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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES (LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS (LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO). III. EJECUCIÓN DE PENAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LA REGULACIÓN RESPECTIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO CONMUTAR LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD"; 3, FRACCIONES III Y IV, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y CONMUTACIÓN DE PENAS" Y "O LA CONMUTACIÓN DE PENAS"; 6, 7, 8, 9, 10, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA" Y FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 11 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 12 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 13 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 15 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 16 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 17, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 19 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 20, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 22 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 23 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 24 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA CONCEDIDA"; Y 25 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DEL OTORGAMIENTO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 78, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). IV. EJECUCIÓN DE PENAS. ATRIBUCIONES RESERVADAS AL PODER JUDICIAL EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO CONMUTAR LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD"; 3, FRACCIONES III Y IV, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y CONMUTACIÓN DE PENAS" Y "O LA CONMUTACIÓN DE PENAS"; 6, 7, 8, 9, 10, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA" Y FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 11 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 12 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 13 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 15 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 16 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 17, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 18, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 19 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 20, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 22 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 23 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 24 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA CONCEDIDA"; Y 25 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DEL OTORGAMIENTO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 78, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). V. EJECUCIÓN DE PENAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE PREVÉ LA FACULTAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA CONMUTAR PENAS INVADE LA ESFERA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA Y DESCONOCE LAS ATRIBUCIONES RESERVADAS AL PODER JUDICIAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO CONMUTAR LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD"; 3, FRACCIONES III Y IV, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y CONMUTACIÓN DE PENAS" Y "O LA CONMUTACIÓN DE PENAS"; 6, 7, 8, 9, 10, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA" Y FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 11 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 12 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 13 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 15 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 16 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 17, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 18 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 19 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 20, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 22 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 23 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA"; 24 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CONMUTACIÓN DE LA PENA CONCEDIDA"; Y 25 EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O DEL OTORGAMIENTO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA", DE LA LEY DE INDULTO Y CONMUTACIÓN DE PENAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 78, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). VI. INDULTO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2016. · Registro digital (IUS): 29927
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-02
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo I, Pág. 457.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 20 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de febrero de dos mil veinte.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2016, promovida por la entonces procuradora general de la República; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,(1) Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que a continuación se precisan:

"Artículos 2, 3, fracciones III y IV, 4, fracción I, apartado B, 6, 7, 8, 9, 10, primer párrafo y fracción IV; 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México (LICP), expedida mediante el Decreto Número 78, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 18 de abril de 2016, y por vía de consecuencia, el artículo 77, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (CPEM) ..."

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En contra de las normas antes referidas, se formularon los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

3. I. Inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, fracciones III y IV; 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero y fracción VI; 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, por contravenir los artículos 21, párrafo tercero, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

• En los artículos impugnados el Congreso del Estado de México reguló aspectos relacionados con la facultad discrecional del Poder Ejecutivo Local para sustituir una pena impuesta como resultado de una sentencia ejecutoriada por otra menos severa; sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, párrafo tercero, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, la imposición de penas, su modificación y duración es exclusiva de la autoridad judicial.

• Al facultar a una autoridad que constitucionalmente es incompetente para modificar las penas, las normas impugnadas contravienen el artículo 16 constitucional.

• Las normas impugnadas representan una invasión a la esfera de funciones del Congreso de la Unión en materia de ejecución de penas, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Norma Fundamental, a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, por lo que a partir de su entrada en vigor el Congreso del Estado de México está impedido para expedir legislación en materia de ejecución de penas.

4. II. Inconstitucionalidad de los artículos 4, fracción I, apartado B, y 6, fracción II, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, por contravenir los artículos 1o., párrafos primero y quinto, así como 4o., párrafo noveno, de la Constitución Federal; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 2.2 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

• El Poder Legislativo del Estado de México incumple con el imperativo de guiar su actuación en torno al interés superior del niño, al dejar de considerar que no sólo las madres tienen responsabilidades de cuidado y protección respecto de los menores. Así, al prever exclusivamente a las mujeres privadas de su libertad con hijos menores de dieciocho años para obtener el indulto o la conmutación de la pena, a efecto de que puedan cumplir con su obligación de preservar los derechos de los menores de edad, excluye de tal protección a los menores de edad cuyos padres son varones –o incluso ascendientes en los que recaiga la patria potestad–.

• El legislador debió otorgar el mismo beneficio, en protección del interés superior del menor, a los hijos e hijas menores de dieciocho años de padres varones –o incluso ascendientes en los que recaiga la patria potestad– que se encuentren privados de la libertad y que sean sus únicos y principales cuidadores.

• Las normas cuestionadas establecen una distinción normativa que excluye de forma tácita a un grupo de personas que se encuentra en una situación equivalente a la descrita en la norma, pues no se incluyen dentro de su ámbito de aplicación a los hijos e hijas menores de dieciocho años de los padres varones –o ascendientes en los que recaiga la patria potestad– sentenciados, lo que se traduce en un trato diferenciado para los hijos de dichos reclusos frente a los hijos de las mujeres que sí protege la norma.

5. Finalmente, la accionante solicitó que los efectos de la eventual declaratoria de invalidez se hicieran extensivos al artículo 77, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de México.

6. TERCERO.—Registro, turno y admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 34/2016 y la turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien correspondió instruir el procedimiento.

7. Por acuerdo de dieciocho de mayo siguiente,(3) el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México para que rindieran sus respectivos informes y requirió a este último para que, al hacerlo, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

8. CUARTO.—Informes. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de México rindiendo el informe que le fue solicitado; más tarde, en auto de treinta de junio de ese año, se tuvo por rendido el informe del Poder Legislativo Local y se pusieron los autos a la vista de las partes para formular alegatos. En sus informes, ambos Poderes manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

• Los conceptos de invalidez son infundados, pues en términos del artículo 77, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el titular del Poder Ejecutivo Local tiene la facultad de conmutar penas privativas, por lo que ésta no es exclusiva de la autoridad judicial.

• En el Estado de México, al causar ejecutoria una sentencia condenatoria, su ejecución pasa a la autoridad administrativa, esto es, al gobernador.

• La Constitución Local prevé la facultad del Poder Ejecutivo de conceder el indulto necesario y por gracia, así como conmutar las penas privativas de la libertad, con arreglo a la ley de la materia; por ello, las normas impugnadas no representan una invasión formal a la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, ni se transgrede lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

• Si bien es cierto que la Constitución Federal faculta exclusivamente al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y el fuero común, también lo es que con la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México se pretende fortalecer el orden jurídico en materia penal, en la que todas las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la consecución del fin común.

• Los artículos 4, fracción I, apartado B, y 6, fracción II, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México cumplen con los principios de igualdad y no discriminación, así como con el de interés superior de la niñez, puesto que al regular el indulto, pretenden favorecer a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y persiguen una finalidad constitucionalmente válida, encaminada a salvaguardar los derechos de los hijos menores de dieciocho años de las mujeres privadas de la libertad, para que éstos no queden desamparados o en condiciones de abandono.

• Si bien dichas normas no especifican el beneficio del indulto y de la conmutación de la pena para los padres varones de hijos o hijas menores de dieciocho años, tampoco lo prohíbe, por lo que éstos pueden solicitar tales beneficios con la finalidad de que se cumpla el objeto constitucional por el que se expidió la ley, por lo que la distinción realizada no viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

9. QUINTO.—Alegatos y cierre de instrucción. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se tuvieron por formulados los alegatos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México, así como de la Procuraduría General de la República y se cerró la instrucción, a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

10. SEXTO.—Solicitud de sobreseimiento. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido oficio del director general jurídico y consultivo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de México, por medio del cual exhibió diversos documentos y solicitó que se decretara el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad.

11. SÉPTIMO.—Returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.

CONSIDERANDO:

12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) en su redacción previa a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, de conformidad con su artículo décimo sexto transitorio;(5) así como 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(6)

13. Lo anterior, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la ley o tratado impugnado en el medio oficial correspondiente, precisando que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. En el caso, el accionante combate diversas disposiciones de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, expedida mediante Decreto Número 78, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, como se desprende del ejemplar de dicho medio de difusión, que se encuentra agregado en autos.(8)

16. Por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover el presente medio de control de constitucionalidad transcurrió del diecinueve de abril al dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

17. De ahí que, si el escrito inicial fue presentado ante este Alto Tribunal el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, resulta claro que su promoción fue oportuna.

18. TERCERO.—Legitimación de la promovente. En lo que interesa, el artículo 105, fracción II, inciso c),(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción previa a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, facultaba al titular de la Procuraduría General de la República para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal –ahora Ciudad de México–, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

19. Ahora bien, el artículo 11(10) de la ley reglamentaria de la materia establece que el actor deberá comparecer a juicio a través de los funcionarios que se encuentren facultados conforme a las normas que lo rigen.

20. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue intentada por Arely Gómez González, entonces procuradora general de la República,(11) con la intención de combatir diversos artículos de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada en términos de artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal. Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."

21. CUARTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de México ha informado a este Alto Tribunal sobre la publicación de diversas reformas al ordenamiento impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad, lo que, desde su perspectiva, conduce al sobreseimiento en el juicio.

22. En efecto, las normas impugnadas en este medio de control constitucional han sido objeto de las siguientes reformas relevantes:

23. 1) El tres de febrero de dos mil diecisiete(12) se publicaron en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México los siguientes decretos legislativos:

24. - El Decreto Número 190, mediante el cual se reformó el artículo 77, fracción XVII, de la Constitución Política de la entidad de la siguiente forma:

Ver reforma

25. Como se puede advertir, esta reforma tuvo el objeto de suprimir de la Constitución Local la facultad del gobernador del Estado de conmutar las penas privativas de libertad.

26. - El Decreto Número 192, a través del cual, en lo que interesa, se reformó la denominación del ordenamiento; así como los artículos 2, 3, fracciones IV y XVIII; 4, fracción I, apartado B; 10, párrafo primero y fracción VI; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, párrafo primero; 18, 19, 20, párrafo segundo; 22, 23, 24 y 25. Además, se derogaron el artículo 3; el capítulo III denominado "De la conmutación de la pena" y los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, para quedar como sigue:

Ver denominación del ordenamiento y artículos reformados

27. Como se puede advertir del cuadro comparativo, por medio de esta reforma se eliminaron de la ley aquellas disposiciones vinculadas con la conmutación de penas, quedando subsistente únicamente la figura del indulto.

28. Además, se modificó el supuesto normativo establecido en el artículo 4, fracción I, apartado B, en el que se prevé la posibilidad de que las madres privadas de la libertad obtengan el indulto por gracia. La norma original señalaba que los hijos o hijas debían ser menores de dieciocho años, mientras que en la reforma se determinó que fueran menores de doce años.

29. 2) El trece de septiembre de dos mil diecisiete se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México el Decreto Número 244, en el que se reformaron diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley de Indulto del Estado de México, en sus artículos 1, 3, fracciones I, II y IV; 15, 20, párrafos primero y segundo; 22, 23 y 27, de tal forma que su redacción actual es la siguiente:

Ver redacción

30. De lo anterior se desprende que en esta última reforma se modificaron diversas porciones normativas de la Ley de Indulto para adaptarlas a una nueva estructura orgánica de la administración pública del Estado de México.

31. Con independencia de lo anterior, es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando las normas impugnadas sufren modificaciones posteriores, pero son de naturaleza penal, no se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, pues en el caso de declararse inconstitucionales, dicha declaratoria puede tener impacto en los procesos en los que hayan sido aplicadas durante la vigencia. Ello en términos del siguiente criterio:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. Conforme al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en las tesis de jurisprudencia P./J. 8/2004 y P./J. 24/2005, la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada, supuesto que se actualiza cuando ésta se reforma, modifica, deroga o abroga y que provoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho criterio es inaplicable cuando la norma impugnada es de naturaleza penal, ya que, acorde con los artículos 105, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal y 45 de la ley citada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dar efectos retroactivos a la declaración de invalidez que emita en relación con la impugnación de normas legales de esa naturaleza, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar, y nunca a perjudicar, a todos los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos. Además, debe tenerse presente que uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a aplicar la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada se haya reformado, modificado, derogado o abrogado, sigue surtiendo efectos respecto de los casos en los que el delito se hubiera cometido bajo su vigencia. Por ello, cuando en una acción de inconstitucionalidad se impugne una norma penal que posteriormente se modifica, reforma, abroga o deroga, este Alto Tribunal deberá analizarla en sus términos y bajo los conceptos de invalidez hechos valer, ya que una potencial declaratoria de inconstitucionalidad puede llegar a tener impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia."(13)

32. Refuerza esta posición el hecho de que en el artículo tercero transitorio del Decreto Número 192, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México(14) el tres de febrero de dos mil diecisiete, por el que se reformó la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, se estableció que los procedimientos penales iniciados hasta antes de su entrada en vigor continuarán su trámite hasta su conclusión conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de la comisión de los hechos delictivos que les dieron origen, lo que se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

33. En consecuencia, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia,(15) relativa a la cesación de efectos, pues los artículos impugnados, que regulan las figuras de conmutación de la pena e indulto por gracia, son de materia penal.

34. Por tanto, al no advertirse de oficio la actualización de algún otro motivo de improcedencia, se procede al estudio de fondo del asunto.

35. QUINTO.—Estudio de fondo. Por un lado, la Procuraduría General de la República impugna los artículos 2, 3 fracciones III y IV, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero y fracción VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, al considerar que las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 16, 21, párrafo tercero y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer y regular la facultad del gobernador del Estado para conmutar penas.

36. Por otro lado, argumenta que los artículos 4o., fracción I, apartado B y 6o., fracción II, de dicho ordenamiento, que regulan el indulto por gracia y la conmutación de la pena para mujeres con hijos menores de edad son contrarios a los artículos 1o., párrafos primero y quinto; así como 4o., párrafo noveno, de la Constitución Federal; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 2.2 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

37. De acuerdo con lo anterior, el estudio de fondo se desarrollará en los siguientes dos apartados.

38. I. Análisis de las normas que regulan la facultad del gobernador del Estado de México para conmutar las penas. Constitucionalidad de los artículos 2, 3, fracciones III y IV, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero y fracción VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17, párrafo primero, 18, 19, 20, párrafo segundo, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México.

39. Las normas impugnadas establecen, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Artículo 2. El presente ordenamiento tiene como objeto establecer las bases para que el gobernador pueda otorgar el indulto necesario y por gracia, así como conmutar las penas privativas de libertad a las y a los reos del fuero común que reúnan los requisitos señalados en esta ley y que por sentencia ejecutoriada se encuentran a su disposición."

"Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ...

"III. Conmutación de pena: a la facultad discrecional del Ejecutivo del Estado, que consiste en que una pena impuesta como resultado de una sentencia ejecutoriada podrá ser sustituida por otra menos severa para favorecer a la o al condenado.

"IV. Consejo Consultivo: al Consejo Consultivo de Indulto y Conmutación de Penas, órgano colegiado conformado por los titulares o representantes de la Consejería Jurídica, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, encargado de emitir opinión integral al gobernador respecto de la viabilidad para otorgar el indulto o la conmutación de penas. ..."

"Artículo 6. La conmutación de la pena podrá ser otorgada a facultad del gobernador, previo dictamen del Consejo Técnico, de conformidad al artículo 22 de esta ley, la cual beneficiará a las o los sentenciados siguientes:

"I. A personas mayores de 70 años de edad y que se le haya impuesto una pena privativa de libertad de hasta 4 años.

"II. A madres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de dieciocho años y que le haya sido impuesta una pena privativa de libertad de hasta 10 años.

"III. A mujeres embarazadas y que se les haya impuesto una pena privativa de libertad de hasta 15 años.

"IV. Enfermas o enfermos en fase terminal o crónico-degenerativa, dictaminados por una institución de salud pública y que la pena impuesta no exceda de 15 años.

"V. Tratándose de algún integrante de un pueblo indígena, que durante la tramitación y resolución del procedimiento penal se adviertan violaciones de fondo en el procedimiento penal y a sus derechos humanos."

"Artículo 7. Las o los solicitantes de la conmutación de la pena deberán reunir los siguientes requisitos:

"I. Que no haya sido sentenciado por delito grave.

"II. Haber sido considerado delincuente primario.

"III. Acreditar, mediante los estudios que al efecto realice el Consejo Técnico, ser apto para la reinserción social.

"IV. Contar con el informe, debidamente documentado, emitido por la dirección general, en el que se advierta la conducta del solicitante, los centros en los que se haya encontrado recluido, los motivos de sus reubicaciones, el tiempo que ha compurgado de la condena y las circunstancias en que la esté cumpliendo.

"V. Tratándose de personas enfermas en fase terminal, ser dictaminados por médico especialista de Institución de Salud Pública o perito oficial, independientemente del tiempo compurgado."

"Artículo 8. La pena de prisión podrá ser conmutada, previo dictamen del Consejo Técnico, por el titular del Ejecutivo del Estado, en los siguientes términos:

"I. Por multa, de cincuenta a trecientos (sic) unidades de medida y actualización, cuando la pena de prisión no exceda de cuatro años.

"II. De cincuenta a cuatrocientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad en actividades organizadas por instituciones públicas, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años.

"III. Por tratamiento en semilibertad, cuando la pena de prisión no exceda de diez años, con alteración de periodos de privación de libertad y tratamiento en libertad del siguiente modo:

"a) Externamiento durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión el fin de semana.

"b) Salida el fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta o salida diurna con reclusión nocturna.

"IV. Por tratamiento en libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, si le ha sido impuesta una pena mayor a tres y menor a quince años, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

"a) Que sea delincuente primario.

"b) Tratándose del delito de robo con violencia sólo cuando el monto de lo robado sea de hasta noventa veces el salario mínimo general vigente y no se hayan causado lesiones.

"c) Que alguna persona mayor de dieciocho años, con reconocida solvencia moral y arraigo se obligue a supervisar y cuidar que el beneficiado cumpla con las condiciones impuestas al momento de su liberación, la cual deberá residir en la misma localidad a la que se integrará el beneficiado dentro del Estado de México.

"d) Que compruebe contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le permita tener ingresos, o exhiba las constancias que acrediten que continuará estudiando.

"e) Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a las condiciones que le fueron fijadas para el otorgamiento del beneficio.

"f) Que no se encuentre sujeto a ningún proceso pendiente por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusión del fuero común o federal, sea cual fuere el delito.

"g) Que se cuente con los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de posicionamiento global en el domicilio laboral y de reinserción.

"h) Que se comprometa a no abandonar el perímetro permitido y a no comunicarse con la víctima u ofendido, familiares, ni testigos que depusieron en su contra, sin autorización judicial.

"i) Que cuente con domicilio laboral y de reinserción, que garantice la finalidad de la reinserción social."

"Artículo 9. Las o los reos que estimen estar dentro del supuesto para tramitar la conmutación de la pena, lo solicitarán por escrito al gobernador, quien lo turnará a la Secretaría General de Gobierno."

"Artículo 10. En ningún caso podrán gozar del indulto o conmutación de la pena: ...

"VI. Los internos que cuenten con reporte disciplinario de mala conducta y sanción impuesta el año anterior a la solicitud del indulto o conmutación de la pena."

"Artículo 11. No se tramitará el indulto o conmutación de la pena a las personas que tengan pendiente otro proceso, sino hasta que en ése se pronuncie sentencia ejecutoriada y ésta sea absolutoria."

"Artículo 12. Las autoridades penitenciarias darán a esta ley amplia publicidad y auxiliarán a las y los sentenciados en los trámites correspondientes, para en su caso obtener el indulto o conmutación de la pena."

"Artículo 13. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a solicitud de la o del interno, tendrá la obligación de asesorar y gestionar, gratuitamente, las solicitudes de indulto o conmutación de la pena."

"Artículo 15. Las o los sentenciados que estimen estar dentro del supuesto para tramitar el indulto o conmutación de la pena, lo solicitarán por escrito al gobernador, quien lo turnará al secretario General de Gobierno."

"Artículo 16. La sustanciación del indulto o conmutación de la pena se llevará a cabo por la dirección general."

"Artículo 17. La solicitud de indulto o conmutación de la pena deberá presentarse por los sentenciados, el defensor o sus familiares, acompañada de los documentos siguientes: ..."

"Artículo 18. La dirección general procederá a analizar, formular y calificar, las solicitudes de indulto o conmutación de pena y, en caso de que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, se lo comunicará a las o los promoventes, dando por terminado e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29927-2ff1d783/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-procurador-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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