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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCULOS 16, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, DERIVADO DE SU REFORMA (ARTÍCULOS 21 TER, 77 Y 95, TODOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 44, 79, FRACCIÓN V Y 95; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS Y 21 TER; SE DEROGA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA CIUDAD EL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2020. · Registro digital (IUS): 200807
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2020. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 3 DE MARZO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE APARTA DE CONSIDERACIONES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día tres de marzo de dos mil veintiuno.

V I S T O S, para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 19/2020, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la acción. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés de enero de dos mil veinte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su Director General de Asuntos Jurídicos, Miguel Novoa Gómez, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicita la invalidez de las normas que se precisan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se señalan:

Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Congreso de la Ciudad de México y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Normas generales cuya invalidez se reclaman. En la acción de inconstitucionalidad se impugna el Decreto por el que se reforman los artículos 21, 44, 79, fracción V y 95, se adicionan los artículos 21 Bis y 21 Ter; se deroga el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en específico los artículos 21 TER, 77 y 95.

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que plantea la accionante, en síntesis, son los siguientes:

Primer concepto de invalidez. La accionante afirma que el artículo 21 Ter es inconstitucional al remitir a un precepto que ninguna relación tiene con los requisitos de información que debe contener el aviso de privacidad, con lo cual, se viola el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 constitucional, primer párrafo, así como lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Manifiesta que, si bien el artículo 21 Ter de la Ley local replica de cierta manera en su redacción lo que establece el artículo 28 de la Ley General, el artículo inmediato anterior al que remite la legislación local, no alude en lo absoluto a la información que debe contener el aviso de privacidad simplificado, y que constituye la base o el piso informativo que debe contener el aviso de privacidad integral.

Refiere que existe una remisión a un precepto legal que no corresponde, y que genera una falta de armonización con la Ley General de la materia, toda vez que para efecto de determinar qué información debe contener el aviso de privacidad integral, conforme a lo que establece la legislación de la Ciudad de México, se llegará a una respuesta diversa a lo que debe contener el aviso de privacidad integral, conforme a lo que establece la Ley General.

Considera que el precepto impugnado es inconstitucional y debe ordenarse su adecuación a lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues la remisión expresa que hace la letra de la ley en el artículo 21 Ter, interpretado sistemáticamente junto con los artículos 21 y 21 Bis, todos del Decreto de reformas, deriva en la deficiente regulación de la información que debe contener el aviso de privacidad integral, impactando con ello negativamente en el ejercicio del derecho, y dejando al ciudadano en estado de indefensión, ante lo que será un asiento documental en el que se le informen sus derechos y obligaciones en materia de protección de datos personales.

Así estima que el sistema previsto por los artículos 21, 21 Bis y 21 Ter, a efecto de determinar toda la información que debe contener el aviso de privacidad integral, viola el artículo 6°, apartado A y 16, párrafos primero y segundo, en cuanto al derecho a la protección de datos personales y seguridad, así como el artículo 73, fracción XXIX-S y 124, todos de la Constitución Federal, toda vez que el legislador local no armonizó correctamente marco normativo, conforme al parámetro que se establece a nivel constitucional, desarrollado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, incurriendo con ello en una vulneración al derecho fundamental de protección de datos personales.

Segundo concepto de invalidez. Manifiesta que el artículo 77 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, es inconstitucional al establecer la locución "procurará", con lo cual releva a los responsables en el tratamiento de datos personales de "garantizar" el derecho de que se trata, violando así los artículos 1° y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal.

Tercer concepto de invalidez. El promovente aduce que la derogación efectuada al artículo 77 del Decreto de reformas excluye de su previsión a las "personas con algún tipo de discapacidad", por lo cual, se viola el artículo 1° de la Constitución Federal, al vulnerar el principio de progresividad en la protección de derechos humanos fundamentales, y por ser discriminatorio.

Refiere que, si bien "las personas con algún tipo de discapacidad" podrían incluirse dentro de los "grupos vulnerables" que siguen estando previstos en el artículo 77 de la Ley local, estima que la derogación de la expresión "personas con algún tipo de discapacidad", constituye una violación al principio de progresividad previsto en el artículo 1° constitucional.

En ese sentido manifiesta que en el caso concreto, existía en el artículo 77 de la Ley local, una "especificación especial o reforzada" en cuanto a un grupo de destinatarios en lo particular, que fue eliminada o derogada, y que protegía y garantizaba en igualdad de circunstancias, el ejercicio del derecho de protección de datos personales de las personas con algún tipo de discapacidad, con lo cual, dicha reforma es regresiva y, por ende, es contraria al principio de progresividad en la protección de los derechos.

Señala que no pasa desapercibido que a las personas con algún tipo de discapacidad se les pueda considerar parte de los "grupos vulnerables" y que siguen estando previstos en el precepto impugnado, sin embargo, es evidente que la Ley contenía una especificación aún más concreta que respondía a la cuestión de "¿qué grupo vulnerable?", teniendo por respuesta a "las personas con algún tipo de discapacidad" y, al contar con esa mención expresa, se protegía de mejor manera que dichos individuos pudiera ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales.

Asegura que es importante advertir el peligro que implica la derogación en comento ante su previa previsión expresa en la ley, toda vez que si bien una lectura adecuada podría ser que las personas discapacitadas siguen quedando protegidas al quedar incluidas dentro de la locución de "grupos vulnerables", otra lectura que pudieren implementar los responsables en el tratamiento de datos personales, pudieran ser que ante la derogación de la porción normativa que hacía mención diferenciada de las personas con algún tipo de discapacidad, respecto de los grupos vulnerables, aquellas han quedado entonces fuera del ámbito de previsión y protección de artículo 77 de Ley local, con lo cual, en vez de lograr un efecto de inclusión en la expresión de "grupos vulnerables" cuya previsión permanece en el precepto, se llegaría a un efecto de exclusión ante la derogación de su previsión legal, con lo cual, se estaría violando, asimismo, el artículo 1° constitucional, en cuanto a la prohibición de discriminación.

Refiere que el texto previo a la reforma aquí impugnada establecía una especificación especial o reforzada y que, al ser derogada, se corre el peligro interpretativo previamente reseñado.

Manifiesta que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en su artículo 86, específica, además de los grupos vulnerables, a las personas con algún tipo de discapacidad, por lo tanto, era importante que el legislador local sí replicara, en ese caso, lo que establece la Ley General, toda vez que la misma desarrolla los principios y bases a los que deben sujetarse las legislaciones locales, constituyendo así un piso mínimo desde el cual deben partir las adecuaciones y la armonización que realicen las legislaturas estatales a sus respectivas leyes. Así, establecer "menos" del ámbito de protección del derecho previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, constituye también una violación a lo que establece dicha Ley General y, por ende, a la jerarquía normativa que la Constitución Federal otorga a ese ordenamiento en su artículo 73, fracción XXIX-S, así como a las facultades de libertad configurativa con que cuentan las entidades federativas, previstas en el artículo 124 constitucional, tratándose de las materias que cuentan con una Ley marco.

Cuarto concepto de invalidez. Sostiene que el último párrafo del artículo 95 del Decreto de reformas es ambiguo e impreciso y, por ende, vulnera el principio de seguridad jurídica, así como lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, generando con ello una violación a los artículos 6° y 16, párrafos primero y segundo, así como 73 XXIX-S y 124, todos de la Constitución Federal, al ser ambiguo e impreciso el plazo a que se refiere.

Aduce que de la lectura aislada del párrafo podría no generar convicción sobre un vicio que diera lugar a su invalidez, no obstante, sería necesario interpretarlo de manera sistemática con el resto del precepto y del articulado, a efecto de evidenciar la ambigüedad que se le imputa, dada la variedad de plazos a que hace referencia.

Afirma que es evidente que el artículo 95 prevé una variedad de plazos y que ellos tienen muy distintas temporalidades y finalidades; que en ese sentido era necesario que la ley especificara dentro de dicha variedad a cual en específico se refería, debiendo para ello homologar su contenido normativo a lo que establece la Ley General de la materia, máxime que existe disposición expresa por parte de la Ley marco, en sus artículos 107, último párrafo, y 108, respecto al plazo que debe suspenderse durante el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación, es decir, el plazo con que cuentan los organismos garantes para resolver el recurso de revisión, aspecto que constituye parte del procedimiento de protección de datos personales cuyo desarrollo encargó al Congreso de la Unión la Constitución Federal, en su artículo 6°, apartado A, fracción VIII, segundo párrafo, y 73, fracción XXIX-S, a través de una Ley General a la que debe armonizarse toda legislación local.

Aunado a lo anterior, sostiene que la ambigüedad del precepto impugnado vulnera el derecho de seguridad jurídica previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

Refiere que la incertidumbre causada con la redacción del último párrafo del artículo 95, no es posible subsanarla simplemente con la aplicación directa de la Ley General, pues si bien esto podría eventualmente hacerlo el aplicador de la norma, ello no exime al legislador local de cumplir con su obligación de armonizar su legislación conforme a lo que establece la Ley General de la materia. Adicionalmente, la aplicación simultánea de la Ley General, junto con la Ley Local, complicaría el sistema no sólo para el responsable del tratamiento de datos personales, sino también para el particular, quien debe tener certeza sobre la norma a aplicar, tratándose de un aspecto fundamental como lo es un procedimiento para hacer efectivo el ejercicio de su derecho fundamental a la protección de sus datos personales.

Sostiene que similares consideraciones emitió esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 47/2018 y su acumulada 48/2018, en el sentido de que no es posible convalidar la constitucionalidad de las omisiones previstas en las leyes locales con la simple interpretación y aplicación directa de la Ley General, pues se parte justamente de la premisa de que el legislador local está obligado a adecuar su legislación a lo que dispone la Ley marco.

Así considera que es inconstitucional que el artículo 95 reformado, no establezca el plazo a que se refiere, sin que tal omisión pueda estimarse convalidada con lo dispuesto por la Ley General.

Afirma que el legislador de la Ciudad de México está obligado a emitir un producto legislativo en armonía con la Ley General, es por ello que a dichas omisiones se les ha conocido recientemente como "omisiones relativas de ejercicio obligatorio", en tanto hay una obligación de legislar, que se cumple hasta que se adecua el marco normativo a lo que establece una norma de jerarquía superior, en este caso, a lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Precisa que, de manera adicional, aún en el caso extremo de considerar aplicable de manera directa la Ley General, ello no solucionaría el vicio que se impugna, sino que solamente vendría a abonar en la incertidumbre que se reclama.

Sostiene que una vez realizada la aplicación directa de la Ley General, es decir, del último párrafo del artículo 107, habría incertidumbre sobre el plazo, "del artículo siguiente" que habría que aplicar; es decir la duda surgiría entonces sobre "qué artículo siguiente" tendría que aplicarse, si el siguiente al artículo 95 de la ley local o, el siguiente al artículo 107 de la Ley General, pues además, los plazos que establece son distintos en cuanto a su temporalidad refiere, pues mientras la Ley General establece un plazo que no podrá exceder de cuarenta días para resolver el recurso de revisión, la Ley local establece un plazo que no podrá exceder de treinta días para resolver el recurso de mérito. Así la lectura y aplicación directa de la Ley General en cuanto a este aspecto se refiere, resultaría en una mayor incertidumbre que la que se pretendería solucionar.

Finalmente refiere que el artículo 95 previo a la reforma sí establecía el plazo que debía suspenderse durante el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.

Quinto concepto de invalidez. El promovente sostiene que el artículo 95 del Decreto de reformas vulnera la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los artículos 16 y 124 de la Constitución Federal, al prever la expresión "los Organismos garantes".

Manifiesta que el artículo 95 del Decreto de reformas incurre en incongruencias, al hacer mención tanto al "Instituto", entendido por tal, conforme a lo que establece la Ley local, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como a los "Organismos garantes", expresión que no cuenta con definición en el artículo 3 de la Ley local, ni en ningún otro precepto de la ley, y que tampoco cuenta con referente alguno en dicho cuerpo normativo.

Precisa que la mención a "los Organismos garantes" es reiterada, y constituye una expresión que es réplica del artículo 107 de la Ley General de la materia. Así cuando la Ley General lo refiere, lo hace evidentemente en ejercicio de las facultades exclusivas que tiene para legislar sobre los principios y bases que regirán el derecho de protección de datos personales, refiriéndose dentro del propósito que tiene por ser una Ley marco para todo el país, a los Organismos garantes de las entidades federativas.

En ese sentido señala que dicha expresión de "los Organismos garantes", no tiene cabida en Ley local alguna, tal como es la que aquí se impugna, al rebasar su ámbito competencial, conforme a lo que establecen los artículos 73, fracción XXIX-S, y 124, de la Constitución Federal por cuanto hace a los aspectos respecto de los cuales puede legislar la entidad federativa, impactando con ello el derecho de seguridad jurídica previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, así como los respectivos 6 y 16, segundo párrafo, relativo a la protección de datos personales, ante el ambiguo e imperfecto producto legislativo que se impugna.

TERCERO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 19/2020; asimismo, la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor en el procedimiento.

Por su parte, mediante acuerdo emitido el treinta de enero de dos mil veinte, el Ministro Instructor tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad y la admitió a trámite, dio vista a la Jefa de Gobierno y al Congreso, ambos de la Ciudad de México, para que rindieran su informe y requirió al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de quien legalmente le represente, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; por su parte, requirió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que enviara un ejemplar de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el que se haya publicado el decreto controvertido; por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; además, ordenó dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que si considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda.

CUARTO. Informe del Poder Legislativo. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Presidenta de la Mesa Directiva, rindió su respectivo informe, por lo que, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por presentado el informe y por desahogado el requerimiento formulado en el proveído de treinta de enero de dos mil veinte.

QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del apoderado general para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, rindió su respectivo informe, por lo que, mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por presentado el informe y por desahogado el requerimiento formulado en el proveído de treinta de enero de dos mil veinte.

SEXTO. Alegatos. Mediante proveído de trece de marzo de dos mil veinte, el Ministro Instructor ordenó agregar a los autos el escrito del apoderado general para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad México, a través del cual formula alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, por proveído de seis de julio de dos mil veinte, el Ministro instructor ordenó agregar a los autos el escrito del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual formula alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad. SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En proveído de seis de julio de dos mil veinte, una vez recibidos los informes y alegatos de las partes, se decretó el cierre de la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

OCTAVO. Avocamiento. En atención al dictamen del Ministro Ponente, por el cual solicita se envíe el presente asunto a la Primera Sala para que se avoque a su conocimiento, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ordenó enviar el expediente a esta Primera Sala. Por lo anterior, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, esta Primera Sala se AVOCÓ al conocimiento del asunto y se determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución que corresponda.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos Segundo, fracción II, y Tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno; puesto que en el presente asunto se propone el sobreseimiento.

SEGUNDO. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada, sin perjuicio de que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En ese sentido, las normas cuya declaración de invalidez se solicita fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día martes veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para presentar la acción transcurrió del miércoles veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve al jueves veintitrés de enero de dos mil veinte.

Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés de enero de dos mil veinte, último día del plazo para su vencimiento, resulta inconcuso que es oportuna su promoción, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria.

TERCERO. Legitimación. La demanda está suscrita por Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió un acuerdo ACT-PUB/22/01/2020.09, correspondiente a la sesión pública de veintidós de enero de dos mil veinte, donde, entre otras cosas, se instruye al representante legal de dicho Instituto para interponer la acción de inconstitucionalidad ante esta Suprema Corte, en contra de los artículos 21 TER, 77 y 95, del Decreto por el que se reforman los artículos 21, 44, 79, fracción V, 95, se adicionan los artículos 21 Bis y 21 Ter; se deroga el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 89, fracción XXXII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es al Pleno del Instituto Nacional, como máxima autoridad, a quien corresponde decidir sobre la interposición de las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su especialidad, y de conformidad con los artículos 31 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 16, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la representación legal se le atribuye al Comisionado Presidente.

Asimismo, dentro de la estructura interna del Instituto, el citado Estatuto Orgánico, en su artículo 16, último párrafo, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrita a la Oficina del Comisionado Presidente; el artículo 32, fracciones I y II, atribuye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del Instituto en asuntos jurisdiccionales.

Así, se estima que Miguel Novoa Gómez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Precisión de las normas reclamadas. Del análisis al escrito del Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se advierte que las normas efectivamente impugnadas son los artículos 21 TER, 77 y 95, todos del Decreto por el que se reforman los artículos 21, 44, 79, fracción V y 95; se adicionan los artículos 21 Bis y 21 Ter; se deroga el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, al considerarlos contrarios a los artículos 1, 6, apartado A 16, primer y segundo párrafos, 73, fracción XXIX-S y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien el Decreto impugnado no hace referencia en su denominación a la modificación del artículo 77, dicho precepto efectivamente fue reformado, lo cual se puede constatar de la lectura del contenido del referido Decreto.

QUINTO. Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que esta Primera Sala advierta de oficio.

En este sentido, procede decretar el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con el artículo 65, de la Ley Reglamentaria de la Materia, que textualmente disponen lo siguiente:

"ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).".

"ARTÍCULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor, de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

"Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.".

De los artículos antes transcritos se desprende que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general impugnada, lo cual implica que hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Lo anterior, en vista de que cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, se actualiza la causal de improcedencia referida, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.

Ahora bien, dicha cesación de efectos puede ser el resultado de la modificación de la norma impugnada, no obstante, para que esa modificación produzca el sobreseimiento en la acción, debe ser considerada como un nuevo acto legislativo.

En este sentido, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en acción de inconstitucionalidad, se deben satisfacer dos aspectos:

(i) Uno de carácter formal, consistente en haber llevado a cabo un procedimiento legislativo, y

(ii) Otro de carácter material, consistente en que el cambio sea sustantivo, es decir, que impacte en el sentido o alcance normativo.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.):

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200807-d0b4bb30/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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