I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. SANIDAD VEGETAL. DISTINCIÓN ENTRE PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA Y PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA ESTATAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. SANIDAD VEGETAL. LA FACULTAD DE TIPIFICAR LA EVASIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA COMO DELITO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL TRATARSE DE UNA MATERIA QUE FORMA PARTE DE LA SALUBRIDAD GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. DELITO DE EVASIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. SU TIPIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SANCIONA UNA CONDUCTA YA PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. DELITO DE EVASIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA DUPLICIDAD DE SU TIPIFICACIÓN ES RAZÓN SUFICIENTE PARA DECLARAR LA INVALIDEZ DE LA NORMA LOCAL QUE LO SANCIONA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. DELITO DE EVASIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA INVALIDEZ POR RAZÓN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR TAMBIÉN ALCANZA A LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA ESTATALES PREVISTOS EN LA NORMA LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VII. SANIDAD VEGETAL. FORMA PARTE DE LA SALUBRIDAD GENERAL Y, POR LO QUE SE REFIERE A LA REGULACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA, SE HA RESERVADO A LA FEDERACIÓN EN LA LEY FEDERAL RESPECTIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VIII. SANIDAD VEGETAL. LA PROHIBICIÓN DE LA ENTRADA O SALIDA DE PRODUCTOS VEGETALES ESTÁ VEDADA INCLUSO PARA EL ÁMBITO FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 372, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LO DISPUESTO POR LOS DOS ARTÍCULOS QUE ANTECEDEN", Y 374, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 371; 372, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LO DISPUESTO POR LOS DOS ARTÍCULOS QUE ANTECEDEN"; Y 374, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 371; 372, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LO DISPUESTO POR LOS DOS ARTÍCULOS QUE ANTECEDEN"; Y 374, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE AGOSTO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al quince de agosto de dos mil diecinueve.
VISTOS para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 5/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y
RESULTANDO:
1. Presentación de la demanda. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez del artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua, reformado mediante el Decreto Número 1056/2015 I P.O. que fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiséis de diciembre de dos mil quince.
2. En su único concepto de invalidez, la comisión afirma que la norma general impugnada vulnera los derechos humanos consagrados en los artículos 1o., 14, 16, primer párrafo y 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque su texto contiene un tipo penal abierto que no cumple con los principios de plenitud hermética y de taxatividad, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica.
3. A su juicio, el tipo penal descrito en el artículo impugnado pretende punir la puesta en peligro o la materialización del daño a la agricultura estatal cuando no se cuente con documentación fitosanitaria, teniendo como bien jurídico tutelado la agricultura estatal;(1) sin embargo, en su redacción no se desprende un bien jurídico a proteger, tampoco por qué y quiénes son sujetos obligados a tales verificaciones, ni la norma legal a la que están sujetas las mismas. En consecuencia, como no refiere a qué tipo de verificaciones hace alusión ni la normatividad a la que obedece, no se cumple con la plenitud hermética, ya que será necesario acudir a otra legislación, no definida, donde incluso caben ordenamientos reglamentarios, para delimitar quiénes son destinatarios de la norma y los objetos, como productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos.
4. Registro y turno de la demanda. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, registrarla con el número 5/2016 y su turno al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
5. Admisión de la demanda. El mismo veintiséis de enero, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Chihuahua, a quienes ordenó dar vista para que rindieran su informe y determinó dar vista a la procuradora General de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.
6. Informe de la autoridad promulgadora. El quince de febrero de dos mil dieciséis, César Horacio Duarte Jáquez, ostentándose con el carácter de gobernador del Estado de Chihuahua, rindió el informe en representación del Poder Ejecutivo.
7. En éste, primero reconoció la promulgación y publicación del Decreto Número 1056/2015 I P.O., mediante el cual se reformó el artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
8. En segundo lugar, afirmó que la reforma en cuestión únicamente adicionó las palabras "o interna estatal" con la finalidad de agregar el punto de verificación interna estatal al tipo penal descrito en el artículo impugnado, unificando los conceptos del Código Penal de Chihuahua a lo dispuesto por el artículo 5, fracción LIV, de la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua, en lo relativo a los puntos de verificación para la movilización de productos y subproductos vegetales.
9. En este sentido, sostuvo que la reforma no adicionó una nueva figura al Código Penal del Estado de Chihuahua, afirmando que desde la fecha en que se adicionó el título trigésimo, relativo a los Delitos contra el desarrollo fitosanitario", sus artículos (370, 371, 372, 373 y 374) no han sido reformados de fondo.(2)
10. En relación con el único concepto de invalidez, afirma que los argumentos formulados sólo plantean una violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ellos se alega la "falta de elementos en la creación del tipo penal por parte del legislador, en el supuesto de redactar el hecho que configura el delito de la forma más precisa y clara posible, para su exacta aplicación sin ambigüedades",(3) pero fuera de ellos no existen argumentos que comprueben que el artículo impugnado contradice los demás preceptos constitucionales y convencionales que señaló como violados.
11. Para sostener la validez del artículo impugnado, señala que el mismo "fue propuesto para el fortalecimiento de los procesos de verificación de los productos y subproductos, garantizando su sanidad y tipificando como delitos los actos que pongan en riesgo la agricultura por el ingreso y movilización de los mismos dentro del territorio estatal o de igual manera la salud humana por el consumo de alimentos contaminados",(4) reiterando que la reforma se llevó a cabo para adecuar y unificar el artículo impugnado a los criterios contenidos en la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal.
12. Luego, cita el artículo 74 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal para sostener que se trata de una norma idéntica a la norma controvertida, distinguiendo ésta de aquella por competencia territorial, afirmando que no existe relación jerárquica entre las legislaciones federal y local, sino competencia determinada por la Constitución.(5) En apoyo a su argumentación invoca el criterio de la Segunda Sala contenido en la tesis aislada 2a. CXXIX/2010, de rubro: "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS."(6)
13. Finalmente, sostiene que no se formularon razonamientos lógico jurídicos encaminados a acreditar la invalidez de la norma reclamada, sino que la parte actora sólo se concreta a señalar su dicho sin motivarlo.
14. Informe de la autoridad emisora. El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, Mayra Díaz Guerra y Jorge Neaves Chacón, ostentándose como presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana de dicho órgano legislativo, respectivamente, suscribieron el informe en representación del Poder Legislativo.(7)
15. En éste planteó la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad argumentando que la reforma publicada el veintiséis de diciembre de dos mil quince sólo agregó al delito descrito en el artículo 371 la parte que señala la "verificación interna estatal", siendo extemporánea respecto de la parte que tilda inconstitucional, la cual fue adicionada mediante el Decreto No. 529/2014 IV P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua No. 19, el día siete de marzo del año dos mil quince.(8)
16. Por la misma razón, afirma que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad sólo puede constreñirse a la parte del texto que se adicionó, empero, no manifiesta que sea inconstitucional.(9) Incluso, considera que en caso de que sí lo fuera, el único efecto sería que su texto mantuviera la redacción anterior a la adición.(10)
17. Enseguida, expuso las siguientes razones y fundamentos para desvirtuar que en el tipo penal descrito en el artículo impugnado no existe certidumbre en cuanto a los destinatarios de la norma, medios de comisión, bien jurídico tutelado, formas en que se materializa la evasión de un punto de revisión y que no se atiende al ánimo del sujeto activo.(11)
18. En primer lugar, sostiene que el bien jurídico tutelado por el delito descrito en el artículo impugnado es la sanidad vegetal en el Estado de Chihuahua, afirmando que se puede inferir por su ubicación en el título denominado "Delitos contra el desarrollo fitosanitario" y también se puede desprender de la lectura de la exposición de motivos de la reforma que introdujo dicho título al Código Penal.
19. Lo primero, porque el objetivo del único capítulo del título en cuestión es penar actos relacionados con la prevención de las enfermedades de la flora local, lo cual se reafirma con el contenido del artículo 370 del mismo ordenamiento, que impone una pena de dos a cinco años de prisión a la persona que ingrese, envíe o movilice vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, siempre y cuando estos ocasionen o puedan ocasionar daños a la agricultura estatal y, además, que no cuenten con la documentación fitosanitaria;(12) lo segundo, porque en la exposición de motivos se puede leer que la agricultura es una actividad primaria en el sector de la actividad económica de Chihuahua y, por este motivo, debe garantizarse el irrestricto cumplimiento de las normas establecidas en materia de sanidad vegetal y, por ende, de las obligaciones impuestas por los ordenamientos legales aplicables tendientes a regular la aplicación de las normas que establecen la verificación de los vegetales, sus productos o subproductos, transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos.(13)
20. En segundo lugar, niega que el artículo impugnado contenga un tipo penal abierto, primero, porque no remite a la aplicación de un ordenamiento jurídico diverso al propio Código Penal;(14) segundo, porque de la simple lectura de los artículos 370 a 374 se desprende que el sujeto obligado o destinatario de la norma es aquel que se encuentra obligado a cumplir la normatividad aplicable, es decir, la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal.(15) Por lo mismo, afirma que la norma va dirigida a personas físicas y morales que desarrollen o presten actividades o servicios fitosanitarios, que deban sujetarse a certificación y verificación fitosanitaria conforme a la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua o "demás disposiciones legales aplicables" –sin especificar cuáles son– y para lo cual la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua cuenta con un Directorio Fitosanitario Estatal.(16)
21. En este sentido, afirma que no torna inconstitucional al artículo impugnado que el juzgador, en su aplicación, deba realizar una interpretación sistemática y remitirse a la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua, ya que la Suprema Corte ha sostenido que "la garantía de exacta aplicación de la ley no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos sean claros, precisos y exactos".(17)
22. Por lo mismo, considera que el juzgador válidamente puede remitirse a la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua en la interpretación y aplicación del artículo impugnado en caso de necesitar definir de manera clara y precisa las palabras empleadas por el legislador en dicho tipo penal, ya que la misma es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio estatal y tiene por objeto regular y promover la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno en materia de sanidad vegetal, así como la aplicación y verificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en las producción primaria de vegetales.(18)
23. Así, con base en la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua, define los siguientes elementos del artículo impugnado:
• Al que evada un punto de verificación interna o interna estatal, explicando el significado de "evadir" como "eludir con arte o astucia una dificultad prevista" empleando la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española.
• Teniendo la obligación de ser inspeccionado en el mismo.
• Al ingresar o movilizar en el Estado, vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos.
24. A partir de estas definiciones, concluye que la evasión de un punto de verificación interno o interno estatal se refiere a la persona que tiene la obligación de ser inspeccionada y evada dicho punto, sin que sea necesario especificar expresamente todos y cada uno de los modos en que se puede evadir la revisión,19 puesto que el legislador no tiene la obligación de definir, como si se tratara de un diccionario, cada una de las palabras empleadas, si las que eligió tienen una utilización que revela que en el medio son de uso común o de clara comprensión, situación que acontece en el Estado de Chihuahua, en el que todas las personas dedicadas a la agricultura conocen que deben llegar a los puntos de verificación al ingresar o movilizar en el Estado sus productos.(20)
25. En su apoyo, reproduce el contenido de las tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 54/2014 (10a.) y 1a./J. 1/2006, de título y subtítulo, y de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."(21)y "LEYES SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS."(22)
26. Finalmente, vuelve a reiterar que la finalidad de la reforma fue adecuar el artículo impugnado a la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua, a fin de establecer que será sancionada la evasión de un punto de verificación interna, ya sea federal o del ámbito estatal, con el propósito de proteger el estatus sanitario de los vegetales y, por consiguiente, de las personas; de lo contrario, no serían sancionadas penalmente las personas que evadieron un punto de verificación interna estatal, lo que alentaría a la práctica constante de dicha acción.(23)
27. Por último, de igual forma que el Poder Ejecutivo, reproduce el contenido del artículo 74 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal para sostener que su redacción es idéntica a la norma controvertida, distinguiéndolas únicamente por la competencia territorial. En su apoyo cita el criterio de la Segunda Sala plasmado en la tesis aislada 2a. CXXIX/2010, de rubro: "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS."(24)
28. Admisión de informes y vista para formular alegatos. El día primero de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por presentados los informes que les fueron requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Chihuahua y puso los autos a la vista de las partes para que formulasen sus alegatos por escrito.
29. Alegatos. El diez y el quince de marzo de dos mil dieciséis se presentaron, respectivamente, los escritos de alegatos por parte del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
30. Opinión de la Procuraduría General de la República. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora General de la República, formuló su opinión en el presente asunto.
31. En ésta, primero afirma que el artículo impugnado sí se trata de un nuevo acto legislativo y que la intención del legislador fue adecuar su contenido a la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua en lo relacionado a los puntos de verificación interna o interna estatal.
32. En segundo lugar, considera que la norma impugnada no genera un vacío sobre los supuestos que colman la descripción típica, ni se transfiere al juzgador la elección de la actualización, que le permita decidir a partir de apreciaciones subjetivas o interpretaciones abiertas y generales.
33. Al efecto, sostiene que el verbo rector en el tipo penal es evadir y, por tanto, califica como infundado que no se señale quiénes están obligados a ser verificados. De igual manera niega que el tipo penal se tenga que complementar con otros ordenamientos legales, calificando como infundada la violación del principio de exhaustividad.
34. Considera que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Así, afirma que la exigencia respecto de la claridad y precisión es gradual, señalando que la Primera Sala de la Suprema Corte ha reconocido que "una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa".(25)
35. En este sentido, sostiene que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse a la gramática, como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven las normas y sus posibles destinatarios.
36. En su concepto, de un análisis sistemático de la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua se desprende que la sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado.
37. Afirma que el legislador sí precisó de forma clara y exacta la descripción típica, pues no queda al libre arbitrio de los operadores jurídicos que deben aplicar la norma los casos en que se debe sancionar penalmente a quien evada un punto de verificación interna o interna estatal.
38. Finalmente, sostiene que el artículo impugnado no viola el artículo 14 constitucional, reiterando que su texto establece de forma precisa quién es el sujeto activo del delito y el verbo rector se encuentra delimitado dentro del tipo penal, sin que se desprenda que deje al libre arbitrio de los operadores jurídicos que deben aplicar la norma el determinar cuándo es que se debe sancionar penalmente a quien evada un punto de verificación interna o interna estatal.
39. Cierre de instrucción. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución en la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(26) (en adelante ley reglamentaria).
CONSIDERANDO:
40. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(27) 1o. de su ley reglamentaria(28) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(29) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez del artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual contiene una norma general y pertenece a un ordenamiento que tiene carácter de ley en dicha entidad federativa, por considerar que su texto violenta los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
41. SEGUNDO.—Precisión de la norma general impugnada. Con fundamento en la fracción I del artículo 41, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria,(30) se debe precisar cuál es la norma general que se impugna en la presente acción de inconstitucionalidad, en atención a las siguientes consideraciones.
42. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la declaración de invalidez del artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua con motivo de la publicación del Decreto Número 1056/2015 I P.O en el Periódico Oficial de la entidad de veintiséis de diciembre de dos mil quince.
43. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua afirma que la demanda resulta extemporánea porque la reforma publicada el veintiséis de diciembre de dos mil quince sólo agregó al delito descrito en el artículo 371 la parte que señala la "verificación interna estatal", mientras que la porción normativa del artículo impugnado, cuya validez se cuestiona fue adicionada al Código Penal del Estado de Chihuahua mediante el Decreto No. 529/2014 IV P.E., publicado el siete de marzo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua No. 19.
44. Por la misma razón, el Poder Legislativo considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad sólo se puede constreñir a la parte del texto del artículo que se adicionó. Sin embargo, respecto de esta parte afirma que en ningún apartado de la demanda se plantea su inconstitucionalidad.(31) Incluso, sostiene que si se llega a considerar que esta adición resulta inconstitucional, el único efecto que puede lograr esa declaración de invalidez es que el texto del artículo impugnado mantenga la redacción que tenía previo a la adición.(32)
45. Derivado de lo anterior, primero es necesario determinar si el artículo publicado el veintiséis de diciembre de dos mil quince constituye un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación, ya que si no lo es, la fecha para computar el plazo para determinar la oportunidad de la demanda sería otra y la materia de impugnación podría restringirse sólo a la parte del texto que fue adicionado, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no haya formulado argumentos en su contra, ya que esta circunstancia en nada afecta a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, toda vez que la suplencia de los conceptos de invalidez opera aun ante su ausencia por disposición del primer párrafo del artículo 71 de la ley reglamentaria,(33) como fue señalado por el Tribunal Pleno, al fallar la acción de inconstitucionalidad 1/2006, cuyo criterio se encuentra plasmado en la tesis P./J. 96/2006, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS."(34)
46. Para estar en aptitud de determinar si se trata de un nuevo acto legislativo, resulta necesario confrontar el texto actual del artículo impugnado con su redacción anterior.
Ver artículo
(énfasis añadido)
47. De la comparación de ambos textos se aprecia que la reforma impugnada sólo adicionó la parte que señala "o interna estatal" al tipo penal descrito en el artículo 371, como fue señalado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, resulta imposible entender la parte del texto que fue adicionada de manera aislada, toda vez que, por sí sola no se le puede atribuir significado jurídico alguno, la adición sólo cobra sentido en relación con el resto del enunciado jurídico del cual forma parte.
48. Por este motivo, lo que en técnica legislativa sólo requirió la adición de tres palabras, en el orden jurídico reconfiguró la descripción del tipo penal a partir de un nuevo elemento, a pesar de que la conducta antijurídica y la penalidad sean aparentemente las mismas: evadir un punto de verificación cuando se tiene la obligación de ser inspeccionado en el mismo al ingresar o movilizar en el Estado los objetos que se indican, e imposición de pena de prisión y multa dentro de los rangos señalados al sujeto que cometa dicha conducta.
49. En este sentido, los argumentos formulados en los informes y las constancias que obran en autos evidencian que la reforma en cuestión sí se trata de un nuevo acto legislativo, tanto en sentido formal como material.
50. Lo primero, porque la redacción del artículo impugnado fue resultado de un proceso legislativo diferente al que introdujo el referido delito al Código del Estado de Chihuahua, como fue reconocido por los Poderes Ejecutivo y Legislativo en sus respectivos informes y se comprueba con las constancias que obran agregadas al expediente en copia certificada, en las cuales se puede leer la iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación del artículo impugnado.
51. Lo segundo, porque sí se está regulando un nuevo tipo penal en el artículo 371, ya que de la comparación anterior, el delito sólo se cometía cuando la conducta descrita tenía lugar en relación con los puntos de verificación interna, mientras que ahora la nueva redacción permite sancionar su comisión en relación con los puntos de verificación interna estatal, lo cual significa que previo a la reforma sólo sancionaba la evasión de los puntos de verificación interna del ámbito federal y ahora, además, la evasión de los puntos de verificación del ámbito estatal. Lo cual se confirma con la exposición de motivos de la iniciativa de decreto, donde se puede leer que el objeto de la reforma fue agregar un elemento al tipo penal "a fin de establecer que la evasión de un punto de verificación interna, ya sea federal o del ámbito estatal, será sancionada",(35) de tal forma que no se puede sostener que el alcance jurídico de la conducta tipificada como delito sea el mismo antes y después de la reforma, en la medida que su ámbito de aplicación abarca supuestos no comprendidos anteriormente:
52. Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que la reforma del artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua, publicada el veintiséis de diciembre de dos mil quince, sí constituye un nuevo acto legislativo de conformidad con el criterio del Tribunal Pleno sostenido en la acción de inconstitucionalidad 11/2015, plasmado en la tesis P./J. 25/2016 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."(36)
53. TERCERO.—Oportunidad. De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria,(37) el plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada.
54. En el caso, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil quince al veinticinco de enero de dos mil dieciséis, toda vez que el artículo impugnado fue publicado el veintiséis de diciembre de dos mil quince.
55. Por tanto, si la demanda se presentó en el último día del plazo señalado, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente y, por ende, la causa de improcedencia invocada por el Poder Legislativo –en la cual alegó que la demanda se presentó de forma extemporánea– no se actualiza, ya que su argumento partía de la premisa de que la publicación de veintiséis de diciembre de dos mil quince no era un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación, lo cual ya fue desvirtuado en el considerando previo.
56. CUARTO.—Legitimación. De conformidad con el párrafo primero del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el 59 del mismo ordenamiento legal, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
57. En el caso, en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparece su presidente, Luis Raúl González Pérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(38)
58. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar a este órgano constitucional autónomo y promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(39) y el artículo 18 de su reglamento interno.(40)
59. Por tanto, dicho funcionario acreditó contar con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
60. QUINTO.—Estudio de fondo. Al no existir otra causa de improcedencia invocada por las partes o que se advierta oficiosamente, se procederá a examinar la constitucionalidad del artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
61. En esencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea su invalidez porque el texto contiene un tipo penal abierto y, por esta razón, el Juez deberá integrarlo con otros ordenamientos no especificados, inclusive de carácter reglamentario.
62. Por su parte, los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, al igual que la procuradora General de la República, niegan que se trate de un tipo penal abierto con base en una interpretación sistemática del mismo Código Penal y la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua.
63. Para abordar la problemática planteada, se debe partir de la premisa de que el artículo impugnado se ubica dentro del capítulo único del título trigésimo del Código Penal del Estado de Chihuahua, relativo a los delitos contra el desarrollo fitosanitario, cuyas disposiciones señalan:
"Título trigésimo
"Delitos contra el desarrollo fitosanitario
"Capítulo único
"Artículo 370. Al que ingrese, envíe o movilice dentro del Estado, vegetales, sus productos o subproductos, veh
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29297-db9edcc8/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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