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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE VERSEN SOBRE EL EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA O SOBRE CUESTIONES QUE CONSTITUYAN COSA JUZGADA. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO LEGISLATIVO 688-LIX-10, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA RESOLVIÓ NO RATIFICAR A UNO DE AQUÉLLOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ACUSACIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS FUNDADAS O BIEN SE CALIFICARON DE IMPROCEDENTES POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2011. · Registro digital (IUS): 23267
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Pág. 2323.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de octubre de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celso Rodríguez González, quien se ostentó con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la que solicitó la invalidez del decreto que más adelante se señala, emitido por el órgano que a continuación se menciona:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: A) Poder: Poder Legislativo del Estado de Jalisco, o Congreso del Estado, por la inconstitucionalidad del citado acuerdo legislativo y B) Domicilio: finca identificada con el número 222, de la Avenida Hidalgo, esquina con la calle de Belén, zona centro de Guadalajara.

"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda y, en su caso, el medio oficial en que se publicó: Acuerdo Legislativo Número 688-LIX-10, del cual, el Pleno de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, tuvo conocimiento en la sesión plenaria ordinaria celebrada el siete de enero de dos mil once, según se lee en las páginas 126, a partir del cuarto párrafo, 127 y 128, hasta el tercer párrafo, del anexo 2, alusivo a la copia certificada del acta de la mencionada sesión plenaria, que en 66 sesenta y seis fojas tamaño oficio, útiles por ambos lados, acompaño."(1)

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

1. Que con fecha trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, contenida en el Decreto 15424, misma que modificó los artículos 35, fracción VIII, 58, párrafo primero y 59, relativos al proceso de designación y permanencia de los Magistrados del Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

2. Que con fecha veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro se publicó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, contenida en el Decreto 15427 y que, en lo que interesa, los artículos 4 y 7, relativos al ingreso y permanencia de los servidores públicos del Poder Judicial, así como lo referente al retiro de los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

3. Que con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete se expidió el primer nombramiento por cuatro años de José Félix Padilla Lozano como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el trece de junio de mil novecientos noventa y siete el Congreso de Jalisco aprobó dicho nombramiento y el dieciséis de junio del mismo año el citado ciudadano compareció ante el Congreso de Jalisco para rendir su protesta de ley, con la cual comenzó a contar el periodo de cuatro años, que fenecería el quince de junio de dos mil uno, según el mismo Congreso.

4. Que con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete se publicó la reforma de la Constitución Política de Jalisco, contenida en el Decreto 16541, misma que modificó al artículo 61 y tercero transitorio, relativos a la permanencia, retiro y privación en el cargo de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

5. Que con fecha primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se publicó la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, contenida en el Decreto 16594 y que, en lo que interesa, es el artículo 6, párrafo primero, relativo al ingreso y permanencia de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

6. Que el veinticinco de mayo de dos mil uno, mediante el acuerdo económico relacionado con el expediente 06/2001 del Congreso del Estado de Jalisco, alusivo a la solicitud de declaración de procedencia de juicio penal, promovida en contra del Magistrado José Félix Padilla Lozano, originada dentro de la averiguación previa número 319/98-V de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, se resolvió en el sentido de que no había lugar a proceder penalmente en su contra.

7. Que el veinticinco de mayo de dos mil uno (veinte días antes de que feneciera el periodo de cuatro años), mediante Acuerdo Económico Número 123/2001, el Congreso de Jalisco aprobó la ratificación del Magistrado, por un segundo periodo de siete años.

8. Que con fecha trece de marzo de dos mil tres se publicó la reforma a la Constitución Política de Jalisco, contenida en el Decreto 19674, misma que modificó al artículo 61, relativo al proceso de permanencia y retiro de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

9. Que con fecha primero de mayo de dos mil tres, se publicó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, contenida en el Decreto 19960, misma que modificó a los artículos 23, párrafo primero, fracción XXVI y 34, párrafo primero, fracción XIX, relativos al proceso de permanencia de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

10. Que con fecha veintisiete de octubre de dos mil seis se resolvió que era infundado el procedimiento administrativo de responsabilidad seguido en contra del Magistrado José Félix Padilla Lozano, derivado de la solicitud de declaración de procedencia de juicio penal. Que, asimismo, en el resolutivo tercero del acuerdo económico ya referido, se ordenó que el Supremo Tribunal de Justicia iniciara y resolviera el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra del Magistrado José Félix Padilla Lozano y otros, resolviéndolo el Pleno de Magistrados, que lo determinó como infundado.

11. Que con fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete se publicó la reforma a la Constitución Política de Jalisco, contenida en el Decreto 21928/LVIII/07, misma que modificó los artículos 61 y tercero transitorio, relativos a la permanencia de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

12. Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil ocho, en sesión plenaria extraordinaria, la mayoría de los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, aprobaron un dictamen técnico, en que se evaluó el trabajo jurisdiccional del mencionado Magistrado. En el cual se elogió el cabal cumplimento de su función como Magistrado con gran responsabilidad y, consecuentemente, el Pleno del Supremo Tribunal en dicha sesión determinó que el citado Magistrado gozaba de inamovilidad del mismo cargo.

13. Que con fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, mediante oficio OF-DPL-653-LVII, suscrito por el licenciado Alfredo Argüelles Basave, secretario general del Congreso del Estado, se informó al Magistrado José Félix Padilla Lozano, que el Congreso del Estado había aprobado el Acuerdo 533-LVIII-08, y resolvió no ratificarlo en el cargo de Magistrado; tal oficio fue presentado ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado el dieciséis de junio de dos mil ocho, a las once horas con treinta y seis minutos, de lo que se concluye que se notificó a dicho Magistrado su no ratificación en el centro de trabajo, donde en ese momento continuaba desempeñando la función jurisdiccional encomendada, con toda regularidad, o sea, se le notificó, después de concluido el tiempo del segundo periodo para el que había sido designado. Al respecto, cabe decir que el segundo periodo de siete años para el que fue nombrado dicho Magistrado fenecía el día quince de junio de dos mil ocho y, no obstante ello, se le notificó su no ratificación hasta el dieciséis de junio del mismo año.

14. Que con fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, el ciudadano José Félix Padilla Lozano, ante la inminencia de la ilegal separación del encargo, promovió juicio de amparo indirecto, contra actos del mencionado Congreso y otras autoridades, el que después amplió, del que conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, bajo el expediente 1294/2008. En el cual se le concedió la suspensión provisional para el efecto de no ser removido del cargo y se le concedió la suspensión definitiva, asimismo, se le concedió el amparo declarando su inamovilidad; en contra de dicha determinación, promovió el recurso de revisión del que conoce el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco y continúa en trámite.

15. Que con fecha veintitrés de abril de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Jalisco promovió controversia constitucional, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se radicó y tramitó bajo el número 49/2008.

En dicha controversia, en esencia, se reclamó lo siguiente:

A. La omisión del Poder Judicial de Jalisco de enviar al Congreso del Estado, tres meses antes de concluir los nombramientos del Magistrado José Félix Padilla Lozano y otros cinco Magistrados, los dictámenes técnicos, así como sus respectivos expedientes, a efecto de determinar lo relativo a su ratificación en términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado.

B. La "negligencia" del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al desconocer la obligación que le confiere el artículo 61 referido, consistente en el envío de los dictámenes técnicos de la actuación y desempeño, así como los expedientes de José Félix Padilla Lozano y otros cinco Magistrados, en el cargo de Magistrados del referido tribunal y, como consecuencia de ello, el "desentendimiento" del procedimiento de evaluación de los Magistrados en comento.

C. Todas las consecuencias que se originen de los actos y omisiones que son motivo de la demanda y que redunden en perjuicio de la facultad del Poder Legislativo.

En dicha controversia se resolvió, entre otros puntos, que por haberse involucrado el procedimiento de evaluación y no ratificación de José Félix Padilla Lozano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el Acuerdo Legislativo de no ratificación (533-LVIII-08), y que el Congreso de Jalisco debería decidir sobre su ratificación o no en el encargo, siguiendo los lineamientos de la propia ejecutoria. Esta ejecutoria se notificó al Congreso de Jalisco, el catorce de mayo de dos mil diez.

16. Que con fecha veintidós de julio de dos mil diez, el Congreso de Jalisco aprobó el Acuerdo Legislativo 311-LIX-2010, mediante el cual se dejó insubsistente el Acuerdo Legislativo 533-LVIII-08, aprobado el trece de junio de dos mil ocho, en cuyo punto tercero ordenó a la Comisión de Justicia del Propio Congreso que analizara y propusiera al Pleno de diputados la ratificación o no del Magistrado José Félix Padilla Lozano, en el encargo.

17. Que el quince de diciembre de dos mil diez, mediante acta de sesión plenaria extraordinaria se designó a Celso Rodríguez González para que fungiera como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para el periodo del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil doce.

18. Que con fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, mediante Acuerdo Legislativo Número 688-LIX-10, aprobado en la sesión plenaria del Poder Legislativo, el Congreso determinó no ratificar en el encargo de Magistrado al ciudadano José Félix Padilla Lozano y otros, mismo que se notificó al mencionado Magistrado el seis de enero de dos mil once.

19. Que el treinta de diciembre de dos mil diez, José Félix Padilla Lozano promovió juicio de amparo indirecto con número de expediente 2607/2010, el cual se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con residencia en Guadalajara, Estado de Jalisco, en el que se le concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que sigue en su calidad de Magistrado.

20. Que en enero de dos mil once se notificó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco sobre el Acuerdo Legislativo Número 688-LIX-10, y en sesión plenaria dicho tribunal consideró que el acuerdo mencionado vulnera diversas disposiciones constitucionales y, además, era invasivo del ámbito competencial del Poder Judicial del Estado.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

I. El Acuerdo Legislativo Número 688-LIX-10 resulta inválido, dado que el Congreso del Estado sustenta la no ratificación de José Félix Padilla Lozano como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en disposiciones que en sí mismas implican una aplicación retroactiva de leyes prohibida por la Norma Fundamental, por diversas razones:

a. Que con fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete entró en vigor el Decreto Número 16541, en virtud del cual se reformó la Constitución de Jalisco, cuyo artículo tercero transitorio establece que los Magistrados que no gocen de inamovilidad al término del periodo respectivo, podrán ser ratificados por un primer periodo de siete años, lo que llevó a la ratificación del Magistrado en comento.

Que sin embargo, dicho artículo tercero transitorio no es aplicable al caso en que se encuentra el Magistrado de mérito, toda vez que debe aplicarse la normatividad vigente al momento de su nombramiento, no la surgida en una fecha posterior, ya que su nombramiento se llevó a cabo el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, esto es, antes de que entrara en vigor el Decreto 16541.

Que si el Congreso de Jalisco sustenta el acto reclamado en el enunciado artículo tercero transitorio, transgrede lo establecido en el artículo 14 constitucional, ya que aplica una norma posterior a un derecho adquirido en el pasado y, por ello, se invalida el acuerdo legislativo.

b. Que en cumplimiento al decreto de reformas a la Constitución Local Número 16541, el veinticinco de mayo de dos mil uno, se aprobó la ratificación de José Félix Padilla Lozano en su cargo, siendo lo único importante el que se le reeligiera para un segundo periodo, con lo que adquirió inamovilidad a la luz de las normas vigentes el día de su nombramiento como Magistrado (artículo 59 del Decreto 1542); así, suponiendo sin conceder que se hubiere efectuado dicha ratificación con fundamento en el tercero transitorio del Decreto 16541, no por ello deja de actualizarse el supuesto de inamovilidad.

c. Que el acuerdo impugnado cita como fundamento el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que deriva de la emisión del Decreto 16541, publicado el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, o del Decreto 19674 con vigencia posterior al trece de marzo de dos mil tres, lo que a todas luces invalida dicho acuerdo, pues el sustento normativo de la permanencia como Magistrado del referido José Félix Padilla Lozano debe determinarse a la luz de las disposiciones vigentes al veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, de lo contrario se vulneraría el principio de irretroactividad de la ley.

d. Que el acuerdo cuestionado cita normas inaplicables, en particular, el inciso d) (sic) referente a que los Magistrados durarán en su encargo siete años contados a partir de la fecha en que rindan su protesta de ley; hipótesis que no se actualiza en el caso, ya que José Félix Padilla Lozano fue objeto de anterior nombramiento para un periodo de cuatro años, según se reitera y el inciso e) alusivo a que al término del primer periodo podrán ser ratificados por diez años más, tampoco aplica a la luz de que se están en el caso de un primer periodo de cuatro años.

e. Que tampoco resultan aplicables al caso las normas vigentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, ya que surgieron a la vida jurídica en el año dos mil tres, según Decreto 19960 y de aceptarse su aplicación se evidencia la violación a la garantía de irretroactividad de la ley.

Que, además, en el citado acuerdo se dice que el nombramiento del Magistrado se concedió por un periodo de siete años, según Acuerdo Legislativo 151/01, lo cual no es verdad, pues fue nombrado para un primer periodo de cuatro años en mil novecientos noventa y siete y en dos mil uno fue ratificado en el cargo por siete años más, pero invariablemente en estos casos se habló de ratificación y no de nombramiento.

II. Que la exigida elaboración de un dictamen técnico como base para la ratificación en el cargo de José Félix Padilla Lozano, invalida el acuerdo recurrido al ser contrario a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que dicha exigencia se sustenta en normas posteriores a la fecha de su nombramiento en el cargo, pues la normatividad vigente al veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete no preveía la necesaria elaboración de un dictamen técnico para ser ratificado como Magistrado, en síntesis, lo primero que deberá dilucidarse es si son o no aplicables para la emisión del citado acuerdo legislativo, las disposiciones anotadas.

Que, así, al ordenarse la elaboración y remisión del dictamen al Congreso del Estado para efectos de la permanencia en su encargo se transgrede el artículo 14 constitucional, en tanto que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Que, inclusive, con la simple elaboración del referido dictamen se incumplió lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitución Política de Jalisco que sustentó el nombramiento de Magistrado de José Félix Padilla Lozano, pues establece que si el Magistrado de que se tratare fuere ratificado en el cargo (como en la especie) no podía ser privado del mismo, salvo en los supuestos de responsabilidades del título octavo de la Constitución de Jalisco, que evidentemente no está condicionado a requisito ni obstáculo alguno.

Que, asimismo, el acuerdo cuestionado viola lo dispuesto por el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, que establece que si un Magistrado fuere reelecto en el cargo, no podrá ser privado del mismo, salvo que se actualizaren los supuestos establecidos en las Constituciones y leyes de responsabilidades de los Estados, que no es el caso.

III. Que se viola el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco vigente después de la reforma constitucional local de seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en relación con los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, vigente después de las reformas del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por las siguientes razones:

a. Que José Félix Padilla Lozano fue nombrado para el cargo de Magistrado por primera vez conforme al artículo 59 constitucional vigente entre mil novecientos noventa y cuatro y el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete; precepto conforme el cual fue ratificado el veinticinco de mayo de dos mil uno, adquiriendo con ello inamovilidad y, por consiguiente, el derecho a retirarse de su encargo voluntariamente a los sesenta y cinco años de edad o a hacerlo de manera obligatoria a los setenta años de edad.

Que, así, conforme a las disposiciones aplicables al caso, el gobernador del Estado nombraba a los Magistrados para un periodo de cuatro años, y si dicho nombramiento era ratificado por el Congreso del Estado, la única manera como podrían ser privados del encargo los Magistrados así nombrados, sería en los términos de lo establecido por la Constitución del Estado, en materia de responsabilidades. Luego, al estar en un caso de nombramiento como Magistrado por un periodo de cuatro años y al haber sido ratificado por el Congreso en dos mil uno, evidentemente se está en los supuestos de dichas normas y si éstas no se aplicaron en la emisión del citado acuerdo legislativo, éste resulta inválido.

b. Que ante la ratificación de José Félix Padilla Lozano para un segundo periodo en dos mil uno, sólo se puede llegar a la conclusión de su inamovilidad a partir de dos mil uno y, por tanto, que no puede ser privado de su encargo, sino en virtud de lo estipulado en el título octavo de la Constitución del Estado, por lo que le asiste el derecho de retirarse voluntariamente a la edad de sesenta y cinco años o forzosamente a los setenta.

c. Que es inválido en sí mismo el acuerdo impugnado, al violar las garantías de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que determinó destituir del encargo de Magistrado a José Félix Padilla Lozano, vulnerando la independencia judicial que tutela el párrafo quinto del artículo 17 constitucional y la autonomía e independencia de Magistrados y Jueces que establece el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la propia Ley Fundamental, pues en su emisión se violó lo dispuesto en el texto del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, surgido como consecuencia de la reforma a dicha Constitución el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, así como del 4 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, según reformas del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, todo ello en los términos precisados en párrafos precedentes.

IV. El acuerdo legislativo debe declararse inválido, toda vez que se actualizan diversas omisiones en la actuación del Congreso de Jalisco, respecto de la emisión y notificación de sus actos pues, por una parte, el primer Acuerdo Legislativo (de no ratificación) Número 533-LVIII-08 se emitió dos días antes de que feneciera el periodo de siete años y se notificó al Magistrado José Félix Padilla Lozano, un día después de concluido dicho periodo estando aún en funciones, ya que su periodo terminaba el quince de junio de dos mil ocho y se notificó su no ratificación hasta el día dieciséis de junio del mismo año, por lo que el citado Magistrado no se enteró con la debida y necesaria anticipación, de que su encargo había concluido; por ello, operó la ratificación tácita en el cargo de Magistrado con regularidad. Por otro lado, se pretende separar del cargo de Magistrado a José Félix Padilla Lozano, desestimando que ya operó la ratificación tácita en dicho encargo, toda vez que a pesar de lo que se establece en el Decreto 688-LIX-10, no se tomó en cuenta que la fecha de emisión del mismo, excede en muchos meses el tiempo permisible, lógico y prudente, a efecto de no propiciar y mantener la incertidumbre en el actuar del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en cuanto a la integración de las Salas y de sus Magistrados.

Que, además, el poder demandado tuvo conocimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia desde el catorce de mayo de dos mil diez y, no obstante, emitió el acuerdo impugnado hasta el veintitrés de diciembre de dos mil diez, habiendo transcurrido más de siete meses, tiempo en el que el Magistrado de referencia ejerció la función jurisdiccional con regularidad, pues no tenía conocimiento de que su encargo había concluido; así, al existir jurisprudencia firme que establece que la emisión y notificación de dichas resoluciones debe realizarse con la anticipación que permita la regularidad jurisdiccional, de ahí que al no haber sido de esta manera, operó la ratificación tácita a favor del funcionario de referencia. Cita en apoyo a sus alegaciones la tesis "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE SU RATIFICACIÓN TÁCITA." y "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS CONTINÚAN EN EL EJERCICIO DEL CARGO TRANSCURRIENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE ADEMÁS DE HABER SIDO REELECTOS TÁCITAMENTE, ALCANZARON ESTA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."

Que, en la especie, se actualizan los supuestos de continuidad y permanencia en el cargo ejercido durante los dos periodos a que se alude, así como que terminó el segundo periodo y el Magistrado continuaba desempeñando la función encomendada; entonces, no sólo fue reelecto José Félix Padilla Lozano, sino que además adquirió inamovilidad.

Que lo anterior es así, aun cuando a la fecha ya se hubiere emitido un dictamen, pues la regularidad en la impartición de justicia no puede estar sujeta al arbitrio de otros órganos del poder local, en detrimento de la independencia de la judicatura, ya que a través de este mecanismo podría mantenerse a todos los integrantes del Poder Judicial en una situación de incertidumbre, en relación con la estabilidad en su puesto, lo que necesariamente disminuiría la independencia de los Magistrados, contra el principio de la carrera judicial que tiende a garantizar la administración pronta, completa e imparcial de justicia, prevista por el artículo 17 constitucional.

V. Que el citado acuerdo legislativo resulta inválido, pues se emitió con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de Jalisco, reformado mediante Decreto 19674 y dicho artículo contraviene lo establecido en el artículo 17, párrafo primero, del artículo 41 y la fracción III del párrafo segundo (sic) del artículo 116 de la Constitución Federal.

Que, en efecto, del texto de la fracción III del artículo 116 no se colige que los Congresos de los Estados soberanamente y sin restricciones puedan resolver sobre la permanencia de los Magistrados en su encargo, como lo prevé el párrafo tercero del artículo 61 de la Constitución Local, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad y, en consecuencia, la invalidez del acuerdo legislativo impugnado.

Que lo anterior cobra mayor eficacia si atendemos a la interpretación sostenida por la Suprema Corte, en torno al sentido y alcance de la fracción III del artículo 116 constitucional, en el sentido de que la seguridad y estabilidad del cargo de Magistrado se obtiene desde el inicio del mismo y no hasta que se logra la inamovilidad; que si un Magistrado demuestra que cumplió el encargo con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable debe ser ratificado; que la ratificación o no en el cargo de Magistrado no es una facultad discrecional de los Congresos de los Estados, pues de ser así se propiciaría una actuación arbitraria de nunca reelegir o ratificar a los Magistrados; que la condición suprema para obtener la inamovilidad está referida en torno a la actuación del funcionario judicial y no a la voluntad del Congreso del Estado; que el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto para ello, sino que está sujeto a diversos requisitos y controles y que si están demostrados los atributos de eficiencia y honorabilidad a través del trabajo cotidiano, desahogando de manera pronta, completa e imparcial los asuntos, como expresiones de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, el Magistrado debe continuar ejerciendo el cargo.

Que en todo caso se debería de entender la pretendida soberanía del Congreso Local, en el sentido de que partiendo de algún dictamen de evaluación puede requerir las pruebas que acreditaren la certeza de lo dicho en tal dictamen, o bien, con sujeción a la normatividad previa a realizar las diligencias que cada caso ameritare, para así arribar a la conclusión de que procede o no, que un Magistrado deba continuar en el encargo, pero jamás decidir sobre la continuidad de uno de ellos sin sujetarse a norma alguna.

Que, en el mismo orden de ideas, el dictamen en cuestión es inválido, dado que determina la inminente separación de un Magistrado, dada la pretensión soberana del Congreso Local, sin sujetarse a controles, parámetros, pruebas y requisitos; pues ordenó la suscripción y envío a la Comisión de Justicia y al Congreso, de un dictamen técnico innecesario en cuanto a la actuación en el encargo de Magistrado, mismo que no fue tomado en cuenta por los diputados de la Comisión de Justicia y por el Pleno del Congreso.

Cita en apoyo a sus determinaciones las tesis de rubros: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. LA SEGURIDAD O ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO LA OBTIENEN DESDE EL INICIO DE SU DESEMPEÑO Y NO HASTA QUE SE LOGRA LA INAMOVILIDAD JUDICIAL, AUNQUE CON LA CONDICIÓN DE QUE SE LLEGUEN A DISTINGUIR POR SU DILIGENCIA, EXCELENCIA PROFESIONAL Y HONESTIDAD INVULNERABLE.", "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS.", "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EN LA INTERPRETACIÓN DE SUS CONSTITUCIONES, EN LA PARTE RELATIVA A SU DESIGNACIÓN, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

VI. Que los argumentos sostenidos en el acuerdo impugnado carecen de fundamento legal y objetividad en atención a lo siguiente:

a. En principio, porque no se cita el artículo de la Constitución Federal o Local, o de ley alguna que sustente lo que se concluye para no ratificar en el cargo a José Félix Padilla Lozano.

Así, no se cita alguna norma jurídica válida en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23267-641311e2/controversia-constitucional-en-contra-de-una-resolucion-dictada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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