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AFIRMATIVA FICTA. EL ARTÍCULO 108-BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, Y CORREGIDO POR LA FE DE ERRATAS IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DPL-845-LIX, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 10 DE MAYO DE 2012, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE DECLARATORIA ANTE CUALQUIER SALA DEL PODER JUDICIAL QUE CONOZCA DE LA MATERIA CIVIL O MERCANTIL...", NO VULNERA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES, EN TANTO QUE DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO SE REFIERE A QUE EL GOBERNADOR DECIDA LA SALA QUE HA DE CONOCER DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, SI NO MÁS BIEN QUE CUALQUIERA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE JALISCO QUE CONOZCAN DE DICHAS MATERIAS ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE AFIRMATIVA FICTA, CONFORME A LOS MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS QUE RIJAN EN ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DE LA FE DE ERRATAS RELATIVA AL DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 31 DE MARZO DE 2012, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DPL-869-LIX, PUBLICADA EN ESE MEDIO DE DIFUSIÓN EL 5 DE JUNIO DE 2012, ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, EN TANTO QUE A TRAVÉS DE ELLA SE REALIZARON MODIFICACIONES AL CONTENIDO NORMATIVO DE LA CITADA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDEN A LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR EXPRESADA AL DISCUTIR Y APROBAR EL DICTAMEN SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 101, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 31 DE MARZO DE 2012, EN RELACIÓN CON SU PÁRRAFO PRIMERO, CUYO TEXTO FUE CORREGIDO POR LA FE DE ERRATAS RESPECTIVA A ESE DECRETO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DPL-869-LIX, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 5 DE JUNIO DE 2012, AL PREVER QUE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL LOCALES CONOCERÁN DE LAS DEMANDAS DE AFIRMATIVA FICTA PARA ACTOS DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO, ASÍ COMO DE TODA CLASE DE JUICIOS O TRÁMITES QUE DETERMINE EL CONSEJO GENERAL DENTRO DE SUS FACULTADES, ES VÁLIDO. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 108-BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, ADICIONADO POR ESE DECRETO, AMBOS CORREGIDOS POR LAS FE DE ERRATAS IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS DPL-869-LIX Y DPL-845-LIX, PUBLICADAS EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 5 DE JUNIO Y 10 DE MAYO DE 2012, RESPECTIVAMENTE, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE PREVÉN "LAS SALAS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA CIVIL Y MERCANTIL..." Y "...LAS SALAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUE CONOZCAN DE LA MATERIA CIVIL Y MERCANTIL...", CORRELATIVAMENTE, NO GENERAN INCERTIDUMBRE, EN TANTO QUE DEBE ENTENDERSE QUE SE REFIEREN A LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA LOCAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2012. · Registro digital (IUS): 25601
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-04-24
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pág. 99.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2012. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 20 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinte de octubre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Por oficio presentado el once de mayo de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de esa entidad, promovió controversia constitucional en contra del Decreto Número 23965/LIX/12, publicado con fecha treinta y uno de marzo de dos mil doce en el Periódico Oficial del Estado, expedido y promulgado, respectivamente, por el Congreso y el gobernador, ambos de la propia entidad, por medio del cual "Se abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, se expide la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, se adiciona una fracción al artículo 108 y agrega un 108-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y se adiciona una fracción y modifica la fracción V del artículo 48 y modifica el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco."

2. SEGUNDO. La parte actora citó como preceptos violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló que no existe tercero interesado; y narró los siguientes antecedentes:

"Primero. Por medio del decreto que por esta vía se impugna, o sea el Número 23965/LIX/12, y con el objetivo de ‘fomentar el desarrollo económico, la productividad y mejorar la competitividad’ así como de promover ‘inversiones productivas y la creación, expansión y consolidación de empresas’ que ‘contribuyan al crecimiento económico, al desarrollo sustentable y a la generación de empleos en la entidad’, se crearon dos nuevos ordenamientos jurídicos, la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del propio Estado.

"Segundo. A través de ese mismo decreto, y atendiendo a uno de los aspectos que contemplan los marcos normativos de los ordenamientos recién creados, se reformaron las leyes orgánicas tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial de la referida entidad federativa, a efecto de instaurar en ellas un nuevo procedimiento, relativo al trámite de las iniciativas elevadas a la consideración del Congreso jalisciense que involucren la enajenación o actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles que integran al patrimonio de la propia entidad -cuyo fin sea precisamente la cumplimentación de los proyectos productivos regulados por las leyes antes aludidas- dotando al Ejecutivo Local de la facultad para solicitar ante ‘las Salas del Poder Judicial del Estado’ la declaratoria de la afirmativa ficta, para el caso de que las iniciativas de referencia no hayan sido desahogadas por el mencionado Congreso en los plazos establecidos legalmente; y

"Tercero. En virtud de que las reformas contenidas en el decreto en cuestión conculcan diversos principios consagrados en la Carta Magna, el que esto suscribe promueve la presente controversia con la representación con que comparezco, en reparación de tal transgresión."

3. TERCERO. El demandante expresó, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:

4. - Que con las normas contenidas en el decreto combatido se incorporó al sistema jurídico jalisciense, la posibilidad de someter a consideración del Congreso Estatal iniciativas que involucren actos traslativos de dominio, con respecto de bienes inmuebles propiedad del Estado, determinándose asimismo el proceso exacto a que habría de ceñirse el citado Congreso al dar el debido trámite a esas iniciativas.

5. - Que para el caso de que el Legislativo Local no desahogare el trámite referido dentro de los plazos establecidos al efecto, se estatuyó que la correspondiente iniciativa se entenderá aprobada bajo el concepto de la afirmativa ficta.

6. - Que el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo jalisciense, desarrolla el procedimiento, por medio del cual, el titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad puede solicitar ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, la declaratoria de la afirmativa ficta que, dado el caso, ha operado en relación con las referidas iniciativas, reglamentándose igualmente el proceso sumario que la correspondiente Sala deberá llevar a cabo al dar trámite a la demanda del gobernador.

7. - Que como consecuencia del procedimiento introducido a la normatividad orgánica que se comenta, fue necesario establecer en la diversa Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado las facultades correspondientes a dicho Poder, para estar en aptitud de desahogar legalmente el referido proceso novedoso, modificándose el artículo 48 -contenido en el capítulo IV, intitulado "De las Salas del Supremo Tribunal de Justicia", del título segundo de tal norma- en su fracción V, para dar cabida a la atribución de las apuntadas Salas en lo tocante a las demandas de afirmativa ficta, y también fue modificado el diverso dispositivo 101 de la misma legislación -localizado en el capítulo I, denominado, "De la competencia y organización de los Juzgados de Primera Instancia", del título quinto de dicha ley-, estableciéndose a través de la nueva redacción de esa norma que, las Salas del Poder Judicial conocerán asuntos de materias penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, enlistándose entre los casos sujetos a su potestad las referidas demandas de afirmativa ficta.

8. - Que el recientemente creado artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, estatuye la competencia de "las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil", para resolver las mencionadas demandas de afirmativa ficta que haga valer el Ejecutivo Estatal, haciéndose igualmente continua referencia a través de las fracciones del numeral anotado, a la forma y términos en que la "Sala del Poder Judicial" que conozca del asunto las desahogará; y el reformado artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local igualmente dota a las "Salas del Poder Judicial" de la facultad para conocer de los asuntos de que se trata.

9. - Que de la Constitución Local y del resto de las disposiciones que la reglamentan, en especial de los artículos 56, 58 y 67 de la Constitución de la entidad, así como 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se desprende que tanto el Supremo Tribunal de Justicia como el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco funcionan en Pleno y en Salas, mientras que el Tribunal Electoral de la entidad ejerce su jurisdicción funcionando en Pleno y durante su periodo de receso realiza sus funciones a través de la Sala Permanente, en virtud de lo cual, los tres tribunales que forman parte del Poder Judicial estatal llevan a cabo sus funciones actuando en Pleno o en Salas.

10. - Que en virtud de lo anterior, el concepto de "Salas del Poder Judicial" a que se hace alusión en las reformas introducidas por medio del decreto combatido, bien puede incluir indistintamente a cualquiera de las que componen a los tribunales referidos, por lo cual, la asignación de competencias efectuada por el Congreso jalisciense resulta imprecisa; indefinición que trae como consecuencia que se surta la competencia para conocer de los asuntos de que se trata en favor de cualquiera de las Salas que componen a los tribunales jaliscienses, trastocando de este modo el esquema organizacional del Poder Judicial Estatal que se prevé en la Constitución de la entidad, provocando a su vez una violación al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

11. - Que el nuevo dispositivo 108-Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, prevé la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Local pueda presentar la solicitud de declaratoria de afirmativa ficta ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, o sea ante la Sala que sea de su elección, lo que trae como consecuencia que, con independencia de los sistemas de distribución de asuntos que se hallen instituidos en los mencionados tribunales, el citado servidor público pueda decidir libremente incoar la demanda de afirmativa ficta ante la Sala específica de su elección, lo que deviene, además, en una infracción al principio de división de poderes, pues la independencia y autonomía del Poder Judicial se dejan en entredicho al sujetar la actuación de un órgano jurisdiccional en particular al arbitrio del gobernador, y no en función de los mecanismos de distribución de asuntos ya diseñados para asegurar, en la medida de lo posible, una impartición de justicia rápida e imparcial.

12. - Que el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, hace alusión a las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil, mientras que el dispositivo 101 de la normatividad organizacional del Poder Judicial Local otorga facultad a las Salas del Poder Judicial del ramo civil para conocer de los referidos casos de afirmativa ficta, y concede al "Pleno del Consejo General" -a pesar que desde el mes de enero del año dos mil siete al órgano administrativo en cuestión se le denominó Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco- la facultad para determinar la materia de que conocerán precisamente las citadas Salas del Poder Judicial, pudiendo ser "penal, civil, familiar y mercantil", por lo que a través del Decreto Legislativo que se reclama, el Congreso Estatal atribuyó al Consejo de la Judicatura del Estado la aptitud de determinar las materias de que conocerán las "Salas del Poder Judicial", con independencia del tribunal al que pertenezcan, acentuándose de esta manera el vicio antes descrito, en perjuicio de la organización del propio Poder Judicial.

13. - Que todo lo anterior confirma la imprecisión competencial de las "Salas del Poder Judicial" provocada por el decreto impugnado, en detrimento del marco organizativo del Poder Judicial Local, pues con motivo de tal decreto se desdibuja la exacta previsión de la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales aludidos, relegando la definición de aquélla al órgano de administración del Poder de mérito.

14. - Que el nuevo texto del numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco dota de una facultad novedosa al Consejo de la Judicatura de la entidad, consistente en la potestad de determinar la materia de los asuntos de los que conocerán las "Salas del Poder Judicial", lo que constituye una infracción al sistema jurídico impuesto por la Constitución, Local, vulnerándose la autonomía e independencia del propio Poder Judicial de Jalisco, tomando en cuenta que conforme a los artículos 57, 62, 65 y 68 de dicha Constitución, corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinar la competencia de las Salas que lo integran, al Tribunal de lo Administrativo le compete resolver los asuntos en materias administrativa y fiscal, y al Tribunal Electoral dirimir las controversias derivadas de los procesos electorales estatales, así como de los procedimientos de plebiscito y referéndum; sin que entre las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco por el artículo 64 de la Constitución Local se encuentre la determinación de las materias de los asuntos de que conocerán las "Salas del Poder Judicial", pues ni siquiera las funciones de administración, vigilancia y disciplina de que tal ente se encarga al interior del Poder Judicial, comprenden al Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de lo Administrativo y Tribunal Electoral.

15. - En apoyo a sus argumentos la parte actora invoca las tesis de rubros: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO ELECTORAL ESTATAL QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PARA EL CASO DE QUE EL CONGRESO DE LA ENTIDAD NO RESUELVA SOBRE EL PARTICULAR EN EL PLAZO AHÍ SEÑALADO, SE APARTA DE LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, TRANSGREDE EL DIVERSO 16 DE LA LEY FUNDAMENTAL.", "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, Y 38, PRIMER PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN, SE OPONEN A LA CONSTITUCIÓN LOCAL, POR LO QUE TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE."

16. - Que el decreto cuya invalidez se demanda infringe igualmente la autonomía e independencia del Poder Judicial actor, resguardadas por los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, trastocándose con ello al orden constitucional que garantiza el principio de división de poderes en la esfera de las entidades federativas.

17. - Que la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales, consagradas por la Constitución Federal, prevén como una de las condiciones para que en efecto se verifiquen tales notas características, la potestad exclusiva del Supremo Tribunal de Justicia para determinar el funcionamiento, integración y administración de sus Salas; debiéndose hacer extensivo tal argumento, por identidad de razón, al resto de los tribunales que integran a dicho Poder; en virtud de lo cual, si el modelo en que se inserta al Consejo de la Judicatura Estatal transgrede las ideas fundamentales referidas anteriormente, debe reputarse inconstitucional el diseño de tal órgano de administración del Poder Judicial de la entidad.

18. - Que si conforme a los artículos 56, 57, 62, 64, 65 y 68 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se dota de verdadera autonomía al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo y al Tribunal Electoral, garantizando que el Consejo de la Judicatura Local no pueda válidamente inmiscuirse en el funcionamiento y administración de esos órganos jurisdiccionales, entonces la posibilidad de que sea el Consejo de la Judicatura el que determine la materia de los casos de los que se ocuparán las "Salas del Poder Judicial", resulta incompatible con el marco legal de referencia, pues supondría un sometimiento de dichos tribunales a la decisión del órgano administrativo de mérito, en cuanto al funcionamiento, integración y administración de aquellos tribunales.

19. - Que no es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia sea a su vez el del Consejo de la Judicatura del Estado, pues de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Local, el órgano de administración de que se trata, está integrado en su mayoría por consejeros de origen ciudadano, seleccionados por el Congreso del Estado.

20. - Que ningún miembro titular del Consejo de la Judicatura, a excepción de su presidente -sólo en lo tocante al Tribunal Superior-, conoce de manera directa o tiene aptitud de imponerse de los datos fácticos, estadísticos o demás pertinentes, referentes al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo o al Tribunal Electoral, que le permita tomar una decisión adecuada, en armonía con la eficiencia y efectividad buscada en la impartición de la justicia en territorio jalisciense, en cuanto a la determinación de las materias que las "Salas del Poder Judicial" habrán de conocer.

21. - Que no es obstáculo que las funciones de que se trata hayan de ser ejercidas materialmente por el Consejo de la Judicatura del Estado, el cual pertenece al propio poder actor, pues este Tribunal Pleno en las controversias constitucionales 32/2007 y 25/2008 determinó que, si bien el Consejo de la Judicatura Estatal, al ser parte del propio Poder Judicial de la entidad, no podría propiamente afectar la esfera de competencia del Tribunal Superior de Justicia, pues a la luz del principio de división de poderes, ambos se ubican en la misma esfera competencial, no siendo lógicamente posible que se generen conflictos inter poder, lo cierto es que, había situaciones en que se podría configurar una violación al artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, si al llevar a cabo sus funciones administrativas tal consejo llega a afectar alguna de las garantías de la función jurisdiccional, y concluyó que los Consejos de la Judicatura pueden ejercer libremente sus facultades administrativas, siempre respetando todas y cada una de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional, pero jamás podrán, desde el punto de vista normativo, ubicarse por encima de los órganos propiamente jurisdiccionales.

22. - Que en las referidas controversias se determinó que, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador, se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes del Estado, tal situación afecta el principio de división de poderes, que encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de ellos.

23. - Invoca las tesis derivadas de la controversia constitucional 32/2007, de rubros: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES.", "CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUS FUNCIONES ESTÁN SUBORDINADAS A LA PROPIAMENTE JURISDICCIONAL.", así como "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN."; y agrega que los argumentos de que se trata deben hacerse extensivos, por identidad jurídica e igualdad de razón, al inciso b) de la fracción II del numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

24. - Que los lineamentos básicos que rigen a los juzgados de la entidad -incluyéndose en dicha acepción a los de primera instancia, menores y de paz-, se hallan contenidos en los numerales 63 y 64 de la Constitución Política de la entidad, de acuerdo con los cuales, los juzgados estatales conocerán de los asuntos que determine el Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en la legislación organizativa que al efecto se expida, esto es, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, motivo por el cual, el artículo 101 de este ordenamiento, antes de la reforma combatida, estipulaba el contenido de cada una de las materias sobre las cuales habrían de ejercer su jurisdicción los juzgados jaliscienses, siendo ese artículo, el único que prevé, en todo el sistema jurídico estatal, lo relativo a ese tópico, de manera que el numeral de que se trata, constituía el sustento legal, en virtud del cual, cada uno de los Jueces del Estado resolvía los asuntos de las materias ahí descritas, mientras que el Consejo de la Judicatura Local, en ejercicio de las facultades administrativas de que goza, distribuía y asignaba las materias sobre las que cada uno de los distintos juzgados de la entidad podría emitir válidamente pronunciamientos.

25. - Que el equilibrio fundamental reseñado en el párrafo que antecede, se borró de un plumazo con motivo de la actuación de las demandadas, en razón de que se eliminó de la citada norma la descripción o especificación de los asuntos que por materia habrán de conocer los juzgados del Estado; que al sustituirse la expresión "Los juzgados de la entidad" por la relativa a "Las Salas del Poder Judicial", se desterró del ordenamiento jurídico jalisciense el sustento legal, en virtud del cual, los Jueces estatales emiten sus pronunciamientos en las distintas materias sobre las que ejercen su jurisdicción, con lo que se provocó un vacío en el marco normativo estatal, puesto que ahora ni la Constitución Política jalisciense ni la ley que la reglamenta en materia de impartición de justicia, contienen previsión alguna en lo tocante al contenido de las materias sobre las cuales los juzgadores locales pueden emitir válidamente sus resoluciones.

26. - Que la situación descrita acarrea dos consecuencias: a) que los juzgados estatales resuelvan de determinada clase de asuntos sin que legalmente tengan dicha atribución, violentando diariamente las garantías de legalidad y seguridad jurídica, además de que, conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura Local tiene la potestad de fijar el número y competencia de aquéllos "de conformidad con lo que establezca la ley", con lo que ciñe a la legislatura a determinar en la ley secundaria la manera en que se fijará el número y competencia de los juzgados para que con base en lo anterior, el Consejo de la Judicatura proceda a realizar la asignación de competencias a los distintos juzgadores jaliscienses, y el legislador local, en vez de cumplir con ese mandato, asigna injustificadamente competencias a las "Salas del Poder Judicial" y por medio del mismo acto, elimina la descripción de los asuntos de que podrán conocer los Jueces de la entidad, trastocando con ello a la jerarquía normativa que debe imperar en el Estado, lo que implica una violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna; b) que si el principio de división de poderes que debe imperar en los Estados se resguarda efectivamente mediante el aseguramiento del ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional, al no contar el sistema jurídico jalisciense con el cauce legal respectivo, a través del cual, se ejercerá la facultad de decisión judicial de mérito por parte de los juzgados del Poder Judicial, por no estar previsto el contenido de las materias sobre las que válidamente ejercerán los juzgados su respectiva jurisdicción, es indudable que no se puede hablar de que se haya conseguido el pleno acatamiento del principio constitucional de mérito, pues la actividad decisoria carente de regulación no puede considerarse como autónoma e independiente.

27. - Que si el Congreso del Estado tiene la obligación fundamental de diseñar en la entidad federativa un marco constitucional y legal que garantice el ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional, con miras a preservar el principio de división de poderes, entonces la ausencia de un conducto jurídico que ciña de manera exacta la actividad de los juzgados jaliscienses, provoca un vacío en dicho andamiaje, en el cual la función jurisdiccional se efectúa al margen de la ley que supuestamente debe reglamentarlo, lo que impide la consecución de tales notas requeridas para considerarse respetado el principio de división de poderes.

28. CUARTO. Mediante proveído de once de mayo de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente y remitirlo al Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien correspondió actuar como instructor del procedimiento.

29. El quince de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados y emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco y ordenó dar vista a la procuradora general de la República.

30. QUINTO. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Jalisco comparecieron el presidente y secretarios del Congreso de la entidad, quienes dieron contestación a la demanda mediante promoción presentada en la oficina de correos de la localidad el veintiocho de junio de dos mil doce, recibido en esta Suprema Corte el dos de julio siguiente, manifestando, en lo que interesa, lo siguiente:

31. - Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no existe la norma materia de la presente controversia como la señala el actor, pues si bien combate el texto que fue enviado al titular del Poder Ejecutivo de la entidad para su publicación, posteriormente a ello, el Poder Legislativo Local remitió tres fe de erratas que fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el cinco de junio y diez de mayo de dos mil doce, de las que se observa que, el texto que pretende impugnarse es inexistente, pues debe de atenderse al realmente aprobado por el Poder Legislativo. Al respecto invoca lo sostenido, en relación con las fe de erratas, en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 721/2008, resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte el cuatro de noviembre de dos mil nueve.

32. - Que es infundado que con la reforma al artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se permita al Consejo de la Judicatura determinar los asuntos que conocerán las Salas del Poder Judicial, pues dicha disposición preceptúa que los juzgados de la entidad conocerán de los asuntos de materias penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo de la Judicatura; y también es errado que se haya provocado un vacío en la normatividad local, en cuanto a la supuesta ausencia de previsiones respecto a las materias sobre las cuales los juzgadores locales puedan emitir sus resoluciones, pues el Poder Judicial actor hace señalamientos sobre una norma inexistente, sin tomar en cuenta la norma aprobada por esa Legislatura Estatal.

33. - Que la norma referida, además, se ajusta a los principios estatuidos tanto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, como en los preceptos que en la materia se contienen en la Constitución Política Local.

34. - Que el Alto Tribunal ha sostenido que cada entidad federativa, en ejercicio de su soberanía, puede establecer el funcionamiento y la organización de sus instituciones públicas, en virtud de lo cual, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento del Poder Judicial, lo que implica una amplia libertad de configuración de sus sistemas de nombramiento y ratificación, siempre y cuando éstos respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial. Al efecto, invoca lo que señaló esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 en relación con los Consejos de la Judicatura Estatales y la función jurisdiccional, consideraciones de las cuales, según sostiene, deriva que en el caso que nos ocupa no se trastocan los principios de dicha función, pues no se encuentra subordinada.

35. - Que si la norma que pretende el actor que se invalide continúa en el mismo sentido, estableciendo las materias que deben conocer los juzgados de la entidad, bajo la distribución asignada por el Consejo de la Judicatura en ejercicio de las facultades administrativas de las que goza, entonces los señalamientos del Poder Judicial actor son inoperantes.

36. - Que es igualmente inoperante la impugnación que pretende el actor del artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ya que aun y cuando dicho precepto disponga que en el procedimiento de la declaratoria de procedencia para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, deba tramitarse ante cualquier Sala del Poder Judicial, lo cierto es que, también precisa que debe ser ante la que conozca de la materia civil o mercantil, de manera que es inadmisible considerar que dicha competencia pueda recaer en cualquiera de las Salas de los tribunales que integran al Poder Judicial en la entidad, para lo cual, debe de tomarse en cuenta que las únicas Salas que conocen de las materias civil y mercantil son las del Supremo Tribunal de Justicia.

37. - Que, tomando en cuenta el principio estatuido en el artículo 17 constitucional de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, así como el postulado establecido en el artículo 116, fracción III, de dicho ordenamiento político, los poderes de los Estados se organizarán conforme a sus respectivas Constituciones y sus Poderes Judiciales se ejercerán por los tribunales que establezcan dichas Constituciones.

38. - Que los artículos 52 y 56 de la Constitución Política del Estado de Jalisco disponen que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, disponiendo que el ejercicio del Poder Judicial en esa entidad se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados, y que se compone además por dos órganos, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.

39. - Que la fracción I del artículo 62 de la Constitución Local establece que, al Supremo Tribunal de Justicia le corresponde conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil; mientras que el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25601-e7d35a4c/afirmativa-ficta-el-articulo-108-bis-fraccion-i-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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