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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 652, PARA LA ELECCIÓN DE COMISARÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUERRERO). II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESTE PRINCIPIO PERSIGUE UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI, DE LA LEY NÚMERO 652, PARA LA ELECCIÓN DE COMISARÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUERRERO). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS PENALMENTE Y AQUELLAS QUE NO TIENEN ANTECEDENTES PENALES PARA SER NOMBRADOS COMISARIOS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE GUERRERO, DEBE ANALIZARSE BAJO UN ESCRUTINIO ORDINARIO (ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI, DE LA LEY NÚMERO 652, PARA LA ELECCIÓN DE COMISARÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUERRERO). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER RECIBIDO CONDENA POR DELITO INTENCIONAL PARA SER COMISARIA O COMISARIO MUNICIPAL VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI, DE LA LEY NÚMERO 652, PARA LA ELECCIÓN DE COMISARÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUERRERO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 200, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN VI, DE LA LEY NÚMERO 652, PARA LA ELECCIÓN DE COMISARÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE GUERRERO Y 200, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2021. · Registro digital (IUS): 30594
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-27
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo I, Pág.607.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE AGOSTO DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

1) PRIMERO.—Demanda. Por oficio presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 12, fracción VI, de la Ley Número 652 para la Elección de Comisarias Municipales del Estado de Guerrero, publicada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

2) La promovente señaló como órganos encargados de su emisión y promulgación al Congreso del Estado de Guerrero y al gobernador Constitucional de esa entidad.

3) SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman vulnerados son los numerales 1o., 5o. y 35, fracción VI. Asimismo, se alega la violación de los diversos 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4) TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte accionante expuso en su único concepto de invalidez, en resumen, lo siguiente:

a. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional para desempeñar el cargo de comisario municipal exigido por el artículo impugnado transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público.

b. Resulta contraria al parámetro constitucional, toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

c. El precepto combatido limita de forma genérica los derechos de las personas condenadas por cualquier delito intencional, sin considerar si las conductas sancionadas de que se trate se relacionan o no con las funciones que deban desempeñar una vez que asuman el cargo en cuestión.

d. No es constitucionalmente válido, que se impida el acceso al desempeño del cargo de comisario municipal, a las personas que hayan sido condenadas por un delito intencional, una vez que cumplieron con la pena, dado que tal medida se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria, que les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo, y en específico a un cargo público.

e. Para que una restricción de la naturaleza que se pretende sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes, y señalar con precisión las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión.

f. En el caso concreto, las personas que se desempeñen como comisarias municipales, ejercen, entre otras funciones, atribuciones de carácter administrativo, técnico auxiliares y de cooperación con diversas autoridades del Ayuntamiento, tal como lo prevé el artículo 201 de la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado de Guerrero.

g. La norma cuestionada resulta sobre inclusiva, pues la restricción que contiene es desproporcionada, al excluir a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito intencional, aun cuando el hecho ilícito no se relacione con las atribuciones correspondientes al cargo de comisario municipal.

h. La naturaleza del referido cargo entraña una función representativa propia característica de las comunidades de los Municipios de Guerrero, que simbolizan identidad y unidad entre sus miembros, por lo que no resulta razonable el requisito exigido en la porción normativa impugnada, pues además les impide a los destinatarios participar en un procedimiento de elección para ocupar el cargo.

i. La norma reclamada debe ser analizada a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones basadas en categorías sospechosas de discriminación.

j. El precepto cuestionado no supera el primer requisito de escrutinio estricto, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir no haber sido condenado por delitos intencionales para desempeñar el cargo de comisario municipal, dado que el legislador no ha hecho una relación de tal exigencia con las actividades que les corresponde realizar.

k. Aun existiendo una finalidad constitucionalmente válida, la misma no es lo menos restrictiva posible, pues los alcances de la norma son sumamente amplios.

l. Debe considerarse que el hecho de que una persona haya sido condenada por la comisión de un delito intencional, forma parte de su vida privada y su proyección social, por lo que no es dable que se le excluya de participar activamente en asuntos que atañen a la comunidad.

5) CUARTO.—Trámite. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 50/2021, y turnar el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

6) El Ministro instructor, por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus respectivos informes.

7) QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Al rendir su informe y contra-argumentar la posición de la parte impugnante, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a. La acción de inconstitucionalidad es improcedente, porque la fracción VI del artículo 12 de la ley impugnada, guarda congruencia y armonía con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el Código Penal Federal, con la Constitución del Estado de Guerrero y con la Ley Orgánica del Municipio Libre de esa entidad federativa y, por ende, no es contraria a ningún precepto de los ordenamientos previamente referidos.

b. La propia Constitución establece los casos en que las prerrogativas ahí contenidas se deben suspender, y eso sucede en el presente caso, de tal manera que no existe transgresión o discriminación a los derechos de igualdad o libertad de trabajo, ni público ni privado.

c. La ley establece los principios fundamentales para organizar el tejido social y sienta las bases para el funcionamiento del grupo hacía el futuro, limitando el poder de la autoridad estatal en favor de los gobernados, en la solución de conflictos mediante su adecuada interpretación y aplicación sistemática.

d. La política criminal busca controlar la incidencia delictiva, así como la reacción estatal, mediante un conjunto de herramientas y medidas que involucran a diversas autoridades de los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial.

e. La política criminal debe hallarse imbuida de la filosofía que emana de la propia Constitución y de las ideas democráticas, de ahí que se respetan plenamente los derechos humanos, al observarse los principios de legitimidad, intervención mínima, bien jurídico, jurisdiccionalidad, principio de acto de culpabilidad y sobre todo el principio de aplicación racional de las penas y medidas de seguridad.

f. Se debe llamar la atención sobre lo que puede ser un desatino y un abuso en la reacción estatal frente al fenómeno delictivo con base en razones de derecho penal que puedan configurar un menoscabo a la libertad individual que afecta al final la propia dignidad humana, tratándose de la suspensión de derechos políticos.

g. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 constitucional, los derechos ciudadanos o políticos se suspenden en materia penal cuando el individuo está prófugo de la justicia, cuando está sujeto a un proceso criminal y cuando en la sentencia se impone esa pena.

h. El que una consecuencia jurídica delictiva sea utilizada al mismo tiempo con otros propósitos no es un asunto nuevo, sucede lo mismo con la pena de prisión a lo que se llama prisión preventiva.

8) SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero exhibió su informe, en el que manifestó lo siguiente:

a. Contrario a lo que sostiene el demandante, la norma combatida no vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, tampoco la libertad de trabajo y el principio de reinserción social.

b. Si bien es cierto que el artículo 12, fracción VI, de la Ley para la Elección de Comisarias Municipales del Estado de Guerrero, exige como requisito para desempeñar el cargo de comisario municipal, no haber sido condenado por delito intencional, con ello de ningún modo se violan derechos humanos.

c. Lo anterior, pues tal exigencia se justifica debido a que las personas que aspiren a ser titular de una comisaría municipal deben ser probas en el ejercicio de la función pública que habrán de desempeñar.

d. El discernimiento de probidad se pone en duda cuando la persona que pretende ser servidor público fue condenado por delito intencional; es decir, realizó conductas contrarias a los principios de honradez y probidad, de ahí que se justifica que dicha persona no pueda aspirar al cargo.

e. No es cierto como lo indica la promovente, que la norma cuestionada impida ser comisario municipal a las personas cuando éstas ya hayan compurgado su pena, sino mas bien, tal impedimento debe entenderse cuando la condena está vigente, porque es cuando los derechos políticos están suspendidos.

f. La norma reclamada no es violatoria de los derechos que refiere la accionante, puesto que esa condena mas bien se traduce en una privación de derechos políticos, que a la vez imposibilita a aspirar a un cargo público.

g. Respecto al tema de exigencia de no haber sido condenado por delito, como requisito para ocupar un cargo público, se trae a colación que en términos de los artículos 96, fracción IV y 111, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para la designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa o fiscal general, todos del Estado de Guerrero, se requiere no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal.

h. Inclusive para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en términos del artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para su elección, deberá reunir, entre otros, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

9) SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos de la accionante y del Congreso del Estado de Guerrero, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución en la presente acción de inconstitucionalidad.

CONSIDERANDO:

10) PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(3) en virtud de que se plantea la posible contradicción del artículo 12, fracción VI, de la Ley Número 652, para la Elección de Comisarias Municipales del Estado de Guerrero, publicada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11) SEGUNDO.—Oportunidad. Corresponde determinar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.

12) El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13) En el caso, la Ley Número 652 para la Elección de Comisarias Municipales del Estado de Guerrero, impugnada en la presente vía fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, el plazo para la interposición transcurrió del sábado veinte de febrero al lunes veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

14) Consecuentemente, si el escrito mediante el cual la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad, fue presentado en esta última fecha en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, se concluye que fue presentada de manera oportuna.

15) TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente de la acción de inconstitucionalidad, al tratarse de un presupuesto indispensable para su ejercicio.

16) Del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puede ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

17) Asimismo, conforme al artículo 59, en relación con el diverso 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(5) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

18) Ahora, en el caso, si quien suscribe la acción de inconstitucionalidad es María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad acreditó con copia certificada del nombramiento otorgado por el Pleno del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, para el periodo 2019-2024; siendo dicha Comisión uno de los entes que pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las Legislaturas Locales, es claro que la accionante cuenta con la legitimación necesaria para promover el presente asunto.

19) CUARTO.—Causas de improcedencia. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Guerrero manifestó que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, porque la fracción VI del artículo 12 de la ley impugnada guarda congruencia y armonía con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el Código Penal Federal, con la Constitución del Estado de Guerrero y con la Ley Orgánica del Municipio Libre de esa entidad federativa, por lo que no es contraria ni contraviene alguno de los preceptos de los ordenamientos previamente referidos.

20) Resulta infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que el análisis relativo a si la porción normativa impugnada viola o no los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(6)

21) QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegó en su concepto de invalidez, en resumen, que la porción normativa combatida es discriminatoria con base en una categoría sospechosa, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público. Agregó que lo impugnado es sobre inclusivo, ya que abarca a las personas que hayan sido condenadas por un delito intencional aun y cuando no estén relacionados con las funciones de titular de una comisaría municipal del Estado de Guerrero. Así, la accionante concluye que el precepto controvertido infringe el derecho a la libertad de trabajo y obstaculiza la reinserción social, al impedir que personas que fueron sentenciadas –y que ya cumplieron con la sanción– no puedan ser nombradas en el puesto referido, aun cuando pudieron ser condenadas por un delito no relacionado con la función a desempeñar.

22) El concepto de violación resulta sustancialmente fundado.

23) La norma presenta al menos dos problemas. El primero es qué debe entenderse por no haber sido condenado por delito intencional. El segundo, como lo señala la accionante, es que este requisito resulta sobre inclusivo y discriminatorio.

24) Respecto al primer problema, este tribunal advierte que la persona que aspire a ser comisario municipal del Estado de Guerrero debe no haber sido condenado por delito intencional, sin que quede claro si se refiere a una sentencia definitiva, es decir que no esté pendiente de resolución algún medio de impugnación. Ello trastocaría el principio de presunción de inocencia como regla de tratamiento y se configuraría como un impedimento a ocupar el cargo de comisario municipal y, por ende, del derecho a ser votado, mismo que es de rango constitucional y convencional.

25) Asimismo, la norma reclamada es ambigua e imprecisa en lo que deberá entenderse por delito intencional. Ello, pues el Código Penal para el Estado de Guerrero, no establece expresamente esa definición para la clasificación de los delitos ahí previstos. Es decir, no queda suficientemente claro, si el delito cometido se refiere a una conducta dolosa o se refiere a otra diversa (toda vez que en el Código Penal de la entidad federativa también contempla el concepto de la preintencionalidad).

26) El primer problema tendría una solución, ya que este Tribunal Pleno ha admitido que podría realizarse una interpretación conforme a fin de adoptar una interpretación relativa a que ese impedimento se actualizará únicamente cuando se trate de una condena definitiva y la persona se encuentre cumpliendo la sanción aplicada.(7) Asimismo, podría entenderse, implícitamente, que la intencionalidad prevista como requisito para ocupar un cargo público se refiere a las conductas dolosas.

27) Sin embargo, por cuanto hace al segundo problema relativo a la violación al derecho a la igualdad y no discriminación, no se supera un análisis de proporcionalidad ordinario de constitucionalidad.

28) Para expresar las consideraciones que sustentan esa calificación, este Pleno realizará un juicio de razonabilidad. Ello, pues se estima que, contrario a lo sostenido por la accionante, la porción normativa combatida, al hacer referencia a no haber sido condenado por delito intencional, como requisito para ser nombrado en un cargo público, no se trata de una categoría sospechosa. 29) Así, lo ha resuelto este tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(8) 85/2018, 86/2018 y 50/2019,(9) al resolver sobre normas referentes al requisito "no contar con antecedentes penales" (requisitos que aún resultan más agresivos frente al derecho a la igualdad).

30) Por consiguiente, la realización de este juicio de razonabilidad obliga a que se expongan las razones de los precedentes en los que este Tribunal Pleno ha resuelto que la exigencia de requisitos semejantes al de la porción impugnada para ser nombrado en un cargo público viola el derecho de igualdad.

31) Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(10) 83/2019(11) y 50/2019(12) sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

32) Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

33) También se ha precisado que si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido sino constitucionalmente exigido.(13)

34) Por otra parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.),(14) que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho). El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.

35) El segundo principio opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

36) En un sentido similar, en la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.",(15) la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional sostuvo que el principio de igualdad, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa.

37) Se dijo que, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.(16)

38) No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o,. apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro Ordenamiento Constitucional protege tanto a personas como a grupos.

39) De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

40) Sin embargo, también ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.

41) Con ese parámetro del derecho de igualdad, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016 y 50/2019, se declaró la invalidez de las porciones normativas "no contar con antecedentes penales" y "sin antecedentes penales", respectivamente, como requisito para aquellas personas que puedan ser potenciales ocupantes de los cargos públicos de jefes de manzana o comisarios municipales en los Municipios del Estado de Veracruz o integrantes de un Comité de Contraloría Social en el Estado de Hidalgo. En dichos precedentes este Tribunal Pleno determinó que los legisladores locales hicieron una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar. Ello porque exigir al aspirante que demuestre que en su pasado no ha incurrido en una conducta que el sistema de justicia le haya reprochado, y ello haya dado lugar a sujetarlo a un proceso penal y/o en su caso, a imponerle una pena, entraña que, para efectos del acceso al empleo, se introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de que la persona no debe haber incurrido antes en alguna conducta que la ley considerara jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que ello tenga realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro del puesto público.

42) Con similares razones, en la acción de inconstitucional 83/2019, este Tribunal Pleno declaró la invalidez de la porción normativa "no haber sido condenado por delito doloso" que el legislador local estableció como requisito para ser aspirante al ejercicio del notariado.

43) En la acción de inconstitucionalidad 85/2018, para analizar la constitucionalidad del requisito de no contar con antecedentes penales para obtener la licencia de agente inmobiliario, el Tribunal Pleno estableció las siguientes consideraciones:

• Las discusiones sobre el derecho de igualdad se centran en tres ejes: (i) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas;(17) (ii) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas acciones afirmativas;(18) y (iii) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado),(19) o de manera tácita,(20) resulten discriminatorios.

• Ahora bien, como se desprende de la tesis aislada 1a. CXLV/2012 (10a.),(21) la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. De hecho, el principio de igualdad, así como los principios de autonomía, libertad y dignidad personal, constituyen el fundamento de los derechos humanos.(22)

• Así, la discriminación resulta inadmisible al crear diferencias de trato entre seres humanos que no corresponden a su única e idéntica naturaleza. De lo anterior se desprende también que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, pues no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.

• En este sentido, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2004, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de una norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que se refiere a la igualdad jurídica, que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30594-313b792a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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