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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO SE IMPUGNA POR ESA VÍA UN ACTO EMITIDO CON PLENITUD DE FACULTADES EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PREVIA. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 1457-LIX-12, APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL CONGRESO LOCAL DEL 7 DE MAYO DE 2012, MEDIANTE EL CUAL SE RESOLVIÓ NO RATIFICAR A UNO DE ELLOS, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL NO DESPRENDERSE DE AQUÉL LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN OBJETIVA Y RAZONADA QUE FUNDE Y MOTIVE LA DETERMINACIÓN ADOPTADA. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU RATIFICACIÓN, AL SURGIR CON MOTIVO DEL DESEMPEÑO QUE HAN TENIDO EN EL LAPSO QUE DURE SU MANDATO, NO PUEDE PRODUCIRSE DE FORMA TÁCITA POR EL SOLO TRANSCURSO DE LOS PLAZOS LEGALES, SINO QUE DEBE, EN SU CASO, PRODUCIRSE Y CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN QUE SE FUNDE Y MOTIVE ESA DETERMINACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2012. · Registro digital (IUS): 24251
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 949.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2012. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de diciembre de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado, y actos impugnados. Por escrito recibido el dieciocho de junio de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Celso Rodríguez González, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y representante legal del Poder Judicial del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la citada entidad federativa, solicitando la invalidez del Acuerdo Legislativo Número 1457-LIX-12 de tres de mayo de dos mil doce, aprobado en la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco celebrada el siete del mismo mes y año.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los que a continuación se sintetizan:

1. Mediante reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco de trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada mediante Decreto Número 15424, se modificaron los artículos 35, fracción VIII, 58, párrafo primero y 59,(1) artículos que aplican al Magistrado José Félix Padilla Lozano, en razón de la fecha de su nombramiento (veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete).

Mediante Decreto Número 16541 de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que también reformó la Constitución de la entidad, la situación de los Magistrados en Jalisco cambió, porque en términos de dichas reformas serían electos por un primer periodo de siete años, y si eran reelectos, lo serían solamente por un segundo periodo de diez años más, lo cual no aplica al Magistrado José Félix Padilla Lozano.(2)

2. Por oficio DIGELAG/OF-1059/97 de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, el gobernador de la entidad expidió nombramiento de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a favor de José Félix Padilla Lozano, por un primer periodo de cuatro años.

3. El Pleno del Congreso Local, mediante acuerdo económico Número 517/97, de trece de junio de mil novecientos noventa y siete aprobó el nombramiento de José Félix Padilla Lozano.

4. Mediante oficio 11948 de la misma fecha, el oficial mayor del Congreso Local comunicó al citado ciudadano la aprobación del nombramiento y lo citó para comparecer al recinto del Congreso el día dieciséis de junio a rendir la protesta de ley, por lo cual a partir del día señalado comenzó a contar el primer periodo de cuatro años que fenecería el quince de junio de dos mil uno.

5. Mediante acuerdo económico relacionado con el expediente 06/2001 del Congreso del Estado de Jalisco,(3) alusivo a la solicitud de declaración de procedencia de juicio penal, promovida en contra de los Magistrados Jaime Cedeño Coral, José Carlos Herrera Palacios, Tomás Aguilar Robles y José Félix Padilla Lozano, dentro de la averiguación previa número 319/98-V de la Procuraduría de Justicia de Jalisco, se resolvió que no había lugar a proceder penalmente en contra de los ciudadanos Jaime Cedeño Coral, José Carlos Herrera Palacios, Tomás Aguilar Robles y José Félix Padilla Lozano; y, que se girara oficio al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a efecto de que con base en las consideraciones expresadas en el quinto considerando del acuerdo, se determinara si procedía o no iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa a dichos funcionarios.

6. En relación con la determinación de si procedía o no iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa a los Magistrados aludidos, el veintisiete de octubre de dos mil seis se determinó que resultaba infundado dicho procedimiento.(4)

7. Mediante acuerdo económico 123/2001 del Congreso del Estado de Jalisco de veinticinco de mayo de dos mil uno, en sesión de la misma fecha, se aprobó la ratificación de José Félix Padilla Lozano en el cargo de Magistrado, por un segundo periodo de siete años.(5)

Sin embargo, dicho acuerdo fue corregido en términos del diverso acuerdo económico 151/2001 de veintisiete de junio del mismo año, con la finalidad de aclarar que el periodo de siete años vencía el día dieciséis de junio de dos mil ocho.

Al respecto, se señala que el Congreso Local aplicó retroactivamente el cuarto párrafo del artículo tercero transitorio(6) del Decreto 16541 que señala que aquellos Magistrados que conforme al Texto Constitucional no gocen de inamovilidad, al término del periodo para el cual fueron nombrados, podrán ser ratificados para el primer periodo de siete años, pues si bien José Félix Padilla Lozano estaba en el supuesto de no gozar de inamovilidad, no le aplica dicha disposición en tanto que al haber sido ratificado el veinticinco de mayo de dos mil uno, en términos del artículo 59 del Decreto 15424, adquirió la inamovilidad.

8. En sesión plenaria extraordinaria de veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la mayoría de los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco aprobaron un dictamen técnico en el que se evaluó el trabajo jurisdiccional del Magistrado José Félix Padilla Lozano y se argumentó que este gozaba de inamovilidad.(7)

9. El día doce de junio de dos mil ocho, José Félix Padilla Lozano promovió juicio de amparo indirecto,(8) al que correspondió el número 1294/2008, contra la inminente separación de su cargo de Magistrado, no obstante que el dictamen técnico consideraba que él había adquirido la inamovilidad en razón de la ratificación mencionada.

En dicho juicio de amparo -del cual correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara-, mediante resolución de trece de junio de dos mil ocho se concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran tal como estaban y que el quejoso no fuera removido de su cargo.(9)

10. Mediante Acuerdo Legislativo 533-LVIII-08 de trece de junio de dos mil ocho, el Congreso de Jalisco determinó no ratificar a José Félix Padilla Lozano en el cargo de Magistrado, señalando que su nombramiento vencía el quince de junio de dos mil ocho.(10)

11. El cuatro de julio de dos mil ocho, el quejoso amplió la demanda de amparo indirecto por considerar que el acuerdo señalado lesionaba su derecho de inamovilidad del encargo por razón de la ratificación en el dos mil uno; por indebida aplicación retroactiva del Decreto Número 16541, en su artículo tercero transitorio; porque la ratificación tácita ya había operado para el dieciséis de junio de dos mil ocho, fecha en que se notificó al interesado la no ratificación y que era la misma fecha del vencimiento del segundo periodo e inamovilidad por la ilegal evaluación en el actuar por parte del Congreso Local.(11)

El ocho de julio de dos mil ocho, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa concedió al quejoso la suspensión provisional.(12)

12. El veintitrés de marzo de dos mil nueve se concedió la suspensión definitiva al quejoso para el efecto de que no fuera separado de su cargo,(13) la cual fue confirmada en la revisión incidental 281/2010.

13. Mediante resolución de quince de octubre de dos mil nueve se concedió el amparo al quejoso por considerar que tenía el rango de Magistrado inamovible, lo que se había obtenido mediante la ratificación tácita. Asimismo, señaló que el Acuerdo Legislativo 533-LVIII-08 era inconstitucional por haber sido aplicado en perjuicio del quejoso de manera retroactiva y que el artículo tercero transitorio había sido aplicado de manera indebida.(14)

14. Inconformes con lo resuelto en el juicio, el presidente de la Comisión de Justicia y el Congreso interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Guadalajara y radicado como revisión principal número 282/2010.

Dos de los Magistrados integrantes del citado tribunal presentaron escritos mediante los cuales se declararon impedidos para conocer y resolver de dicho recurso de revisión, registrándose con las claves 1/2012 y 2/2012.

Por lo que se refiere a la revisión principal, ésta se encuentra en el archivo del Tercer Tribunal Colegiado, no se ha turnado a tribunal alguno y no tiene número de identificación, por estar en espera de que se resuelvan los impedimentos mencionados.

En este sentido, se estima que no se ha resuelto en forma definitiva el juicio de amparo 1294/2008.

15. El veintitrés de abril de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Jalisco promovió controversia constitucional en contra del Poder Judicial del Estado, radicada y tramitada con el número 49/2008.

El diez de mayo de dos mil diez se resolvió dicha controversia constitucional, declarando la invalidez del Acuerdo Legislativo 533-LVIII-08 relativo a la no ratificación del Magistrado José Félix Padilla Lozano y señalando que el Congreso del Estado debía emitir un nuevo acto en el que debería decidir sobre la ratificación o no del interesado en atención a los lineamientos de la propia ejecutoria.

A decir de la promovente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -a pesar de tener conocimiento de la existencia del juicio de amparo 1294/2008 y de la respectiva revisión- no atrajo a su jurisdicción tales asuntos, por lo que estima, no tuvo a su alcance todos los elementos de juicio para pronunciarse en relación con la inamovilidad del Magistrado José Félix Padilla Lozano y, por ello, partiendo de una premisa falsa obtuvo una conclusión no lógica en el sentido de que el Magistrado José Félix Padilla Lozano no gozaba de inamovilidad.

En los resolutivos de dicha ejecutoria no se hizo pronunciamiento alguno en relación con el tema de la inamovibilidad del Magistrado José Félix Padilla Lozano en función de su nombramiento de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete y, en cambio, sí lo hizo el Juez de Distrito en el juicio de amparo 1294/2008. Asimismo, en el resolutivo décimo de dicha ejecutoria se realiza un pronunciamiento en cuanto a la notificación y efectos de la misma y no declaró vinculación alguna con los amparos existentes y relacionados con el asunto.

16. Mediante Acuerdo Legislativo 311-LIX-2010, de veintidós de julio de dos mil diez, el Congreso Local dejó insubsistente el diverso Acuerdo Legislativo 533-LVIII-08 de trece de junio de dos mil ocho y ordenó a la Comisión de Justicia del Congreso que analizara y propusiera al Pleno la ratificación o no del interesado en el cargo de Magistrado.

17. El veintitrés de diciembre de dos mil diez, el Pleno de Congreso Local aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia con el rango de Acuerdo Legislativo 688-LIX-10, por el cual se determinó no ratificar al interesado en el cargo de Magistrado.(15)

18. Ante la inminente separación en el cargo de Magistrado derivada del Acuerdo Legislativo 688-LIX-10, el treinta de diciembre de dos mil diez, el Magistrado José Félix Padilla Lozano promovió juicio de amparo al que correspondió el número 2607/2010 y del cual correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara.

El treinta y uno de diciembre de dos mil diez le fue concedida la suspensión provisional de los actos reclamados y como consecuencia de la ampliación de la demanda, el treinta y uno de enero de dos mil once, le fue concedida la suspensión provisional también respecto de los actos reclamados en la ampliación.

El veintinueve de marzo de dos mil once se le concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.

En este amparo no se dictó resolución de fondo en tanto que fue sobreseído en razón de los efectos de la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 24/2011.

19. El Poder Judicial del Estado de Jalisco promovió controversia constitucional a la que correspondió el número 24/2011, en contra del Acuerdo Legislativo 688-LIX-10, misma que fue resuelta el diecinueve de octubre de dos mil once en el sentido de declarar la invalidez de dicho acuerdo, requiriéndole al Congreso para que emitiera uno nuevo en el que acatando los lineamientos del fallo decidiese sobre la ratificación o no en el cargo del interesado.

20. El primero de diciembre de dos mil once, el Congreso Local aprobó el Acuerdo Legislativo 1317-LIX-11 en el que determinó dejar insubsistente el diverso Acuerdo Legislativo 388-LIX-10 e instruyó a la Comisión de Justicia para que procediera a la elaboración del dictamen de evaluación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento a la resolución pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 24/2011.(16)

21. El trece de diciembre de dos mil once, el Magistrado José Félix Padilla Lozano promovió juicio de amparo indirecto al que correspondió el número 3043/2011-III, ante la inminente separación del cargo de Magistrado en virtud del Acuerdo Legislativo 1317-LIX-11, no obstante que consideraba que había adquirido el derecho a la inamovilidad en el encargo.

El quince de diciembre de dos mil once, se negó la suspensión provisional solicitada, en contra de lo cual el quejoso interpuso el recurso de queja 148/2011, mismo que fue resuelto el veintitrés del mismo mes en el sentido de que era fundado y, en consecuencia, se concedió la suspensión provisional.

El veinticuatro de febrero de dos mil doce le fue negada la suspensión definitiva, e inconforme con dicha resolución, el quejoso promovió recurso de revisión al que le correspondió el número 110/2012.

22. Mediante diversos escritos signados por el Magistrado José Félix Padilla Lozano dirigidos al diputado presidente de la mesa directiva, al diputado presidente de la Comisión de Justicia y al director de Procesos Legislativos, al secretario general y a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, y a los diputados integrantes de la mesa directiva y al secretario general, con la finalidad de probar los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto 3043/2011-III, se obtuvo respuesta de que todas las citadas autoridades en el sentido de que no tenían documento alguno, con lo que implícitamente reconocieron que no habían cumplido con el citado proceso evaluatorio en los tiempos a que alude el artículo 220, párrafo 1, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en relación con el artículo 108, párrafo 1, fracción III, de la ley orgánica.

23. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, una vez conocido el incumplimiento del Poder Legislativo del Estado de Jalisco de no haber emitido en un plazo superior a cuatro meses el dictamen de acuerdo legislativo correspondiente a la evaluación del Magistrado José Félix Padilla Lozano, promovió controversia constitucional -a la que correspondió el número 28/2012- por considerar que con dicho incumplimiento se violaba la legalidad de los tiempos para ejecutar tal actividad de conformidad con el artículo 220, párrafo 1, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, actualizándose el supuesto de la ratificación tácita del interesado y afectando la independencia y autonomía del Poder Judicial y la división de poderes.

Dicha controversia no fue admitida, por lo que se presentó recurso de reclamación en contra de la no admisión, al que correspondió el número 22/2012-CA.(17)

24. El siete de mayo del año en curso, el Congreso Local aparentemente aprobó el Acuerdo Legislativo 1457/LIX/12 relacionado con la evaluación del Magistrado José Félix Padilla Lozano, sin que el Poder Judicial haya recibido notificación alguna con el oficio y documentación fidedigna, salvo la fotocopia a la que se alude, por lo que no se tiene la certeza material y jurídica de que dicho acuerdo se hubiere emitido ni de que la citada fotocopia corresponda a su original.

25. En contra de la citada evaluación, el Magistrado José Félix Padilla Lozano promovió juicio de amparo indirecto al que correspondió el número 1175/2012-V, en el cual se le negó la suspensión de los actos reclamados.

26. El periodo vacacional del Poder Judicial del Estado de Jalisco corrió desde finales de abril hasta el catorce de mayo del año en curso, por lo que, por prevención y seguridad y en aras de preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial Local, el Pleno del Tribunal de Justicia de la entidad promovió esta controversia constitucional por considerar que el acto cuya invalidez se reclama transgrede la división de poderes, la autonomía e independencia y soberanía del Poder Judicial de Jalisco.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Se hicieron valer, en síntesis, los siguientes:

1. El Acuerdo Legislativo 1457-LIX-12, por medio del cual se determinó no ratificar en el cargo de Magistrado a José Félix Padilla Lozano, fue emitido fuera de los plazos que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y su reglamento.

El acuerdo impugnado resulta inválido porque el Congreso Local resolvió la evaluación hasta el siete de mayo del año en curso, es decir, cinco meses doce días después de que le fue notificada y cinco meses siete días después de haber sido acordada por el Congreso, sin que éste hubiere reconocido que para esta fecha ya había operado el supuesto de ratificación tácita a favor del citado Magistrado, por lo que no podía haber negado su ratificación.

De conformidad con el artículo 211, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, en todo lo no previsto en el procedimiento de elección o ratificación de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se aplicará en lo conducente el procedimiento legislativo ordinario. En este sentido, si los artículos 211 y 212 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco no señalan nada especial en cuanto a dicho procedimiento, la ratificación de Magistrados se rige por el procedimiento legislativo ordinario.

El artículo 220, párrafo 1, fracción II, de la ley orgánica referida establece que es obligación de la Asamblea de Diputados, de su Mesa Directiva y de la Comisión de Justicia del Congreso Local, desahogar la agenda del proceso o procedimiento de evaluación, y de ratificación o no de los Magistrados en los tiempos establecidos por la propia ley y su reglamento, como la única forma de evitar la ratificación tácita del servidor público de que se trate, por lo que si no se desahoga dicha agenda en los tiempos establecidos en la ley -como acontece en el caso-, se actualiza el supuesto de ratificación tácita.

Señala el promovente que el incumplimiento en los plazos, se demuestra con todas las omisiones en que incurrieron las diversas autoridades.

Para demostrar lo anterior, argumenta que de los autos del juicio del amparo indirecto del expediente principal 3043/2011-III se desprende el reconocimiento expreso y por escrito por parte del presidente de la Comisión de Justicia, el presidente de la mesa directiva, el director de asuntos jurídicos y dictamen legislativo, el secretario general, el presidente de la Junta de Coordinación Política y el director de Procesos Legislativos, en el sentido de que no desahogaron el proceso evaluatorio en los plazos que establece la ley, con lo cual se transgrede la garantía de legalidad.

Precisa que los actos del procedimiento evaluatorio deben realizarse de principio a fin, de manera continua e intermitente, por lo que desde que se turna el asunto a la Comisión de Justicia para la elaboración del dictamen correspondiente hasta que se resuelve por el Pleno del Congreso, no se requiere más tiempo del que estrictamente establece la ley, por lo que los tiempos debieron haber sido por lo menos de la siguiente manera:

- Mandato de evaluación: El primero de diciembre de dos mil once, el Pleno del Congreso Local emitió el Acuerdo Legislativo 1317-LIX-11 mediante el cual -en cumplimiento a la controversia constitucional 24/2011- invalidó el Acuerdo Legislativo 688-LIX-10 e instruyó a la Comisión de Justicia para elaborar el dictamen de evaluación y lo sometiera a consideración del Pleno.

- Notificación: mediante oficio de cinco de diciembre de dos mil once, el secretario general del Congreso de Jalisco notificó al Poder Judicial la emisión del Acuerdo Legislativo 1317-LIX-11.

- Entrega de documentos y registros: El plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 108, fracción III, párrafo I, así como el previsto en el artículo 220, fracción II, párrafo I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comenzaron a correr el primero de diciembre, por lo que en esa fecha el secretario general del Congreso debió comunicar y entregar el Acuerdo Legislativo 1317-LIX-11 al presidente de la Comisión de Justicia y, por ende, debió entregarle la documentación y expediente relacionados con el proceso de evaluación.

En la misma fecha, el secretario general debió registrar la entrega de la documentación en el libro de registros correspondiente, así como requisitar la entrega de la mencionada documentación y expediente al citado presidente de la comisión, quien también, al recibir dicha documentación y expediente debió firmar la recepción en dicho libro.

Esto significa que el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, tuvo en su poder la documentación necesaria para que la comisión que preside efectuase su trabajo evaluatorio y emitiera su dictamen dentro de los siguientes treinta días naturales.

- Dictamen: La Comisión de Justicia debió celebrar sesiones a partir del primero de diciembre de dos mil once, y de conformidad con el artículo 114, párrafo 1, de la ley orgánica, debió haber emitido su dictamen a más tardar el primero de enero del año en curso.

Es decir, durante ese lapso de tiempo, el presidente de la Comisión de Justicia debió: 1) derivar el asunto al diputado integrante de la comisión a quien correspondiese formular el proyecto de dictamen; 2) entregar un ejemplar de la documentación correspondiente a los demás integrantes de la comisión, recabando el acuse de recibo correspondiente; 3) elaborar el orden del día para las reuniones de la comisión; 4) convocar por escrito a los integrantes de la comisión a sesiones de trabajo; 5) notificar las convocatorias a todos los integrantes de la comisión, anexando el proyecto del orden del día y una relación pormenorizada de los asuntos a tratar por escrito con veinticuatro horas de anticipación a la fecha indicando día, lugar y hora de las reuniones de comisión, recabando el acuse de recibo correspondiente; 6) pasar lista de los diputados integrantes de la comisión que asistieron, a efecto de comprobar el quórum, previo a la apertura de la reunión; 7) poner a consideración de los miembros de la comisión que asistieron, el orden del día propuesto, el que en su caso, pudo haber sido modificado; 8) levantar el acta en la que se describieran los asuntos tratados y en la que se anotaran el nombre de los diputados que la iniciaron y el nombre de quienes la concluyeron, misma que debió firmarse en la siguiente sesión por quienes asistieron a la misma; 9) entregar por cualquier medio copia del proyecto de dictamen, recabando el acuse de recibo correspondiente a los demás integrantes de la comisión, tres días naturales antes de que debiere discutirse en comisión dicho proyecto y agendarse para discutirlo; 10) promover visitas, entrevistas y demás acciones necesarias para el mejor estudio y dictamen del asunto en cuestión; y, 11) presentar por escrito a la asamblea el dictamen de acuerdo legislativo relacionado con este asunto.

Por su parte, la Comisión de Justicia debió: 1) conocer, estudiar, analizar y discutir el asunto relacionado con la evaluación y, en su caso, elaborar y emitir el dictamen de acuerdo legislativo correspondiente; 2) discutir el proyecto de dictamen y, en su caso, aprobarlo sin adiciones o reformas o con modificaciones o adiciones; 3) suscribir y aprobar el dictamen en un plazo máximo de treinta días naturales; 4) recibir los votos particulares que al respecto hubieren elaborado algunos de los integrantes de la Comisión de Justicia y anexarlos al dictamen para efecto del debate; y, 5) presentar por escrito a la asamblea el dictamen de acuerdo legislativo.

Asimismo, el diputado a quien le correspondía la elaboración del proyecto de dictamen debió hacerlo en un plazo de quince días naturales desde el primero de diciembre y presentarlo a la comisión para su análisis, estudio y discusión.

- Presentación: después de haberse dictaminado, la Comisión de Justicia debió haberlo presentado por escrito a más tardar el primero de enero de dos mil doce.

- Resolución: desde el primero de enero de dos mil doce, el Congreso debió tener conocimiento de la existencia del dictamen de acuerdo legislativo y debió sesionar para el oportuno despacho del mismo. En defecto de lo anterior, el Congreso debió sesionar por lo menos dos veces y en alguna de ellas, debió recibirse el dictamen de acuerdo legislativo y si la asamblea hubiere considerado que el asunto era urgente y trascendente debió agendarlo y discutirlo en la misma sesión, o bien, agendarse para la siguiente. De manera que, la asamblea de diputados debió recibir el dictamen en la primera sesión del mes de enero del año en curso y discutirlo y aprobarlo en la misma, o bien, en la segunda sesión, debiendo haber sido aprobado necesariamente en esta última y haber sido resuelto a más tardar el último día de enero de dos mil doce.

- Entrega de dictamen: Si la Comisión de Justicia no dictaminó el asunto, la Mesa Directiva del Congreso Local debió tener conocimiento de ello a más tardar el primero de enero del año en curso, toda vez que es atribución de ésta llevar un registro y darle seguimiento y vigilancia a los asuntos encomendados a las comisiones.

- Creación de comisión especial: El presidente de la mesa directiva tuvo conocimiento de que la Comisión de Justicia no había elaborado el dictamen de acuerdo legislativo, por lo que debió turnar el asunto a la Junta de Coordinación Política para que en la siguiente sesión -que a más tardar debió efectuarse durante el mes de enero del presente año- propusiera la creación de una comisión especial que concluyera el estudio y dictamen en un plazo no mayor a treinta días naturales.

- Dictamen: El plazo de treinta días naturales para emitir el dictamen concluyó el último día de febrero del año en curso para su discusión definitiva en la propia sesión del Pleno o en la siguiente, por lo que a más tardar el asunto debió resolverse en la primera semana del mes de marzo del año actual.

Señala el promovente que en el supuesto de que se tomara como fecha de inicio de plazo para la presentación de dictamen, el seis de diciembre de dos mil once -fecha en que se notificó el Acuerdo Legislativo 1317-LIX-11 al Poder Judicial de la entidad- el plazo para que el citado proceso evaluatorio concluyera es la primera o segunda semana del mes de marzo del año en curso, por lo que aun en este caso, el Congreso incumple la obligación establecida en el artículo 220, párrafo 1, fracción II, de la ley orgánica mencionada.

Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que el artículo 108, párrafo 1, fracción III, establezca que los acuerdos se dictaminarán en un plazo de treinta días naturales contados a partir de su recepción, ya que no se identifica el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de los treinta días naturales porque no señala cuándo se realiza la entrega y correspondiente recepción, sin que ello impida tener certeza de cómo debe contarse dicho plazo.

Dicha omisión se advierte de los artículos 35, párrafo 1, fracción VI, 36, párrafo 1, fracción IV, 49, párrafo 1, fracción IX, 70, párrafo 1 y 108, párrafo 1, fracción III, de la ley orgánica enunciada, así como en los artículos 106, párrafo 1, fracción XI, punto 4 y 110, párrafo 1, fracciones VII y XII, de su reglamento, relativos a la entrega de documentos a los presidentes de las comisiones, pues en ellos debería establecerse dicho plazo.

Si bien en apariencia no podría computarse el plazo de treinta días para la elaboración del dictamen y, en consecuencia, aplicar las consecuencias del no cumplimiento de la agenda legislativa, ello no podría encontrarse por encima del principio de división de poderes, la independencia y autonomía judicial, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, las formalidades esenciales del procedimiento, las reglas de interpretación jurídica ni de los principios generales de derecho, pues ello sería reconocer que el Congreso Local puede actuar con absoluta libertad.

Por tal motivo, ante la aparente indefinición del plazo que tienen los órganos del Congreso Local para entregar la documentación y expediente de cualquier asunto turnado a la Comisión de Justicia, por justicia y equidad procesal, debía tenerse como momento para que comience a correr dicho plazo, la fecha en que se ordenó turnar el asunto a la Comisión de Justicia, es decir, el primero de diciembre de dos mil once.

En todo caso, se pudieron haber tenido como fechas para el inicio del plazo para la presentación del dictamen: el seis de diciembre de dos mil once -día en que se notificó o comunicó al Poder Judicial que se había ordenando evaluar nuevamente la actividad jurisdiccional del interesado-, en tanto que esta fecha es el punto de partida para computar el plazo para cualquier interesado que se inconforme con lo mandatado en el acuerdo legislativo en cuestión, bajo el principio consistente en que a la misma razón debe corresponder la misma disposición; o bien, el seis de diciembre del mismo año, por ser esta la fecha en que el Poder Judicial conoció de dicho acto.

En estas condiciones, el último día de enero del año en curso debió haberse concluido en forma definitiva el procedimiento evaluatorio, sa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24251-8f6d43c1/controversia-constitucional-no-se-actualiza-la-causal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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