I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA). II. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA). III. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. REQUISITO DE NO HABER RECIBIDO CONDENA POR DELITO INTENCIONAL PARA SER COMISIONADA O COMISIONADO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (DESESTIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 182/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE AGOSTO DE 2021. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, emite la siguiente
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH" o "Comisión") en contra del artículo 17, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y IV, de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, expedida mediante Decreto Número 58, publicado el treinta de abril de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. El tres de agosto de dos mil veinte,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH, por conducto de María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostentó como su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California por la emisión del artículo 17, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento", y IV, de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Baja California. En sus conceptos de invalidez planteó, en esencia, lo siguiente:
1.1 Inconstitucionalidad del requisito de ser persona mexicana por nacimiento para ejercer el cargo de comisionada de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.
• Violación al principio de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo. La fracción I en su porción normativa "por nacimiento", coloca a las personas mexicanas por naturalización en una situación de exclusión respecto de las personas mexicanas por nacimiento. Si bien es verdad que la Constitución Federal establece la posibilidad de reservar determinados cargos y funciones a las personas mexicanas por nacimiento, ésta debe cumplir con ciertos estándares para ser constitucional. De acuerdo con la CNDH, el requisito impuesto no supera el escrutinio estricto al discriminar con base en una categoría sospechosa contemplada en el artículo 1o. de la Constitución Federal.
• Falta de competencia del Congreso Local. El artículo 32 de la Constitución Federal señala que hay cargos y funciones para los que se requiere que la persona que los desempeñe, sea mexicana por nacimiento. Esa restricción sólo será aplicable por disposición expresa de la Constitución o cuando así lo señalen otras leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Esto es, los legisladores federales son la única autoridad con la facultad de establecer que ciertos cargos y funciones deberán ser desempeñados por personas mexicanas por nacimiento. También está la libertad de configuración del Congreso de la Unión, no es absoluta y debe responder a un criterio de razonabilidad en relación con las funciones de los cargos que se trate.(2)
1.2 Inconstitucionalidad del requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ejercer el cargo de persona comisionada de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Baja California.
• Violación al principio de igualdad, no discriminación y reinserción social. La fracción IV es sobreinclusiva, ya que limita de forma genérica a las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito doloso sin considerar si éstos se relacionan con las funciones específicas del cargo. Además, debe considerarse que el hecho de que una persona haya sido sancionada con la privación de su libertad, forma parte de su vida privada, de su pasado y de su proyección social. Por tanto, no es constitucionalmente válido que por esa razón se le excluya de participar para ocupar puestos o cargos públicos.
• Una vez que la persona ha compurgado su pena, ha finalizado el proceso penal. Por tanto, está en aptitud de reinsertarse en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.
• Este requisito debe ser analizado con base en un escrutinio estricto, toda vez que la norma impugnada contiene una categoría sospechosa, a saber, una diferencia injustificada con base en la condición social de la persona. A juicio de la Comisión, no se supera el test de proporcionalidad.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La Comisión promovente estima que las porciones normativas reclamadas transgreden los artículos 1o., 5o., 32, 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;(4) 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;(5) 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(6) y 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.(7)
3. Registro y turno del escrito de acción de inconstitucionalidad. El siete de agosto de dos mil veinte,(8) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y registrarla con el número 182/2020. A su vez, la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek, como su Ministro instructor.
4. Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte,(9) el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California y ordenó darles vista para que rindieran su informe. Asimismo, ordenó notificar a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte,(10) Amador Rodríguez Lozano, secretario general del Gobierno de Baja California, en su carácter de representante legal del Poder Ejecutivo de la entidad, dio contestación a la demanda. En síntesis, expresó lo siguiente:
5.1 Constitucionalidad del requisito de contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer un cargo público.
• Competencia del Poder Legislativo Local. El Congreso Local tiene la facultad de imponer el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para ocupar un cargo público, toda vez que del Texto Constitucional no se desprende una prohibición para las Legislaturas Locales. A su vez, se sostiene que el Congreso de Baja California no legisló en materia de nacionalidad, sino que condicionó el ejercicio de un cargo público íntimamente vinculado con el ejercicio de la seguridad pública, la cual, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal,(11) es una materia concurrente.
• Constitucionalidad de la medida. La medida impuesta sí persigue una finalidad imperiosa, toda vez que se relaciona con la salvaguarda de la seguridad pública nacional, la preservación de libertades, el orden y la paz pública, todas vinculadas con áreas estratégicas y prioritarias del Estado. El cargo de persona comisionada va mucho más allá de la simple administración, pues tiene como función supervisar la aplicación de las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales, la vigilancia y el control de las personas privadas de la libertad, la formulación de querellas, entre otras. A su vez, derivado de un estudio de ponderación de derechos, se desprende que la medida es proporcional.
5.2 Constitucionalidad del requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ejercer un cargo público
• De los artículos 21 de la Constitución, y 2, 5, fracciones VIII y X, y 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública(12) se desprende que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios. A su vez, se categoriza como institución de seguridad pública al sistema penitenciario. Por tanto, los órdenes de gobierno deben coordinarse para su debida operación.
• El requisito impuesto responde a una finalidad imperiosa y válida dada la naturaleza del cargo que deberá desempeñar la persona comisionada. La Comisión del Sistema Penitenciario local forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus responsabilidades, se encuentran íntimamente vinculadas con la procuración de la paz, la seguridad y el orden nacional. Haber sido sentenciado por delito doloso que pone en riesgo al Sistema Nacional de Seguridad Pública en general.
• Este requisito no debe verse solamente como una regla, sino como un principio rector de legalidad, objetividad, profesionalismo y honradez. Es una garantía social de que la persona en el cargo público conducirá sus acciones de forma intachable. En este sentido, se toma en cuenta la intención dolosa de quien cometió el delito.
• Derivado de un test de proporcionalidad, el Poder Ejecutivo estima que la medida persigue un fin constitucionalmente válido, es adecuada, necesaria y proporcional.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno,(13) las diputadas Eva Graciela Rodríguez y María Luisa Villalobos Ávila, en su carácter de presidenta y secretaria de la Mesa Directiva del Estado de Baja California, presentaron su informe justificado. En esencia, hicieron valer los mismos argumentos que los expresados por el Poder Ejecutivo estatal al rendir su informe.
7. Opinión del fiscal general de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Estas autoridades no rindieron opinión a pesar de estar debidamente notificadas.
8. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno,(14) se ordenó cerrar la instrucción para efectos de que el Ministro instructor elabore el proyecto respectivo.
II. Competencia
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) el artículo 1o. de su ley reglamentaria(16) y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) puesto que la CNDH solicita la declaración de invalidez de ciertas porciones normativas de un artículo de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, por considerar éstas violentan derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.
III. Certeza y precisión de la norma reclamada
10. De acuerdo con la fracción I del artículo 41 y el artículo 73 ambos de la ley reglamentaria,(18) se debe precisar en forma concreta las normas que son objeto de la presente acción de inconstitucionalidad.
11. La CNDH reclamó la inconstitucionalidad del artículo 17, fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento" y IV, de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de abril de dos mil veinte. El artículo reclamado establece lo siguiente:
"Artículo 17. Para acceder al cargo de comisionado se requiere:
"I. Ser mexicano por nacimiento; ...
"IV. No haber sido condenado por delito doloso; ..."
IV. Oportunidad
12. El artículo 60 de la ley reglamentaria dispone que el plazo de treinta días naturales para presentar la demanda, se debe computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada.(19)
13. En el caso, el Decreto Número 58, por virtud del cual se emitió la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de abril de dos mil veinte.
14. Asimismo, de acuerdo con los diversos Acuerdos Generales 3/2020,(20) 6/2020,(21) 7/2020,(22) 10/2020,(23) 12/2020(24) y 14/2020,(25) el Pleno de la Suprema Corte determinó declarar inhábiles los días que comprenden del dieciocho de marzo al tres de agosto del dos mil veinte debido a la emergencia sanitaria derivada del coronavirus COVID-19.
15. Por lo antes expresado, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes tres de agosto al martes primero de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, si la demanda fue presentada el lunes tres de agosto de dos mil veinte, es claro que su presentación fue oportuna.
V. Legitimación
16. En el caso promueve la acción de inconstitucionalidad la CNDH, órgano que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal se encuentra legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley de carácter estatal, como en el caso sucede. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(26) en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento legal,(27) la accionante debe comparecer por conducto de la persona funcionaria que esté facultada para representarla.
17. En representación de la Comisión comparece su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve.(28) De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(29) esta funcionaria cuenta con la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad en representación de la CNDH.
VI. Causas de improcedencia
18. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo no hicieron valer alguna causa de improcedencia. A su vez, de una lectura integral del expediente, no se advierte de oficio la actualización de alguna.
VII. Estudio de fondo
19. En los conceptos de invalidez, la Comisión plantea la inconstitucionalidad de las fracciones I, en su porción normativa "por nacimiento", y IV del artículo 17 de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Baja California. Por un lado, estima que el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer el cargo de persona comisionada, además de que únicamente puede ser impuesto por el Congreso de la Unión, contraviene el principio de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo. Por el otro lado, considera que el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ejercer dicho cargo contraviene los principios de igualdad, no discriminación y reinserción social.
20. En primer lugar, se hará el estudio relacionado con el requisito previsto en la fracción I del artículo reclamado, a saber, contar con nacionalidad mexicana por nacimiento. En segundo lugar, se procederá con el análisis del requerimiento que establece la fracción IV del mismo numeral, esto es, no haber sido condenado por delito doloso.
A) Análisis de constitucionalidad de la exigencia de contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer el cargo de persona comisionada
21. La Comisión actora, en relación con este requisito, hizo valer dos argumentos. Por un lado, alegó la falta de proporcionalidad de la medida y, por el otro, de acuerdo con el artículo 32 constitucional, la falta de competencia de los Congresos Locales para exigir que las personas, para ejercer algún cargo público sean mexicanas por nacimiento, ya que esto solamente puede ser establecido por el Congreso de la Unión.
22. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 87/2018,(30) 59/2018,(31) 4/2019,(32) 35/2018,(33) 40/2019,(34) 88/2018,(35) 93/2018,(36) 45/2018 y su acumulada 46/2018,(37) 111/2019,(38) 157/2017,(39) 67/2018 y su acumulada 69/2018(40) y 113/2020,(41) este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las Legislaturas Locales no tienen la atribución para requerir la nacionalidad mexicana por nacimiento para cargos públicos. Por tanto, el presente asunto será estudiado a partir del segundo argumento esbozado por la Comisión, pues la falta de competencia del Congreso es un presupuesto procesal que provoca que la porción normativa sea inconstitucional.
23. En ese sentido, el argumento que alega la falta de competencia del Congreso del Estado de Baja California para establecer como requisito contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para ser persona comisionada es fundado.
24. Es importante realizar un análisis de las normas que tienen como finalidad, regular el tema de la nacionalidad en México. Para pronta referencia, se transcriben los preceptos constitucionales relevantes para estudiar el caso concreto:
"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
"A) Son mexicanos por nacimiento:
"I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
"II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
"III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización; y,
"IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
"B) Son mexicanos por naturalización:
"I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
"II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley."
"Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
"El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
"En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
"Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
"Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."
"Artículo 37. ...
"A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
"B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
"I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y ..."
25. De los artículos constitucionales antes citados se desprende lo siguiente:
• La nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento (originaria) o por naturalización (derivada). • La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en el apartado A del artículo 30 constitucional, a través de los sistemas de ius soli (según el lugar de nacimiento) y de ius sanguinis (según la nacionalidad del padre o de la madre).
• La nacionalidad por naturalización, es aquella que se adquiere por voluntad de una persona. Es el Estado quien tiene la potestad de otorgarla.
• A su vez, estos artículos disponen lo relativo a la doble nacionalidad, así como a los cargos y funciones para los que es necesario ser persona mexicana por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.
• Finalmente, se establece que ninguna persona mexicana por nacimiento podrá ser privada de su nacionalidad y cuáles son motivos de pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización.
26. El contenido de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal tiene su origen en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete. Dicha reforma tuvo por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, para que quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia y en igualdad de circunstancias.(42)
27. Asimismo, se propuso eliminar las causales de pérdida de nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado A del artículo 37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales exclusivamente aplicables a personas naturalizadas mexicanas.
28. Por otra parte, la Cámara revisora (Cámara de Diputados) sostuvo en su dictamen que la reforma del artículo 32 resulta fundamental para evitar conflictos de intereses o dudas en la identidad de las personas mexicanas con doble nacionalidad, sobre todo por lo que hace al acceso a cargos que impliquen funciones públicas en este país. De ahí la conveniencia de que el precepto ordene que "la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad", así como que "el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad". A dicho texto se agrega que esa misma reserva "será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión".
29. A su vez, del análisis de la exposición de motivos se desprende la consideración esencial de que la nacionalidad mexicana no se agota por una demarcación geográfica, sino que se relaciona con el sentimiento de pertenencia, lealtad a las instituciones, a los símbolos, a la cultura y a las tradiciones. Además, se consideró que la nacionalidad es una expresión que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las normas. En el marco de esta reforma, se determinó que el ejercicio de ciertos cargos y funciones relacionados con el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales, tienen que ser desempeñados por personas mexicanas por nacimiento, pues "sus titulares tienen que estar libres de cualquier vínculo jurídico o sumisión a otros países".
30. A partir de dicha reforma, y con base en la naturaleza de la finalidad de las funciones a ejercer, la Constitución ha delimitado aquellos cargos públicos para los que es necesario que la persona que los ejerza sea mexicana por nacimiento. Entre éstos se encuentran los comisionados del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales federal (artículo 6o., apartado A), los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (artículo 28), los depositarios de los Poderes de la Unión (artículos 55, fracción I, 58, 82, fracción I, 95, fracción I, 99 y 100), el titular de la Auditoría Superior de la Federación (artículo 79), los secretarios de despacho (artículo 91), los Magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (artículo 99), los Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 100), el fiscal general de la República (artículo 102, apartado A, segundo párrafo), los gobernadores de los Estados y los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Estatales (artículo 116), así como los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (artículo 122, apartado A, fracción IV).
31. Se recalca que en el presente asunto la cuestión a dilucidar se circunscribe a desentrañar si, de acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Federal, los Congresos Locales cuentan con la facultad para establecer como requisito de elegibilidad para un cargo público el contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o si es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
32. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en repetidas ocasiones que las entidades federativas no están facultadas para establecer algún supuesto en el que se exija ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos públicos. El Alto Tribunal estimó que, de una interpretación del artículo 32 de la Constitución, todo lo relativo a la dimensión externa de la soberanía queda reservado a la Federación. Esto es, la facultad para determinar los cargos para los que se requiere contar con nacionalidad mexicana por nacimiento no les corresponde a las entidades federativas.
33. De acuerdo con lo antes señalado, así como con los razonamientos expresados en los precedentes de este Tribunal Pleno aplicables al caso concreto, resulta que la porción normativa impugnada es inconstitucional. En este sentido, aunque el Poder Ejecutivo alega que en este caso se trata de un cargo relacionado con seguridad pública y se trata de una materia concurrente, es el Congreso de Baja California quien introdujo el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento.
34. Al tratarse de una atribución reservada para el Congreso de la Unión, el Legislativo de Baja California no está facultado para incorporar el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer el cargo de comisionado, en el artículo 17, fracción I, de Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Baja California. Lo anterior, en virtud de que ni la Constitución Federal ni alguna ley emitida por el Congreso de la Unión requiere que los comisionados del sistema penitenciario de Baja California sean mexicanos por nacimiento para ejercer el cargo en comento.
35. Al concluirse la inconstitucionalidad de la norma por haberse emitido por una autoridad que carece de atribuciones, es innecesario determinar si la norma reclamada cuenta con un fin válido.
B) Análisis de constitucionalidad del requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ejercer el cargo de persona comisionada.
36. La CNDH también argumenta la inconstitucionalidad del artículo 17, fracción IV, de la norma impugnada,(43) que prevé como requisito para ocupar el cargo de comisionado del sistema penitenciario de Baja California, no haber sido condenado por delito doloso. De acuerdo con la Comisión actora, esa disposición vulnera los derechos humanos de las personas que han sido condenadas por un delito en tanto que las excluye de participar para ocupar puestos o cargos públicos, pues esto forma parte de su vida privada, de su pasado y de su proyección social. Por tanto, una vez que la persona ha compurgado su pena, se concluye que ha finalizado el proceso y está en aptitud de reinsertarse en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad. Además, según la Comisión, la fracción impugnada es sobreinclusiva, ya que limita de forma genérica a las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito doloso, sin considerar si éstos se relacionan con las funciones que deberá desempeñar.
37. Esta Suprema Corte ha analizado un requisito similar al que se impugna en otros casos. En efecto, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(44) 85/2018,(45) 86/2018,(46) 50/2019,(47) 125/2019,(48) 108/2020,(49) 117/2020,(50) 118/2020,(51) 184/2020(52) y 263/2020(53) se concluyó que la imposición del requisito de no contar con antecedentes penales o no haber sido condenado por delito doloso para el ejercicio de un cargo público resultaba inconstitucional.
38. El proyecto que el Pleno discutió, proponía que la disposición impugnada realizaba una distinción entre determinados grupos de personas, pues el requisito impugnado implicaría una diferenciación entre las personas que han sido condenadas por delito doloso y aquellas que no han sido sancionadas de ese modo. Luego, a la luz de un escrutinio ordinario, concluía que, aunque la norma tenía una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional, la misma no resultaba adecuada para lograr dicho objetivo y se proponía declararla inválida.
39. Sin embargo, en sesión del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, una mayoría de siete Ministras y Ministros se pronunció a favor de la conclusión del proyecto y por declarar la invalidez del artículo 17, fracción IV, de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Baja California. En este sentido, y en términos de los artículos 105, fracción II, párrafo quinto,(54) de la Constitución Federal y 72 de la ley reglamentaria,(55) al no lograrse la votación calificada necesaria para declarar la invalidez, lo procedente es desestimar el planteamiento de la Comisión accionante.
VIII. Efectos
40. De conformidad con la fracción IV del artículo 41 de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 73 del mismo ordenamiento,(56) este Tribunal Pleno debe establecer y concretar los efectos de esta sentencia. En este sentido, se determina que la invalidez declarada surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado de Baja Californ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30661-c73f7a9f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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