ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO. LA OBTENCIÓN DE OFICIO DE ESE REGISTRO POR PARTE DEL JUEZ INSTRUCTOR PARA RESOLVER SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS Y SUSTITUTIVOS PENALES, NO VIOLENTA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2015. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 18 DE MAYO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
En sustento a lo anterior, se cita el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de cuatro de agosto de dos mil quince,(3) asumió como propia la denuncia de que dio noticia el Magistrado titular del Décimo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
a) Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
Conoció del juicio de amparo directo **********, promovido por **********, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de tres de junio de dos mil catorce, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca penal **********, que modificó la sentencia emitida por el Juez Vigésimo Tercero Penal del Distrito Federal, en la causa penal **********, en la que se consideró penalmente responsable al quejoso de la comisión del delito de robo agravado (hipótesis cuando el robo se cometa respecto de partes de vehículo automotriz) imponiéndole una pena total de dos años seis meses de prisión y sesenta días multa, así como a la reparación del daño y la suspensión de los derechos civiles del sentenciado por el tiempo de la pena de prisión impuesta.
En la referida sentencia condenatoria se negaron los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, al no cumplir con los requisitos que marca la ley, apoyándose en los antecedentes penales que, de oficio, se obtuvieron durante la instrucción al momento de dictarse el auto de formal prisión, conforme a los artículos 296 Bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al considerar que sólo se trataba de una simple medida administrativa para la filiación de los sujetos a proceso y el conocimiento de sus antecedentes, con la finalidad de tener los elementos necesarios para la individualización de la pena que, en su caso, llegare a imponerse.
Al efecto, se destaca que la sentencia dictada en el recurso de apelación únicamente modificó la determinación de primer grado para establecer que no debían suspenderse los derechos civiles del sentenciado y se dejaron intocados los demás aspectos.
El Tribunal Colegiado dictó sentencia el doce de febrero de dos mil quince, en la que, en suplencia de la queja, calificó de fundados los conceptos de violación en los que el sentenciado quejoso combatió la determinación de la Sala Penal responsable que confirmó la negativa del otorgamiento de los sustitutivos de la pena de prisión previstos en el artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal, sustentando esa calificativa en la consideración de que se violentaron los derechos constitucionales del inculpado, en virtud de que el Juez de la causa penal ordenó recabar de manera oficiosa la ficha de identificación administrativa y el informe de ingresos anteriores a prisión, pues en opinión del órgano colegiado, era el agente del Ministerio Público el obligado a aportar esos datos en la etapa de averiguación previa, o bien, ofrecerlos ante el Juez en la etapa de instrucción, a fin de no romper el equilibrio procesal que debe regir entre las partes que participan activamente en el proceso penal.
Los razonamientos que dieron lugar a la anterior determinación sostienen lo siguiente:
"... la autoridad responsable debió apreciar que la negativa en el otorgamiento de los beneficios apuntados, encontraron sustento con lo ordenado en el auto de formal prisión, en que el Juez de la causa ordenó recabar de manera oficiosa la ficha de identificación administrativa e informes de ingresos anteriores a prisión, cuando el Ministerio Público era el obligado a aportar esos datos, bien desde la averiguación previa, por ser el órgano dotado constitucionalmente para integrar la investigación, o bien, en la instrucción ofrecerlos ante el Juez que instruyó el proceso, para que los solicitara y obraran en autos, pues el juzgador, llegado el momento procesal, estuviera en condiciones de resolver lo concerniente al otorgamiento o negativa de los beneficios apuntados; por ello, en el caso, el Juez, al haber recabado la ficha de identificación y el antecedente penal que reportó el quejoso, rompió con el equilibrio procesal que debe regir entre las partes que participan activamente en el proceso penal para el Distrito Federal.
"Ciertamente, lo anterior encuentra lógica y sustento en la reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho, en la cual, se implementó a rango constitucional un procedimiento de corte acusatorio adversarial, en donde el Ministerio Público, como parte acusadora, debe asumir el rol de aportar todos aquellos elementos indispensables para lograr acreditar ante el Juez, los elementos del delito, la plena responsabilidad penal del imputado, así como los datos necesarios para que, en su caso, se otorguen o nieguen los beneficios previstos en la legislación penal para el Distrito Federal.
"En efecto, el juzgador debe representar un equilibrio entre las partes procesales, en tanto que la imparcialidad con la que se debe conducir, permite el adecuado desarrollo del procedimiento, en donde lo que las partes presenten ante la potestad del Juez, es lo que en determinado momento preservará el uso racional de la potestad punitiva del Estado, pues esa exigencia es lo que un sistema mixto logra que se cumpla con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, que es precisamente administrar justicia bajo los principios de equidad, igualdad e imparcialidad.
"En ese sentido, con la reforma al artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución General de la República, se estableció de manera expresa el principio general que debe regir en un procedimiento de corte acusatorio adversarial, en el cual, precisamente descansa el relativo a la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad en donde el Ministerio Público asume la atribución de sostener la acusación, con el acervo probatorio que se aporte y la defensa su función de sostener y acreditar los extremos de su defensa, como así desprende del mencionado artículo, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"‘A. De los principios generales:
"‘... V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; ...’
"Pues bien, el paradigma de igualdad procesal y de la carga de las pruebas entre las partes, es un principio que está consagrado y reconocido actualmente en la Constitución General de la República, el cual si bien está expresamente establecido para un procedimiento de corte adversarial acusatorio, lo cierto es también que ese principio no escapa y tampoco es ajeno al procedimiento penal para el Distrito Federal (bajo un sistema mixto), en tanto que el legislador ha permeado ese principio de igualdad entre las partes e imparcialidad del juzgador, desde la etapa de averiguación previa, en la instrucción, en materia de recursos, hasta la ejecución de sentencia, incluso, en procedimientos extraordinarios como el reconocimiento de inocencia, como a continuación se expondrá: ...
"... De la reseña de los preceptos expresados y conforme a las etapas del procedimiento penal para el Distrito Federal, resulta ajustado que en el desarrollo del mismo, la igualdad procesal e imparcialidad del juzgador, al ser el eje rector del proceso, rigen de manera específica; de tal modo que un exceso por parte del Juez sin que medie petición de parte, pone en riesgo el equilibrio procesal, como en el caso acontece, desde el momento en que, una vez que dictó el auto de formal prisión, ordenó recabar de manera oficiosa, la ficha de identificación administrativa, así como los antecedentes penales del quejoso, pues ello en modo alguno tiene una repercusión legal, por lo que respecta al delito y atribuibilidad, al ser materia de estudio al momento en que tiene que pronunciarse respecto a los sustitutivos o beneficios penales.
"... como se ha explicado en cuanto al principio de igualdad procesal de las partes, basta decir que éste tiene una trascendencia importante, dado que el mismo obedece al equilibrio de los sujetos procesales a quienes deben concedérseles iguales condiciones; de manera que ninguno quede en estado de indefensión, el cual, como si bien es cierto que ese principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el mismo lo es que se consigna implícitamente en los numerales descritos en párrafos que anteceden, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del Juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción.
"Lo anterior, por identidad jurídica, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 141/2011 (9a.), establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"‘PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE.’ (transcribe texto)
"Ahora bien, en el caso particular, la autoridad responsable, al dictar el acto reclamado, que es la sentencia definitiva de tres de junio dos mil catorce, pronunciada dentro del toca penal **********, estimó procedente negar los sustitutivos penales al quejoso, sustentándose en los antecedentes penales que obtuvo oficiosamente el Juez de la causa durante la instrucción, al dictar el auto de formal prisión, apoyándose en los artículos 296 Bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,(4) al considerar que sólo es una simple medida administrativa para la filiación de los sujetos a proceso y el conocimiento de sus antecedentes, con la finalidad de adoptar los elementos necesarios para individualizar la pena que en su caso llegue a imponerse, lo cual es incorrecto, pues ello no sólo fue para conocer la filiación del activo, sino para sustentar la negativa de sustitutivos y beneficios de ley.
"Bajo ese esquema, no debe pasar inadvertido que nos encontramos en la etapa en que aplica el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor y la decisión de recabar la ficha de identificación administrativa y el antecedente penal del quejoso, derivan de la aplicación del derecho penal de autor, y soslayando que ello trae consecuencias procesales entre ellas, que su calidad de Juez implica resolver el contradictorio que deriva de una acusación y el derecho del inculpado de defenderse de la misma, todo lo cual, se realiza a través de medios de prueba que deben hacerle llegar las partes formales; de manera tal que el Juez no debe sustituirse en ninguna de las partes, ordenando recabar pruebas que eventualmente pudiesen perjudicar a una de las partes, entre ellas, al sujeto activo del delito.
"Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 21/2014 (10a.), establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"‘DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).’ (transcribe texto)
"Ahora bien, es cierto que el Juez de la causa apoyó la orden de recabar la ficha de identificación administrativa, en lo establecido en los artículos 296 Bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, realizando lectura letrista, sin embargo, dicha interpretación es incorrecta, tratándose de un ordenamiento procesal, donde se establecen las formalidades del quehacer que deriva de la potestad punitiva del Estado, en que corresponde al Ministerio Público recabar la ficha de identificación administrativa, los antecedentes penales y todos aquellos elementos de prueba para sustentar la acción penal y, en su caso, para formular la acusación en conclusiones, tanto para condenar al sujeto activo, como para que se le nieguen beneficios.
"En efecto, en la fase de averiguación previa, el órgano ministerial se encuentra obligado a recabar la ficha de identificación administrativa, los antecedentes penales y todos aquellos elementos de prueba que sirvan para conocer al sujeto que tiene ante su potestad, como eje rector en esa etapa y con las facultades que le otorga el artículo 21 de la Constitución General de la República, y si en la averiguación previa no cumplió con esa obligación, ya como parte procesal, debe solicitarlo al Juez vía ofrecimiento de pruebas, por ello, la lectura del artículo 296 Bis y 298 del código adjetivo local debe realizarse armónicamente en interpretación hermenéutica, con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal y con los principios constitucionales de legalidad e igualdad procesal, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución General de la República.
"Por tanto, debe considerarse que el Ministerio Público, al ejercer la acción penal, debe acompañar en el pliego respectivo, la averiguación previa que contenga no sólo los elementos de prueba para apoyar el ejercicio de su acción, sino también la ficha de identificación administrativa y los antecedentes penales que hubiese recabado del sujeto activo, con la finalidad de realizar las peticiones correspondientes o, en su caso, si no lo recabó en la indagatoria, realizarlo en el periodo dilatorio, para sustentar sus conclusiones acusatorias y petición de negativa de beneficios de ley.
"Además, no debe soslayarse que los datos que arrojen la ficha de identificación administrativa y los antecedentes penales, dado el derecho penal de acto, únicamente tendrán trascendencia para que el Juez niegue dichos beneficios, pues los mismos no puede considerarlos para graduar la culpabilidad, como lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 110/2011 (9a.) y 1a./J. 166/2005, con los rubros y textos siguientes:
"‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.’ (transcribe texto)
"‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, SALVO QUE SE TRATE DE DELITO CULPOSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (transcribe texto)
"Por lo anterior, la interpretación de los artículos 296 Bis y 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, debe ser en el sentido de que el Juez, al dictar el auto de formal prisión, sólo puede ordenar la identificación administrativa del sujeto activo, si hay una petición expresa del Ministerio Público en su pliego de consignación, pero no oficiosamente, esto es, sin haber dicha petición ministerial, pues considerar que es oficioso, rompe el principio de igualdad procesal de las partes, en perjuicio sólo del procesado, y el principio de imparcialidad, ya que una vez recabados tendrán como finalidad negar beneficios de ley al momento de dictar sentencia. ..."
Con idénticas consideraciones, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los diversos juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********, los cuales dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto, que enseguida se citan:
"IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO. SI SE RECABARON OFICIOSAMENTE CON BASE EN LA INTERPRETACIÓN LITERAL DE LOS ARTÍCULOS 296 BIS Y 298 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN O DURANTE LA INSTRUCCIÓN, Y AL DICTARSE SENTENCIA DEFINITIVA, CON APOYO EN ESOS MEDIOS DE PRUEBA, SE LE NIEGAN LOS BENEFICIOS Y SUSTITUTIVOS PENALES, SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. El principio de igualdad procesal de las partes deriva de los artículos 269, fracción III, inciso f), 292, 306, 307, 314, 315, 326, 328, 417, 544 y 616 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al prever que todo aquello que se ofrezca como prueba debe admitirse, siempre que sea conducente y no vaya contra el derecho, a juicio del Juez o tribunal, lo que implica que los medios probatorios que ofrezcan deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. En ese sentido, cuando se emita sentencia y se nieguen los beneficios y sustitutivos penales con apoyo en los medios de prueba -orden de identificación administrativa y antecedentes penales del inculpado- que, sin existir petición del órgano acusador en el pliego de consignación o durante la instrucción, se recabaron oficiosamente por el Juez de la causa, con base en la interpretación literal de los artículos 296 Bis y 298 del citado código procesal, estimando que sólo se trata de una simple medida administrativa para la filiación de los sujetos procesados y conocimiento de sus antecedentes, con la finalidad de adoptar los elementos necesarios para individualizar la pena que, en su caso, llegue a imponerse, se violan los principios de legalidad e igualdad procesal de las partes, pues ante el paradigma adoptado en la legislación procesal penal, en cuanto a la incorporación del derecho penal de acto y el abandono de un derecho penal de autor, con apoyo en la interpretación sistemática de las normas que rigen el procesamiento penal, sólo podrá ordenarse la identificación administrativa y recabar los antecedentes penales, si hay petición expresa del Ministerio Público en su pliego de consignación o durante la instrucción, pues actualmente la única finalidad de dichas pruebas, es negar beneficios y sustitutivos de ley al momento de dictar sentencia definitiva y, en ese sentido, si fueron obtenidos oficiosamente por el Juez de la causa, al abordar el estudio en la sentencia definitiva, debe negar a éstos valor probatorio, al no haber sido recabados en la averiguación previa u ofrecidos en la instrucción ante el Juez de la causa."(5)
b) Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito
El referido órgano jurisdiccional resolvió el juicio de amparo directo **********, promovido por **********, en el que el acto reclamado fue la resolución de diecinueve de octubre de dos mil once, dictada por el Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, dentro de los autos del toca penal **********, en la que se modificó la sentencia emitida por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, en la causa penal **********, en la que se consideró al quejoso penalmente responsable en la comisión del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y castigado por el artículo 83 Quáter, fracción I, en concordancia con el ordinal 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En la referida sentencia condenatoria, se determinó no conceder los beneficios de sustitución de la pena de prisión, ni el beneficio de condena condicional de la ejecución de la pena, por estimar que no encontraban reunidos los requisitos previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, que los hacen asequibles, con base en el antecedente penal que de oficio recabó el Juez del proceso, con fundamento en el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Por su parte, la resolución dictada en el recurso de apelación, únicamente modificó la sanción impuesta en la sentencia condenatoria.
En la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, el siete de junio de dos mil doce, en lo que respecta a los argumentos en los que se impugnó la negativa de la concesión de los beneficios de sustitución de la pena de prisión a que se refiere el artículo 70 del Código Penal Federal, el órgano colegiado estimó correcto que en la sentencia reclamada se determinara tal negativa, al haber quedado demostrado que el quejoso fue sentenciado en diversa causa penal.
Además, se pone de relieve que el quejoso planteó la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales, por contravenir los principios del sistema procesal acusatorio, conforme a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, argumentos que el Tribunal Colegiado calificó de inoperantes, en virtud de que el referido sistema, previsto en los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, aún no se encontraba en vigor. Por lo que, ante lo determinado, dispuso realizar el estudio de constitucionalidad relativo al señalado precepto penal a la luz de los artículos 14, 16, 17, 21, 49 y 102 de la Ley Fundamental, que rigen el proceso penal tradicional también llamado mixto.
Al efecto, el Tribunal Colegiado señaló que eran infundados los argumentos de inconstitucionalidad expresados respecto del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales, en los que se señaló que el juzgador penal se sustituyó en la labor que corresponde al Ministerio Público, al haber aportado elementos de prueba que perjudicaron al inculpado, específicamente, porque el citado precepto sirvió de fundamento legal al Juez de proceso para allegarse de oficio el informe que se refiere en sus antecedentes penales.
Las consideraciones en que se sostuvo el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, refieren lo siguiente:
"... en el segundo concepto de violación expresado por el defensor público federal del sentenciado, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales, por considerar que contraviene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al violar la imparcialidad de los tribunales; el artículo 49, en relación con el 121 y 102 de la Constitución General de la República, al violentar el principio acusatorio y de separación de poderes que rige el proceso penal en México, ya que la aportación de pruebas en el proceso es una facultad propia del Ministerio Público; asimismo, por ser violatorio al principio adversarial consagrado en el artículo 14, en relación con los numerales 1o., 16 y 20 del Texto Constitucional, ya que, al otorgar dicha facultad al Juez, las partes no se encuentran en igualdad procesal, puesto que se autoriza al juzgador en coadyuvar con el agente del Ministerio Público de la Federación.
"El anterior planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales es ineficaz, como se expondrá.
"A fin de evidenciar lo anterior, cabe señalar que el contenido de dicho dispositivo legal es el siguiente:
"‘Artículo 146. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente.
"‘El tribunal deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, teniendo amplias facultades para allegarse los datos a que se refiere este artículo, pudiendo obrar para ese objeto.
"‘La misma obligación señalada en los párrafos precedentes tiene el Ministerio Público durante la averiguación previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer, fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acción penal o al formular conclusiones ...’
"En principio, se considera inoperante dicho concepto de violación, en la parte en que se alega por el impetrante, que el precepto tildado de inconstitucional es atentatorio del sistema acusatorio adversarial, conforme a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.
"En razón de que conforme al artículo segundo transitorio de la aludida reforma constitucional, el sistema procesal acusatorio, previsto en los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto; lo que aún no ha acontecido por parte del Poder Legislativo Federal, dado que no ha expedido la legislación procesal correspondiente a dicho sistema y, por tanto, no pueden cobrar eficaz aplicación aquellos artículos de la Ley Fundamental, en los que la parte quejosa pretende basar sus argumentos para sostener que el artículo 146 del código adjetivo penal federal es inconstitucional.
"Lo anterior es así, toda vez, que para definir si una determinada norma secundaria es o no constitucional, se hace necesario confrontarla con la disposición relativa de la Ley Constitucional que se erige en la premisa mayor, para así estar en condiciones de juzgar si en realidad aquella norma de menor jerarquía se opone a la regularidad constitucional que prescribe la inserta en el texto de la Ley Fundamental.
"Por tanto, si para llevar a cabo ese estudio resulta necesario, como condición sine qua non, que el Texto Constitucional en cuestión cobre plena vigencia; lo que, en la especie, no acontece, según se ha indicado, porque, conforme al artículo segundo transitorio de la aludida reforma constitucional, el sistema procesal acusatorio, previsto en los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria, sin que hasta la fecha el Poder Legislativo Federal haya legislado al respecto, resulta claro que, en tales condiciones, no se puede emprender el estudio de la constitucionalidad del señalado artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales; razón por la que el aludido concepto de violación, analizado desde esa primera perspectiva pretendida por el impetrante, resulta inoperante.
"Por otro lado, es factible analizar el artículo combatido -146 del Código Federal de Procedimientos Penales- a la luz de los artículos 14, 16, 17, 20, 21, 49 y 102 de la Constitución Federal que el quejoso señala en su demanda de amparo, esto es, al margen de los principios que condicionan al sistema acusatorio penal (de acuerdo con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil nueve), sino de conformidad con el proceso penal tradicional o también llamado mixto por acoger principios que provienen tanto del sistema acusatorio, como del inquisitivo.
"Precisado lo anterior, se concluye que son infundados los argumentos de violación en los que se alega
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26746-0ca2115f/antecedentes-penales-del-inculpado-la-obtencion-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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