da a conocer el "Procedimiento Evaluatorio de los C.C. Magistrados Numerarios **********, **********, ********** y ********** y Supernumerario **********, integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos", emitido por el Órgano Interno del Congreso del Estado de Morelos, Depositario del Poder Legislativo del Estado de Morelos en sesión de fecha seis de abril de dos mil quince, así como todos los actos derivados del mismo. En específico, se impugna el punto octavo relativo a los "Requisitos e Indicadores que serán Materia de Evaluación" y el punto séptimo (debiendo ser noveno) concerniente a las "Reglas Básicas" a que se sujetaron los procedimientos de evaluación de los Magistrados Supernumerarios **********, ********** y **********.
1.2. La declaratoria emitida en sesión de seis de mayo de dos mil quince por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos relativa a que derivado de la votación obtenida en dicha sesión no ha sido designada como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la maestra ********** por un periodo más de ocho años.
1.3. El decreto que comunicara la determinación de no designar como Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más únicamente de ocho años a la maestra **********, así como la orden al Poder Ejecutivo para que realizara su publicación y la orden de notificar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, su Presidenta y al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.
1.4. La declaratoria emitida en sesión de seis de mayo de dos mil quince por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos relativa a que derivado de la votación obtenida en dicha sesión no ha sido designado como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más únicamente de ocho años **********.
1.5. El decreto que comunica la determinación de no designar como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más únicamente de ocho años a **********, así como la orden al Poder Ejecutivo de realizar su publicación y la orden de notificación al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al Pleno del Tribunal en cita y al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.
1.6. La declaración emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, relativa a que derivado de la votación obtenida en sesión de seis de mayo de dos mil quince, no ha lugar a designar como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más únicamente de ocho años a **********.
1.7. El decreto que comunica la determinación de no designar como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más únicamente de ocho años a **********, así como la orden al Poder Ejecutivo del Estado de realizar su publicación, y la orden de notificar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y su Presidenta, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.
1.8. El "Acuerdo por el que se Publica la Convocatoria para la designación de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, presentada por las Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno" de seis de mayo de dos mil quince, emitido por la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, publicado en la página oficial del Congreso del Estado de Morelos en su dirección electrónica, así como sus consecuencias.
2. Escrito aclaratorio. Mediante escrito depositado el trece de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos expuso que los actos cuya invalidez se demanda no constituyen normas generales, por lo que los conceptos de invalidez van encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del procedimiento de evaluación seguido únicamente a los Magistrados Numerarios **********, ********** y **********, sin que se incluya al Magistrado Numerario ********** quien sí fue ratificado y no resiente perjuicio respecto de dicho acto en lo particular.
SEGUNDO. Registro y admisión.
1. Registro. En proveído del doce de mayo de dos mil quince, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registró el asunto con el número de expediente **********, y ordenó turnarlo al Ministro Eduardo Medina Mora I.
2. Admisión. En acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil quince, el Ministro Instructor de esta Suprema Corte admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo por demandado al Poder Legislativo del Estado de Morelos y ordenó formar el incidente de suspensión respectivo.
TERCERO. Recurso de reclamación.
1. Interposición del recurso. Por escrito depositado el veintiséis de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Diputada **********, interpuso recurso de reclamación en contra de la resolución descrita en el párrafo inmediato anterior.
2. Formación, registro y turno. Mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil quince el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró y admitió a trámite el recurso de reclamación con el número de expediente 14/2015-CA, corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga y turnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
3. Certificación del plazo para desahogo de la vista. En certificación de cinco de junio de dos mil quince se certificó que el plazo de cinco días hábiles concedido al Poder Judicial de Morelos y a la Procuradora General de la República en proveído de veintiocho de mayo de dos mil quince para que manifestaran lo que a su derecho convenga transcurre del ocho al doce de junio del año en comento.
4. Manifestaciones de Poder Judicial del Estado de Morelos. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el doce de junio de dos mil quince, el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado formuló manifestaciones en el presente recurso de reclamación, las que serán relatadas más adelante.
5. Radicación. En auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, el Ministro Presidente de esta Primera Sala tuvo por formuladas las manifestaciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 27/2015, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción I y Tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que se interpone en contra de un auto por el que se admitió a trámite la controversia constitucional 27/2015, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Procedencia.
El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,(1) ya que se interpone en contra del auto por el cual se admitió a trámite una demanda de controversia constitucional.
TERCERO. Oportunidad.
El plazo que para la presentación del recurso de reclamación que prevé el artículo 52(2) de la Ley Reglamentaria es de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído impugnado.(3)
El auto combatido se notificó a la parte recurrente el veinte de mayo de dos mil quince,(4) surtiendo sus efectos al día siguiente, por lo que el plazo de cinco días transcurrió del viernes veintidós al jueves veintiocho del mismo mes y año, debiéndose descontar los días veintitrés y veinticuatro, por ser inhábiles, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo Plenario 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
Por lo anterior, al haberse presentado el recurso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de mayo de dos mil quince, se concluye que fue interpuesto oportunamente.(5)
CUARTO. Legitimación.
El escrito de agravios está firmado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, **********, a quien mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil quince dictado por el Ministro instructor se le tuvo por presentada con la personalidad que ostenta, en términos de la documental que acompañó para tal efecto. En ese sentido, es de concluirse que quien promueve el presente recurso cuenta con la legitimación necesaria para interponerlo.
QUINTO. Auto impugnado.
En el acuerdo impugnado de dieciocho de mayo de dos mil quince el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional y su escrito aclaratorio, tuvo como demandado al Poder Legislativo de Morelos, dio vista a la Procuradora General de la República y ordenó formar el cuaderno incidental de suspensión.
SEXTO. Agravios.
En el recurso de reclamación, la parte recurrente hizo valer los siguientes argumentos:
1. La parte actora no tiene interés legítimo, toda vez que los actos cuya invalidez demanda no invaden la esfera de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que la controversia constitucional promovida es notoriamente improcedente y debe desecharse, conforme a la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."
2. Lo anterior, en virtud de que la actora combate la ausencia de normatividad para la evaluación y ratificación de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos **********, ********** y **********. En la especie los artículos 89 y 50, fracción III, inciso g), de la Constitución Política del Estado de Morelos facultan al Poder demandado para llevar a cabo los procedimientos de evaluación y ratificación en el cargo de los Magistrados del Poder Judicial del Estado, por lo que en cumplimiento de tales disposiciones llevó a cabo el procedimiento de evaluación y ratificación en el cargo de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
3. La controversia constitucional no es la vía adecuada ni idónea para impugnar la legalidad de un procedimiento de evaluación de Magistrados, pues si los evaluados estiman que en su tramitación se lesionaron derechos individuales, deben hacerlo valer en otra vía en términos de la tesis de rubro "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ES LA VÍA ADECUADA PARA ALEGAR VIOLACIONES A LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD EN SU PERJUICIO POR PARTE DEL ARTÍCULO 57, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL".
4. La resolución cuya invalidez se solicita mediante la cual el cuerpo legislativo del Estado de Morelos no ratificó en el cargo a los Magistrados **********, ********** y ********** fue reclamada de manera individual por cada uno de los afectados mediante juicio de amparo indirecto, de los cuales correspondió conocer a los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito (sic), en donde fueron radicados con los números de expediente ********** y **********. Por lo tanto, debe desecharse la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos al actualizarse una causa evidente y manifiesta de improcedencia, contenida en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE LA ADMITIÓ SE ADVIERTEN MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA, PROCEDE REVOCAR TAL PROVEÍDO Y DESECHAR LA DEMANDA RELATIVA."
SÉPTIMO. Manifestaciones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
La parte actora en la controversia constitucional de origen formuló las siguientes manifestaciones en el presente recurso de reclamación:
1. La parte actora cuenta con legitimación activa para promover la controversia constitucional y también se encuentra acreditada la legitimación pasiva del poder demandado.
2. El principio de afectación a la esfera de competencias del Poder Judicial del Estado de Morelos se acredita con la lectura de los conceptos de invalidez contenidos en la controversia constitucional, de los que se desprende que la no ratificación de los Magistrados **********, ********** y ********** puede dañar la autonomía e independencia del Tribunal Superior de Justicia, lo cual constituye un tema que debe resolverse mediante el análisis de fondo que efectúe la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de división de poderes, con especial referencia a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, puede ser transgredido, cuando se incurre en una intromisión, dependencia o subordinación mediante el nombramiento, promoción o indebida remoción de jueces y magistrados, como ocurre en la especie.
4. El hecho de que los Magistrados **********, ********** y ********** hayan promovido juicios de amparo no hace improcedente la controversia constitucional, pues en ésta la parte actora es el Poder Judicial del Estado, mientras que en los juicios de garantías de mérito la parte quejosa son los Magistrados en cita, quienes en su carácter de gobernados resienten una violación en sus garantías individuales y jurisdiccionales, por lo que se trata de medios de control constitucional diversos.
OCTAVO. Estudio de fondo.
El presente asunto se constriñe a analizar si la determinación del Ministro instructor consistente en admitir la demanda de controversia constitucional fue correcta o no.
1. Estudio del primer y segundo agravios
En el primer y segundo agravios la parte recurrente aduce que la parte actora carece de interés legítimo, toda vez que los actos impugnados no afectan la esfera de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo que la controversia constitucional promovida es notoriamente improcedente y debe desecharse conforme a la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA". Para corroborar lo anterior, afirma que el Congreso del Estado de Morelos cuenta con facultades para llevar a cabo los procedimientos de evaluación y ratificación en el cargo de los Magistrados del Poder Judicial del Estado, y en cumplimiento a las disposiciones que le otorgan dicha facultad llevó a cabo el procedimiento de evaluación y ratificación en el cargo de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
En primer término debe precisarse que conforme al Capítulo V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida la demanda de controversia constitucional, el Presidente designará, según el turno que corresponda a un ministro instructor.(6) El ministro instructor debe examinar la demanda y de no encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la admitirá a trámite, ordenando emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, dando vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga.(7)
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por motivo manifiesto a indudable de improcedencia debe entenderse que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.(8)
A mayor abundamiento, por manifiesto se entiende que se advierte de forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos así como de los escritos aclaratorios, y por indudable que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso en concreto, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.(9)
Ello, en atención a que por sus propias características, el auto de admisión inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.(10)
Además, es importante señalar que como las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.
Por su parte, para que pueda considerarse como causa de improcedencia manifiesta e indudable la falta de interés legítimo, es menester que del análisis de la demanda y sus anexos se advierta en forma clara y patente que la norma o el acto cuya invalidez se demande no sea susceptible de generar un principio de afectación directa o indirecta en la esfera de competencia y atribuciones del ente, poder u órgano actor.
Es decir, la falta de interés legítimo como causa de desechamiento de una demanda no debe dejar duda en cuanto a la improcedencia de la vía, lo que acontece cuando la inviabilidad de la acción resulta evidente porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora, sin que haya necesidad de estudiar el fondo del asunto.(11)
En la especie no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la controversia constitucional de origen, pues se avizora un principio de afectación de las atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
En efecto, en la controversia constitucional 27/2015 en la cual se dictó el acuerdo impugnado, la parte actora, Poder Judicial del Estado de Morelos, solicita la invalidez los siguientes actos:
1. Acuerdo mediante el cual se da inició al "Procedimiento Evaluatorio de los C.C. Magistrados Numerarios **********, **********, ********** y ********** y Supernumerario **********, integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos", emitido por el Órgano Interno del Congreso del Estado de Morelos, depositario del Poder Legislativo del Estado de Morelos en sesión de fecha seis de abril de dos mil quince, así como todos los actos derivados del mismo. En específico, se impugna el punto octavo relativo a los "Requisitos e Indicadores que serán Materia de Evaluación" y el punto séptimo (debiendo ser noveno) concerniente a las "Reglas Básicas" a que se sujetaron los procedimientos de evaluación de los Magistrados numerarios **********, ********** y **********.
2. La declaratoria emitida en sesión de seis de mayo de dos mil quince por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos relativa a que derivada de la votación obtenida en dicha sesión no han sido designados como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la maestra **********, ********** y **********, por un periodo más de ocho años.
3. El decreto que comunicara la determinación de no designar como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un periodo más únicamente de ocho años a la maestra **********, ********** y **********, así como la orden al Poder Ejecutivo para que realizara su publicación y la orden de notificar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, su Presidenta y al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.
4. El "Acuerdo por el que se Publica la Convocatoria para la designación de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, presentada por las Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno" de seis de mayo de dos mil quince, emitido por la Junta Política y de Gobierno de la Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, publicado en la página oficial del Congreso del Estado de Morelos en su dirección electrónica, así como sus consecuencias.
Los argumentos torales de la controversia constitucional son los siguientes:
1. El artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece las condiciones fundamentales para la ratificación o designación para un nuevo periodo de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De tal precepto se desprende que para la ratificación de Magistrados del Tribunal en cita se tomarán en cuenta los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca la constitución y las leyes de la materia. Sin embargo, a la fecha, ni la propia Constitución, Ley Orgánica para el Congreso del Estado o la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que se deben emplear para la designación o no designación de los Magistrados para un periodo más, por lo que el Poder Legislativo del Estado de Morelos no ha cumplido con la previsión establecida en la propia constitución. Por lo anterior, el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO EVALUATORIO DE LOS CC. MAGISTRADOS NUMERARIO **********, **********, ********** Y ********** Y SUPERNUMERARIO ********** INTEGRANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS", así como los "REQUISITOS E INDICADORES QUE SERÁN MATERIA DE EVALUACIÓN" y las "REGLAS BÁSICAS" son inválidos por haber sido emitidos por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Sin que dicha Junta pueda justificar sus facultades en el artículo 50, fracción III, inciso g), pues esta norma faculta a la Junta Política y de Gobierno para proponer al Pleno del Congreso para su aprobación, las designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial. En consecuencia, al no cumplir con lo anterior, se transgreden en perjuicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos los principios de legalidad, debida fundamentación y motivación, división de poderes, independencia, autonomía y estabilidad, reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 40, 41 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.
2. Conforme al artículo 40, fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del Honorable Congreso designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ratificarlos por un periodo, así como removerlos de su cargo, para lo cual se deberá reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, sin que en la especie se haya cumplido con tal mayoría en la votación, por lo que existió una transgresión a la independencia, autonomía, integración, funcionamiento y normal operación de la parte actora.
3. Los procedimientos de ratificación de magistrados deben cumplir con la garantía de legalidad, debido proceso, audiencia, debida fundamentación y motivación, lo cual no ocurrió en la especie pues no se notificó debidamente el inicio del procedimiento de evaluación, ni se otorgó la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa o la real oportunidad de alegar. Lo anterior, pues son procedimientos privativos de derechos, a saber, a ser ratificados y como consecuencia a adquirir la inamovilidad en el cargo. Al no haber acontecido así, se violan los principios de división de poderes, de independencia, autonomía y estabilidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
4. Los Magistrados Numerarios **********, ********** y ********** fueron designados para desempeñar el cargo que ostentan mediante Decreto ********** expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos por un periodo de seis años que transcurre del diecinueve de julio de dos mil nueve al dieciocho de julio de dos mil quince, por lo que el Acuerdo por el que se Publica la Convocatoria para la Designación de los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos atenta contra la estabilidad en el cargo de los titulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado que reconoce el artículo 116, fracción III, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no respeta tal período al señalar que los magistrados que resulten designados rendirán protesta constitucional en la misma sesión de designación y durarán en el cargo seis años a partir de la rendición de protesta.
Como se advierte, el Poder Judicial actor estima que los actos cuya invalidez se demanda son violatorios de los principios de legalidad, debida fundamentación y motivación, división de poderes, independencia, autonomía y estabilidad, reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 40, 41 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, puesto que 1) el Poder Legislativo local no emitió una norma que regulara los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para la evaluación de Magistrados, como lo establece la constitución local; 2) el procedimiento evaluatorio impugnado no respetó las formalidades esenciales del procedimiento, en tanto no se notificó debidamente el inicio del procedimiento de evaluación, ni se otorgó la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa o la real oportunidad de alegar; 3) la convocatoria respectiva no respeta el periodo por el que fueron designados en el cargo **********, ********** y ********** y 4) no se reunió la mayoría de dos terceras partes de los integrantes del Congreso que establece el artículo 40, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para la remoción de Magistrados.
En ese orden de ideas, en el caso se advierte un principio de afectación en la esfera de competencia y atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues existe la posibilidad de que los actos impugnados en la controversia constitucional sí afecten al Poder actor, ya que de conformidad con el artículo 116, fracción III de la Constitución Federal la independencia y estabilidad de los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los Estados debe estar garantizada, quienes durarán en el ejercicio de su cargo el tiempo que señalen las constituciones locales, pudiendo ser reelectos y removidos en los términos que determinen las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.(12)
En otras palabras, es posible advertir la existencia de un principio de afectación en la esfera competencial del Poder Judicial actor, derivado de la actuación de la autoridad demandada en la controversia constitucional, cuya constitucionalidad se estudiará en el fondo del asunto.
Finalmente, cabe precisar que contrario a lo sostenido por el recurrente, la tesis de jurisprudencia número P./J. 83/2001, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA" sirve de apoyo a los considerandos anteriores, pues es un criterio que exige el principio de a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200084-e5dad5df/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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