I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE VALIDEZ PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA PREVISIÓN DE QUE, EN CASO DE QUE LA OBTENCIÓN O RECABACIÓN DE DATOS PERSONALES SEA INDIRECTA, SU TRATAMIENTO SERÁ LÍCITO CUANDO EL RESPONSABLE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INFORMAR SOBRE DICHO TRATAMIENTO O LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR, VIOLA EL PRINCIPIO DE LICITUD APLICABLE EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. REQUISITO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS SENSIBLES EN EL AVISO DE PRIVACIDAD QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN DAR A CONOCER AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO ESTABLECIÓ EL SUPUESTO REFERIDO Y, POR ENDE, SE DECLARA SU INVALIDEZ). VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. PROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, SALVO LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 44, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. REQUISITO DE ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL TITULAR DE DICHOS DATOS O, EN SU CASO, DE SU REPRESENTANTE, A TRAVÉS DE CARTA PODER SIMPLE SUSCRITA ANTE DOS TESTIGOS CON COPIA DE LAS DE IDENTIFICACIONES DE LOS SUSCRIPTORES, PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES) (ARTÍCULO 47, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA REGULACIÓN LOCAL HASTA POR QUINCE DÍAS PARA DAR RESPUESTA AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES), A DIFERENCIA DE LA AMPLIACIÓN PREVISTA EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA DE DIEZ DÍAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO AL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O PERTENECIENTES A LOS GRUPOS VULNERABLES EJERZAN ESTE DERECHO EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS QUE EL RESTO DE LA POBLACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES) Y LOS RECURSOS DE REVISIÓN SE ATIENDAN EN LENGUAS INDÍGENAS, SI ASÍ FUERON PRESENTADOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PREFERENTEMENTE" DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. SUPUESTOS DE LA NORMA LOCAL PARA CONSIDERAR QUE EXISTE FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES) (ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2018 Y SU ACUMULADA 48/2018. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 11 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al once de junio del dos mil diecinueve, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 47/2018 y su acumulada 48/2018 promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 21, 44, 47, primer párrafo, 49, párrafo segundo, 91, 93, 95, 96, 98, 99, fracción IV, 103, 106, 107 y 108 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de esta entidad el diez de abril del dos mil dieciocho, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal promovió una diversa contra los artículos 15, 21, 44, párrafo segundo, 77 y 79, fracción V, del propio ordenamiento.
2. Radicación y admisión de la acción 47/2018. Por auto de siete de mayo del dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 47/2018 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
3. El ocho del mes y año en cita el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para los efectos legales conducentes.
4. Radicación y acumulación de la acción 48/2018. Mediante proveído de once de mayo del dos mil dieciocho, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 48/2018 y atendiendo a la identidad de normas impugnadas, ordenó su acumulación a la diversa acción 47/2018, designando al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
5. Por auto de catorce siguiente el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad acumulada y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para los efectos legales conducentes.
6. Informes. Por autos de cinco y doce de junio del dos mil dieciocho se tuvieron por rendidos los informes de dichos Poderes y por ofrecidas las pruebas ahí relacionadas, con lo que se corrió traslado a las partes y se les otorgó plazo para formular alegatos.
7. Alegatos y pedimento. Mediante proveídos de veintiuno y veintidós de junio y cuatro de julio del año en cita, se tuvieron por formulados los alegatos de todas las partes y por formulado el pedimento del procurador general de la República.
8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de cuatro de julio del dos mil dieciocho, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
II. Competencia
9. El Tribunal Pleno es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de esta entidad, el diez de abril del dos mil dieciocho.
III. Oportunidad
10. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el decreto por el que se expidió la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial de esta ciudad el martes diez de abril del dos mil dieciocho, de modo que dicho lapso transcurrió del miércoles once de abril al jueves diez de mayo del año en cita, mientras que las demandas se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los días cuatro y diez de mayo de la referida anualidad.
IV. Legitimación
11. En su informe, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México asegura que el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, carece de legitimación procesal activa para instar la acción de inconstitucionalidad, pues conforme a las normas aplicables sólo el comisionado presidente puede representar al organismo garante nacional.
12. Agrega que, conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en este tipo de medios de impugnación no se permite actuar en suplencia por ausencia y, finalmente, que en el acuerdo asumido por el Pleno del instituto actor sólo se instruyó al citado director para elaborar la demanda de acción, no para promoverla.
13. Para resolver su argumento conviene tener en cuenta que los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, y 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promover las acciones de inconstitucionalidad contra, entre otras, las leyes estatales que considere vulneran el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
14. El artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece:
"Artículo 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones:
"I. Representar legalmente al instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones;
"II. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban presentarse, asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran. ..."
15. El texto transcrito es claro al prever que corresponde al director general de Asuntos Jurídicos representar al organismo garante nacional en los asuntos jurisdiccionales y judiciales, entre los que se encuentran las acciones de inconstitucionalidad.
16. De autos se advierte que mediante acuerdo ACT-PUB/02/05/2018.06, del dos de mayo del dos mil dieciocho, el Pleno del aludido instituto instruyó a su representante legal para que promoviera la acción de inconstitucionalidad que se resuelve (folios 56 a 61 del expediente).
17. Con ello se acredita que fue el órgano superior de gobierno de la accionante, el que aprobó que dicha institución promoviera la acción que hoy nos ocupa, ello a través del órgano que lo representa legalmente.
18. Bastan las explicaciones dadas para concluir que el referido director tiene legitimación procesal activa para instar este medio de control constitucional.
19. Resulta intrascendente que en el oficio de promoción el mencionado director haya indicado que actuaba en suplencia por ausencia del comisionado presidente, pues también expresó que promovía la acción como representante legal de la referida institución y, como se demostró, las normas y el acuerdo antes comentado demuestran que tiene legitimación activa para instarla.
20. Es cierto que conforme al artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el organismo garante nacional está presidido por un comisionado que lo representa; sin embargo, tal circunstancia no significa, como pretende hacer ver el Poder Legislativo de la entidad, que sólo dicho comisionado esté legitimado para promover los medios de defensa respectivos, en este caso, la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, pues el contenido de las normas estatutarias antes reproducidas es claro al prever que el referido director es el representante del instituto en asuntos judiciales.
21. En consecuencia, es infundado lo alegado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el promovente tiene legitimación procesal activa para instar el medio de defensa que nos ocupa.
22. Igualmente sucede con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece que los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas pueden promover acción de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por las Legislaturas correspondientes, mientras que el diverso 22, fracción I, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dispone que corresponde a su presidenta la representación de dicho organismo.
23. Del análisis de autos se advierte que quien promueve la acción de mérito es Nashieli Ramírez Hernández en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, cargo que acredita mediante copia certificada del oficio MDPPSOTA/CSP/660/2017, de siete de noviembre del dos mil diecisiete, en que la presidenta de la Mesa Directiva de la otrora Asamblea Legislativa de esta entidad le informó su designación para un periodo de cuatro años a partir de esa fecha (folio 114 del expediente).
24. Finalmente, porque en sus conceptos de invalidez controvierte las normas impugnadas por considerarlas violatorias de derechos humanos.
25. Por tanto, es claro que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal tiene legitimación procesal activa para instar la acción que nos ocupa.
V. Causas de improcedencia
26. En su informe, la referida asamblea sostiene que debe sobreseerse en la acción respecto de los artículos 91, 93, 95, 98, 106, 107 y 108 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, pues el promovente omitió proponer verdaderos conceptos de invalidez en su contra, pese a que es un requisito de la demanda, conforme al artículo 61, fracción V, de la ley reglamentaria aplicable.
27. Tal causa de improcedencia es infundada, pues basta la lectura del séptimo concepto de invalidez para advertir la causa de pedir del promovente, máxime que en términos del artículo 71 de la mencionada ley reglamentaria, en este tipo de asuntos existe suplencia de conceptos de invalidez (folios 49 a 54 del toca).
28. Al no existir alguna otra causa de improcedencia propuesta por las partes o que este órgano judicial advierta de oficio, corresponde resolver el fondo de la acción.
VI. Estudio de fondo
29. Antes de emprender el estudio y solución anunciados conviene precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los promoventes impugnan los artículos 15, 21, 44, párrafos segundo y tercero, 47, primer párrafo, 49, párrafo segundo, 77, 79, fracción V, 91, 93, 95, 96, 98, 99, fracción IV, 103, 106, 107 y 108 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de esta entidad, el diez de abril del dos mil dieciocho. En consecuencia, esta sentencia se ocupará de tales disposiciones.
30. Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de invalidez propuestos conviene tener en cuenta lo siguiente:
31. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia en dos mil dos se incorporó al sistema jurídico nacional el derecho a la protección de datos personales como límite o contrapeso al derecho de transparencia y acceso a la información pública; sin embargo, hasta dos mil seis, en el contexto de la reforma al artículo 6o. constitucional, se reconoció constitucionalmente.
32. El treinta de abril del dos mil nueve, se adicionó la fracción XXIX-O al artículo 73 constitucional para establecer que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, razón por la que en dos mil diez se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
33. Posteriormente, el uno de junio del dos mil nueve, se adicionó un segundo párrafo al artículo 16 constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación, así como a expresar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, ya sea por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
34. Con esta última reforma se dotó de contenido constitucional al derecho de protección de datos personales, pero cambiando la perspectiva de los sujetos obligados, pues no se limitó a los particulares que ya estaban regulados, sino que vinculó también a los entes públicos o sus similares.
35. El siete de febrero del dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Federal en virtud del cual se reformaron, entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII a su artículo 6o. a fin de establecer, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información, así como la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general que unificara los criterios aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, así como otra ley general en materia de protección de datos personales.
36. Asimismo, se adicionó la fracción XXIX-S del artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno; en tanto que en el diverso 116, fracción VIII, del propio ordenamiento, se previó que las constituciones estatales deben establecer los organismos garantes en la materia, conforme a los principios y bases contenidos en el mencionado artículo 6o. y en la ley general aplicable.
37. Finalmente, también se reformó el artículo 122 constitucional aplicable a esta entidad federativa, cuyo texto vigente dispone que la Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que la Constitución Federal prevé para las entidades federativas (apartado A, fracción VII).
38. Para entender la dimensión y finalidad de dicha reforma constitucional es necesario tener en cuenta que el referido proceso de modificaciones comenzó en virtud de diversas iniciativas presentadas por distintos partidos políticos en el Senado de la República.
39. En dichas iniciativas que constituyen la exposición de motivos de la reforma en comento, se habló mucho de la materia de transparencia y acceso a la información a fin de evidenciar la necesidad de avanzar en diversos temas, por ejemplo, establecer los alcances y directrices de los principios rectores de esa materia, los procedimientos a seguir, los sujetos obligados y el diseño institucional de los organismos garantes encargados de ambas prerrogativas.
40. Asimismo, se indicó la necesidad de facultar al Congreso de la Unión para emitir dos leyes generales cuyos objetivos son homologar el contenido de la normatividad aplicable, pues se consideró que establecer parámetros iguales para todos los niveles de gobierno permite contar con una base sólida a fin de que el derecho de que se trata sea igual para todos.
41. Se precisó que con la expedición de la ley general en materia de protección de datos personales se pretendía, en específico:
a) Armonizar los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales;
b) Estandarizar los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); y,
c) Uniformar el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones para su debido cumplimiento, entre otros aspectos normativos.
42. Continuó el legislador constitucional diciendo que, en congruencia con el sistema federal adoptado por nuestro país, dichas leyes generales establecen los estándares mínimos y los procedimientos en la materia a fin de asegurar que en todo el país la protección de los derechos en comento y las políticas de transparencia obedezcan a condiciones mínimas compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual da certeza a los gobernados en cuanto a los requisitos para la integración de los órganos garantes, los criterios aplicables, los procedimientos, plazos, entre otros aspectos.
43. Se indicó que, al final de cuentas, lo que se busca es contar con un marco legal que desenvuelva, desglose o regule los principios o conceptos generales que el ejercicio del derecho conlleva y su aplicación uniforme por la autoridad federal o local, es decir, por los propios órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales de cada orden de gobierno.
44. En cumplimiento a esa reforma constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero del dos mil diecisiete.
45. En la respectiva exposición de motivos el legislador federal indicó que la reforma en materia de transparencia marcó un hito en el desarrollo del derecho a la protección de datos en nuestro país, pues establece bases constitucionales para dotar al sector público federal de un régimen legal en materia de protección de datos, aunado a que abrió la posibilidad de emitir una ley general que desarrolle de manera uniforme los principios, bases y procedimientos en los tres niveles de gobierno.
46. Asimismo, se estableció que con la adición al artículo 73, fracción XXIX-S, constitucional, se buscó dotar a los habitantes de este país de leyes de vanguardia que proporcionen herramientas jurídicas útiles para limitar los actos de autoridad, en específico, para ejercer plenamente el derecho a la protección de datos personales que no es más que la autodeterminación informativa, de manera que cada persona en este país pueda decidir libremente sobre el uso y destino de sus datos personales, teniendo en todo momento derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse legítimamente a su tratamiento.
47. El legislador federal también estableció que dicha ley general sólo sienta una base general que puede ser desarrollada por las Legislaturas Federal y de las entidades federativas atendiendo las necesidades de cada ámbito y espacio de gobierno.
48. Incluso, al redactar las disposiciones transitorias el legislador federal estableció en el artículo octavo respectivo que en la normatividad de las entidades federativas no se pueden reducir o ampliar los procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio de los titulares de datos personales.
49. De lo hasta aquí expuesto se advierte que entre las finalidades de la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce, se encuentran la de dotar de autonomía constitucional al órgano garante nacional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en nuestro país y replicarlo en las entidades federativas y, principalmente, unificar los alcances de los principios y bases de los derechos en comento a fin de que todos los gobernados puedan ejercerlos de la misma manera y medida en todo el territorio nacional.
50. El Poder Reformador de la Constitución estimó necesario facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de protección de datos personales, la cual desarrolla las bases y principios aplicables, así como distintos aspectos que deben ser replicados por las Legislaturas de las entidades federativas, permitiendo que éstas tengan libertad configurativa en la medida en que pueden adecuarla a su realidad social e, incluso, perfeccionarla o ampliarla, siempre y cuando esas modificaciones atiendan al sistema nacional implementado.
51. De esa manera, las Legislaturas de las diversas entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus instrumentos normativos aplicables en la materia a las bases y principios reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pero a la vez tienen libertad para regular ciertos aspectos atendiendo a su específico ámbito territorial de competencia y a su realidad social, en la inteligencia de que no pueden contravenir las normas constitucionales ni la ley marco aplicable.
52. Es cierto que al dictaminar el proyecto de decreto de la mencionada ley general el Senado de la República analizó la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios y realizó diversas modificaciones, entre las que destaca el hecho de que de diversos preceptos eliminó la remisión a leyes estatales.
53. En efecto, el Senado eliminó la remisión a leyes estatales tratándose de: principios aplicables en la materia (artículo 30), requisitos únicos de la solicitud del recurso de revisión (artículo 95, párrafo segundo), procedimiento de conciliación (artículo 96), requisitos de la solicitud para interponer recurso de inconformidad y efectos de su resolución (artículos 109, último párrafo, y 116, párrafo segundo), resoluciones (artículos 106 y 120), procedimiento de verificación (artículo 131), y medidas de apremio (artículos 133, párrafo segundo, y 138).
54. Del análisis de las porciones normativas suprimidas se desprende que todas remitían a leyes secundarias, o bien, a las leyes federal y de las entidades federativas de la materia para regular o desarrollar cada uno de esos rubros, circunstancia que evidentemente iba a generar el mismo problema que advirtió el Poder Reformador de la Constitución y que pretendió remediar con la emisión de una ley general.
55. Esa modificación que hizo el Senado de la República al texto original presentado para dictamen podría traducirse en que sobre esos temas las Legislaturas de las entidades federativas carecen de competencia, precisamente por la supresión expresa que se hizo; sin embargo, este Tribunal Pleno considera que no es así.
56. Lo anterior, porque como se dijo, de las exposiciones de motivos de la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce, y de la ley general, así como del contenido expreso de los artículos 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII, y 122, apartado A, fracción VII, del Texto Fundamental se advierte que la materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados es concurrente, de modo que se regula a partir de una ley general que establece las bases y aspectos mínimos aplicables, pudiendo las Legislaturas adecuarla a su realidad social e, incluso, perfeccionarla o ampliarla, siempre y cuando esas modificaciones atiendan al sistema nacional implementado.
57. Si bien la ley general de la materia es la encargada de distribuir competencias y atribuciones entre los distintos ámbitos de gobierno, lo objetivamente cierto es que la supresión en comento no puede llevarse al extremo de que sobre esos aspectos las Legislaturas Federal y de las entidades federativas carecen de competencia para regularlos, pues esa eliminación obedeció sólo a evitar el mismo problema que se pretendió solucionar, esto es, la existencia de múltiples legislaciones que regularan principios, procedimientos, requisitos, entre otros temas, sin una base mínima y común a todas.
58. Por ello, se considera que la supresión hecha por la Cámara de Senadores no se traduce en que las Legislaturas Estatales carezcan de competencia para legislar sobre esos aspectos antes identificados, sino únicamente en que se pretendió evitar el mismo problema que originó la emisión de la ley general, esto es, regular una materia sin una base común.
59. Además, debe recordarse que conforme al artículo octavo transitorio de la ley marco, en la normatividad de las entidades federativas no pueden reducirse o ampliarse los procedimientos y plazos vigentes aplicables, en perjuicio de los titulares de datos personales, de modo que en su beneficio pueden hacerlo, circunstancia que evidencia aún más que la materia regulada, incluso, los aspectos respecto de los que se hizo la supresión comentada, es concurrente.
60. En consecuencia, desde este momento se desestiman las múltiples afirmaciones tajantes del instituto promovente en el sentido de que el legislador local carece de cualquier atribución para legislar en la materia y que lo único que podía hacer era replicar la ley general, pues como se explicó, si bien está vinculado a replicarla y respetar las bases y aspectos mínimos aplicables, así como no introducir variaciones injustificadas en perjuicio de los titulares de datos personales, lo cierto es que tiene libertad configurativa en otros, justamente atendiendo a su realidad y a su respectivo ámbito de competencia.
61. Además, no debe perderse de vista que si bien en la exposición de motivos de la reforma constitucional de mérito, el Poder Reformador de la Constitución aludió la posibilidad de adecuar la legislación general a la realidad local circunscribiéndolo en algunas ocasiones a la materia de transparencia y acceso a la información, lo cierto es que no siempre lo acotó, de modo que se considera que al adecuar su legislación a ambas leyes generales o marco emanadas de la reforma constitucional de mérito, los legisladores locales tienen libertad configurativa, en la inteligencia de que ese ejercicio debe darse dentro de su respectivo ámbito de competencia y acatando las bases, principios y aspectos determinados en la Constitución Federal y en tales leyes generales.
62. Finalmente, porque al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, este Tribunal Pleno estableció, en esencia, que cuando no está totalmente claro si sólo la Federación puede regular la materia respectiva y las entidades federativas sólo replicarlo, como en el caso, se debe ser deferente con los legisladores locales y, por ende, reconocerles esa libertad configurativa con las limitantes antes comentadas, todo ello a fin de fortalecer el sistema federal adoptado por nuestro país.
63. Por tanto, al resolver los diversos conceptos de invalidez alegados por los promoventes se debe tener en cuenta tanto el contexto normativo como el parámetro de regularidad constitucional comentados a fin de determinar si las normas impugnadas son acordes o no al sistema diseñado tanto por el Poder Reformador de la Constitución como por el legislador federal.
64. Cabe precisar que el análisis de tales argumentos se hará independientemente de la acción de inconstitucionalidad en que se hayan propuesto, para lo cual se seguirá el orden numérico de los preceptos impugnados.
Tema I. Principio de licitud
65. En su cuarto concepto de invalidez el instituto promovente afirma que el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México viola los diversos 1o., 6o., 16, párrafo segundo, 17 y 122, apartado D, de la Constitución Federal, al interpretar el principio de licitud de manera distinta a su concepción.
66. Sustenta su alegato en que conforme al artículo 17 de la ley general aplicable, el tratamiento de datos personales no puede llevarse a cabo si no se ajusta a las facultades y atribuciones del responsable, sin que su licitud dependa del cumplimiento de los principios de información y de consentimiento, mientras que el diverso 15 controvertido indica que dicho tratamiento se hará lícito cuando se tomen las medidas necesarias para informarlo, o bien, lleve a cabo las acciones pertinentes para obtener el consentimiento del titular.
67. Por su parte, la comisión accionante asegura que el referido artículo 15 transgrede los diversos 6o., apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal al incumplir el derecho de toda persona y la obligación de la autoridad de proteger los datos personales, aunado a que permite subsanar un estado de ilicitud, pues autoriza a los sujetos obligados a obtener de manera irregular datos personales y, por ende, que incumplan el mandato constitucional de obtenerlos lícitamente y protegerlos.
68. Explica que la ley general aplicable no permite que dejen de protegerse o que se traten de manera ilícita los datos personales, al contrario, conforme a sus artículos 3, fracción XVII, 5, 16 y 18 es obligación de los responsables acatar, entre otros, el principio de licitud en el tratamiento de datos personales, aunado a que prevé la existencia de fuentes de acceso público, salvo que la información proced
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29418-21174583/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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