SECUESTRO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1994 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2012, EN VÍA DE CONSECUENCIA, PROCEDE INVALIDAR LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 281 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESE ESTADO, QUE ESTABLECEN EL TIPO PENAL DEL DELITO DE SECUESTRO, LAS SANCIONES POR SU COMISIÓN Y LA PENA APLICABLE CUANDO SE DEJE ESPONTÁNEAMENTE EN LIBERTAD A LA VÍCTIMA, YA QUE AL TRATARSE DE NORMAS PENALES, NO PROCEDE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión del trece de mayo de dos mil trece) SECUESTRO. EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1994 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2012, QUE CALIFICA COMO DELITO GRAVE AL "HOMICIDIO DOLOSO" SI LA VÍCTIMA ES PRIVADA DE LA VIDA POR LOS AUTORES O PARTÍCIPES DEL SECUESTRO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión del trece de mayo de dos mil trece) SECUESTRO. EL ARTÍCULO 148, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1994, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2012, QUE CALIFICA COMO DELITO GRAVE AL "SECUESTRO, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 279, 280, 280 BIS Y 281 DEL CÓDIGO PENAL" DE LA LOCALIDAD, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión del trece de mayo de dos mil trece) SECUESTRO. LOS ARTÍCULOS 280 BIS Y 280 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REFORMADO Y ADICIONADO, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1994 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 16 DE MAYO DE 2012, QUE TIPIFICAN AQUEL DELITO Y PREVÉN LAS PENAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES POR SU COMISIÓN, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA EN ESA MATERIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión del trece de mayo de dos mil trece SECUESTRO. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ, CON EFECTOS RETROACTIVOS, DE LOS ARTÍCULOS 148, FRACCIONES I, PÁRRAFO SEGUNDO Y VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y 279 A 280 TER DEL CÓDIGO PENAL, AMBOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2012. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21 DE MAYO DE 2013. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, norma impugnada y autoridades emisora y promulgadora. Por oficio recibido el catorce de junio de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Baja California Sur.
b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Baja California Sur.
La norma impugnada se hace consistir en:
a) El Decreto Número 1994, por el que se reforma el artículo 280 Bis y se adiciona el artículo 280 Ter, ambos del Código Penal del Estado de Baja California Sur; y se reforma el artículo 148, fracciones I y VI, del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado, publicado en el Boletín Oficial de esa entidad el dieciséis de mayo de dos mil doce.
SEGUNDO. Concepto de invalidez. La promovente esgrimió, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
El Congreso del Estado de Baja California Sur excede sus atribuciones al legislar en materia de secuestro, en virtud de que tal atribución le compete en exclusiva al Congreso de la Unión.
Al respecto, hace diversas consideraciones en torno a la fundamentación de los actos de autoridad legislativa; las facultades concedidas al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción XXI, constitucional, la distribución de competencias en términos del artículo 124, la existencia de distintos órdenes jurídicos parciales, así como la existencia de facultades coincidentes amplias o restringidas y facultades coexistentes.
Hechas tales precisiones, el promovente transcribe los artículos 9, 10, 11, 21, 23 y 40 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales, se establecen, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en esa materia.
Aduce, que de los preceptos transcritos no se desprende facultad alguna de las entidades federativas para legislar aspectos sustantivos relativos al delito de secuestro, sino solamente se prevé la participación de los tres órdenes de gobierno en aspectos concernientes a la coordinación para efectos de prevenir y sancionar ese delito.
Apunta, que dicha regulación es acorde con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, constitucional, pues la intención del Constituyente permanente fue que el Congreso de la Unión, de manera exclusiva, tipificara el delito de secuestro y estableciera su sanción.
De la exposición de motivos de la reforma efectuada a dicha disposición constitucional, la promovente aprecia, que el delito de secuestro se federalizó como una respuesta a la diversidad legislativa, falta de investigación y falta de coordinación entre las autoridades encargadas de su prevención, acotando a un ámbito competencial federal, la creación sustantiva del delito de secuestro y dejando a los Estados el conocimiento del delito de "secuestro exprés" o "secuestro con objeto de ejecutar delitos de robo o extorsión", sin que ello implique, que las entidades federativas puedan legislar sobre las modalidades antes citadas, al estar previstas en el artículo 9 de la ley general en materia de secuestro.
Sostiene que la potestad de creación normativa en aspectos sustantivos del delito de secuestro, es exclusiva del órgano legislativo federal, ya que el artículo 73 constitucional otorga al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley general que prevea los aspectos sustantivos de la materia. De lo anterior, atendiendo a lo previsto por el artículo 124 constitucional, concluye que las entidades federativas se encuentran materialmente imposibilitadas para normar el ámbito de secuestro, pues sale del radio de acción constitucionalmente conferido a los Estados en dicha materia.
De los preceptos impugnados, desprende que el Congreso de Baja California Sur legisló respecto de una materia constitucionalmente establecida a favor del Congreso de la Unión, al tipificar las mismas conductas que se prevén en la fracción I, incisos b) y d), de la ley general en materia de secuestro. De igual manera, el Congreso Local establece una agravante de la pena tratándose del supuesto en el que se despoja de la vida a la víctima de secuestro, el cual, ya está contenido en el artículo 11 de la misma ley general.
Con lo anterior, sostiene que el Congreso del Estado de Baja California Sur está legislando sobre delitos en materia de secuestro y su punibilidad, de manera que extendió indebidamente sus facultades legislativas al normar aspectos sustantivos del delito de secuestro. Esta legislación excede el marco competencial estatal delimitado por el marco constitucional, mismo que opera en favor del Congreso de la Unión.
Manifiesta que es importante aclarar que, si bien las normas impugnadas tipifican conductas del ámbito local, debe estarse en el entendido de que se está tipificando el delito de secuestro contenido en la ley general citada, y respecto de la cual se prevé una sanción, por tanto, el órgano legislativo estatal se encuentra impedido para establecer este tipo de sanciones a nivel local. Señala que, no es óbice a lo anterior el hecho de que el delito local se ajuste, en lo esencial, a los elementos del tipo contenido en la ley general en materia de secuestro, toda vez que establecer el tipo penal y las sanciones correspondientes son facultades enmarcadas dentro del ámbito normativo de la federación.
TERCERO. Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución General que se estiman vulnerados son los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133.
CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de quince de junio de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 36/2012 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de dieciocho de junio de dos mil doce, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Informe de la autoridad promulgadora del decreto impugnado. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, no rindió su informe dentro del plazo establecido para ello.
SEXTO. Informe de la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Baja California Sur, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada de conformidad con los siguientes argumentos:
El Decreto Número 1994, por el que se reforma el artículo 280 Bis y se adiciona el artículo 280 Ter, ambos del Código Penal y se reforma el artículo 148, fracciones I y VII, del Código de Procedimientos Penales, todos de Baja California Sur, fue expedido en estricto apego a lo establecido en los artículos 1, 2 y quinto transitorio de la ley general en materia de secuestro.(1) Por tanto considera que las reformas impugnadas, contrario a lo afirmado en la demanda, no contravienen los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 o 133 de la Constitución General.
Señala que el tema cae en el ámbito del derecho penal, y la facultad para legislar sobre dicha materia se ejerce tanto por la Federación como por las entidades federativas, correspondiendo al Congreso de la Unión el establecimiento de delitos contra la Federación, en términos del artículo 73, fracción XXI, primer párrafo, constitucional, lo que implica que las entidades federativas pueden legislar en materia penal dentro de sus ámbitos territoriales, siempre que no se trate de conductas que atenten contra la Federación.
El bien jurídico tutelado por el delito de secuestro es la libertad de las personas. Las entidades federativas no se encuentran vedadas por el legislador federal para legislar en relación con los delitos que atenten contra dicho bien jurídico.
Lo anterior, a pesar de la mencionada fracción XXI del artículo 73 constitucional, donde la intención del legislador no fue la de federalizar el delito de secuestro, pues de haberla sido, la norma no hubiera sido redactada en los términos en los que se encuentra, ya que no deja en claro si se encuentra vedada a los Estados de la Federación la facultad de legislar coexistentemente en relación con la libertad de las personas. Dicha situación deja abierta la posibilidad para que las Legislaturas de las entidades federativas legislen en la materia, como fue el caso, adecuando su normatividad a los tipos penales establecidos en la ley general en materia de secuestro.
Con base en lo anterior, infirió que, al no existir restricción legal o constitucional, se le otorga a las entidades federativas una competencia en el supuesto de jurisdicción coexistente, dado que no existe impedimento para legislar en relación con la libertad de las personas.
Luego entonces, si el legislador federal no reservó para sí dichas facultades legislativas, y atendiendo a que las leyes generales contienen únicamente bases legislativas, que son una plataforma mínima, el Congreso de Baja California Sur actuó sin exceder sus facultades y lo hizo dentro del marco de la reforma a la ley general en materia de secuestro, adecuando las leyes locales a dicho ordenamiento.
Por último, alega que, de conformidad con el artículo 121 constitucional, las normas impugnadas no invaden esfera de competencia alguna, al sólo tener efecto en su propio territorio y no fuera de él.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de diecisiete de septiembre de dos mil doce, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Oportunidad. En primer término se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.
Los artículos 280 Bis y 280 Ter, ambos del Código Penal del Estado de Baja California Sur; y el artículo 148, fracciones I y VI, del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado, fueron publicados mediante decreto en el boletín oficial del Estado, el dieciséis de mayo de dos mil doce,(2) por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada, que debe hacerse el cómputo respectivo.
Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo de treinta días para promover la presente acción transcurrió del jueves diecisiete de mayo de dos mil doce al viernes quince de junio del mismo año.
En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó el jueves catorce de junio de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 39 del expediente, su presentación fue oportuna.
TERCERO. Legitimación. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(4)
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(5) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal.
De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Penal del Estado de Baja California Sur y del Código de Procedimientos Penales de la misma entidad, ordenamientos que tienen el carácter de leyes estatales, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
CUARTO. Causas de improcedencia. En la presente acción de inconstitucionalidad, las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no adujeron causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al análisis de los conceptos de invalidez.
QUINTO. Estudio de fondo.
En su único concepto de invalidez la promovente plantea, en esencia, que los artículos 280 Bis y 280 Ter, ambos del Código Penal del Estado de Baja California Sur; y el artículo 148, fracciones I y VI, del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado, son violatorios de los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Congreso del Estado de Baja California Sur no es competente para legislar en torno al delito de secuestro. Ver votación 1
Sostiene que conforme a la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política, la atribución para legislar en esa materia es exclusiva del Congreso de la Unión, mientras que a las Legislaturas Locales corresponde únicamente prevenir, perseguir y sancionar este delito, de conformidad con el artículo 40, fracción XVI, de la citada ley.(6)
Dicha obligación de colaborar, dirigida a los tres órdenes de gobierno, está referida a la competencia de las entidades federativas para conocer, resolver y ejecutar las sanciones previstas en la ley general en materia de secuestro, y no comprende la posibilidad de establecer nuevos tipos penales en la materia ni establecer su sanción.
Finalmente, aduce que el Congreso del Estado de Baja California Sur extendió indebidamente sus facultades legislativas al normar aspectos sustantivos del delito de secuestro, en tanto los artículos 280 Bis y 280 Ter, ambos del Código Penal del Estado de Baja California Sur; y el artículo 148, fracciones I y VI, del Código de Procedimientos Penales del mismo Estado, tipifican y establecen la sanción de esencialmente la misma conducta de privación de la libertad que el artículo 9, fracción I, incisos b) y d), de la ley general en la materia de secuestro.
Al respecto, cabe aclarar que si bien la fracción I del artículo 148 del Código Procesal Penal de la entidad se impugna de manera general, únicamente respecto del segundo párrafo se vertieron conceptos de invalidez, en tanto, sólo éste se refiere a las conductas reguladas en la ley general en materia de secuestro, por lo que se tiene a dicha porción normativa como la efectivamente impugnada.
Los preceptos impugnados prevén:
Del Código Penal para el Estado de Baja California Sur:
"Secuestro
"...
(Reformado, B.O. 16 de mayo de 2012)
"Artículo 280 Bis. Al que solicite u obligue al secuestrado a retirar dinero de los cajeros electrónicos y/o de cualquier cuenta bancaria a la que éste tenga acceso o que, de forma transitoria que no exceda de más de seis horas, prive de la libertad a una persona en calidad de rehén y la amenace con privarla de la vida o causarle daño, para obligado (sic) a él o a otro que realicen un acto que les cause a cualquiera de ellos daño patrimonial; o para conservar el producto de un robo o asegurar la huida después de cometido, se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión y de mil a dos mil días de multa de salario mínimo vigente en el Estado.
"Si la intimidación o la violencia se realizan por una asociación delictuosa; o por servidor público o ex servidor público; o miembro o ex miembro de algún cuerpo policial o de seguridad privada, aunque la empresa de seguridad privada no se hubiere registrado, se impondrá a cualquiera de las personas mencionadas y según proceda: La destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñarse como servidor público.
(Adicionado, B.O. 16 de mayo de 2012)
"Artículo 280 Ter. Si la víctima de los delitos previstos en artículos que anteceden, es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa."
Del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur:
"Artículo 148. Se califican como delitos graves, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes:
(Reformada, B.O. 16 de mayo de 2012)
"I. Homicidio doloso en cualquiera de sus formas incluyendo los grados de preterintencional y tentativa. Homicidio culposo cometido por el conductor de un vehículo automotor o tracción animal, bajo el influjo del alcohol o de las drogas, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.
"Homicidio doloso si la víctima del delito de secuestro es privada de la vida por los autores o partícipes del referido delito;
"...
(Reformada, B.O. 16 de mayo de 2012)
"VI. Secuestro, previsto y sancionado por los artículos 279, 280, 280 Bis, y 281 del Código Penal;
"...
"Se considerarán graves los delitos antes señalados, cualquiera que sea el grado de consumación."
Los preceptos anteriores tipifican el delito de secuestro, prevén las penas y sanciones administrativas aplicables al mismo y lo califican como grave.
El punto de partida para determinar si está dentro del ámbito de competencias estatales legislar en esta materia y, particularmente, tipificar el delito de secuestro en el Código Penal Local, es lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, que establece un principio general de distribución de competencias conforme al cual, la Federación cuenta con las facultades que le sean expresamente concedidas por la propia Norma Fundamental, mientras que aquellas que no se encuentren en ese supuesto se entienden reservadas a los Estados.
Sin embargo, la propia Constitución establece una excepción a dicho principio general, cuando dispone, respecto de determinadas materias, la concurrencia de facultades entre la Federación y las entidades federativas, y determina que sea el Congreso de la Unión quien distribuya, a través de una ley general, las facultades correspondientes.(7)
Así, tratándose de facultades concurrentes, por mandato constitucional es al Congreso de la Unión al que le corresponde distribuir mediante ley las facultades que corresponden a los distintos niveles de gobierno, de manera que en esas materias las entidades federativas y, en su caso, los Municipios, sólo cuentan con las facultades expresamente establecidas a su favor por las leyes de que se trate, mientras que las demás se deben entender reservadas a la Federación, lo que constituye una excepción al régimen de facultades expresas que para la Federación establece nuestra Constitución.
A la luz de lo anterior, la cuestión a dilucidar es si la materia de secuestro está expresamente concedida a la Federación o si, por el contrario, los Estados pueden legislar en esa materia en ejercicio de la competencia genérica en materia penal que les está reservada.
La facultad para legislar en materia penal se ejerce tanto por la Federación como por las entidades federativas; sin embargo, el artículo 73, fracción XXI, primer párrafo, constitucional(8) otorga expresamente al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general en materia de secuestro, exigiéndole que en ella establezca un contenido mínimo que comprenda los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación.
De esta manera, el hecho de que el delito de secuestro previsto por el legislador de Baja California Sur se inserte en el ámbito penal no basta para actualizar la competencia local, pues, la Constitución General delega expresamente la facultad de distribuir competencias en materia de secuestro al legislador federal.
Igualmente, corresponde al Congreso de la Unión la tipificación y el establecimiento de sanciones en la referida materia, en términos de dicha disposición constitucional, lo que implica que las entidades federativas pueden legislar en materia penal en sus ámbitos territoriales, siempre que no se trate de conductas que encuadren en la hipótesis del delito de secuestro establecida en la referida ley general.
Por tanto, para determinar si la facultad de legislar en ese ámbito corresponde a la Federación o a las entidades federativas, debe acudirse directamente a lo dispuesto por la Constitución General, en su artículo 73, fracción XXI.
En efecto, la distribución competencial entre la Federación y las entidades federativas en materia de secuestro se encuentra establecida directamente por la Constitución General, misma que se reconoce por el artículo 1 de la ley general en materia de secuestro, que señala:
"Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de secuestro. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Para ello la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta ley.
"Los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas ordenarán de oficio el desahogo de las pruebas que consideren necesarias, así como todas las medidas que sirvan para mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que se aprecien durante el desarrollo de los procesos penales de su competencia, privilegiando y garantizando en todo caso la libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos previstos en el presente ordenamiento."
Asimismo, dicha ley general, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI constitucional, establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro, según lo dispuesto en su artículo 2:
"Artículo 2. Esta ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.
"A falta de regulación suficiente en los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en esta ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales."
Según lo dispuesto en el primer párrafo del precepto transcrito, corresponde a la misma ley general establecer los tipos y punibilidades en materia de secuestro, entre ellos, los previstos en la fracción I, incisos b) y d), del artículo 9, que señala:
"Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:
"I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:
"a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;
"b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera;
"c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o
"d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten."
Si bien, la ley general en materia de secuestro contempla un ámbito de concurrencia o de competencia compartida entre la Federación y las entidades federativas, contenido principalmente en los artículos 21, 22 y 23, este ámbito comprende: (i) la coordinación a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de información y prevención de ese delito; y (ii) la investigación, persecución y sanción de ese delito, en los términos establecidos en dichos artículos.
"Artículo 21. Las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:
"I. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos sancionados en esta ley;
"II. Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de los factores que generan las conductas antisociales previstas en esta ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección;
"III. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos;
"IV. Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno delictivo sancionado en esta ley, así como difundir su contenido;
"V. Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes, así como con las organizaciones sociales privadas con el objetivo de orientar a la sociedad en las medidas que debe adoptar para prevenir los delitos establecidos en esta ley;
"VI. Establecer y, en su caso, conforme a la legislación correspondiente, colaborar con el registro e identificación ante los órganos de seguridad pública, de escoltas privadas o personales que no pertenezcan a ninguna empresa privada de seguridad, y
"VII. Observar las demás obligaciones establecidas en otros ordenamientos."
"Artículo 22. La Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal y sus órganos políticos administrativos estarán obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención de delitos a que se refiere esta ley. Además, deberán mantener actualizado un registro con información en materia de secuestros en su demarcación."
Los preceptos anteriores, establecen las acciones que corresponde llevar a cabo a las entidades federativas en materia de prevención e investigación de los delitos previstos en dicha ley. Se trata de facultades acotadas y supeditadas a la coordinación del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los lineamientos del capítulo respectivo de la ley general en materia de secuestro.
Ahora bien, por cuanto hace a la concurrencia para la persecución y sanción de los delitos previstos en la referida ley general, los artículos 23 y 40 a su vez señalan lo siguiente:
"Artículo 23. Los delitos previstos en esta ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.
"En los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común.
"Si de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprende la comisión de alguno de los contemplados en esta ley, el Ministerio Público del fuero común deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aun cuando en su realización se haya aplicado la legislación adjetiva del fuero común y con posterioridad el Código Federal de Procedimientos Penales.
"Si de las diligencias practicadas en la investigación de los delitos contemplados en esta ley se desprende la comisión de alguno diferente del fuero común, el Ministerio Público deberá, a través del acuerdo correspondiente, desglosar la averiguación y remitirla al compe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24618-0d030c1e/secuestro-al-haberse-declarado-la-invalidez-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OMITE REALIZARLA DENTRO DE LA PRÓRROGA DE DIEZ DÍAS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 288, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO D (XV.3o.18 P (10a.))
- PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCEDIMIENTO TRADICIONAL. RELEVANCIA DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA EVITAR EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL Y GARANTI (1a. XXXII/2023 (11a.))
- RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL, PREVISTA EN EL ARTÍCUL (I.1o.P.67 P (10a.))
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