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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA: "SECUESTRO, SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 259", 58, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "SECUESTRO", 259, 260 Y 261 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO SIN FACULTADES PARA EMITIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN V, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO", 9, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "EL DE SECUESTRO, SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 259", 58, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PARTE QUE DICE "SECUESTRO", 259, 260 Y 261 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2016. · Registro digital (IUS): 26916
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-01-27
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 9.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 8 DE AGOSTO DE 2016. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día ocho de agosto de dos mil dieciséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 2/2016 promovida por la procuradora general de la República en contra del artículo 69, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción normativa que dispone: "...No se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aun en el caso de delincuentes primarios, cuando se trate de delitos de:... V. Secuestro; ..." expedido mediante Decreto Número 53, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de diciembre de dos mil quince.

I. TRÁMITE

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, procuradora general de la República,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 69, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción normativa que dispone: "... No se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aun en el caso de delincuentes primarios, cuando se trate de delitos de:... V. Secuestro; ..." expedido mediante Decreto Número 53, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de diciembre de dos mil quince (fojas 1 a 33 de este toca).

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de México.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en síntesis, que:

a) El artículo 69, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción relativa a que: no se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, incluso a delincuentes primarios, tratándose del delito de secuestro es inconstitucional, porque contraviene la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional.

b) El artículo 69, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción relativa a que no se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, incluso a delincuentes primarios, tratándose del delito de secuestro es inconstitucional, porque contraviene el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues dado que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no procede otorgar ningún beneficio como la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique la reducción de la condena al responsable de ese delito, excepto para quienes colaboren con la investigación y persecución del delito de secuestro; por lo que la ley impugnada genera incertidumbre ya que no contempla la excepción mencionada en último término.

4. Artículos señalados como violados. La promovente señaló como violados los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 73, fracción XXI, inciso a) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Registro y turno. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 2/2016, y el asunto se turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora (ibídem, foja 49).

6. Admisión. La Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto (ibídem, fojas 50 y 51).

7. Informe del Poder Ejecutivo. El director general Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México, en su calidad de representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, rindió informe mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 71 a 91), en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el primer concepto de invalidez es infundado, porque los Estados no tienen vedado legislar en materia de secuestro, ya que se trata de una facultad concurrente con la Federación.

b) Que el segundo concepto de invalidez es infundado, porque la existencia de la norma impugnada no genera confusión alguna, porque el artículo 28 de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México establece que los delitos en materia de secuestro y sus sanciones serán los que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y en su caso, el Código Penal del Estado de México, por lo que, afirma, es claro cuál es la norma aplicable.

8. Informe del Poder Legislativo. La diputada presidenta de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura del Estado de México, rindió informe mediante oficio SAP/CJ/084/2016 recibido el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 100 a 125) en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

a) Que la acción de inconstitucionalidad es improcedente por extemporánea, ya que en términos de los artículos 105, fracción II, constitucional y 60 de la ley reglamentaria, la acción debe promoverse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el medio oficial correspondiente; y en el caso, la acción se promovió fuera del plazo, porque el artículo 69 previo a la emisión del decreto de reforma 53, ya establecía que no procedía conceder beneficios penales respecto del delito de secuestro, por lo que en relación con la porción impugnada, no se trata de un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado.

b) Respecto de los conceptos de invalidez, que deben desestimarse por no expresar argumentos suficientes ni hacer un análisis integral del orden jurídico.

c) Que la norma impugnada no es inconstitucional, ya que no se trata de un acto legislativo nuevo porque, respecto del delito de secuestro, la disposición previa ya contenía la prohibición de contener beneficios, y porque se emitió en ejercicio de facultades concurrentes, pues los Estados no tienen prohibido legislar en materia de secuestro.

d) Y porque además, la norma impugnada no viola el principio de seguridad jurídica, ya que el artículo 28 de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, establece que los delitos en materia de secuestro y sus sanciones serán los que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y ,en su caso, el Código Penal del Estado de México, por lo que, afirma, es claro cuál es la norma aplicable.

9. Recepción de informes, requerimiento y vista a las partes para la formulación de alegatos. Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis se tuvieron por presentados los informes solicitados a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México, por designados sus delegados y señalados sus domicilios para oír y recibir notificaciones y, dada la omisión del Poder Legislativo de incluir en su informe los antecedentes legislativos de la norma impugnada como le fueron solicitados, se le requirió nuevamente su remisión. Asimismo quedaron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos por escrito (ibídem, fojas 163 y 164).

10. Desahogo de requerimiento y cierre de instrucción. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado al Poder Legislativo del Estado de México, por formulados los alegatos del Poder Ejecutivo del Estado de México y de la procuradora general de la República, y se cerró la instrucción para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente (ibídem, foja 226).

II. CONSIDERACIONES

11. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contradicción entre un precepto de una ley local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13. El decreto cincuenta y tres mediante el cual se reformó y adicionó el Código Penal del Estado de México, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de diciembre de dos mil quince (ibídem, fojas 37 a 48), por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del veintidós de diciembre de dos mil quince al veinte de enero de dos mil dieciséis.

14. Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día de dicho plazo, debe estimarse oportuna la acción.

15. No es obstáculo para sostener esta conclusión lo alegado por el Poder Legislativo del Estado de México, al rendir su informe, en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad es improcedente por extemporánea, ya que en términos de los artículos 105, fracción II, constitucional y 60 de la ley reglamentaria, la acción debe promoverse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el medio oficial correspondiente; y en el caso, la acción se promovió fuera del plazo, porque el artículo 69 previo a la emisión del decreto de reforma 53, ya establecía que no procedía conceder beneficios penales respecto del delito de secuestro, por lo que en relación con la porción impugnada, no se trata de un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado.

16. Es criterio mayoritario de este Tribunal Pleno que la acción de inconstitucionalidad es procedente en contra de una modificación o reforma sustantiva de una norma, porque se trata de un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado.

17. Por tanto, contrariamente a lo señalado por la autoridad mencionada, la demanda se promovió de manera oportuna, pues como ya quedó acreditado, la misma se presentó dentro del plazo de treinta días naturales previsto para ello.

18. En efecto, la norma impugnada en esta acción es el artículo 69, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en la porción normativa que dispone: "... No se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aun en el caso de delincuentes primarios, cuando se trate de delitos de:... V. Secuestro; ..." expedido mediante Decreto Número 53, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el veintiuno de diciembre de dos mil quince.

19. Esta norma se encuentra en el título cuarto del Código, relativo a la aplicación de las penas, específicamente, en el Capítulo VI, denominado "CASOS DE REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD."

20. El texto de esa norma, previo a la reforma precisada, era el siguiente:

"Capítulo VI

"Casos de reincidencia y habitualidad

"(Reformado primer párrafo, G.G. 15 de diciembre de 2014)

"Artículo 69. La reincidencia y habitualidad referida en los artículos 19 y 20 será tomada en cuenta para la individualización de la pena y para el otorgamiento o no de los beneficios o de los sustitutivos penales que la Ley prevé. No se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión cuando se trate de delitos de extorsión, robo con violencia, secuestro, lesiones que se infieran a menores, incapaces o pupilos por quien ejerza la patria potestad, tutela o custodia, o por un integrante de su núcleo familiar, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, violación y robo que cause la muerte.

"(Adicionado, G.G. 18 de marzo de 2011)

"Tratándose de delitos cometidos con violencia de género, no procederán sustitutivos penales, independientemente de la reincidencia o habitualidad del responsable."

21. Si bien pudiera pensarse que la reforma al artículo 69 impugnado dejó intocada la redacción anterior en la porción normativa relativa a la prohibición de otorgar beneficios, sustitutivos o la suspensión de la pena de prisión tratándose del delito de secuestro; lo cierto es que, en el caso, estamos en presencia de un nuevo acto legislativo, ya que se llevó a cabo un procedimiento legislativo y la modificación normativa fue sustantiva, puesto que la norma impugnada prohíbe conceder beneficios, sustitutivos o suspensión de la pena de prisión a los condenados por secuestro, incluso a los primodelincuentes, mientras que la norma anterior no contemplaba esta precisión, es decir, no prohibía expresamente conceder esas prerrogativas a los primodelincuentes condenados por secuestro, por lo que, al amparo de la norma anterior, interpretada sistemáticamente, en ese caso era posible, en principio, conceder alguno de esos beneficios.

22. Al respecto conviene hacer una breve narrativa de los criterios emitidos por este Tribunal Pleno, relativos al tema de qué se entiende por nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación a través de una acción de inconstitucionalidad.

23. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2001, en sesión pública de siete de agosto de dos mil uno,(4) el Tribunal Pleno determinó que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla, por lo que un nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior -formal y materialmente-, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad. De este modo, el criterio consiste en que cualquier reforma o adición a una norma general autoriza su impugnación a través de este medio de control constitucional, aun cuando se reproduzca íntegramente la disposición anterior, ya que se trata de un nuevo acto legislativo. Este criterio se aplicó en diversos precedentes, entre ellos, la acción de inconstitucionalidad 5/2004, resuelta en sesión pública de dieciséis de marzo de dos mil cuatro,(5) siendo esta última de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."(6)

24. Este último criterio se reiteró en posteriores precedentes pero en ningún momento se refirió a un posible análisis del proceso legislativo para desentrañar la intención del legislador al momento de realizar una reforma a la norma general de que se trate, así como tampoco a la hipótesis relativa a que la norma general impugnada fuera reformada no en su totalidad, sino sólo en partes, párrafos o fracciones, por lo que posteriormente se emitieron otros criterios sobre el tema.

25. Así, al fallar la acción de inconstitucionalidad 22/2004, en sesión pública de diez de julio de dos mil siete,(7) el Tribunal Pleno indicó que la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004 -antes referida-, no resultaba aplicable para la resolución de esa acción y precisó que cuando la reforma o adición no fuera dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica -como mero efecto de la incorporación de otras disposiciones al texto legal al que pertenecía-, al tratarse únicamente de un cambio en el elemento numérico asignado a su texto, no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que pudiera ser impugnado a través de esta vía, ya que en esa hipótesis, no se acreditaba la voluntad del legislador para reformar, adicionar, modificar o, incluso repetir el texto de la norma general. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 96/2007, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL."(8)

26. Posteriormente, al fallarse la acción de inconstitucionalidad 4/2004, en sesión pública de siete de febrero de dos mil ocho,(9) este Tribunal Pleno sostuvo que el sobreseimiento de una acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos de la norma general impugnada cuando ésta ha perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, sólo opera respecto de la parte que fue motivo de aquél, independientemente de que se haya emitido con el mismo texto de la norma anterior o se haya variado en algún o alguno de sus párrafos concretos, indicando el legislador su voluntad mediante la inserción del texto que quiso repetir o variar, intercalándolo con los paréntesis y puntos suspensivos representativos de los textos en los que permaneció la misma norma o alguna de sus partes, al no ser objeto del nuevo acto legislativo, por lo que la declaratoria de improcedencia no podía abarcar todo el texto del artículo relativo, sino únicamente la parte afectada por el nuevo acto legislativo, ya que los párrafos intocados subsistían formal y materialmente, al ser enunciados normativos contenidos en un artículo concreto motivo de un acto legislativo anterior que continuaba vigente. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A SOBRESEER ÚNICAMENTE RESPETO DE LOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO."(10)

27. Continuando con este desarrollo del criterio, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 29/2008 en sesión pública de doce de mayo de dos mil ocho,(11) el Tribunal Pleno retomando el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 96/2007 reiteró que si bien cuando la reforma o adición no va dirigida esencialmente al contenido normativo del precepto impugnado -sino sólo a su identificación numérica-, ello no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que autorizara su impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad, y agregó que cuando el legislador ordinario durante el proceso legislativo hubiere manifestado su voluntad de no reformar la norma, pero del texto aprobado se advirtiera que en realidad sí modificó su alcance jurídico o hubiere precisado un punto considerado ambiguo u oscuro, si debía considerarse que se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2009, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE PRECISÓ UN PUNTO CONSIDERADO AMBIGUO U OSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA."(12)

28. Posteriormente al resolverse la acción de inconstitucionalidad 2/2010 en sesión pública de dieciséis de agosto de dos mil diez,(13) retomando los criterios contenidos en las tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004 y P./J. 17/2009, el Tribunal Pleno indicó que, en el caso, uno de los preceptos ahí impugnados -el artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal contenido en el decreto de reforma publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veintinueve de diciembre de dos mil nueve (adopción)- constituía un nuevo acto legislativo susceptible de impugnarse en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, aun cuando hubiere sido publicado en los mismos términos en que apareció originalmente en la Gaceta Oficial de veinticinco de mayo de dos mil, además de que por estar vinculado con un diverso precepto de otro ordenamiento legal que sí había sido reformado -Código Civil para el Distrito Federal, artículo 146 (concepto de matrimonio)-, se generaba una modificación material en su contenido.

29. Al resolverse la acción de inconstitucionalidad 132/2008 y sus acumuladas 133/2008 y 134/2008, en sesión pública de veinte de octubre de dos mil nueve,(14) el Tribunal Pleno retomando el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004 indicó que atendiendo al criterio de autoridad formal de la ley, debía considerarse que la emisión de una norma, su modificación o reiteración, eran actos que reflejaban la voluntad del poder legislativo de encaminar el entendimiento y funcionamiento de un sistema, pues los actos emitidos por el legislador conllevaban la expresión de su voluntad, aunque no se hiciera una referencia explícita. De este modo se indicó que la reproducción de un artículo en un acto de reforma, implicaba la exteriorización de la voluntad del legislador de reiterar el enunciado, señalando el sentido que debía darse a la concepción de una norma inserta dentro del cuerpo normativo, aun cuando se modificaran otras normas del sistema. Así, por mínimo que fuese el cambio que se originara en una ley o que se realizara una reiteración, ello implicaba una iniciativa de ley, una discusión en torno y, por supuesto, una votación, lo que daba la pauta para determinar lo que es el nuevo acto legislativo.

30. Finalmente, en la acción de inconstitucionalidad 28/2015 fallada el veintiséis de enero del dos mil dieciséis, el Pleno de esta Suprema Corte reiteró, que para que se actualizara el supuesto de nuevo acto legislativo, debían reunirse los siguientes requisitos: que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y que la modificación normativa sea sustantiva o material.

31. Con base en lo anterior, se reiteran los lineamientos mínimos que este Tribunal Pleno ha determinado para considerar cuándo estamos en presencia de un nuevo acto legislativo.

32. Pues bien, este Tribunal Pleno considera que para que se pueda hablar de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos los siguientes dos aspectos:

a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y

b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

33. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma general, puesto que a partir de este momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.(15)

34. El segundo aspecto consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.

35. Una modificación de este tipo no se daría por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones, no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.

36. En otras palabras, esta modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto, en dicho sistema, aunque sea tenue.

37. Así, conforme a este entendimiento de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.

38. Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo, es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia del supuesto normativo que se relacione con el cambio al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del Poder Legislativo.

39. En estas condiciones, tal como se adelantó, en el caso se reúnen los dos requisitos. Se llevaron a cabo las diferentes etapas o fases del procedimiento legislativo hasta culminar con la publicación de la norma general impugnada, puesto que el artículo impugnado fue motivo de la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado de México, la cual se turnó a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, LIX Legislatura del Estado de México, a fin de que se modificara el artículo 69 citado.(16)

40. Y una vez sustanciado el proceso legislativo, el decreto que contiene la norma general impugnada fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de diciembre de dos mil quince.(17)

41. Por lo que respecta al segundo requisito, este Tribunal Pleno considera que la modificación del artículo 69 impugnado es, sin duda, de carácter sustantivo, puesto que introdujo -entre otras cosas- la expresión "aun en el caso de delincuentes primarios", lo que patentiza la voluntad del legislador de reformar el texto de esa disposición para precisar un aspecto considerado ambiguo u oscuro, puesto que la norma impugnada prohíbe conceder beneficios, sustitutivos o suspensión de la pena de prisión a los condenados por secuestro, incluso a los primodelincuentes, mientras que la norma anterior no contemplaba esta precisión; lo que implica un impacto trascendente en la regulación de dicha figura jurídica.

42. Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Arely Gómez González en su carácter de procuradora general de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la República (ibídem, foja 35).

43. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable,(18) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes estatales que contraríen el orden constitucional; luego, en el caso, dicha funcionaria promovió la acción en contra del artículo 69 del Código Penal del Estado de México, particularmente en la porción normativa que dispone: "...No se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aun en el caso de delincuentes primarios, cuando se trate de delitos de:... V. Secuestro; ...", y si ese precepto está inmerso en una ley de naturaleza estatal, es evidente que la actora tiene legitimación para impugnarlo.

44. Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(19)

45. Procedencia. Es procedente la acción de inconstitucionalidad.

46. Salvo la causa de improcedencia analizada en el apartado de oportunidad, las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no hacen valer otras causas de improcedencia, ni este Alto Tribunal advierte, de oficio, que se actualice alguna. Por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por la promovente.

III. ESTUDIO DE FONDO

47. La procuradora sostiene que la norma impugnada es inconstitucional en virtud de que el Congreso mexiquense carece de compe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26916-c157dec1/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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