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Modo: Corpus Pro

I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 85, PÁRRAFO ÚLTIMO, 114 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, 119, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 166 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 32, PÁRRAFO SEGUNDO, 153, PÁRRAFO TERCERO, 156 BIS Y 164, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADOS MEDIANTE DECRETO 227 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE). II. SECUESTRO. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS RESPECTO DE ESE DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 85, PÁRRAFO ÚLTIMO, 114 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, 119, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 166 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 32, PÁRRAFO SEGUNDO, 153, PÁRRAFO TERCERO, 156 BIS Y 164, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADOS MEDIANTE DECRETO 227 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE). III. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LA PENA EN SENTENCIAS DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 85, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 114 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). V. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS SANCIONES TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS AL TRATARSE DE UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA, POR SEGUIR SURTIENDO EFECTOS RESPECTO DE AQUELLOS CASOS EN QUE EL DELITO FUE COMETIDO DURANTE SU VIGENCIA. VII. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD POLICIAL TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA PUEDE EXTENDERSE A LA NUEVA NORMA GENERAL, SIEMPRE QUE CONTENGA LOS MISMOS VICIOS QUE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REFORMADO MEDIANTE DECRETO 545). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA RESPECTO DEL SUPUESTO DE VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD POLICIAL TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REFORMADO MEDIANTE DECRETO 545). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS AL TRATARSE DE UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA, POR SEGUIR SURTIENDO EFECTOS RESPECTO DE AQUELLOS CASOS EN QUE EL DELITO FUE COMETIDO DURANTE SU VIGENCIA (ARTÍCULOS 32, PÁRRAFO SEGUNDO, 153, PÁRRAFO TERCERO, 156 BIS Y 164, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LOS OBJETOS QUE PUEDEN POSEER LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA TRATÁNDOSE DE LOS SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 153, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD POLICIAL TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 164, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIV. SECUESTRO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA PRE-LIBERACIÓN DE SENTENCIADOS POR ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 156-BIS DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES POR EXTENSIÓN NO OBSTANTE NO HABER SIDO IMPUGNADAS AL CONTENER NORMAS QUE REGULAN ASPECTOS DEL DELITO DE SECUESTRO RESERVADOS PARA LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DE LOS A

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2015. · Registro digital (IUS): 28281
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-01-18
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Pág. 416.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2015. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 11 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO GARCÍA DE LA ROSA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de once de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda. Por oficio presentado el veinticuatro de abril de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, ostentándose como procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166 del Código Penal para el Estado de Baja California, así como los artículos 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS y 164, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, emitidos y promulgados por el Congreso del Estado de Baja California, y publicados mediante el Decreto 227 en el Periódico Oficial el veintisiete de marzo de dos mil quince.

2. Dichos preceptos establecen lo siguiente:

Código Penal de Baja California

"Artículo 85. ...

"I a III. ...

"Tratándose de los delitos de secuestro no procederá la sustitución de la pena, salvo que la autoridad resuelva conceder este beneficio a los sentenciados que hayan colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestro, así como para la localización y liberación de las víctimas, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en la ley general de la materia."

"Artículo 114 Bis. ...

"Tratándose de los delitos contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la acción penal será imprescriptible."

"Artículo 119. ...

"La ejecución de sanciones será imprescriptible en los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 166. El Juez además de la pena de prisión que corresponda, podrá imponer la vigilancia de la autoridad policial, de seis meses hasta cinco años posteriores a su liberación, tratándose de sentenciados por los delitos de secuestro previstos en la ley general de la materia."

Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California

"Artículo 32. ...

"Los internos por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo podrán tener los objetos que les sean entregados por conducto de las autoridades estatales competentes."

"Artículo 153. ...

"Tratándose de los delitos de secuestro no procederá este beneficio, salvo que la autoridad resuelva concederlo a los sentenciados que hayan colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la Comisión de Delitos en Materia de Secuestro, así como para la localización y liberación de las víctimas, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en la ley general de la materia."

"Artículo 156 BIS. Tratándose de los delitos de secuestro no procederá el beneficio de la pre-liberación, salvo que la autoridad resuelva concederlo a los sentenciados que hayan colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la Comisión de Delitos en Materia de Secuestro, así como para la localización y liberación de las víctimas, siempre y cuando se reúnan las condiciones establecidas en la ley general de la materia."

"Artículo 164. ...

"Cuando se trate de internos condenados por los delitos de secuestro contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial podrá ordenar se sujeten a vigilancia impuesta en la sentencia, por conducto de la Dirección de Ejecución que podrá auxiliarse de cualquier autoridad policial para su debido cumplimiento."

3. La promovente estimó violado el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se invade la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro. A este respecto, hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:

a) En el primer concepto de invalidez considera que existe violación al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, toda vez que se invade la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro.

b) Menciona que el inciso a), de la fracción XXI, del artículo 73 establece la facultad del Congreso para expedir la legislación en materia de secuestro, que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones; asimismo, prevé que la ley general que al efecto emita, contemplará la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los Municipios.

c) Considera que las leyes generales son emitidas en razón de una de las cláusulas constitucionales que obliga al Congreso de la Unión a dictarlas, las cuales deben ser aplicadas por las autoridades Federales, locales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y municipales.

d) Sostiene que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "ley general") es de observancia obligatoria en toda la República, la cual establece los tipos penales y sus sanciones; las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, y la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

e) Aduce que los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166, todos del Código Penal y; 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS, 164, párrafo cuarto de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos, del Estado de Baja California, regularon situaciones similares a las previstas en la ley general.

f) Menciona que el Congreso Local, reguló aspectos relativos a la materia de secuestro, tales como los beneficios de sustitución de la pena, remisión parcial de la pena y pre-liberación, así como la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de la ejecución de sanciones, la vigilancia de la autoridad policial a los sentenciados por dicho delito y los objetos que podrán tener durante el internamiento. De ahí que, el Congreso de Baja California regula figuras que versan sobre la materia de secuestro, pues aun cuando las entidades federativas tienen facultades para investigar, perseguir y sancionar el delito de secuestro, ello no implica que estén habilitadas para legislar.

g) Menciona que el Congreso Constituyente buscó que, únicamente, la Federación tuviera la facultad de legislar en la materia, dejando a los Estados sólo el conocimiento y la persecución de dicho ilícito, sin que ello implique que se habilite para legislar en materia de secuestro, aun y cuando las disposiciones que se emitan sean de contenido similar a las previstas en la ley general.

h) Sostiene que, si bien es cierto que, la Legislatura del Congreso del Estado de Baja California remite a la ley general, dicha cuestión no subsana la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, toda vez que la remisión se hace en torno al delito y la sanción y no así respecto: a) beneficios de sustitución de la pena, b) remisión parcial de la pena y pre-liberación, c) imprescriptibilidad del ejercicio del acción penal, d) vigilancia de la autoridad policial a los sentenciados por dichos delitos, e) los objetos que podrán tener durante su internamiento.

i) Considera que la ley general sólo faculta a las autoridades estatales en temas operativos, pues la propia Constitución Federal reserva la regulación de la materia de secuestro al Congreso de la Unión, mismo que, al emitir la ley general de secuestro, no otorgó atribuciones legislativas a las entidades federativas, por lo que no existe una base normativa que les permita crear, modificar e incluso reproducir normas en materia de secuestro.

j) Señala que no es necesario que las entidades federativas retomen las figuras jurídicas previstas en la Ley General de Secuestro. De ahí que –aduce–, resulta incuestionable que las autoridades locales están imposibilitadas para ejercer atribuciones legislativas en relación con la materia de secuestro.

k) Menciona que en la acción de inconstitucionalidad 56/2012, se determinó que, si bien los Estados tienen facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito, conforme al régimen de concurrencia y coordinación y demás lineamientos previstos en la ley general, no cuentan con atribuciones para legislar sobre la materia de secuestro, ya que esta potestad está reservada al Congreso de la Unión.

l) En relación con el segundo concepto de invalidez, señala que existe violación a los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal.

m) Considera que los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166, todos del Código Penal y 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS, 164, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución y Medidas Judiciales, ambos del Estado de Baja California, no sólo violan el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal sino también los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal.

n) Sostiene que los preceptos impugnados hacen referencia al delito de secuestro y remiten para su tipo a la ley general de secuestro; sin embargo, las consecuencias de esa conducta típica son figuras cuya observancia se disocia de la ley general, pues no existe una remisión expresa a la ley general.

o) Señala que los beneficios y las reglas en materia de ejecución de sanciones a que se hacen alusión las normas combatidas, se entienden de aplicación jurisdiccional local, y no de aplicación de la ley general de secuestro, por tanto, generan confusión entre los gobernados y los operadores jurídicos, lo cual implica una contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica.

p) Considera que el Congreso de Baja California no sólo invade la facultad legislativa del Congreso de la Unión, sino que genera inseguridad jurídica porque no hay certeza sobre a cuál sistema debe atenderse.

4. SEGUNDO.—Radicación y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 26/2015 y, por razón de turno, designó a la entonces Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas para que actuara como instructora en el procedimiento.

5. Por auto de veintiocho de abril de dos mil quince, la Ministra instructora admitió la acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, a efecto de que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al Congreso Local para que al rendir su informe enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al gobernador un ejemplar del Periódico Oficial donde se publicaron las mismas.

6. TERCERO.—Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

El Poder Legislativo del Estado de Baja California, representado por el presidente y secretario de la Mesa Directiva de la XXI Legislatura, señaló:

a) Menciona que la ley general planteó la adición de un párrafo segundo al artículo 6, para precisar que las conductas previstas en el capítulo II de la ley general tuviesen el carácter de delitos para los efectos del Código Penal Local, siempre que se colme el supuesto del artículo 23, párrafo segundo, de dicha ley general.

b) Señala que el Congreso tuvo la intención de adaptar de manera coherente y ordenada las adecuaciones a la remisión de la ley general, lo que es constitucionalmente válido y no infringe de forma alguna la facultad exclusiva de la federación para legislar en la materia; lo anterior, toda vez que no se modificó el tipo penal o sanción alguna, ni se subordina o condiciona con el secuestro.

c) Manifiesta que los artículos 5, 6, 20 y 23 de la ley general buscaron la armonización del Código Penal y de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

d) Considera que, la intención no es la de afectar la ley general en materia de secuestro, sino fortalecer y crear candados que pudieran dejar cabos sueltos para que los delincuentes pudiesen evadir la acción de la justicia debido a que este tema es de gran relevancia social.

e) Señala que lo que se buscó con el decreto, fue adecuar y armonizar con la ley general de la materia, por lo que considera no violar ningún precepto constitucional.

7. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, rindió su informe, en el cual manifestó lo siguiente:

a) Que es infundado lo aducido por la autoridad impugnante, toda vez que el artículo 124 de la Constitución Federal establece un principio general de distribución de competencias conforme al cual, la Federación cuenta con las facultades que le sean expresamente concedidas, mientras que aquellas que no se encuentren en ese supuesto se entienden reservadas a los Estados.

b) Señala que la ley general contempla un ámbito de concurrencia o de competencia compartida entre la Federación y las entidades federativas, contenida en los artículos 21, 22 y 23. Así, el artículo 21 establece la coordinación de los tres órdenes de Gobierno; el artículo 23 dispone que la Federación, es competente para conocer de la prevención, investigación, persecución, y sanción de los delitos de secuestro. Asimismo, señala que en los casos no contemplados en el párrafo primero del artículo 21 del mismo ordenamiento, serán competentes las autoridades del fuero común.

c) Considera que el artículo 40 dispone los supuestos sobre los cuales los tres órdenes de gobierno se deberán coordinar, dentro de los cuales se encuentra lo relacionado con la implementación y perfección de programas de prevención, la instalación de instituciones especializadas y la optimización del personal encargado de la persecución y lo relativo a la ejecución de la sanción del delito del secuestro.

d) Señala que la ley general define el ámbito competencial entre la Federación y las entidades federativas, conforme a lo cual las autoridades locales están facultadas para conocer y resolver el delito de secuestro, así como ejecutar las sanciones correspondientes cuando se trate de casos no contemplados por el primer párrafo del artículo 23 de dicho ordenamiento y coadyuvar en la preservación del mismo.

e) Señala que aún y cuando están a la par la Federación y los Estados en cuanto a su orden jurídico, como excepción a esta regla se encuentran las leyes generales, cuyo objeto es la distribución de competencias en materias concurrentes. Cita los criterios jurisprudenciales P./J. 142/2001 y P./J. 15/2001, cuyos rubros son: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES." y "ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL."

f) Considera que el ejercicio de las facultades concurrentes, el legislador de Baja California reformó los artículos impugnados, los cuales hacen referencia a los beneficios de sustitución de la pena, remisión parcial de la pena, pre-liberación, la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones, así como la vigilancia de la autoridad policial a los sentenciados por dicho delito y a los objetos que éstos podrán tener durante su internamiento; es decir, aspectos relacionados únicamente con la prevención, persecución y sanción del delito de secuestro.

g) Manifiesta que no se invadió la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, pues en ningún momento se tocaron los tipos penales y las sanciones previstas en la ley general. Asimismo, considera que las disposiciones combatidas, tuvieron como finalidad armonizar y adecuar el marco normativo del Estado de Baja California a la ley general.

h) Considera que no son aplicables los precedentes relacionados con los Estados de Aguascalientes y Colima, toda vez que dichas entidades legislaron acerca del tipo penal del delito de secuestro y de las penas que deberán ser impuestas por la comisión del mismo, lo cual, en el presente caso de Baja California no acontece.

i) Señala que las reformas realizadas se encuentran relacionadas, exclusivamente, con la prevención, la persecución del delito y con la ejecución de las sanciones impuestas por la autoridad, mismas que se encuentran dentro de la facultad concurrente de los artículos 23 y 40 que la ley general otorga a las entidades federativas.

j) Sostiene que en relación con la violación al artículo 14 constitucional, deviene infundado, el planteamiento, toda vez que, los artículos impugnados no exceden los parámetros de la ley general.

8. CUARTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil quince, se tuvieron éstos por ofrecidos; se declaró cerrada la instrucción enviándose el expediente a la Ministra Instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

9. QUINTO.—Returno de expediente. Mediante auto de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, se returnaron los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, a efecto de que fungiera como instructora del procedimiento y en consecuencia procediera a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción de los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166 del Código Penal para el Estado de Baja California; y 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS y 164, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución General de la República, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.

12. En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

13. El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente. Esto se confirma con el criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, plasmado en la tesis 2a. LXXX/99, de rubro siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA."(2)

14. En la especie, los preceptos legales impugnados, se publicaron mediante Decreto Número 227, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintisiete de marzo de dos mil quince, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el sábado veintiocho de marzo y concluyó el domingo veintiséis de abril de dos mil quince. En ese contexto, debe precisarse que el escrito inicial de demanda fue presentado el viernes veinticuatro de abril de dos mil quince en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta claro que ésta fue presentada en forma oportuna.

15. TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación de la promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad.

16. Suscribió la demanda, Arely Gómez González, en su carácter de entonces procuradora general de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del presidente de la República.(3)

17. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(4) que establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."

18. Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166 del Código Penal para el Estado de Baja California, así como los artículos 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS y 164, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, la procuradora general de la República cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

19. Apoyan la conclusión anterior, las tesis de jurisprudencia P./J. 98/2001 y P./J. 92/2006:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(5)

20. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que como consecuencia de la reforma que sufrió la Constitución el 10 de febrero de 2014, ahora la fracción II del artículo 105 tiene un inciso i), que prevé "el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."

21. Sin embargo, el artículo décimo sexto transitorio de la reforma en cuestión es expreso en señalar que las adiciones y reformas al artículo 105, fracciones II, incisos c) e i), entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Sin que hasta la fecha se hubiese emitido la ley relativa a la Fiscalía General de la República, menos aún pudo haberse hecho la declaratoria correspondiente, entonces sigue en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional.

22. CUARTO.—Causas de improcedencia. En la presente acción de inconstitucionalidad las autoridades emisora y promulgadora de la norma cuestionada no adujeron causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte la actualización oficiosa de alguna de ellas, por lo que a continuación se procede al análisis de los conceptos de invalidez planteados.

23. QUINTO.—Estudio de fondo. En este apartado, se analizará la constitucionalidad de los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166 del Código Penal para el Estado de Baja California, así como los artículos 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS y 164, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, publicados todos mediante Decreto 227 en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de marzo de dos mil quince.

24. Como se expuso en los antecedentes de la presente resolución, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la Procuraduría General de la República planteó en su demanda de acción de inconstitucionalidad, que los artículos impugnados violan los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25. De acuerdo con la Procuraduría accionante, los artículos impugnados vulneran básicamente la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar aspectos en materia de secuestro como son los beneficios de sustitución de la pena, remisión parcial de la pena y pre-liberación, así como la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de la ejecución de sanciones, la vigilancia de la autoridad policial a los sentenciados por dicho delito y los objetos que podrán tener durante su internamiento.

26. Ahora bien, del análisis de los argumentos esbozados en los conceptos de invalidez, es posible desprender que la Procuraduría accionante plantea la inconstitucionalidad de la norma impugnada al considerar básicamente, por un lado, que el Congreso de Baja California regula figuras que versan directamente sobre la materia de secuestro, vulnerando con ello la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en dicha materia. Por otro lado, también aduce que los artículos locales impugnados, no sólo violan el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, sino también vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la propia Carta Fundamental.

27. Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno advierte que los conceptos de invalidez expuestos por la Procuraduría General de la República son fundados, por lo que procede declarar la invalidez y expulsión del orden jurídico nacional de los artículos 85, párrafo último, 114 Bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo, y 166 del Código Penal para el Estado de Baja California, así como los artículos 32, párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 BIS y 164, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, publicados todos mediante Decreto 227 en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de marzo de dos mil quince.

28. Para justificar la decisión anunciada y dar respuesta a los argumentos planteados, este Tribunal Pleno considera necesario: (I) realizar un análisis sobre la doctrina desarrollada en años recientes por esta Suprema Corte, respecto del sistema de distribución competencial entre la Federación y los Estados en materia del delito de secuestro establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (en adelante "ley general"), así como (II) realizar una comparación del ordenamiento penal y de ejecución de penas local con la ley general, para así poder constatar la invasión de competencias legislativas por parte del legislador de Baja California al legislar en materia de secuestro.

I. Sistema de distribución de competencias entre Federación y Estados en materia de secuestro.

29. A fin de examinar los conceptos de invalidez planteados por la accionante, resulta importante señalar que respecto de la competencia para le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28281-fa6ed6fa/i-secuestro-las-legislaturas-locales-carecen-de-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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