I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL, QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LAS NORMAS RELATIVAS AL DESTINO DE BIENES OBJETO DE UN EMBARGO PRECAUTORIO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 26 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y norma impugnada. Por oficio presentado el treinta de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su calidad de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Colima.
b) Autoridad promulgadora: Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
La norma impugnada es el artículo 46, fracción I, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima, publicado mediante Decreto Número 59 en el Periódico Oficial de la entidad el primero de marzo de dos mil dieciséis.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La promovente planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
1) El artículo 46, fracción I, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima vulnera los artículos 16, párrafo primero, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al facultar al Juez local para ordenar, además del embargo precautorio de bienes, la entrega de los mismos a la víctima, invade la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal.
El precepto impugnado es de carácter adjetivo penal, materia sobre la cual el Congreso Local no tiene atribuciones para legislar, ya que a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, las entidades federativas ya no pueden expedir legislación en esta materia.
El artículo impugnado regula la actuación del Juez Local dentro del juicio penal, pues dispone que el Juez podrá ordenar la entrega a la víctima de los bienes embargados con motivo de la reparación del daño, lo que indudablemente corresponde al procedimiento penal regulado por el Congreso de la Unión en la legislación nacional.
En efecto, de acuerdo con el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución General, la reparación del daño es un derecho de la víctima o del ofendido dentro del proceso penal, por lo que todo precepto que tenga como finalidad hacer efectivo ese derecho debe considerarse una norma de naturaleza adjetiva penal.
Ahora, a partir de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, cualquier norma emitida por los órganos legislativos locales que tenga como propósito regular el procedimiento penal acusatorio es inconstitucional. De este modo, si bien la norma impugnada se encuentra en un ordenamiento sustantivo como el Código Penal de la entidad, introducir al sistema estatal una norma de carácter procesal rompe con la uniformidad que la Constitución General estableció para esta materia.
Esta situación queda aún más clara cuando se toma en consideración el principio de reserva de código, que se desprende del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, el cual pretende evitar que se genere incertidumbre jurídica. Para ello, obliga al legislador nacional a concentrar toda la producción normativa en materia procesal penal, a efecto de lograr una implementación congruente del nuevo sistema penal acusatorio.
Así, la intención del Poder Constituyente, al establecer el referido principio de reserva de código para materias como la procesal penal, es atribuir al Congreso de la Unión la facultad de expedir la legislación única, por lo que no debe existir otra de su especie.
En razón de lo anterior, el legislador de Colima se extralimitó en sus facultades, al regular cuestiones relativas al embargo dentro del proceso penal, lo cual, ya se encuentra previsto en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En dicho precepto el legislador atrajo las reglas generales del embargo establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles al ámbito de la legislación única, lo cual debe leerse en una lógica de atracción y no de reenvió, es decir, el legislador nacional tuvo por reproducidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales las reglas generales del embargo establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
De este modo, se preservó la homogeneidad normativa en esta materia que permita la implementación del sistema penal acusatorio; de lo contrario, cada entidad federativa tendría su propia regulación en relación con los embargos como mecanismo para garantizar la reparación de daño en el procedimiento penal.
Así, en la medida en que la reparación del daño se reconoce como un derecho a la víctima dentro del procedimiento penal, toda norma que establezca la forma en que puede ejercerse ese derecho debe considerarse como una norma adjetiva penal, por lo que procede declarar su invalidez.
2) El artículo 46, fracción I, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución General, pues vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.
La inseguridad jurídica se actualiza en una doble vía: en primer lugar, ya que el Congreso de Colima emite normas sin poseer la competencia para ello, generándose la incertidumbre de si resultan o no aplicables en el proceso penal acusatorio; en segundo lugar, debido a que se trata de reglas que no contienen la especificidad requerida en la materia de embargo.
De esta manera, los operadores jurídicos en el Estado de Colima no sabrán si deben aplicar la regla establecida en el artículo impugnado, o si deben aplicar las reglas generales previstas en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que procede declarar la invalidez del precepto que se impugna.
TERCERO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los artículos de la Constitución General que se estiman vulnerados son el 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 73, fracción XXI, inciso c).
CUARTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 23/2016.(1)
Asimismo, se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, por razón de turno, fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
Por acuerdo de la misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.(2)
QUINTO.—Informe de la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Colima, al rendir su informe, en síntesis, señaló:
Mediante oficio SGG-455/2015, de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el secretario general de Gobierno turnó al Poder Legislativo de Colima la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal vigente que comprende el sistema acusatorio, al Código Penal que comprende el sistema inquisitivo y a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Entre dichas reformas se contemplaba adicionar el párrafo segundo a la fracción I del artículo 46 del Código Penal para el Estado de Colima.
En la misma fecha se turnó la iniciativa a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos constitucionales en donde, agotados los trabajos de estudio, análisis y discusión, se elaboró el dictamen correspondiente, mismo que fue presentado al Pleno en sesión celebrada el día quince de febrero de dos mil dieciséis. Así, el primero de marzo de ese mismo año, se expidió el Decreto 59, el cual es materia de la presente acción de inconstitucionalidad.
En otro orden de ideas, se informa que la adición de la fracción I del artículo 46 del Código Penal para el Estado de Colima, es objeto de análisis por parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para su reforma.
SEXTO.—Informe de la autoridad promulgadora del decreto impugnado. El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (sic), al rendir su informe, señaló:
Por principio de cuentas, el Poder Ejecutivo de Colima no advierte causal de improcedencia que deba hacerse valer, sin perjuicio del estudio de las mismas que realice el Ministro instructor.
Ahora, de acuerdo con la promovente, la emisión del Decreto Número 59, viola una reserva competencial absoluta instituida por el Constituyente a favor del Congreso de la Unión. Al respecto, el Gobernador Constitucional del Estado de Colima coincide en la relevancia que tendrá para el país el hecho de que este Tribunal Pleno formule pronunciamiento sobre el alcance del nuevo régimen de legislación única en materia procedimental penal.
Al margen de lo anterior, el Poder Ejecutivo estima que, en el caso, la cuestión efectivamente planteada, consiste en determinar, si la norma general impugnada constituye una norma de naturaleza materialmente penal y, a su vez, una norma de carácter procedimental.
De este modo, no sólo es necesario que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia formule los pronunciamientos relativos al alcance de la legislación única prevista en el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General, pues para determinar la validez de la norma también debe determinarse si la misma puede considerarse como parte de la materia "procedimental penal".
La determinación sobre el alcance y naturaleza de una norma general que prevé un régimen de garantía para la reparación del producto de un delito, revisten amplia importancia y trascendencia, y permitirán a las Legislaturas de las entidades federativas ejercer con certeza las competencias legislativas que conservan en materia civil, así como en materia sustantiva penal, ámbitos de facultades que no se encuentran reservados con exclusividad al Congreso de la Unión.
En relación con la reparación del daño, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las tesis 1a. CXIX/2016 (10a.) y 1a. CXXII/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. SU NATURALEZA CIVIL." y "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL.". Partiendo del criterio que adopte el Tribunal Pleno respecto a la naturaleza civil o penal de la reparación del daño por la comisión de un delito, podrá, a su vez, delinearse un criterio respecto de aquellas normas relativas a los mecanismos para garantizarla, entre ellos la del embargo precautorio de bienes y la entrega de tales bienes a la víctima u ofendido.
El Poder Ejecutivo de Colima estima que debe tomarse en consideración que el propio legislador federal, al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció, en su artículo 138, que el embargo se regirá por las reglas generales previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, ha coincidido en la naturaleza civil de la reparación del daño, y que una de las providencias precautorias que pueden emplearse en el proceso penal sea regida conforme a su propia naturaleza.
Ahora bien, es relevante distinguir el embargo de bienes vinculado con la garantía de la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, del embargo de bienes del imputado en un proceso penal como medida cautelar en el procedimiento penal, previsto en la fracción III del artículo 155 del Código Nacional. En este último caso, la institución del embargo de bienes tiene naturaleza penal; en cambio, ello no es tan evidente cuando se trata de regular e implementar la garantía del derecho humano a la reparación del daño, figura de naturaleza eminentemente civil.
Por otro lado, el Pleno también podrá pronunciarse sobre la naturaleza procedimental o sustantiva de las normas relativas a la reparación del daño producto de la comisión de un delito, considerando que son instrumentales a la garantía del derecho humano a la reparación del daño y la justa indemnización, tutelado por la Constitución General y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, el Poder Ejecutivo considera que será relevante el pronunciamiento del Tribunal Pleno cuando analice si, derivado de la reserva competencial exclusiva para expedir la legislación única en materia procedimental penal, los Estados se encuentran vedados para ampliar la protección de derechos humanos instituyendo normas que garanticen el derecho fundamental de la víctima a la reparación el daño producto del hecho delictivo.
SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos de la procuradora general de la República, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(3).
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su formulación anterior al decreto de reforma de diez de febrero de dos mil catorce;(4) el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución General.
SEGUNDO.—Oportunidad. En primer término, se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.
El artículo 46, fracción I, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el primero de marzo de dos mil dieciséis,(5) por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada que debe hacerse el cómputo del plazo respectivo.
Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el plazo de treinta días para promover la presente acción transcurrió del martes dos al jueves treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.
En consecuencia, toda vez que el escrito inicial se presentó el treinta de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(7) la presente acción de inconstitucionalidad resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
En el caso suscribe la demanda Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(8)
Ahora, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(9) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal.
Esta disposición fue reformada el diez de febrero de dos mil catorce, estableciendo ahora que tiene legitimación "el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas". Por otro lado, mediante dicha reforma también se adicionó el inciso i), con el propósito de señalar que tiene legitimación "el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones".
No obstante lo anterior, el artículo décimo sexto transitorio de la mencionada reforma constitucional(10) establece, específicamente, que las adiciones y reformas al artículo 105 entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias en virtud de las reformas, siempre que el propio Congreso haga la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
En este sentido, toda vez que no ha sido emitida la ley relativa a la Fiscalía General de la República ni se ha hecho la declaratoria correspondiente, es evidente que sigue en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105.
Por tanto, si, en el caso, la procuradora general de la República plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Colima, es claro que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
CUARTO.—Procedencia. Esta Suprema Corte advierte que el once de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el Decreto 104, mediante el cual se derogó el párrafo segundo de la fracción I del artículo 46 del Código Penal de la entidad,(11) como se observa en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
Sin embargo, no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(12) pues si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada,(13) en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, este tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias que dicte en relación con normas de naturaleza penal; por tanto, aun cuando la norma sea reformada, no procede sobreseer, ya que la eventual declaratoria de invalidez podría surtir efectos.(14)
En el caso, el precepto impugnado prevé una garantía para la reparación del daño. Tal medida es decretada por resolución judicial, a solicitud de la víctima, ofendido o del Ministerio Público, y bajo apercibimiento de restitución en caso de que se dicte una sentencia absolutoria,(15) por lo que se trata de una norma aplicable en el marco del procedimiento penal. En consecuencia, al ser posible emitir un fallo con efectos retroactivos, no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos y, por tanto, este Tribunal Pleno procede a analizar el fondo del asunto.
QUINTO.—Estudio de fondo. En su primer concepto de invalidez, la procuradora general de la República impugna el artículo 46, fracción I, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Colima, pues estima que, al facultar al Juez Local para ordenar, además del embargo precautorio de bienes, la entrega de los mismos a la víctima, el Congreso de Colima reguló una cuestión que corresponde al ámbito procedimental penal, invadiendo la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esta materia.
La competencia del Congreso de la Unión que se aduce invadida se encuentra prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, que establece lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para expedir:
"...
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común."
Dicho precepto fue interpretado por este Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 12/2014,(16) 107/2014(17) y 106/2014,(18) en sesiones de siete de julio y veinte de agosto de dos mil quince, y veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en los siguientes términos:
– El mencionado artículo se introdujo a la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, y fue modificado posteriormente por decreto publicado el dos de julio de dos mil quince. De acuerdo con su contenido, el Congreso de la Unión es competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
– Según se advierte de lo expuesto durante el procedimiento legislativo, la citada reforma constitucional tuvo como finalidad la unificación de las normas aplicables a todos los procesos penales, a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional.
– Esto es, la reforma se inserta en el marco de transición del modelo de justicia penal preponderantemente inquisitorio a uno acusatorio y oral, pues de la experiencia de los Estados en los que se han emitido las normas procesales aplicables a dicho sistema, se advierte que resulta necesaria la homogeneidad normativa para la eficaz operatividad del sistema, toda vez que las profundas diferencias entre una entidad y otra impactan en la calidad de la justicia, en tanto la interpretación de las figuras y la implementación en sí, ha quedado a discreción de cada autoridad local.
– En términos del régimen transitorio,(19) dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el nueve de octubre de dos mil trece, señalando como fecha máxima de entrada en vigor de la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos y de ejecución de penas que debería expedir el Congreso de la Unión, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
– De acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto de reforma constitucional en el que se facultó, de manera exclusiva, al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia penal, los Estados ya no pueden normar al respecto, pues han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas.
– Sin embargo, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha, lo que se corrobora con el contenido del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales,(20) conforme con el cual, los procedimientos penales que a la entrada en vigor se encuentren en trámite continuarán su sustanciación en términos de la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
– El Congreso de la Unión, en ejercicio de la citada atribución, expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, estableciendo que su entrada en vigor se hará de manera gradual sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, en los mismos términos del transitorio constitucional a que se hizo referencia.(21)
– De acuerdo con su artículo 2o., el objeto del código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos,(22) por lo que todos los aspectos que dentro de esos rubros se encuentren ahí regulados, no pueden ser parte de las normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que el Código Nacional es de observancia general en toda la República para los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales.(23)
– En términos del transitorio octavo(24) del Código Nacional, la competencia de las entidades federativas se limita a la expedición de las normas complementarias que resulten necesarias para su implementación, las cuales tienen un carácter instrumental.
Adicionalmente, al fallarse la acción de inconstitucionalidad 52/2015,(25) se precisó que:
– Si bien, en virtud de la reforma que facultó exclusivamente al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia penal, los Estados han dejado de tener competencia para legislar sobre esa materia, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo octavo transitorio, permite a las entidades un margen de actuación legislativa, a efecto de instrumentar internamente sus leyes, es decir, complementarlas en la medida en que resulten necesarias para la implementación de dicho ordenamiento.
Ahora bien, en el caso concreto, se impugna el segundo párrafo de la fracción I del artículo 46 del Código Penal para el Estado de Colima, que señala lo siguiente:
"Artículo 46. Reglas generales para su determinación.
"Para la debida reparación del daño se estará a lo dispuesto en el artículo anterior y en las siguientes reglas:
"I. La reparación del daño será fijada por el Juez según el daño que sea preciso reparar y de acuerdo con los elementos obtenidos durante el proceso;
"Para garantizar la reparación del daño, si no estuviera asegurada por otros medios, el Juez a solicitud de la víctima, del ofendido o del Ministerio Público, puede ordenar, además del embargo precautorio de bienes la entrega de los mismos, a favor de la víctima u ofendido, siempre que se haya demostrado la propiedad o posesión, quedando como depositario bajo apercibimiento de restitución en caso de que se dicte sentencia absolutoria."
El precepto impugnado faculta al Juez para ordenar que los bienes que han sido objeto de embargo precautorio sean entregados a la víctima u ofendido en calidad de depósito bajo apercibimiento de restitución en caso de que se dicte sentencia absolutoria.
A juicio de este Tribunal Pleno, dicha medida reviste una naturaleza procedimental penal, pues de la lectura integral del artículo 46 del Código Penal para el Estado de Colima(26) se advierte que la entrega de los bienes objeto de un embargo precautorio, es una resolución dictada por un Juez, a solicitud de la víctima, del ofendido o del Ministerio Público, en el marco de un procedimiento penal, cuya finalidad es asegurar la reparación del daño en caso de dictarse sentencia condenatoria y, en tal sentido, reviste la naturaleza de medida precautoria.
Así, en tanto el precepto impugnado establece una providencia precautoria que puede dictarse por medio de resolución judicial en el desarrollo de la investigación de los delitos a efecto de garantizar la reparación del daño a las víctimas, es claro que no se trata de un precepto necesario para implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales –respecto de lo cual, el Congreso Local conserva competencia para legislar–, sino de una norma cuya naturaleza es procedimental penal aun cuando se encuentra prevista en el Código Penal para el Estado de Colima, que es de carácter sustantivo.
Adicionalmente, cabe señalar que en relación con las providencias precautorias para la restitución de los derechos de las víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente:
"Título VI
"Medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso y medidas cautelares
"Capítulo I
"Medidas de protección y providencias precautorias
"Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima
"Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez las siguientes providencias precautorias:
"I. El embargo de bienes, y
"II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.
"El Juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.
"Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público.
"Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño.
"La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles."
Como se observa, al igual que el precepto impugnado, el Código Nacional prevé el embargo precautorio de bienes como medida cautelar que puede dictarse durante la investigación para garantizar la reparación del daño; pero, además, establece las reglas por las cuales deben regirse las providencias precautorias que, en el caso del embargo, son aquellas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Lo anterior no sólo corrobora el carácter procedimental penal de la medida prevista en el precepto impugnado; sino que muestra que el Congreso del Estado de Colima, al facultar al Juez para ordenar la entrega de los bienes que han sido objeto de embargo a la víctima u ofendido, modalizó las reglas previstas por el Congreso de la Unión para el embargo como una providencia precautoria en el proceso penal, respecto de lo cual no tiene competencia.
De este modo, toda vez que las normas que rigen las providencias pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28305-9ca86d94/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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