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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ÚNICAMENTE CUANDO DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO AQUÉLLAS NO PUEDAN SER FORMULADAS DIRECTAMENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA). III. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA DETERMINAR CUÁLES SON LAS AUTORIDADES QUE PUEDEN RECIBIR DENUNCIAS, SOBRE HECHOS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO, POR SER UN ASPECTO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "ÚNICAMENTE CUANDO DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO AQUÉLLAS NO PUEDAN SER FORMULADAS DIRECTAMENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO" DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE SE REFIERE A ASPECTOS RESERVADOS AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO O DE LA LEY LOCAL QUE LO PREVEA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE: "ÚNICAMENTE CUANDO DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO AQUÉLLAS NO PUEDAN SER FORMULADAS DIRECTAMENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, 20 Y 25, ACÁPITE, FRACCIONES I, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "RECIBIR DENUNCIAS SOBRE HECHOS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITOS" Y "AL QUE DEBERÁN INFORMAR DE INMEDIATO, ASÍ COMO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS Y DEJARÁN DE ACTUAR CUANDO ÉL LO DETERMINE", Y II A LA XV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, 20 Y 25, ACÁPITE, FRACCIONES I, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "RECIBIR DENUNCIAS SOBRE HECHOS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITOS" Y "AL QUE DEBERÁN INFORMAR DE INMEDIATO, ASÍ COMO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS Y DEJARÁN DE ACTUAR CUANDO ÉL LO DETERMINE", Y II A LA XV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, 20 Y 25, ACÁPITE, FRACCIONES I, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "RECIBIR DENUNCIAS SOBRE HECHOS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITOS" Y "AL QUE DEBERÁN INFORMAR DE INMEDIATO, ASÍ COMO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS Y DEJARÁN DE ACTUAR CUANDO ÉL LO DETERMINE", Y II A LA XV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2016. · Registro digital (IUS): 28653
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-05-17
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo I, Pág. 263.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 28 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS los autos, para resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2016.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito presentado, el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que reclamó la invalidez del artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone "... únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público ...", expedido mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el veinte de febrero de dos mil dieciséis. El decreto fue emitido por el Poder Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla.

2. La representación social señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; y, 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la procuradora general de la República adujo lo siguiente:

a) Que el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Ley de la Fiscalía), en la porción normativa que dice: "únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público", viola los artículos 16, párrafo primero, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General.

El precepto impugnado establece que la Agencia Estatal de Investigación tiene la función de recibir denuncias, haciendo la aclaración de que será únicamente cuando por las circunstancias del caso no sea posible formularlas ante el Ministerio Público. A partir de lo anterior, la accionante señala que las obligaciones que en términos del artículo 25, fracción I, de la Ley de la Fiscalía, corresponden a la Agencia Estatal de Investigación, son las que el artículo 3, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, asigna a la policía de investigación.

Por ello, considera que el Congreso del Estado de Puebla, al expedir la fracción I del artículo 25 de la Ley de la Fiscalía, vulnera la Constitución General en dos vertientes: i) formal, al desbordar su ámbito de facultades en detrimento de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir normas únicas de carácter procedimental penal que le fue reservada mediante el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución; y, (ii) material, porque altera la fórmula contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, expone las razones por las cuales considera se actualizan dichas violaciones.

b) La accionante establece que el artículo 25, fracción I, de la Ley de la Fiscalía, en la porción normativa que dice: "únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público.", viola los artículos 14 y 16 constitucionales, porque genera confusión y una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al tratarse de una norma que se refiere a la obligación de la policía para recibir denuncias de hechos que puedan ser constitutivos de delito; aspecto que ya fue establecido por la autoridad competente (Congreso de la Unión) en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que de ningún modo cumple con los parámetros establecidos en dicho cuerpo normativo, propiciando inseguridad jurídica tanto a los justiciables como a los operadores de las normas.

En un plano fáctico, los policías de Puebla (investigadores ministeriales) estarán en la disyuntiva de si operar en términos de los artículos 132, fracción I, 221, 222 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por tanto, recibir las denuncias correspondientes; o en su caso, si como se lo señala la Ley de la Fiscalía, recibir las denuncias "únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público", lo que dicho sea de paso genera un ámbito de arbitrariedad por triple vía: primero, debido a que no están determinadas "las circunstancias del caso" en las que la policía podría negarse a recibir la denuncia; segundo, porque la definición de tales circunstancias quedará al arbitrio de lo que cada uno de los policías del Estado de Puebla considere; y tercero, porque este régimen excepcional en cuanto a la recepción de denuncias no hace sino obstaculizar el deber que todo ciudadano tiene de denunciar los hechos posiblemente constitutivos de delito, lo cual no sólo genera inseguridad jurídica, sino que desalienta el activismo social que en esta materia debe privar en toda sociedad democrática.

4. TERCERO.—Registro y turno. Mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 21/2016 y, por razón de turno, tocó fungir como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

5. CUARTO.—Admisión. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, para que rindieran sus respectivos informes.

6. QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. El director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, representante del Poder Legislativo de esa entidad federativa, rindió informe en el que manifestó lo siguiente:

a) Expuso las razones por las cuales el Congreso Estatal aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; enseguida, expresó que el artículo 25, fracción I, de la citada ley, señala que las funciones que realizará la Agencia Estatal de Investigación son únicamente en caso excepcional, es decir, cuando de las circunstancias se desprenda que no existe la posibilidad de formular denuncias sobre hechos constitutivos del delito ante el Ministerio Público; que esta situación de ninguna manera puede entenderse como un acto procedimental en materia penal, toda vez que dicho acto es un acto administrativo de recepción de denuncia por excepción. Señala que el procedimiento penal tiene su inicio ante la autoridad judicial, por lo que la actuación de la Agencia Estatal de Investigación se circunscribe a la materia administrativa, y no al procedimiento penal.

Por esa razón, considera que la porción normativa reclamada no invade la esfera de la competencia del Congreso de la Unión, ni viola los artículos 14 y 16 de la Constitución General, porque el Estado de Puebla se encuentra posibilitado para legislar en relación con la materia de atribuciones de la Fiscalía y de la Agencia Estatal de Investigación, a través de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

b) En refutación a los conceptos de invalidez expresados por la procuradora general de la República, señala –esencialmente– que el primer concepto de invalidez es inoperante porque la porción normativa impugnada se refiere únicamente a casos de excepción que establecen las atribuciones de la Agencia Estatal de Investigación para recibir denuncias cuando no existe posibilidad de formularlas ante el Ministerio Público; insiste en que el acto de recepción de una denuncia no constituye un acto procedimental en materia penal, por ser un acto administrativo de recepción de denuncia por excepción. Para justificar su afirmación, trascribe en lo esencial el "Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal única" y expone las razones por las cuales considera que, en el caso, la legislatura poblana no invadió la esfera de competencias del Congreso de la Unión.

Sostiene que lo argumentado por la procuradora general de la República en el segundo concepto de invalidez también es inoperante, pues la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, es una ley que establece las atribuciones administrativas de la Agencia Estatal de Investigación; y, en el caso, específico, se refiere a una actuación de la policía en el ámbito de una atribución meramente administrativa.

Insiste en que el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla no invade el ámbito de competencia reservado al Congreso de la Unión, pues no constituye una norma procedimental penal, ni se refiere a mecanismos alternativos de solución de controversias, ejecución de penas o justicia penal para adolescentes.

Hace una distinción entre normas de carácter sustantivo y normas adjetivas o de naturaleza procedimental, para que a partir de ello se establezca que en materia penal, una norma adjetiva es aquella que tiene una función meramente instrumental y regula el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los fines del proceso, por lo que la porción normativa analizada –dice– no establece cómo debe realizarse una actividad, sino sólo enuncia una de las atribuciones con que cuentan los investigadores ministeriales, como miembros de la Agencia Estatal de Investigación.

7. SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. El consejero jurídico del gobernador del Estado de Puebla, en representación del Ejecutivo Estatal, rindió informe en el que manifestó lo siguiente:

a) La expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en específico, la porción normativa impugnada, no se contrapone a la competencia concedida al Congreso de la Unión, conforme el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General; y que la facultad para expedir dicha ley también encuentra sustento en lo previsto por el artículo octavo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser complementaria de esta última.

b) Establece que la norma impugnada no genera violaciones formales ni materiales. Primero, porque, en su concepto, no se trata de una norma procedimental, ya que no regula el desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los fines del proceso penal, sino sólo enuncia una de las atribuciones de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que no invade el ámbito de competencia reservada al Congreso de la Unión; asimismo, porque la ley impugnada es complementaria del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la facultad concedida a la Agencia Estatal de Investigación no impacta en lo absoluto en el proceso penal.

c) Aduce que la norma impugnada no genera violaciones materiales, porque en ella no se establece una antinomia con lo regulado en el código nacional citado, ni modifica las reglas para la recepción de denuncias previstas en éste, pues el artículo 22 de dicho compendio establece que las denuncias deben presentarse ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía; es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a la policía a recibir denuncias en casos de urgencia, esto es, cuando no se pueda acudir al Ministerio Público.

8. SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

9. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos décimo sexto transitorio del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, en relación con la vigencia del inciso c) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción, entre una parte del contenido normativo del artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con diversos preceptos de la Constitución General.

10. SEGUNDO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo, debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

11. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que contiene la fracción I del artículo 25 (impugnada por esta vía), fue publicada en el Periódico Oficial de esa entidad, el sábado veinte de febrero de dos mil dieciséis.(1) Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del domingo veintiuno de febrero al lunes veintiuno de marzo de dos mil dieciséis.

12. En el caso, según consta en el sello asentado al reverso de la foja treinta y dos del expediente, la demanda se presentó el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.

13. TERCERO.—Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Arely Gómez González en su carácter de procuradora general de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la República.(2)

14. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable,(3) la procuradora general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad, respecto de leyes estatales que contraríen el orden constitucional; luego, en el caso, dicha funcionaria promovió la acción en contra del artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone: "...únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público ...", y si ese precepto está inmerso en una ley de naturaleza estatal, es evidente que la actora tiene legitimación para impugnarlo.

15. Apoya esta conclusión la tesis de jurisprudencia P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(4)

16. CUARTO.—Causales de improcedencia. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no hacen valer causas de improcedencia; no obstante, este Tribunal Pleno advierte que el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla (precepto legal que será analizado en esta acción de inconstitucionalidad), se modificó mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, eliminando precisamente la parte impugnada en este asunto, donde se establecía que: "... únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público ...".

17. En efecto, el precepto impugnado establecía:

"Artículo 25. Las funciones que realizará la Agencia Estatal de Investigación serán las siguientes:

"I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine; ..."

18. Por consecuencia del decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el precepto impugnado establece:

"Artículo 25. Las funciones que realizará la Agencia Estatal de Investigación serán las siguientes:

"I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, debiendo informar al Ministerio Público competente por cualquier medio de las diligencias practicadas hasta el momento; ..."

19. A pesar de esta modificación, este Tribunal Pleno considera que ello no da lugar a que se actualice la causal de improcedencia, prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, relativa a la cesación de efectos del precepto impugnado, puesto que al ser una norma de naturaleza penal, opera la excepción constitucional y legal conforme a la cual, ante una eventual declaratoria de invalidez, ésta tendrá efectos retroactivos, por lo que no podría sostenerse la cesación de efectos de la norma impugnada.

20. En función de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que, a pesar de la modificación que sufrió dicha porción normativa mediante el decreto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el caso, no se actualiza la causal de improcedencia citada.

21. No habiendo diversa causal de improcedencia advertida de oficio, por este Tribunal Pleno, se procede al estudio del fondo del asunto.

22. QUINTO.—Estudio. En el primer concepto de invalidez la procuradora general de la República aduce que el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone: "... únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público ...", es inconstitucional, en virtud de que invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que en su concepto, dicho norma pretende regular cuestiones propias del proceso penal, a pesar de que la Legislatura Estatal, por disposición constitucional, carece de atribuciones para legislar sobre esta materia.

23. Es fundado este argumento, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

24. El artículo impugnado establece lo siguiente:

"Artículo 25. Las funciones que realizará la Agencia Estatal de Investigación serán las siguientes:

"I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, únicamente cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine; ..." Énfasis añadido.

25. Por su parte, el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aduce violado, prevé lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXI. Para expedir:

"...

(Reformado, D.O.F. 2 de julio de 2015)

"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

"Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

"En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales." Énfasis añadido.

26. Cabe señalar que esta disposición ha sido modificada por última ocasión mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de julio de dos mil quince, en cuyo primer párrafo del inciso c), sólo se agregó: "... justicia penal para adolescentes ..."; asimismo, mediante decreto publicado el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en el mismo órgano de difusión, se agregó: "... en materia penal ..."; por lo que es a la luz de este texto que deben estudiarse los conceptos de invalidez, en conformidad con la jurisprudencia P./J. 12/2002, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER."(5)

27. La referida norma constitucional, en lo que interesa, prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar sobre esos temas.

28. En términos de este precepto, al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley única, el proceso penal y demás supuestos supracitados, se privó a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, para legislar en relación con esa materia.

29. La reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, tiene como finalidad la unificación de las normas aplicables a todos los procesos penales a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional; así se advierte de lo expuesto durante el procedimiento legislativo:

Dictamen de la Cámara de Senadores (Origen):

"... A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales, en particular en el aspecto procedimental, obedece al hecho de que, tanto la Federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en esta materia en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.

"...

"En vista de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo expuesto en la iniciativa, cuando señala que resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.

"...

"Por lo anterior, se comparten las razones que se expresan en la exposición de motivos de la iniciativa presentada, el 14 de febrero de 2013, por el senador Roberto Gil Zuarth, cuando sostiene: ‘Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han realizado las modificaciones normativas necesarias y, por lo tanto, ya se han expedido nuevos Códigos de Procedimientos Penales, se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa, entre otros, en torno a los siguientes aspectos:

"• No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo.

"• Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas.

"• Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución.

"• No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por ello, se prevé de manera escasa el uso de técnicas modernas de investigación.

"• No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder.

"• Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

"• No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal, auto de vinculación a proceso, es diferente o no al tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes o no.

"• Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso.

"• Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 2008 al artículo 20 constitucional, procede o no la libertad provisional bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos.

"• Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión sobre los términos a utilizar (datos, medios, elementos de prueba), y si sólo puede hablarse de ‘prueba’ cuando ésta haya sido desahogada en la audiencia del juicio y no antes.

"• No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la sentencia condenatoria y de los presupuestos para la imposición de una pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la individualización judicial de la pena.

"• Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio, cuáles deben ser y cuándo proceder.

"• Lo mismo sucede con los procedimientos penales especiales; entre otros.

"Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades federativas ponen sobre relieve, por un lado, que en la actualidad existen diferencias procedimentales que impactan en la calidad de justicia que recibe la ciudadanía y, por el otro, que la ausencia de una pauta nacional ha provocado que la interpretación e implementación del modelo acusatorio, en general, quede a discreción de las autoridades locales.

"Lo cierto es que, a diferencia de otros países que cuentan con una sola jurisdicción, en México, el proceso de implementación de un nuevo sistema de justicia resulta ser una tarea de especial complejidad pues implica lidiar con una doble jurisdicción, federal y local. Y, en este último ámbito, tal como ha sido argumentado, con un cúmulo de criterios diversos, e incluso encontrados, respecto de contenidos constitucionales.

"Ahora bien, conceder al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley Nacional en Materia de Procedimientos Penales no implica modificar el arreglo jurisdiccional existente.

"Es decir, se dejan a salvo las facultades, tanto de la Federación como de las entidades, para legislar en materia sustantiva penal y, desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones."

Dictamen Cámara de Diputados (revisora):

"b) Materia procesal penal y la facultad del Congreso

"En el inciso ‘c’, se establece lo trascendental de esta reforma, dado que ahí se le otorgan las facultades para legislar en materia procesal penal unificada para toda la República.

"En este rubro, es necesario mencionar que desde hace varias décadas prevaleció el sistema penal inquisitorio en nuestro país, durante la vigencia del mismo, se llegaron a presentar dentro de la práctica diversas percepciones que fueron deteriorando este sistema.

"Es por ello, que el año del 2010, se transformó el sistema inquisitorio a un sistema acusatorio basado en los principios de oralidad, debido proceso, inmediatez, publicidad entre otros, así a través de ello, se busca el perfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, pretendiendo eliminar pésimas prácticas y con el objetivo la pretensión primordial de lograr un verdadero respeto de los derechos humanos que nuestra Carta Magna establece.

"Contar con un sistema procesal penal que dé certidumbre, eficacia y transparencia, es la pretensión de cada uno de los legisladores que integramos esta Comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra Nación con una estructura penal óptima, para lograr esto se deben realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. Se tiene claro que el tema es complicado, por esa complejidad es que la reforma constitucional publicada en el D.O.F. el 18 de junio del 2008, estableció en su parte transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho años a partir del día siguiente de su publicación para que entrara en vigor estas reformas, es decir, que en el 2016, se tendría que tener unificado todos los sistemas penales de nuestro país.

"En este rubro el proyecto que contiene la minuta en dictamen es una parte coyuntural que las acciones que permitan a (sic) logar los objetivos del sistema acusatorio penal, por ello, los diputados integrantes de esta Comisión afirmamos categóricamente que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal es construir con bases sólidas un Estado de derecho óptimo en su ejercicio.

"...

"Qué eleme

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28653-c11714f1/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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