ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ, CON EFECTOS RETROACTIVOS, DE LOS ARTÍCULOS 371, PÁRRAFO PRIMERO Y 372, EN LOS ACÁPITES DE LAS FRACCIONES I A IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 81, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y 45 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) SECUESTRO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 81, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN VÍA DE CONSECUENCIA, PROCEDE INVALIDAR EL NUMERAL 372, EN LOS ACÁPITES DE LAS FRACCIONES I A IV, DEL CITADO ORDENAMIENTO, QUE PREVÉ LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE DICHO ILÍCITO SERÁ CALIFICADO Y LAS PENAS CORRESPONDIENTES. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión del trece de mayo de dos mil trece) SECUESTRO. EL ARTÍCULO 371, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 81, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, AL ESTABLECER LAS SANCIONES APLICABLES A QUIEN INCURRA EN ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE AQUEL DELITO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO PRIMERO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 124 Y 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión del trece de mayo de dos mil trece)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2012. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21 DE MAYO DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del artículo 371, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Coahuila, reformado mediante Decreto Número 81, emitido y promulgado por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y publicado en el Periódico Oficial el veinticinco de septiembre de dos mil doce.
SEGUNDO. En el único concepto de invalidez que hace valer la promovente, aduce, en síntesis, lo siguiente:
El artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.
La Constitución prevé, de esta forma, una alteración de la distribución de competencias genéricas (federal y local), al disponer la existencia de un régimen de coordinación en materia de secuestro, en el que se asignan algunas atribuciones a la Federación y otras a las entidades federativas.
En este sentido, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 Constitucional, establece, en su artículo 23, que para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos de secuestro, cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales, o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa le remita la investigación correspondiente, por atender ésta a determinadas circunstancias, será competente la Federación y, en los casos no contemplados en las hipótesis señaladas, serán competentes las autoridades del fuero común.
Asimismo, la ley general establece, en sus artículos 21 y 40, los supuestos respecto de los cuales los tres órdenes de gobierno se coordinarán para cumplir con los objetivos trazados en materia de prevención y sanción del delito en materia de secuestro.
De los numerales citados no se desprende facultad alguna de las entidades federativas para legislar sobre aspectos sustantivos relacionados con el establecimiento de la sanción del delito de secuestro, sino sólo se prevé su participación con los otros órdenes de gobierno en aspectos concernientes a la coordinación para efectos de prevenir y sancionar el referido delito.
Esta regulación es acorde con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, pues fue intención del Constituyente Permanente que el Congreso de la Unión, de manera exclusiva, tipificara el delito de secuestro y estableciera su sanción, es decir, se trata de una atribución que no puede ser ejercida por los Congresos de los Estados, aun cuando se reproduzca de modo idéntico en las leyes locales.
De este modo, la ley general, en su capítulo II, denominado "De los delitos en materia de secuestro", establece sanciones respecto de su comisión.
El Constituyente ha estimado que, por la trascendencia de determinadas materias, su regulación y ejecución no debe quedar en manos de un solo nivel de gobierno, sino que deben participar autoridades con competencia territorial de diferente alcance.
En este sentido, determinó federalizar el delito de secuestro, reformando el artículo 73, fracción XXI, constitucional, como una respuesta a la diversidad legislativa y a la falta de investigación y coordinación entre las autoridades encargadas de la prevención y procuración de justicia, a fin de contar con las herramientas necesarias para combatir de manera frontal el ilícito.
De esta forma, debe entenderse que el órgano legislativo federal detenta la potestad de creación normativa en aspectos sustantivos del delito de secuestro, mientras que los demás órdenes de Gobierno (Estatal y Municipal) sólo participan en aspectos de coordinación y operación de esas normas.
Retomando los argumentos expuestos, se tiene que si el artículo 73 de la Constitución Federal otorga al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley en materia de secuestro que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, esto es, que prevea los aspectos sustantivos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 124 de la propia Constitución, las entidades federativas se encuentran materialmente imposibilitadas para normar dicho delito y su sanción, pues excede el radio de acción que constitucionalmente les es conferido en esta materia.
De la lectura de la norma impugnada se desprende que, en su primer párrafo, establece una sanción de veinte a sesenta años de prisión y multa para la figura típica del delito de secuestro, aplicable a todas las modalidades descritas en la norma, lo que, confrontado con el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece una sanción de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, permite concluir que el Congreso del Estado de Coahuila se extralimitó al legislar respecto de una materia constitucionalmente reservada al Congreso de la Unión, vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Federal.
TERCERO. Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 56/2012 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Por auto de veintitrés de octubre siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila, al rendir su informe, señaló, sustancialmente, lo siguiente:
Si bien es cierto que la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal federalizó el delito de secuestro, también lo es que el artículo segundo transitorio del decreto respectivo dispuso la continuación de la vigencia de las legislaciones locales en materia de secuestro; así también, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de este precepto constitucional, en su artículo quinto transitorio.
En este sentido, las disposiciones de los Códigos Penales de los Estados seguirán aplicándose a los delitos de secuestro cometidos durante su vigencia, es decir, con anterioridad al treinta de noviembre de dos mil diez, en que fue expedida la citada ley general.
De este modo, en un ejercicio de interpretación conforme, debe entenderse que el artículo 371, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Coahuila, impugnado en esta acción, no rige respecto de delitos de secuestro cometidos del treinta de noviembre de dos mil diez en adelante -fecha en la cual el delito de secuestro es considerado como federal, con los tipos y penas que la ley general establece-, sino respecto de aquellos cometidos con anterioridad a esta fecha, cuando el referido delito era del fuero común.
De una interpretación gramatical del citado precepto, como la realizada por la promovente, parecería que éste es inconstitucional; sin embargo, una interpretación conforme, como la que se propone, acorde con un análisis sistemático del nuevo sistema jurídico creado para el delito de secuestro, permite concluir que no existe vicio de constitucionalidad, pues se aplicará la ley general, salvo cuando el delito se hubiese cometido antes del treinta de noviembre de dos mil diez, tal como lo ordenan los artículos transitorios referidos, coexistiendo, de esta forma, dos sistemas de competencia, uno federal y uno local.
No se trata de dirimir, en estricto sentido, un conflicto temporal de aplicación de la ley -como cuando un delito previsto en un Código Penal es reformado y entra en vigor un nuevo texto-, pues lo que este asunto plantea es un cambio de competencia del ámbito local al federal, que autoriza que quienes hayan cometido el delito de secuestro antes de su federalización, sean juzgados bajo las leyes locales.
Cabe señalar que ni los artículos transitorios de la reforma constitucional, ni los de la ley general, prohíben a los Congresos de los Estados reformar sus Códigos Penales en materia de secuestro para aquellos delitos cometidos antes de su entrada en vigor. No se está, pues, frente a una invasión competencial, como pretende hacer ver la promovente, sino frente al ejercicio de una atribución por parte del legislador local, cuya única condición es que aplique solamente a hechos delictivos cometidos antes del treinta de noviembre de dos mil diez.
Una interpretación distinta a la interpretación conforme que se propone generaría incertidumbre y confusión sobre qué tipo delictivo aplicar, lo que tendría un impacto social importante, por ser el secuestro un delito que causa especial agravio a la sociedad. La expulsión de la norma impugnada sería contraria a la esencia misma que sirvió de base para la aprobación de la reforma constitucional: la acción decidida del Estado frente a los secuestradores.
Suponiendo sin conceder que fuese cierta la argumentación de la accionante, el concepto de invalidez que hace valer resultaría inoperante, pues a ningún fin benéfico conduciría la declaración de inconstitucionalidad, por la incertidumbre que causaría en el sistema penal local, ya que continuaría vigente el anterior artículo 371 del Código Penal del Estado, respecto de aquellos delitos cometidos antes del treinta de noviembre de dos mil diez, el cual se aplicaría conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios de la reforma constitucional y en la ley general, sin que la expulsión del párrafo primero del artículo 371 impugnado pudiera tener efectos hacia el pasado y, mucho menos, de la citada fecha en adelante, al encontrarse vigente desde entonces la referida ley general, sino únicamente a partir de su entrada en vigor, como se desprende de la tesis P./J. 104/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL."
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, al rendir su informe, manifestó, en esencia, lo siguiente:
En el escrito por el que se promueve la acción no se formulan, de manera directa, conceptos de invalidez por vicios atribuibles al Poder Ejecutivo del Estado, en cuanto a la promulgación de la norma impugnada.
La promulgación y publicación del Decreto Número 81, en que se contiene el artículo 371, párrafo primero, que se combate, se realizó en observancia a lo dispuesto por los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, de la Constitución Local. El Ejecutivo Estatal no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación del citado decreto, por lo que no tuvo injerencia en las irregularidades que se mencionan en los conceptos de invalidez.
La orden de impresión, publicación, circulación y debido cumplimiento a un decreto expedido por el Poder Legislativo del Estado no son actos aislados, sino forman parte del procedimiento legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo Estatal lo da a conocer a los habitantes a través del Periódico Oficial Local y constituyen requisitos indispensables de fundamentación y motivación que deben reunirse, de acuerdo con la tesis P. C/97, de rubro: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO."
SÉPTIMO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 371, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Coahuila y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizará, en primer lugar, la oportunidad de la acción.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial, si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente."
Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional, cuya invalidez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El Decreto Número 81, por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, fue publicado en el Periódico Oficial el martes veinticinco de septiembre de dos mil doce, como se advierte de la copia certificada del ejemplar de la edición correspondiente, que obra agregado a fojas treinta y seis a cuarenta y cinco de autos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del miércoles veintiséis de septiembre al jueves veinticinco de octubre de dos mil doce.
En el caso, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja treinta y cuatro del expediente, el escrito respectivo se presentó el lunes veintidós de octubre de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, antes de la fecha de vencimiento, por lo que es evidente que es oportuna.
TERCERO. A continuación, se analizará la legitimación de quien promueve la acción, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio:
Suscribe el escrito respectivo, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la República (foja cuarenta y seis de autos).
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ... c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."
De lo previsto por el citado numeral se desprende que el procurador general de la República podrá promover acción de inconstitucionalidad, entre otros, en contra de leyes estatales.
En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra del artículo 371, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Coahuila, por lo que se trata de un ordenamiento de esta entidad y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la anterior conclusión la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
CUARTO. Al no haberse hecho valer por las partes causales de improcedencia, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, procede examinar el concepto de invalidez planteado por la promovente, en el que solicita se declare la invalidez del artículo 371, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Coahuila que, en lo que interesa, establece:
"Artículo 371. Sanciones y figuras típicas de secuestro. Se aplicará prisión de veinte a sesenta años y multa, al que por cualquier medio prive de la libertad a otro, con alguno de los propósitos siguientes: ..."
Como se advierte, el precepto impugnado establece una pena para quien incurra en alguna de las conductas descritas en el mismo, constitutivas del delito de secuestro.
Al respecto, la promovente considera que el legislador local no puede prever el tipo y la pena para este delito, dado que el artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, de la Constitución Federal otorga al Congreso de la Unión la atribución exclusiva de expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca como mínimo, entre otros, los tipos penales y sus sanciones.
El artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, constitucional, antes citado, a la letra establece:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada."
Esta disposición fue introducida mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil nueve. Del procedimiento legislativo correspondiente destaca lo siguiente:
"Exposición de motivos: Primera iniciativa ... Actualmente, el delito de secuestro es de las conductas más reprochables en nuestra sociedad, pues no sólo afecta uno de los bienes jurídicos más importantes para el ser humano sino que genera el mayor estado de inseguridad en el país. La diversidad legislativa en materia de secuestro, la falta de investigación y de coordinación entre las corporaciones encargadas de su prevención y de procuración de justicia, la desatención a las víctimas de secuestro, así como la inexistente política criminal son sin duda algunos de los factores que han impedido que nuestras autoridades puedan combatir de manera frontal este ilícito. La federalización de este delito obedece a la necesidad no sólo de unificar el tipo penal y su sanción, sino de coordinar a las autoridades encargadas en la investigación del delito y establecer criterios uniformes de política criminal. ... Por eso, consideramos indispensable que se asegure que todos los delitos de secuestro se investiguen de manera coordinada y que existan criterios uniformes en la prevención y combate a este delito, por lo que proponemos la federalización del delito de secuestro. Se exceptúan los casos del llamado secuestro exprés o secuestros con objeto de ejecutar los delitos de robo o extorsión, los cuales deberán seguir siendo atendidos por las entidades federativas y por la Federación, en su caso. ...". "Segunda iniciativa ... En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se pactó el compromiso de presentar y dictaminar una iniciativa de ley general del secuestro. El Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que la colaboración de los poderes, en todos los ámbitos, incluso, en la formación de nuevos regímenes jurídicos, es fundamental para cumplir los compromisos que, de cara a la sociedad, hicimos en dicho acuerdo. El objeto de una ley general es distribuir las competencias sobre un mismo tema entre los distintos órdenes de gobierno y poderes, de forma que se reparten obligaciones y deberes a la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para atender integralmente un fenómeno o una materia constitucional. ... Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que para que sea válida, desde el punto de vista constitucional, una ley general, debe encontrar su fundamento en la propia Ley Fundamental de la Nación, pues, en principio, es a ésta a la que corresponde la distribución de las competencias entre los distintos poderes y órganos constituidos; pero excepcionalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para distribuir competencias, obligando así a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de cualquier poder, sea Legislativo, Ejecutivo o Judicial. ... En este orden de ideas, para iniciar, dictaminar y votar una ley general contra el secuestro, en la que se regule, de forma homogénea, la prevención, investigación, persecución y sanción de este delito, por parte de todas las autoridades del país, es necesario hacer una reforma al artículo 73 constitucional, a efecto de dar sustento en nuestra Carta Magna a la citada ley y evitar interpretaciones adversas sobre la constitucionalidad de la misma. Lo anterior es así, porque la facultad de expedir leyes penales se encuentra conferida tanto a la Federación, como a los Estados y al Distrito Federal, según se aprecia en los artículos 73, fracción XXI, 122, apartado c), base primera, inciso h) y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... De acuerdo a la actual distribución constitucional de competencias legislativas, el delito de secuestro debe ser legislado por los Poderes Legislativos Locales y por el órgano legislativo del Distrito Federal, no por el Congreso de la Unión. En este orden de ideas, si se quiere facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre esta materia y establecer, en forma homogénea, disposiciones relativas a la prevención, investigación, persecución y sanción de este delito, a todas las autoridades del país, resulta imperativo otorgarle dicha atribución constitucional al Congreso de la Unión. Con la reforma que se propone a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, el delito de secuestro seguirá siendo del orden local, investigado, perseguido y sancionado por autoridades de dicho orden. Sin embargo, se autorizaría al Congreso de la Unión a distribuir las competencias y regular las acciones en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de dicho delito. Darle fundamento constitucional a la ley general proporcionará una gran amplitud de acción al Congreso de la Unión para expedir la ley general contra el secuestro y para regular sus alcances. Con este sustento constitucional, el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de definir lo siguiente: A) Si el tipo penal y la sanción del secuestro será competencia del propio Congreso de la Unión o si, por el contrario, corresponderá a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal definir el contenido del tipo penal y su pena. Incluso, puede optar por la segunda opción, pero establecer directrices al Legislativo Local para que no quede fuera ningún supuesto normativo que el Congreso quiera considerar como secuestro o evitar que dentro de su definición se establezcan atenuantes o agravantes, es decir, puede limitar el actuar de las legislaciones locales, pues, al tratarse de una ley general, es ésta, por mandato de la propia Constitución Política, la que distribuye las competencias. B) Las acciones preventivas que deben adoptar los Municipios, las entidades federativas y la Federación para contribuir a evitar que se prive ilegalmente de la libertad a las personas, con los fines propios del secuestro. C) Las políticas públicas que tienen que seguir todas y cada una de las instituciones del Ministerio Público, cuando investiguen el delito de secuestro; de forma que la ley general puede obligar a la creación de las unidades especializadas a que se refiere el propio Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. D) Establecer con precisión la forma de colaboración entre la Federación y las entidades federativas, para investigar con mayor celeridad y eficacia el delito de secuestro. E) Regular la atención a las víctimas y la intervención del Estado, para que el daño físico, psicológico y económico sufrido sea reparado. F) Definir los casos en que la Federación puede hacerse cargo directo de la investigación, persecución y sanción, en una especie de facultad de atracción abierta y no condicionada a la existencia de un delito federal conexo. G) Establecer características especiales dentro de los procedimientos judiciales seguidos por el delito de secuestro, es decir, sin modificar el procedimiento que establece cada legislación, puede prever la utilización de herramientas jurídicas, como la protección de testigos, víctimas u ofendidos, la celebración especial de diligencias para protegerlas física y psicológicamente, etcétera. H) Ordenar la forma en que se van a ejecutar las sanciones; de tal suerte que puede establecer la obligación de contar con establecimientos especiales para este tipo de delitos, o bien, obligar a las prisiones locales a tener lugares con características específicas para la ejecución de las penas. Dar fundamento constitucional a la ley general del secuestro es la única forma de atribuir al Congreso de la Unión, desde nuestra ley primaria, la posibilidad de distribuir las competencias entre todos los poderes y órdenes de Gobierno de la Nación, para hacer frente a un delito que daña a la sociedad y que lesiona sustancialmente la tranquilidad de los mexicanos. Asimismo, nos permite superar viejos problemas en el combate a este fenómeno, como son, a manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: a) Que las sanciones son muy distintas, no obstante que se protege la libertad humana, la cual debe tener el mismo valor en todo el territorio nacional. b) Que en ocasiones se establecen figuras especiales en algunos códigos y en otros no. Por ejemplo, en el Código Penal Federal (el cual no se aplica, salvo en los casos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), se prohíbe la intervención de negociadores privados para obtener la libertad de las víctimas u ofendidos, así como sugerir la no interposición de denuncia. La mayor parte de los Códigos Penales Locales no prohíben esta conducta, entonces está permitida la participación de negociadores privados y la sugerencia de no interponer denuncia en casi todo el territorio nacional, por no ser aplicable para los delitos locales el Código Penal Federal y estar relacionada a la existencia de un delito local como lo es el secuestro. c) Lo que en unos códigos se considera secuestro exprés, en otros es subsumida la afectación de la libertad personal en el robo o la extorsión, por ser la finalidad de dicha privación el desapoderamiento de cosa ajena, mueble, o el obligar a dar, hacer o dejar de hacer. d) En algunos códigos penales, existe un tipo básico que sirve de fundamento para establecer otros tipos penales derivados, en los que se aumenta la sanción penal; sin embargo, en otros códigos, las diversas modalidades de secuestro no tienen como sustento el tipo penal básico, puesto que, incluso, sus agravantes chocan con los elementos típicos de la definición básica. ... Éstos y otros problemas serán superados si autorizamos al Congreso de la Unión, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a expedir una ley general contra el secuestro, que es un compromiso asumido en el Acuer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24612-ffbccfe8/accion-de-inconstitucionalidad-procede-declarar-la-invalidez-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SECUESTRO. LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XI, PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, 317, PÁRRAFO SEGUNDO, 318, PÁRRAFO SEGUNDO Y 319, EN LA PARTE QUE ESTABLECE "SALVO QUE UNO DE LOS HECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (P./J. 104/2008)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (45)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (P./J. 12/2014 (10a.))
- DELITO CONTINUADO. SI AL CONSUMARSE, DETERMINADAS CONDUCTAS SE REALIZARON CUANDO AQUÉL ESTABA PREVISTO EN UNA LEY LOCAL Y LAS RESTANTES CON POSTERIORIDAD A QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LE (I.6o.P.24 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis