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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. II. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. FINALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA. III. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UN CÁLCULO DE VALOR PARA EL DELITO DE ROBO, ASÍ COMO DE LA SANCIÓN PECUNIARIA CORRESPONDIENTE A DICHO TIPO PENAL, UTILIZANDO AQUEL SALARIO COMO UNIDAD DE MEDIDA PARA DETERMINAR SU CUANTÍA, VULNERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 206 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). IV. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. INEXISTENCIA DE UNA VACATIO LEGIS QUE PERMITA A LOS PODERES LEGISLATIVOS LOCALES ABSTENERSE DE ADECUAR Y ARMONIZAR EN EL PLAZO DE UN AÑO SU LEGISLACIÓN CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 206 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 206 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 206 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL NO SE VEN AFECTADOS POR SU REFORMA CON POSTERIORIDAD A SU IMPUGNACIÓN EN ESE MEDIO DE CONTROL, ATENDIENDO A LA OBLIGACIÓN DE APLICARLA EN EL MOMENTO EN QUE SE COMETIÓ EL DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 206 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2016. · Registro digital (IUS): 29237
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-10
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 512.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 4 DE JULIO DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Mediante oficio PGR/357/2016, presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demanda la invalidez del artículo 206 Ter del Código Penal para el Estado de Veracruz, expedido mediante el Decreto Número 897, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad, el tres de agosto de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La promovente estimó violados los artículos 123, apartado A, fracción VI, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y formuló, de manera concisa, los conceptos de invalidez siguientes:

1. El artículo objeto de la violación a las normas constitucionales en alusión prevé lo siguiente: "Artículo 206 Ter. A quien, con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de equipos, maquinaria, insumos, instrumentos o productos pesqueros y/o acuícolas, se le sancionará de la manera siguiente: l. Si el valor de lo robado no excediere de cien días de salario, con prisión de tres meses a seis años y multa de setenta y cinco días de salario; II. Si el valor de lo robado excediere de cien días de salario, con prisión de tres a diez años y multa de hasta cuatrocientos días de salario; o III. Si el valor de lo robado excediere de doscientos días de salario, con prisión de cuatro a doce años y multa de hasta seiscientos días de salario."

Descripción típica penal que el legislador del Estado de Veracruz destinó a conductas (acciones) correspondientes al delito de robo, específicamente de equipos, maquinaria, insumos, instrumentos o productos pesqueros y/o acuícolas; definiendo que el valor de lo robado (cuantía) y las sanciones por la comisión de tal injusto penal se establecerían en salarios y, con ello, referenciarlo como unidad de medida para calcular el primero, así como para determinar la segunda que, en su caso, deberá imponerse a quien actualice la conducta típica.

Sin embargo, tal dispositivo normativo es contrario al espíritu que animó a la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis que desvinculó al salario como unidad de referencia en el sistema jurídico mexicano y, con ello, impedir que el aumento del salario impactara tanto económica, como socialmente, en la determinación de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos.

Es por ello, que para desarrollar una verdadera y firme política de recuperación del poder adquisitivo del salario, se creó la unidad de medida y actualización (UMA) que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, constitucional.

En suma, la desindexación y/o disociación del salario con cualquiera de los factores de cálculo y/o referencia en mención empleados sistemática y legalmente por entes públicos en actividades propias a sus facultades administrativas, financieras y jurisdiccionales, obedeció única y exclusivamente al mejoramiento del salario mínimo de los trabajadores y, con ello, atender materialmente a uno de los principios fundamentales del artículo 123 de la Carta Magna al dignificar su trabajo con la recuperación del poder adquisitivo del salario.

En lo tocante a la regulación transitoria para la vigencia del artículo 123, apartado A, fracción VI, in fine, de la Norma Fundamental, se enfatizó que el Poder Constituyente Permanente entendió y se decantó por su aplicación inmediata en aras de impulsar la política de recuperación del poder adquisitivo del salario. Por lo que en esa transición se dispuso que: A) La vigencia de las disposiciones constitucionales enmendadas, incluyendo la prohibición de utilizar como referencia el salario para fines ajenos a su naturaleza, comenzaría a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por tanto, no se autorizaba la operación de una vacatio legis; B) Con antelación a dicha fecha, toda mención al salario mínimo como unidad para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en la ley, se entenderán referidos a la unidad de medida y actualización; y, C) Que el artículo cuarto de tal régimen otorgó uno año a los Congresos Federal y Locales, así como a las administraciones públicas federal, local y municipal, en el cual deberían de realizar las adecuaciones necesarias en las leyes y ordenamientos de su competencia para eliminar las referencias al salario mínimo y sustituirlas por la unidad de medida y actualización, sin que ello constituyera una autorización para la utilización del salario como unidad de referencia y, de esta forma generar certeza jurídica a los operadores jurídicos y a los ciudadanos.

Consecuentemente, la adición del artículo 206 Ter al Código Penal del Estado de Veracruz, es violatoria del artículo 123, apartado A, fracción VI, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar al salario mínimo como unidad de medida para calcular el monto de lo robado, así como para determinar la cuantía de la sanción pecuniaria que, en su caso, deberá imponerse a quien actualice la conducta típica.

Se esgrime que el artículo tercero transitorio del decreto constitucional en estudio fija una cobertura limitada en razón a la aplicación de su vigencia, ya que al precisar que toda mención al salario mínimo como unidad para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en la ley se entienden referidas a la unidad de medida y actualización y que como supuesto solamente comprenderá disposiciones vigentes con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Que en esa línea regresiva de tiempo encuadra lo dispuesto por el ordinal 52 del Código Penal para el Estado de Veracruz, el cual inició vigencia el siete de noviembre del año dos mil tres para definir y regular una de las consecuencias del delito; consiguientemente queda dentro de la cobertura antes mencionada en aras de atender cabalmente su aplicabilidad por los operadores de la norma.

Por ello, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en comento, todos los órganos del Estado Mexicano en apego a sus competencias y atribuciones están impedidos para utilizar al salario mínimo para fines ajenos a su naturaleza, tal y como claramente lo dispone el artículo 123, apartado A, fracción VI, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y concluye que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, al emitir la norma que, por esta vía de control constitucional se impugna, trastocó el marco constitucional vigente, porque si bien es verdad el mandato constitucional en cuestión era ya vigente y obligatorio para las Legislaturas del País en realizar las adecuaciones pertinentes en las leyes y ordenamientos de su competencia en un plazo no mayor a un año, contado a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, más aún debió de atenderse esa vigencia en la creación de la norma y con ello referirse únicamente a la unidad de medida y actualización, puesto que la norma general, objeto de la transgresión, fue publicada en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el tres de agosto de ese año.

2. Se transgreden las máximas de certeza y seguridad jurídicas señaladas, respectivamente, en los artículos 14, párrafo primero, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la vigencia del artículo 206 Ter. del Código Penal para el Estado de Veracruz, al disponer: "A quien, con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de equipos, maquinaria, insumos, instrumentos o productos pesqueros y/o acuícolas, se le sancionará de la manera siguiente: l. Si el valor de lo robado no excediere de cien días de salario, con prisión de tres meses a seis años y multa de setenta y cinco días de salario; II. Si el valor de lo robado excediere de cien días de salario, con prisión de tres a diez años y multa de hasta cuatrocientos días de salario; o, III. Si el valor de lo robado excediere de doscientos días de salario, con prisión de cuatro a doce años y multa de hasta seiscientos días de salario."

Ya que, al quedar bajo el imperio discrecional del Juez la determinación de la cuantía de lo robado, así como la sanción pecuniaria a imponer por la comisión de dicho ilícito, su interpretación de la norma podría resultar vacilante y errática, ya que, por una parte dichos supuestos podrían actualizarlos conforme al salario general mínimo en el momento de la comisión del evento delictivo, lo cual de entrada ya sería contrario a la Carta Magna, y por la otra, al interpretar la reforma constitucional en materia de desindexación del salario y sus disposiciones transitorias para calcular tanto el monto económico de lo robado y la posible multa a imponer al infractor de la ley, tendría que referirse necesariamente a la unidad de medida y actualización.

A mayor explicación, los anteriores escenarios implican una incorrecta interpretación del artículo tercero transitorio de la reforma en cuestión, en razón a que el artículo que se tilda de inconstitucional se emitió con posterioridad a la reforma constitucional materia de desindexación, en tanto que las situaciones a resolver por el transitorio son anteriores a la reforma constitucional.

Ante dichos supuestos y dependiendo del operador de la norma, ante un primer hecho (acción) que se ajuste con los elementos descriptivos, objetivos, externos y normativos del delito en cuestión, al calcular el valor económico del objeto robado en días de salario general mínimo vigente al momento de su consumación, es decir, su cuantía y, con ello, a la postre su tipificación, conllevaría a la fijación de la sanción tanto privativa de libertad como pecuniaria, deduciendo esta última en función a dicho parámetro o referencia monetaria (salario). Pero en un segundo supuesto, bajo las mismas condiciones fácticas, al determinar el monto económico de lo robado tomando como referencia la unidad de medida y actualización que fijó el decreto constitucional en mención, se estaría tipificando (encuadramiento de la conducta del sujeto activo a la hipótesis normativa que describe el delito) en una forma diferenciada a la primera, a pesar de resultar hechos idénticos.

Finalmente, también se incumple con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Federal, lo que genera incertidumbre jurídica por el hecho de interpretar la referencia del salario del artículo 206 Ter del Código Penal del Estado de Veracruz, en relación con el diverso 52 del mismo ordenamiento legal, para esgrimir que tanto la cuantía o monto económico de lo robado como la pena pecuniaria (multa) se refieren a la unidad de medida y actualización, ya que su interpretación se extiende en una línea de tiempo hacía el futuro que dispone el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional. Lo que es errático y permisivo en su interpretación, al seguir utilizando el salario como referencia o unidad de medida para calcular el monto de lo robado y la multa a imponer.

TERCERO.—Registro y turno. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 78/2016 y turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán.

CUARTO.—Admisión. El dos de septiembre siguiente, el Ministro instructor tuvo por presentada la demanda de la procuradora general de la República, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al Poder Legislativo Estatal para que, al rendir el informe solicitado, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

QUINTO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Refiere que la promulgación y publicación del Decreto Número 297 (sic) (lo correcto es 897), que adicionó el artículo 206 Ter al Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo atendiendo a lo dispuesto en los artículos 35, párrafo segundo y 49, fracción II, de la Constitución Política de ese Estado; ordenándose su publicación el tres de agosto de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el número extraordinario 308.

Además agrega:

Por ello, el proceso legislativo en cuestión no vulnera los artículos 123, apartado A, fracción VI, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Amén que el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional, concede un año de gracia a partir de su vigencia, esto es, del veintiocho de enero del año dos mil dieciséis al veintiocho de enero del año dos mil diecisiete, para referenciar toda unidad de cuenta, índice, base o medida en unidad de medida y actualización y, en consecuencia, determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas.

De ahí que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz se encuentre dentro de dicho supuesto temporal para atender y acatar la vigencia del multicitado decreto constitucional.

SEXTO.—Informe rendido por el Congreso del Estado de Veracruz. Suscrito por la presidenta de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde en síntesis expresó:

La acción de inconstitucionalidad ejercida resulta improcedente, toda vez que el accionante no se encuentra legitimado para enderezar el medio de control constitucional que nos atañe, ya que al no encontrarse en dicha entidad federativa y no cometer un hecho de carácter delictivo su interés particular no se encuentra plenamente legitimado.

SÉPTIMO.—Acuerdos que tienen por formulados los alegatos. El nueve de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor emitió el proveído a través del cual tuvo por formulados los alegatos que hizo valer el delegado de la procuradora general de la República, y el veinticuatro siguiente, se acordó lo propio respecto a los formulados por los delegados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz.

OCTAVO.—Cierre de instrucción. En proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se cerró la instrucción de este asunto a efecto de elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, inciso c), del artículo 105 de la Constitución Federal,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se demanda la invalidez del artículo 206 Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido mediante el Decreto Número 897, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el tres de agosto de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Ahora, el Decreto Número 897 por el que se modificó (sic) el artículo 206 Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, materia de impugnación, se publicó en la Gaceta Oficial de la entidad, el miércoles tres de agosto de dos mil dieciséis, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el jueves cuatro siguiente y venció el viernes dos de septiembre de esa anualidad.

Entonces, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República fue presentado el miércoles treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte del reverso de la foja dieciséis del expediente en que se actúa; resulta evidente su oportunidad.

TERCERO.—Legitimación del promovente. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es del tenor siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."

En la presente acción de inconstitucionalidad la demanda fue suscrita por Arely Gómez González, procuradora general de la República, carácter que acreditó con la copia certificada del nombramiento de tres de marzo de dos mil quince, expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, documento que obra a foja dieciocho del expediente.

En consecuencia, debe decirse que la procuradora general de la República está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Penal para el Estado de Veracruz, contenida en la Gaceta Oficial de la entidad de tres de agosto de dos mil dieciséis.

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que como consecuencia de la reforma que sufrió la Constitución el diez de febrero de dos mil catorce, ahora la fracción II del artículo 105 tiene un inciso i), que prevé: "El fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."

Sin embargo, el artículo décimo sexto transitorio de la reforma en cuestión, es expreso en señalar que las adiciones y reformas al artículo 105, fracción II, incisos c) e i), entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias, en virtud de las adiciones, reformas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Y la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, aconteció el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte siguiente; entonces, en la fecha de presentación de la demanda, se encontraba vigente el inciso c) de la fracción II del artículo 105 transcrito.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por las partes o que de oficio se adviertan, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular, únicamente el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esgrime que la acción de inconstitucionalidad ejercida resulta improcedente, concretamente, porque la accionante no se encuentra legitimada para enderezar el medio de control constitucional que nos atañe, al no encontrarse en dicha entidad federativa y no cometer un hecho de carácter delictivo su interés particular no se encuentra plenamente legitimado.

Empero, contrario a lo anterior, tal aseveración queda solventada en los términos precisados en el considerando próximo pasado, donde se acreditó la legitimación de la promovente; y al advertir de manera oficiosa por este Alto Tribunal que en la especie no se actualiza alguna otra causa de improcedencia, lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por la Procuraduría General de la República.

Al respecto, se considera oportuno invocar la jurisprudencia P./J. 7/2007, que es del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.—La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El Procurador General de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."(2)

QUINTO.—Análisis de fondo. La materia de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad se concentra en determinar si asiste razón a la procuradora general de la República, quien sostiene la invalidez del artículo 206 Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido mediante el Decreto Número 897, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad, el tres de agosto de dos mil dieciséis, porque vulnera los artículos 123, apartado A, fracción VI, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio de la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en materia de desindexación del salario mínimo.

Señala que el precepto que, por esta vía de control constitucional se reprocha, establece y con ello hace mención al salario como base para calcular el valor económico del objeto material del robo, así como para referenciar a través del cálculo algebraico respectivo la sanción pecuniaria a imponer (multa); lo que a su entender resulta a todas luces contrario al espíritu de la reforma constitucional mencionada, cuyo objeto esencial consistió en desvincular la utilización del salario mínimo para fines ajenos a su naturaleza, tales como determinación de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos administrativos y financieros; con lo cual, a la postre se atendería materialmente a unos de los principios fundamentales del artículo 123 de la Carta Magna, al dignificar al trabajador con la recuperación del poder adquisitivo del salario.

Enfatiza que el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional se caracteriza por prever un supuesto de temporalidad respecto a la cobertura limitada de vigencia de la reforma constitucional, en el sentido de que toda mención al salario mínimo como unidad o base para calcular la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la ley, se entenderá referida a la unidad de medida y actualización, y cubrirá únicamente aquellas disposiciones legales vigentes con anterioridad a la reforma constitucional materia de desindexación del salario mínimo. Por ello, a partir de la entrada en vigor de la misma, todos los entes de gobierno del Estado Mexicano en el ejercicio de sus competencias están impedidos para utilizar el salario mínimo para fines ajenos a su naturaleza.

El anterior concepto de invalidez se considera fundado y para establecer las razones de ello, en principio resulta oportuno atender que, efectivamente, se presentaron dos iniciativas de reforma a los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita la primera, por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Democrático, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo; y la segunda, por el diputado Julio César Moreno Rivera del grupo parlamentario de la segunda de las agrupaciones mencionadas, quien además incluyó el artículo 26 de la Norma Fundamental; donde de manera coincidente, en la exposición de motivos señalaron:

"En México más de tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos del trabajo asalariado. El salario es un componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

"El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que la realidad laboral mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias trabajadoras.

"La relación entre el Estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población con la política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años, resulta innegable. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi 80 por ciento del poder adquisitivo del salario.

"Basta señalar que de diciembre de 1987 a la fecha, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

"No cabe duda de que la política de contención salarial ha impact

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29237-ea289ab8/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-procuraduria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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