I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA DERIVADO DE SU ABROGACIÓN (ARTÍCULO 44, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PUDIERAN BENEFICIAR EN ALGÚN GRADO A ESTE SECTOR POBLACIONAL, SI SON SUSCEPTIBLES DE AFECTARLES DIRECTAMENTE. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA NORMA IMPUGNADA ES SUSCEPTIBLE DE AFECTARLOS DIRECTAMENTE, PUES LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS COALICIONES TRASCIENDEN AL DERECHO DE LAS PERSONAS INDÍGENAS A SER POSTULADAS COMO CANDIDATAS A LAS DIPUTACIONES LOCALES Y A FORMAR PARTE DE LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE VIVEN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 144 BIS 1 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ANÁLISIS DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL PLANTEAMIENTO CONSISTENTE EN DIVERSOS VICIOS INVALIDANTES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO NÚMERO 097, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS, TANTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN COMO DE LA LEY ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL IMPEDIMENTO RELATIVO A ESTAR CONDENADA O CONDENADO POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUALES Y DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RESULTA CONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE INTERPRETE EN EL SENTIDO DE QUE EL IMPEDIMENTO RESULTE DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SOLAMENTE DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE CUMPLE LA PENA APLICADA (ARTÍCULOS 9 Y 144, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA RESTRICCIÓN AL ACCESO A LA GUBERNATURA, A LA DIPUTACIÓN O COMO MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUALES Y DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO, POR LO QUE ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA (ARTÍCULOS 9 Y 144 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XI. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. FINALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESTA MATERIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. XII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO BASE EL SALARIO MÍNIMO PARA CALCULAR DICHO FINANCIAMIENTO Y LAS MULTAS DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS O DE RESPONSABILIDADES EN MATERIA ELECTORAL, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN MONTERREY", 348, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MONTERREY", Y 348 BIS, INCISOS A), FRACCIÓN II, B), FRACCIÓN II, C), FRACCIÓN II, D), FRACCIÓN II, E), FRACCIÓN II, F), FRACCIÓN III, G), FRACCIÓN II, Y H), FRACCIÓN II, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MONTERREY", DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN]. XIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. INEXISTENCIA DE UNA VACATIO LEGIS QUE PERMITA A LOS PODERES LEGISLATIVOS LOCALES ABSTENERSE DE ADECUAR Y ARMONIZAR EN EL PLAZO DE UN AÑO SU LEGISLACIÓN CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL, RESPECTO DE LA DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN MONTERREY", 348, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MONTERREY", Y 348 BIS, INCISOS A), FRACCIÓN II, B), FRACCIÓN II, C), FRACCIÓN II, D), FRACCIÓN II, E), FRACCIÓN II, F), FRACCIÓN III, G), FRACCIÓN II, Y H), FRACCIÓN II, EN SUS PORCI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2022 Y SUS ACUMULADAS 54/2022, 55/2022 Y 56/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL, MOVIMIENTO CIUDADANO, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MORENA. 17 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIADO: IRLANDA DENISSE AVALOS NÚÑEZ Y PAULO ABRAHAM ORDAZ QUINTERO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El cuatro de marzo de dos mil veintidós se publicó un decreto mediante el cual se aprobaron tanto un conjunto de reformas como adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y de la Ley Electoral de dicha entidad.
Dicha reforma abordó temas tales como los requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular (como el de no haber sido condenado por el delito de violencia política por razón de género); la determinación del salario mínimo como base para calcular el financiamiento de los partidos políticos y las multas derivadas de procedimientos sancionatorios en materia electoral; el régimen de coaliciones (como el derecho a formarlas, sus limitaciones, entre otras reglas); el régimen de candidatura común; el modelo de postulación paritaria de candidaturas en bloques de competitividad; la determinación del límite a la creación de acciones afirmativas en materia electoral (sólo serán válidas las que tengan base legal); las acciones afirmativas en procesos electorales para jóvenes, para personas de la comunidad LGBT+ y para integrantes de pueblos y comunidades indígenas; algunos límites a la libertad de expresión; marcas válidas para emitir el voto; entre otras cuestiones.
El Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Morena promovieron, respectivamente, acciones de inconstitucionalidad y demandaron la invalidez de diversos artículos de la referida reforma.
Del análisis de los distintos conceptos de invalidez, en la presente sentencia se concluye, en síntesis, lo siguiente:
1) Que es inconstitucional la acción afirmativa en favor de los pueblos y comunidades indígenas (que consiste en una cuota de postulación en diputaciones para las personas que se auto adscriban como integrantes de dichas comunidades), porque no se realizó la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Cabe señalar que de conformidad con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 212/2020, dado que la totalidad del decreto no tiene incidencia en los derechos e intereses de los pueblos y de las comunidades indígenas, se invalida únicamente un precepto de la ley y se procede a analizar el resto de las reglas legales impugnadas.
2) Se desestimó la impugnación respecto de las violaciones al procedimiento legislativo que culminó con el Decreto Número 097, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos tanto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León como de la Ley Electoral de dicha entidad federativa, por no alcanzar la mayoría calificada.
3) Que el requisito de elegibilidad consistente en no haber sido sentenciado por el delito de violencia política de género, de violencia familiar, delitos sexuales y por delitos que atenten en contra de la obligación alimentaria es constitucional, siempre y cuando se interprete que el haber sido sentenciado por estos delitos sí genera inelegibilidad, únicamente, si la sentencia de condena es definitiva y firme y la persona está cumpliendo la condena correspondiente.
4) Que son inconstitucionales las reglas de la legislación local que regulan a las coaliciones, pues dicha materia está constitucionalmente reservada al Legislativo federal.
5) Que las reglas impugnadas en materia de candidaturas comunes son constitucionales, pues están en el ámbito de la libre configuración legislativa, resultan razonables y el modelo exigido no trastoca el parámetro constitucional aplicable.
6) Se desestimó el argumento respecto a que el modelo de postulación paritaria, a través de bloques de competitividad en distritos y Municipios es inconstitucional, pues atenta contra el principio de paridad de género al constituir una medida regresiva, al no alcanzar la mayoría calificada.
7) Que la regla que establece que sólo serán válidas las acciones afirmativas establecidas en la ley (emitidas por el legislador) es inconstitucional, pues limita injustificadamente el deber de tutela de la igualdad impuesto a todas las autoridades del país.
8) Que las acciones afirmativas dispuestas en favor de los jóvenes y la comunidad LGBT+ son constitucionales, pues su diseño está en el ámbito de la libre configuración legislativa.
9) Que son inconstitucionales las reglas que prohíben la difamación o denigración, pues la Constitución únicamente prohíbe la calumnia a las personas.
10) Que la disposición de la Ley Electoral Local que determina qué tipo de señal o marca constituye un voto válido es constitucional, pues prevé que cualquier tipo de marca inequívoca está permitida.
La presente sentencia se desarrolla conforme a lo siguiente:
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 50/2022 y sus acumuladas 54/2022, 55/2022 y 56/2022 promovidas, respectivamente, por el Poder Ejecutivo Federal, el partido político Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el partido político Morena.(1) Todos los promoventes cuestionan el Decreto Número 097 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos tanto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León como de la Ley Electoral de esa entidad federativa.
La presente sentencia revisa diversas disposiciones de la legislación local respecto de temas tales como: requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular (no haber sido condenado por el delito de violencia política por razón de género); uso del salario mínimo como base para calcular el financiamiento de los partidos políticos y multas derivadas de procedimientos sancionatorios en materia electoral; régimen de coaliciones (derecho a formarlas, limitaciones, entre otras reglas); régimen de candidatura común; modelo de postulación paritaria de candidaturas en bloques de competitividad; límites a la creación de acciones afirmativas en materia electoral (sólo serán válidas las que tengan base legal); acciones afirmativas en procesos electorales para jóvenes, personas de la comunidad LGBT+ e integrantes de pueblos y comunidades indígenas; límites a la libertad de expresión; marcas válidas para emitir el voto; entre otros.
ANTECEDENTES
1. Contexto previo a la emisión de las disposiciones impugnadas. Los promoventes de las presentes acciones de inconstitucionalidad son el Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Morena.
2. Los accionantes le solicitan a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise el Decreto Número 097,(2) mediante el cual se reformaron y adicionaron distintos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
3. Cabe señalar que dicha reforma en materia electoral local forma parte de una serie de ajustes legislativos locales que fueron ordenados desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En efecto, el seis de junio de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación(3) la reforma constitucional conocida como "Paridad en Todo",(4) que involucra, entre otros, los cambios siguientes:
• Se estableció el derecho de la ciudadanía a "ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular" (artículo 35, fracción II, constitucional).(5)
• Al artículo 41, fracción I, constitucional, se agregó un enunciado que establece el deber de los partidos de observar el principio de paridad de género en la postulación de sus candidaturas.(6)
• También se ordenó observar la paridad en la integración de los cargos de elección popular en los Ayuntamientos (artículo 115, fracción I, constitucional).(7)
5. Dichas reglas entraron en vigor el siete de junio de dos mil diecinueve.(8) Asimismo, de conformidad con los artículos transitorios de la reforma se determinó que:
• El principio de paridad previsto en el artículo 41, fracción I, constitucional "será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del ... decreto" (artículo transitorio tercero).(9)
• "Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41" (artículo transitorio cuarto).(10)
6. En el caso del Estado de Nuevo León, el proceso electoral siguiente a la entrada en vigor del decreto de la reforma de "Paridad en Todo" era el del año 2020-2021 en el que se renovaron diversos cargos: una gubernatura, cuarenta y dos diputaciones locales y cincuenta y un Ayuntamientos.(11)
7. Es decir, conforme a las reglas anteriores, en el proceso electoral 2020-2021 de Nuevo León: a) los partidos tenían el deber de observar el principio de paridad de género en la postulación de todas sus candidaturas locales; y, b) el Congreso de Nuevo León debía reformar la legislación local y establecer reglas para procurar la observancia del principio de paridad.
8. Sin embargo, la Legislatura del Estado de Nuevo León no hizo los ajustes correspondientes, lo cual activó un litigio por esa causa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese asunto concluyó con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la que se determinó que el Congreso Local incurrió en una omisión legislativa.(12)
9. En efecto, el partido Movimiento Ciudadano promovió un medio de impugnación electoral para reclamar la omisión del Congreso de Nuevo León de reglamentar la partida para el proceso electoral 2020-2021.(13)
10. Inicialmente, el Tribunal Electoral de Nuevo León determinó que no había dicha omisión. Sin embargo, la Sala Superior revocó esa decisión y concluyó que sí existía omisión legislativa.(14) Consecuentemente, ordenó lo siguiente:
• Legislar para regular la paridad. Cabe referir que, en concepto del criterio mayoritario de la Sala Superior, ya no era posible legislar para que las reglas correspondientes rigieran válidamente el proceso electoral 2020-2021, porque ya no era viable cumplir el deber de publicar las leyes electorales o sus reformas con una anticipación de al menos noventa días previos al inicio del proceso electoral en el que se van a aplicar, de conformidad con el artículo 105, fracción II, cuarto párrafo, de la Constitución Política del País.(15)
Por tal motivo, la Sala Superior ordenó que la legislación en materia de paridad que emitiera el Congreso sería aplicable una vez que concluyera el proceso electoral 2020-2021.
• Asimismo, dada la omisión del Congreso Local, la Sala Superior le ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León(16) que, de manera directa o emitiendo lineamientos o reglamentos, aplicara las reglas generales en materia de paridad como medida afirmativa compensatoria en favor de las mujeres.
11. Derivado de ese último mandato judicial, el Instituto Electoral Local emitió los "Lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de diputaciones locales y Ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021".(17) En estos lineamientos, se utilizaron los llamados bloques poblacionales y de competitividad como mecanismo para asegurar la postulación paritaria de candidaturas.
12. Los bloques de competitividad suponen una metodología en la que las candidaturas, para su postulación, esto es, para su registro, se distribuyen paritariamente, por partido, en dos o más segmentos definidos a partir de un criterio particular.
13. En el caso de las diputaciones del Estado de Nuevo León, de conformidad con los referidos lineamientos, las postulaciones se realizarían a través de dos bloques de competitividad de la mitad de los distritos. Es decir, el total de distritos se dividía en dos segmentos (competitividad electoral alta y baja) y en cada uno se debía postular el mismo número de candidaturas de cada género.(18) En caso de que el número fuera impar, se privilegiarían las candidaturas de mujeres.
14. En el caso de los Ayuntamientos, se determinó utilizar tres bloques poblacionales subdivididos, cada uno, en bloques de competitividad.(19) Es decir, el total de los Ayuntamientos se dividía en tres segmentos poblacionales (población alta, media y baja, considerando el número de regidurías de cada Ayuntamiento)(20) y cada uno de esos segmentos se subdividía a su vez en tres bloques de competitividad electoral, alta, media y baja.
15. La jornada electoral se celebró el seis de junio de dos mil veintiuno. De los cincuenta y un Ayuntamientos se eligieron a diez mujeres como alcaldesas (19.60 %), y del total de las cuarenta y dos diputaciones se integraron veintiún mujeres (50 %).(21)
16. Una vez concluido el proceso electoral, en diciembre de dos mil veintiuno, se retomaron los trabajos parlamentarios para cumplir con el mandato constitucional relativo a emitir la legislación local para regular el principio de paridad. El legislador local no se limitó a dicha cuestión, sino que incluyó otros temas como coaliciones, candidaturas comunes, acciones afirmativas para otros grupos, entre otros. El proceso legislativo culminó con la emisión de las disposiciones que están impugnadas en las presentes acciones de inconstitucionalidad.
17. Emisión de las disposiciones impugnadas (Decreto 097) y contenido de la reforma. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Decreto número 097,(22) mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y de la Ley Electoral para la misma entidad.
Contenido de la reforma
18. Los temas que comprendió la reforma fueron los que se sintetizan enseguida:
En la Constitución Local:
Ver Constitución Local
En la Ley Electoral Local:
Ver Ley Electoral Local
19. Promoción de las acciones de inconstitucionalidad y conceptos de invalidez. Distintos actores se inconformaron con las reglas de la reforma anterior y promovieron, respectivamente, acciones de inconstitucionalidad.
20. En efecto, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo Federal(23) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del referido Decreto 097. Posteriormente, el primero de abril del propio año, el partido político Movimiento Ciudadano(24) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentaron,(25) respectivamente, acciones de inconstitucionalidad en contra del mencionado decreto. Finalmente, el tres de abril de la misma anualidad, el partido político Morena promovió también su acción de inconstitucionalidad.(26)
21. En sus demandas(27) los promoventes plantearon los conceptos de invalidez que consideraron pertinentes y señalaron los preceptos constitucionales que, a su decir, se ven vulnerados por las normas contenidas en el decreto impugnado.
Conceptos de invalidez
22. Los planteamientos de los cuatro accionantes se sintetizan enseguida de forma temática:
a) Vicios de procedimiento legislativo
23. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que el artículo que incorpora acciones afirmativas en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 144 Bis 1 de la Ley Electoral Local) es inconstitucional, pues se emitió sin que se realizara una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo, en favor de las comunidades destinatarias de la acción afirmativa.(28)
24. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el procedimiento mediante el cual se aprueban disposiciones que incorporan medidas que puedan incidir en los pueblos y comunidades indígenas exige, para su validez, necesariamente, que se lleve a cabo la referida consulta con las características ya mencionadas.(29) Al respecto, la Comisión observa lo siguiente:
• Si bien se realizaron distintas mesas de trabajo para la difusión de la reforma en la que participaron diputaciones, colectivos, asociaciones civiles, y autoridades, éstas no suponen la realización de una consulta con las calidades exigidas por la Constitución y las convenciones internacionales.(30)
• No tiene noticia de que se hubiera realizado la citada consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo.(31)
25. A su vez, Movimiento Ciudadano plantea que el procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado tiene diversos vicios invalidantes, a saber:
• Que en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se presentó el dictamen de la iniciativa para ser discutido y aprobado, se expusieron diversas reservas. El partido señala que la Constitución Local(32) no prevé la posibilidad de que, en comisiones legislativas, las personas legisladoras presenten reservas a los dictámenes que se aprueban.(33)
• Que en la etapa del procedimiento en la que se determina si se admite a discusión el dictamen correspondiente, éste no fue circulado al Pleno del Congreso con veinticuatro horas de anticipación.(34)
• Que posteriormente, en la etapa de discusión deliberativa de la reforma, no se circuló el dictamen, así como tampoco se justificó motivadamente la dispensa para no distribuirse con al menos veinticuatro horas de anticipación.(35)
• Que durante la discusión del dictamen en el Pleno, a Movimiento Ciudadano se le negó la participación en tribuna de un tercer orador para hablar en contra del referido dictamen, a pesar de que la normatividad aplicable admite que puede haber hasta tres oradores por partido.(36)
• Que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, con respecto a las reglas en materia de paridad de género, no estuvo debidamente fundado y motivado. El partido promovente considera que como la reforma aborda el derecho de participación política de las mujeres y las juventudes, el documento en mención tenía que contener una motivación reforzada.(37)
b) Requisito de elegibilidad (no haber sido sentenciado por delitos de violencia política de género, violencia familiar, delitos sexuales y aquellos que atenten en contra de la obligación alimentaria) y deber de declarar que no se ha incurrido en esas faltas
26. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona el artículo 9 de la Ley Electoral Local, el cual establece como requisito de elegibilidad para una candidatura de elección popular no haber sido sentenciado por el delito de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, de violencia familiar, delitos sexuales, o por delitos que atenten en contra de la obligación alimentaria. La señalada Comisión plantea que el precepto es inconstitucional,(38) a partir de lo siguiente:
• No precisa qué tipo de sentencia genera la inelegibilidad (si es firme o de primera instancia), lo cual podría implicar que una persona que no cuenta con una sentencia firme sería inelegible para postularse a un cargo de elección popular, lo cual afectaría innecesariamente su presunción de inocencia.
• No establece una temporalidad a la restricción, lo cual puede implicar que, si alguien se ubica en el supuesto de la norma, tendrá que soportar sus consecuencias de manera indefinida (sólo por haber sido sentenciado, incluso aunque ya haya cumplido su pena). • No distingue entre las personas que están cumpliendo una condena, las privadas de la libertad, y quienes ya la concluyeron y están en libertad. Es decir, al no prever una temporalidad para la aplicación del supuesto, la norma también contraviene el artículo 38, fracción II, constitucional, el cual prevé únicamente restricciones temporales a los derechos político-electorales (mientras la persona esté materialmente privada de la libertad).(39)
• La regla impugnada implica desconocer que uno de los fines de las medidas punitivas es la rehabilitación, esto es, lograr la reinserción social de las personas que han cometido delitos.
• En consecuencia, la medida controvertida no es necesaria ni proporcional y, en cambio, es estigmatizante.
Por las mismas razones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que el artículo 144, párrafo tercero, de la Ley Electoral Local es inconstitucional, pues obliga a las personas que buscan ser registradas como candidatas a cargos de elección popular a que manifiesten que no han sido condenadas o sancionadas por la comisión de los delitos antes descritos.
c) Salario mínimo como base para calcular el financiamiento a los partidos, así como para las multas
27. Morena cuestiona las disposiciones de la Ley Electoral Local que utilizan el salario mínimo general vigente en Monterrey como base para calcular el financiamiento de los partidos y las multas que derivan de los procedimientos sancionadores electorales.(40) Sostiene que tales disposiciones son inconstitucionales, pues contravienen el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política del País, el cual señala que el salario mínimo sólo podrá usarse como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza,(41) esto es, naturaleza laboral, y no electoral como ocurre en el presente caso.(42)
d) Régimen de coaliciones
28. Morena plantea que los preceptos de la Ley Electoral que regulan las coaliciones son inconstitucionales, ya que transgreden la reserva de ley dispuesta en la propia Constitución Política del País, la cual le otorga exclusividad para regular esa materia al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo transitorio segundo de la reforma constitucional electoral de febrero de 2014.(43)
29. Dicha disposición genera la incompetencia de los Poderes Legislativos Locales para regular la materia de coaliciones, tal como se ha sostenido en múltiples precedentes de la Suprema Corte.
30. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que la regla que impide a los partidos políticos que conforman una coalición postular a militantes de otros partidos es inconstitucional, pues regula una materia que está reservada al legislador federal.
e) Régimen de candidatura común
31. Morena sostiene que las reglas relativas al plazo para presentar la candidatura común (previstas en el artículo 81 Bis 2 de la Ley Electoral Local) y el deber de informar sobre los datos de identificación de dicha candidatura (artículo 81 Bis 3 de la Ley Electoral Local), son inconstitucionales.
32. En su concepto, las reglas anteriores establecen un régimen diferenciado entre coaliciones y candidaturas comunes. El partido impugnante señala que las reglas de la candidatura común son más exigentes, pues si bien tanto las coaliciones como la candidatura común están obligadas a presentar el convenio que formaliza cada una de esas formas de asociación, a la candidatura común se le pide presentar su convenio constitutivo un mes antes de la fecha que se les otorga a las coaliciones.
33. Asimismo, el accionante sostiene que a la candidatura también se le exige proporcionar ciertos datos de identificación que no les son solicitados a las coaliciones, en concreto, que anuncie el nombre de la persona candidata, cuando ordinariamente esto se conoce hasta el momento del registro de las personas que se postulan a los cargos de elección popular.
34. Finalmente, el partido se queja de la regla que lo obliga a presentar el convenio de candidatura común necesariamente ante el presidente del Instituto Electoral Local, porque, a su decir, esa regla podría propiciar el incumplimiento del deber de presentación oportuna del convenio.
f) Reglas para postular candidaturas de manera paritaria mediante un esquema de bloques de competitividad
35. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo y Movimiento Ciudadano coinciden en controvertir la constitucionalidad de los artículos que regulan el sistema de postulación paritaria en las diputaciones y los Ayuntamientos, a través de un modelo de dos bloques de competitividad.
36. Los promoventes explican que en el proceso electoral 2020-2021, en el Estado de Nuevo León se celebraron elecciones en las que, ante una omisión legislativa del Congreso Local (omisión de establecer reglas en materia de paridad para la postulación de cargos de elección popular), la Sala Superior del Tribunal Electoral le ordenó al Instituto Electoral Local que emitiera lineamientos para regular la postulación paritaria de las candidaturas. El Instituto Electoral Local emitió los lineamientos en los que se regulaba un diseño de postulación paritaria para las diputaciones y los Ayuntamientos.
37. En el caso de las diputaciones de Nuevo León, de conformidad con los citados lineamientos administrativos, las postulaciones se realizarían a través de dos bloques de competitividad de la mitad de los distritos. Es decir, el total de distritos se dividía en dos segmentos (competitividad electoral alta y baja) y en cada uno se debía postular el mismo número de candidaturas de cada género. En caso de que el número fuera impar, se privilegiarían las candidaturas de mujeres.
38. En el caso de los Ayuntamientos, los lineamientos administrativos establecieron que se utilizarían tres bloques poblacionales subdivididos cada uno en bloques de competitividad.(44) Es decir, el total de los Ayuntamientos se dividía en tres segmentos poblacionales (población alta media y baja, considerando el número de regidurías de cada Ayuntamiento)(45) y cada uno de esos seguimientos se subdividía a su vez en tres bloques de competitividad electoral, alta, media y baja.
39. Al finalizar el proceso electoral, estos lineamientos perdieron vigencia. Posteriormente, el legislador local emitió el decreto que se combate, en el cual se establece un modelo de postulación paritaria tanto para diputaciones como Ayuntamientos que emplea únicamente dos bloques, a partir de un criterio de competitividad. Es decir, el esquema legal impugnado, únicamente prevé distribuir los distritos y los Ayuntamientos, respectivamente en dos segmentos (uno de competitividad alta y otro de competitividad baja) y postular igual número de candidaturas de cada género por bloque, hasta alcanzar la paridad.
40. Los accionantes consideran que el modelo legal que reclaman es inconstitucional por regresivo pues, por ejemplo, en el caso de los Ayuntamientos, ya no se utiliza un criterio poblacional (como sí se preveía en los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral Local exclusivamente para el proceso electoral 2020-2021), y el total de los Municipios se divide únicamente en dos bloques, a partir de un criterio de competitividad. Por tal motivo, afirman que el legislador está garantizando los derechos de igualdad en términos menos favorables a lo que ya se habían alcanzado previamente por la vía de la reglamentación administrativa.
41. Los accionantes plantean que debe tomarse como parámetro el desarrollo normativo logrado en sede administrativa por el Instituto Electoral Local que instauró un sistema de postulación que consideraba la variable poblacional y utilizaba tres bloques de competitividad.
42. Para los accionantes, utilizar únicamente dos bloques de competitividad es contrario al mandato constitucional relativo a salvaguardar la paridad de género en su dimensión cualitativa implica desconocer el avance logrado en el proceso electoral anterior.
43. De conformidad con las demandas, los accionantes proponen evaluar la progresividad o regresividad del legislador a partir del avance logrado en el desarrollo de los derechos a través de una medida administrativa utilizada en el proceso electoral anterior.
44. También sostienen que la medida no permite alcanzar la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre, pues un sistema de postulación a través de sólo dos bloques de competitividad, sin considerar el criterio poblacional, impide que las mujeres sean postuladas en los Ayuntamientos de más alta población, que suelen ser los correspondientes a los Municipios económicamente más relevantes.
45. Los accionantes afirman que la legislación también imposibilita que se adopten otras medidas más benéficas, pues si se emitieran lineamientos administrativos proponiendo, por ejemplo, tres bloques de competitividad, dichas reglas excederían el contenido de la ley.
46. Finalmente, Movimiento Ciudadano sostiene que las medidas aprobadas son poco eficaces y, por ese motivo, generan un fraude a la Constitución Política del País que obliga a postular con paridad.
g) Imposibilidad para generar acciones afirmativas válidas que no tengan fuente legislativa
47. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona el artículo que señala que en el Estado de Nuevo León sólo serán válidas las acciones afirmativas que se establecen en la ley.(46)
48. La Comisión señala que dicha disposición es inconstitucional, porque puede traducirse en una limitación injustificada para implementar otras acciones. Refiere que no hay una lista definitiva de las medidas para alcanzar la igualdad sustantiva, y su protección generalmente requiere modificaciones de facto de las normas existentes, o la creación de reglas adicionales o complementarias a las dispuestas por el legislador de acuerdo con las necesidades que se obtengan de las condiciones fácticas.
49. En tal sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que la regla impugnada limita la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31874-debb74de/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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