SECUESTRO. LA PENA IMPUESTA POR ESTE DELITO AL SENTENCIADO POR LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CALIFICATIVA DISTINTA A LA QUE SE ACREDITÓ EN EL PROCESO PENAL INSTAURADO EN SU CONTRA, INFRINGE EN SU PERJUICIO LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.

El artículo 165 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal prevé dos hipótesis agravantes aplicables para el delito de secuestro, a saber: a) cuando "el secuestrado fallezca durante el tiempo en que se encuentre privado de su libertad" y, b) la concerniente a cuando "el secuestrado es privado de la vida por su o sus secuestradores". Ahora bien, si de las constancias que obran en el proceso penal se advierte que el Ministerio Público al ejercer la acción penal y formular las conclusiones acusatorias, erróneamente lo hizo por la hipótesis señalada en primer término, no obstante que de los medios probatorios se evidencia que el supuesto acreditado fue el citado en segundo lugar; consecuentemente, es incorrecto el proceder de la autoridad judicial responsable que avala la equívoca actuación del órgano técnico ministerial, bajo el argumento que de no aplicar la pena por dicha calificativa se generaría impunidad, pues aun cuando en ambos casos el factor común es la pérdida de la vida, bien jurídico de mayor valía e importancia para el derecho penal, ello no significa que sea acertado tener por comprobada una agravante que no se acreditó en la causa penal, pues tal actuar infringe en perjuicio del sentenciado las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal consagradas en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se le condena a sufrir una pena por la actualización de una calificativa que no se acreditó en el proceso penal instaurado en su contra.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.