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Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 30 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA ENTIDAD RESOLVIÓ RATIFICAR A UNO DE AQUÉLLOS POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS -COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2008 Y EL 16 DE JUNIO DE 2018-, CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 30 DE MAYO DE 2013, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA ENTIDAD RESOLVIÓ RATIFICAR A UNO DE AQUÉLLOS POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS -COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2008 Y EL 16 DE JUNIO DE 2018-, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL SOLO TRANSCURSO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA DECIDIR SOBRE SU PERMANENCIA NO PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA SU RATIFICACIÓN TÁCITA. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ES LA VÍA ADECUADA PARA ALEGAR VIOLACIONES A LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU PERJUICIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2013. · Registro digital (IUS): 25156
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-08
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Pág. 539.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2013. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 11 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTE EN FUNCIONES OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ARTURO MEZA CHÁVEZ.

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de junio de dos mil catorce, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 91/2013, interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Jalisco.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en determinar, si el acuerdo de clave **********, emitido por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con fecha treinta de mayo de dos mil trece, es constitucional.

I. Trámite de la controversia

1. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

a) Mediante Decreto 15424, publicado el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, fue reformada la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 35, 58 y 59, conforme a los cuales la aprobación de los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serían sometidas a consideración del Congreso por el Ejecutivo del Estado y durarían en el ejercicio de su encargo cuatro años, al término de los cuales, si fueren ratificados sólo podrían ser privados de su puesto en los términos del título octavo del citado ordenamiento.

b) Con fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, el entonces gobernador del Estado de Jalisco emitió el nombramiento del Magistrado **********, por oficio de clave **********, por un primer periodo de cuatro años.

c) El veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, entró en vigor la reforma al artículo 61 de la Constitución Política de Jalisco, según Decreto 16541, conforme al cual los Magistrados serían electos por un primer periodo de siete años y en caso de ser reelectos sería por un segundo periodo de diez años más.

d) El Pleno del Congreso de Jalisco aprobó, mediante acuerdo económico número **********, de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y siete, el nombramiento propuesto por el Ejecutivo del Estado.

e) Mediante acuerdo económico número **********, fechado el veinticinco de mayo de dos mil uno, el citado Congreso de Jalisco aprobó la ratificación del interesado en el encargo de Magistrado, por un periodo de siete años.

f) Mediante acuerdo económico número **********, de veintisiete de junio de dos mil uno, se corrigió el diverso número **********, con la finalidad de aclarar que el periodo de siete años vencía el día dieciséis de junio de dos mil ocho.

g) En sesión plenaria extraordinaria celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, aprobaron un dictamen técnico, en el que se evaluó el trabajo jurisdiccional del Magistrado **********.

h) El veintitrés de abril de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Jalisco promovió controversia constitucional ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Judicial del Estado de Jalisco, del cual se reclamó, en esencia, lo siguiente: a) la omisión del Poder Judicial del Estado de Jalisco de enviar, tres meses antes de que vencieran los nombramientos de seis Magistrados, incluido **********, los dictámenes técnicos y respectivos expedientes para los efectos de su factible ratificación; b) la discusión, aprobación, expedición y ejecución del acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, por el que se determinó que algunos Magistrados habían adquirido el rango de inamovibles, según comunicación enviada al Congreso de Jalisco; y, c)la negligencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, al desconocer su obligación de enviar el dictamen técnico de actuación y desempeño de seis Magistrados. La citada demanda se radicó bajo el número de expediente 49/2008.

i) En tanto, el día doce de junio de dos mil ocho, el Magistrado ********** promovió juicio de amparo indirecto, al que correspondió el expediente **********, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, por considerar que inminentemente se le separaría del cargo de Magistrado, no obstante que el citado dictamen técnico determinó que él había adquirido el derecho a la inamovilidad en su encargo, por razón de su ratificación en el año dos mil uno. Tal juicio se turnó, admitió y tramitó junto con su respectivo incidente de suspensión, en el que (dos días antes de que feneciera el segundo periodo de nombramiento) se le concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran tal como estaban.

j) Mediante acuerdo legislativo de clave **********, de trece de junio de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Jalisco, determinó no ratificar al interesado en el cargo de Magistrado. Este acuerdo se notificó al Supremo Tribunal de Justicia el día dieciséis de junio del propio año, es decir, el mismo día en que fenecía el segundo periodo y no de manera anticipada, a efecto de no afectar la regularidad de la función jurisdiccional.

k) El día cuatro de julio del año dos mil ocho, el citado Magistrado amplió su demanda de amparo **********, en contra del acuerdo legislativo **********, que estimó lesionaba sus derechos en materia de inamovilidad en su encargo.

l) Durante el trámite se concedió la suspensión definitiva al quejoso y, finalmente, seguido el juicio en sus términos, el Juez Federal concedió el amparo y protección al quejoso por considerar que tenía el rango de Magistrado inamovible. No obstante, la anterior determinación fue revocada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al desestimar tal inamovilidad en la revisión **********.

m) Por otra parte, la previamente citada controversia constitucional 49/2008, fue resuelta el diez de mayo de dos mil diez, en el sentido de invalidar el acuerdo de no ratificación de dos mil ocho (**********), por lo cual se ordenó al Congreso de Jalisco que, en otra evaluación, decidiera sobre la ratificación o no en el encargo del Magistrado, para lo cual debía seguir los lineamientos establecidos en la ejecutoria.

n) El veintitrés de diciembre de dos mil diez, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia del propio Congreso, con el rango de acuerdo legislativo número **********, en el que determinó no ratificar al interesado en el cargo de Magistrado.

o) El treinta de diciembre de dos mil diez, ante la inminencia de la separación en el encargo de Magistrado derivada del enunciado acuerdo legislativo **********, el interesado promovió un segundo juicio de amparo indirecto, que con el número **********, se admitió y tramitó en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco. Dicho juicio de garantías fue sobreseído.

p) Por otra parte, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil once, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado demandó la invalidez del acuerdo legislativo **********. La controversia constitucional se registró con el número 24/2011, y fue resuelta el diecinueve de octubre del mismo año, en los siguientes términos: "TERCERO. Se declara la invalidez del acuerdo legislativo número **********, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el expuesto en el considerando sexto de este fallo."

q) En términos del citado considerando, se requirió al Congreso de Jalisco para que emitiera un nuevo acuerdo en el que, de conformidad con los lineamientos del fallo, decidiese sobre la ratificación o no en el cargo del interesado.

r) El día primero de diciembre del año dos mil once, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número **********, por el que instruyó a la Comisión de Justicia para que elaborase nuevo dictamen de evaluación.

s) El trece de diciembre siguiente, el interesado promovió un tercer juicio de amparo indirecto, por considerar que como consecuencia del acuerdo legislativo a **********, inminentemente se le separaría del cargo de Magistrado. Dicho juicio se turnó, admitió y resolvió en el citado Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo de Jalisco, según expediente **********.

t) Mediante acuerdo legislativo **********, el siete de mayo de dos mil doce, el Congreso de Jalisco resolvió no ratificar al interesado en el cargo.

u) En razón de dicha negativa de ratificación, el interesado interpuso un cuarto juicio de amparo indirecto que, con el número **********, se admitió y resolvió por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo de Jalisco, en el sentido de conceder el amparo y protección solicitados para el efecto de que de nuevo fuese evaluado el interesado; no obstante, dicho fallo fue recurrido por no haberse declarado la inamovilidad del quejoso.

v) Por su parte, el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, por considerar que se violentaban la independencia y autonomía del Poder Judicial, promovió controversia constitucional, la cual se registró con el número 45/2012, y fue resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de invalidar el citado acuerdo legislativo; asimismo, ordenó al Congreso del Estado que efectuase una nueva evaluación al actuar del interesado en el cargo.

w) Mediante acuerdo legislativo **********, de treinta de mayo del año en curso, después de efectuar la respectiva evaluación en el actuar del Magistrado, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó la ratificación en su cargo por un periodo de diez años.

x) El día once de julio de dos mil trece, el Pleno extraordinario de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco aprobó interponer el presente medio de control constitucional en contra del acuerdo legislativo **********.

2. Presentación de la demanda, poder demandado y actos impugnados. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado **********, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y representante legal del Poder Judicial del Estado, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la citada entidad federativa, mediante la cual solicitó se declarara la invalidez del acuerdo legislativo de clave **********, fechado el treinta de mayo de dos mil trece.

3. Artículos constitucionales que el Poder Judicial actor señala como violados. El actor estimó infringidos los artículos 14, párrafos primero, segundo y cuarto, 16, párrafo primero, 17, párrafo sexto, y 116 de la Constitución Federal.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil trece, los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo del año dos mil trece, admitieron a trámite el presente asunto, tuvieron como demandado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, al que ordenaron emplazar para que presentara su contestación de demanda y, a su vez, le requirieron copia certificada del acuerdo impugnado. Asimismo, ordenaron dar vista al procurador general de la República y reservaron lo conducente al turno.

5. Con fecha primero de agosto de dos mil trece, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a quien designó, conforme al turno correspondiente, como instructor del asunto.

6. Contestación de la demanda. El veintitrés de agosto de dos mil trece el presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Jalisco dieron contestación a la demanda de cuenta, la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo de veintiséis siguiente.

7. Opinión del procurador general de la República. Mediante oficio **********, presentado el veintitrés de septiembre de dos mil trece ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República formuló el pedimento correspondiente al presente asunto.

8. Cierre de Instrucción. Agotado el trámite respectivo, el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se puso el expediente en estado de resolución.

9. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil trece, y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

II. Competencia

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto,(2) 10, fracción I(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, toda vez que se plantea una controversia constitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la que se impugnan únicamente actos.

III. Precisión del acto reclamado

11. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) y previo al análisis de los aspectos procesales de oportunidad y legitimación, es necesario que esta Primera Sala fije, de manera precisa, el acto cuya invalidez reclama el poder actor. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 98/2009, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(6)

12. Ahora bien, en su escrito de demanda, la parte actora señala como acto impugnado: "El acuerdo legislativo de clave: **********, fechado el 30 treinta de mayo del año 2013, dos mil trece."

13. De las constancias de autos se desprende que, en efecto, en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Jalisco, iniciada el veintinueve de mayo de dos mil trece y concluida el treinta siguiente, se aprobó el acuerdo legislativo número **********, mediante el cual se determinó ratificar a **********, como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por un periodo de diez años, comprendido entre el diecisiete de junio de dos mil ocho al dieciséis de junio de dos mil dieciocho, por lo que queda fijado el acto cuya invalidez se reclama y acreditada su existencia.(7)

IV. Oportunidad

14. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia señala que respecto de actos el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclamen; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

15. En el presente caso, el combatido acuerdo legislativo **********,(8) fue notificado el cuatro de junio de dos mil trece al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante oficio **********, de fecha treinta de mayo del mismo año.

16. Así, dicha notificación surtió efectos el mismo día en que se efectuó, de conformidad con la ley del acto(9) y, por tanto, el plazo de treinta días previsto en el citado artículo 21, corrió del día cinco de junio de dos mil trece al día primero de agosto de la misma anualidad, plazo al que deben descontarse los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio; así como los días seis, siete, trece y catorce de julio, por ser sábados y domingos; así como del dieciséis al treinta y uno de julio, por corresponder al primer periodo vacacional y, por tanto, ser días inhábiles, de conformidad con lo señalado en los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3o., 70, 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo Plenario Número 2/2006.

17. Por tanto, si la presente demanda se presentó el día quince de julio de dos mil trece, resulta notorio que fue presentada en tiempo.

V. Legitimación

18. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I(10) y 11,(11) párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establecen que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

19. Ahora bien, de conformidad con el artículo 56(12) de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 34, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la misma entidad federativa, corresponde al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la representación del Poder Judicial de la entidad.

20. Así, si la presente controversia constitucional fue promovida por **********, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y acreditó su personalidad con copia certificada del acta de sesión plenaria ordinaria de catorce de diciembre de dos mil trece, en la que consta su elección como Magistrado presidente del mencionado órgano jurisdiccional para el bienio de dos mil trece a dos mil catorce, debe concluirse que se encuentra legitimado para promover la presente controversia constitucional.

21. Legitimación pasiva. Asimismo, en términos de los citados preceptos de la ley reglamentaria de la materia, el poder demandado debe acudir a la presente controversia por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

22. En este sentido, el artículo 35.1., fracción V,(13) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco prevé que corresponde a la mesa directiva, a través de su presidente y dos secretarios, representar al Poder Legislativo en todos los procedimientos en los que sea parte, incluyendo los derivados de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como acontece en la especie.

23. Por tanto, si al presente juicio comparecen **********, ********** y **********, con el carácter de presidente y secretarios de la mesa directiva, respectivamente, quienes acreditan su representación con copia certificada del acta de la segunda sesión extraordinaria verificada por el honorable Congreso del Estado de Jalisco el jueves trece de junio de dos mil trece, en la que consta su elección como miembros de la mesa directiva; esta Primera Sala concluye que quienes suscriben la contestación de demanda cuentan con legitimación procesal suficiente para representar al Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

VI. Elementos necesarios para resolver

24. Para mayor claridad, en este apartado se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por el poder actor en su demanda de controversia constitucional, así como la contestación de la demanda, por parte del poder demandado, así como la opinión del procurador general de la República.

25. Conceptos de invalidez. En esencia y, de manera específica, el poder actor señaló los siguientes conceptos de violación:

Primero. Inamovilidad. Con la emisión del acuerdo legislativo **********, por parte del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, se agravia al Poder Judicial del Estado de Jalisco y se vulnera su independencia y autonomía por la violación a lo establecido en los artículos 14, párrafos segundo y cuarto, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que a un integrante del Pleno de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (Magistrado **********), en el ejercicio de la función jurisdiccional que tiene encomendada y demás derechos que le corresponden, se le privó de sus derechos y posesiones legalmente adquiridos, sin que mediara juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad.

a) Al emitirse el combatido acuerdo legislativo, no se respetaron el texto ni la interpretación jurídica de los artículos 35, fracción VIII, 58, párrafo primero y 59 del Decreto 15424, alusivo a la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, de 6 de julio de 1994, ni se respetó la jurisprudencia aplicable al caso, pues el Congreso desestimó que debió declararse que operó en beneficio del interesado el derecho a la inamovilidad; todo lo cual, además, acredita la indebida fundamentación y motivación al emitir dicho acto.

b) Debe tenerse en cuenta que, acorde con la norma vigente el día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete (artículos 58, 59 y otros de la Constitución Política Local), el proceso de nombramiento, aprobación de nombramiento, toma de protesta y asunción del Cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, era un acto especial compuesto de por lo menos siete actos o etapas sucesivas, a saber: 1) Nombramiento por escrito del gobernador del Estado; 2) Aprobación del nombramiento por acuerdo del Congreso; 3) Toma de protesta ante el Pleno del Congreso; 4) Recepción del Magistrado por el H. Pleno de Magistrados; 5) Asignación de Sala de adscripción por dicho Pleno; 6) Recepción del Magistrado por el presidente de la Sala; y, 7) Entrega de posesión de oficina.

c) Lo que quiere decir que, el Constituyente de Jalisco, en cuanto a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en los citados numerales 35, fracción VIII y 58 de la Constitución Política Local, sin decirlo, distinguió entre nombramiento y aprobación o rechazo con sus respectivas consecuencias jurídicas, reservando el primero al gobernador del Estado y, el último, al Congreso y, por lo mismo, los efectos y consecuencias jurídicas del nombramiento surgen a partir de la fecha del mismo, e igual, los efectos y consecuencias jurídicas de la aprobación, surgen a partir de tal evento, y en tal virtud, es claro que como el nombramiento del interesado en el cargo de Magistrado es de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, entonces, es la legislación vigente en esa misma fecha la que le debe aplicar para todos los sucesivos efectos de permanencia o no en el cargo, y no la surgida en fecha posterior, puesto que tal nombramiento es el que le otorga todos los derechos que por ley le corresponden, siempre y cuando se actualicen los demás actos conducentes.

d) En todo caso, si en el texto de los numerales 35, fracción VIII, 58 y 59 de la Constitución Local, según Decreto 15424, existían las figuras de nombramiento, aprobación o rechazo, ratificación y otras, tal ley pudo establecer que fuese base para la inamovilidad, el acto-fecha de aprobación del nombramiento (Congreso), el acto-fecha de la toma de protesta (Congreso), o el acto-fecha de la asunción del cargo (Pleno de Magistrados), casos en los cuales, el Congreso sí tendría razón para aplicar el aludido tercero transitorio y 61 de la Constitución Local, pues cualquiera de dichos actos es de fecha posterior a la emisión del referido Decreto 16541, pero no fue así, sino que, de manera literal y expresa, dicho numeral 59 del aludido Decreto 15424, de julio de 1994, lisa y llanamente estableció que, si un Magistrado era nombrado por un periodo de cuatro años y era ratificado en el cargo, adquiriría el derecho a la inamovilidad.

e) El Magistrado **********, fue nombrado por cuatro años y, posteriormente, fue ratificado en el cargo. En consecuencia, la citada reforma, con vigencia a partir del veintinueve de abril de 1997 (Decreto 16541), no le aplica, toda vez que entró en vigor un día después del nombramiento a que se hizo referencia, y máxime que habla de un primer nombramiento por un periodo de siete años y un segundo nombramiento por un periodo de diez años, que no es el caso a estudio.

f) Por tanto, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco falta a la verdad, cuando en el antecedente número I del citado acuerdo legislativo **********, afirma que el Magistrado **********, fue nombrado Magistrado el día trece de junio de mil novecientos noventa y siete, ya que tal fecha corresponde a la aprobación del Congreso a dicho nombramiento, sin embargo, el nombramiento fue hecho desde el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

g) El acuerdo económico **********, de veinticinco de mayo de dos mil uno, en el que se alude a la ratificación en el cargo de Magistrado de **********, hizo que se actualizara el supuesto establecido por el numeral 59 del Decreto 15424, en el sentido de que, dada la ratificación en el cargo, se adquiere la inamovilidad.

h) Por lo que, la afirmación del Congreso de Jalisco, en el punto IV de antecedentes del acuerdo legislativo **********, en cuanto a que en cumplimiento del Decreto 16541, se ratificó al Magistrado **********, el día veinticinco de mayo del año dos mil uno, resulta de aplicación retroactiva, lo cual está prohibido por el numeral 14, párrafo primero, de la Ley Fundamental, pues no podía el Congreso de Jalisco ratificarlo en el cargo con base en una norma jurídica que nació a la vida jurídica en fecha posterior a la fecha de su nombramiento, que es cuando surgen sus derechos para permanecer o no en el cargo.

i) Con lo anterior, se evidencia que el Congreso de Jalisco aplicó retroactivamente una norma posterior, con el fin de desconocer un derecho adquirido, ya que determinó aplicar la disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo tercero transitorio del Decreto 16541, que entró en vigor el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete que, entre otros artículos, reformó el transcrito numeral 61 de la Constitución Política Local.

j) Los actos de las autoridades administrativas que tuvieren como consecuencia la privación de un derecho adquirido, deben sujetarse a un procedimiento en el que se dé oportunidad al afectado para presentar las defensas que tuviere y hacer valer sus derechos. Al efecto, resulta aplicable la tesis de la Suprema Corte, Núm. Registro IUS: 350662, del año 1943, que dice: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS) (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)."

Segundo. Inamovilidad. Se agravia al Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues, al emitirse el acuerdo legislativo **********, el Pleno del Congreso de Jalisco no tomó en cuenta el texto literal del primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece que, al término del periodo de siete años, deberá determinarse si el Magistrado continua o no en el cargo, lo cual es congruente con lo establecido por el cuarto párrafo del mismo numeral, al determinar que si se resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en sus funciones y se procederá a realizar un nuevo nombramiento.

k) Las anteriores consideraciones se confirman en la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se ha pronunciado en relación con el tema de ratificación de Magistrados en las que se reconoce que antes de concluir el periodo debe emitirse un dictamen evaluatorio, fundado y motivado, que será el sustento para determinar, si el Magistrado debe o no continuar en el cargo, como base para salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera judicial.

l) Si no se emite dictamen antes de fenecer el periodo, o al término, evidentemente, operó la ratificación tácita del Magistrado en el cargo; si, por el contrario, si se emite dictamen, y tal dictamen se emite antes de que fenezca el periodo o al término del mismo, pero dicho dictamen no es fundado, no es motivado, no se apoya en pruebas objetivas, no se sustenta en pruebas idóneas, no atiende a criterios objetivos, no es producto de un seguimiento de la actuación del Magistrado, no deriva del expediente que se hubiere abierto; y, en general, no contiene consideraciones sustantivas y objetivas que lo validen, es claro que estamos ante la nada jurídica, sin efectos, ni consecuencias.

m) Por lo que, si como en el caso que nos ocupa, estamos en presencia de una o más evaluaciones que han sido declaradas inválidas por los tribunales competentes, luego entonces, existe una situación de ilegalidad, ya que el o los dictámenes no reúnen ninguna de las características necesarias, lo que evidencia que se trata de uno o varios actos sin eficacia ni consecuencias jurídicas, que sólo se emitieron para no ratificar a un Magistrado que sí reunía todos los requisitos necesarios y suficientes para continuar en la función, según se demuestra con el acuerdo legi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25156-d9d2fa20/magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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