I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DE LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ANTE LA AUSENCIA DE LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SU SECRETARIO EJECUTIVO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 26 Y 43, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL Y DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 112, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA LEY AVALADA POR LA AMPLIA MAYORÍA DE UN CONGRESO ELEGIDO DEMOCRÁTICAMENTE QUE RESPETA LAS NORMAS DE DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA ESTÁ REVESTIDA DE UNA FUERTE PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020) IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTEN EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. AUSENCIA DE VIOLACIONES CON POTENCIAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO QUE CULMINÓ CON LA EMISIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ES INFUNDADA LA SUPUESTA OMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO LOCAL DE CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA CON MENOS DE DOCE HORAS DE ANTICIPACIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN SE REPARTIERA EN UN PLAZO MENOR A LAS VEINTICUATRO HORAS QUE EXIGE LA LEY, PERO MAYOR A DOCE HORAS PARA QUE SE CONVOQUEN A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FORMAL A DICHO PROCEDIMIENTO QUE NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE, YA QUE NO TRASCENDIÓ DE MANERA FUNDAMENTAL AL CONTENIDO DE LA LEGISLACIÓN COMBATIDA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. LA ASISTENCIA DE VEINTIÚN DIPUTADOS, DE LOS CUARENTA QUE INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL, REPRESENTA LA MITAD MÁS UNO Y ACTUALIZA EL REQUISITO DE QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRAR UNA SESIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 330, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 29 DE MAYO DE 2020). XIV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LOS PUE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 168/2020 Y SU ACUMULADA 177/2020. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 31 DE MAYO DE 2022. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA Y CARLOS EDUARDO MICHEL REGALADO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, contra la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante Decreto 330, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de mayo de dos mil veinte.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. El tres de agosto de dos mil veinte, se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas demandas de acción de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo(1) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante Decreto 330, publicado en el Periódico Oficial dicha entidad federativa el veintinueve de mayo de dos mil veinte.
2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo. Específicamente, se señalaron como autoridades demandadas al Congreso, al titular del Ejecutivo, al secretario de Gobierno y al director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo.
3. Conceptos de invalidez. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo,(2) manifestó en esencia, lo siguiente:
Primero. Violación del derecho a la consulta previa en materia indígena.
1.1. Refiere que la Corte ha establecido que donde existen comunidades de origen –pueblos indígenas (sic)–, el Legislativo no goza de una facultad discrecional soberana, sino que su marco de atribuciones está limitado por el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos de origen; por lo que previo a emitir cualquier norma debe realizarse una consulta para determinar si se está o no de acuerdo con la nueva disposición normativa.
1.2. Precisa que, en el Estado de Michoacán de Ocampo, existe un Consejo Mayor de Cherán –que se equipara a un Municipio–, así como Tingambato, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y Santa Fe de la Laguna, que son comunidades autónomas de naturaleza indígena, constituidas por medio de sentencias de tribunales.
1.3. Expone que el decreto impugnado impacta directamente en la forma y términos en que se planeará, desarrollará, ejecutará, evaluará e impartirá la educación en el Estado de Michoacán de Ocampo, lo que incidirá en la organización y atribuciones –derecho a la propia cultura en su vertiente indígena– de regiones enteras en donde se asientan pueblos originarios.
Segundo. Violación a la cláusula democrática en el diseño, planeación, evaluación y ejecución de las políticas públicas en materia educativa, así como en la impartición de la educación.
2.1. Señala que la Corte ha establecido la cláusula democrática que se debe incluir en toda legislación, que permita a los gobernados intervenir de forma directa –mediante el voto libre, directo y secreto– en el diseño, planeación, supervisión, evaluación, ejecución de políticas públicas.
2.2. Refiere que en el caso a estudio, el articulado de la ley impugnada, impone ex ante y por sí misma, los valores, forma de planear, gestionar los recursos humanos y financieros, impartir la educación, dado que atribuye tales actividades a las autoridades administrativas, lo que de suyo, impide a los educandos y sus familiares participar activamente en tales actividades, ya que la ley les asigna un rol o papel secundario, indirecto o mediato, dejando a la autoridad la actividad principal o preponderante en el diseño de la currícula y materiales educativos.
Tercero. Violación al derecho a la no discriminación, igualdad y al derecho de familia amplio y sujeto a libre configuración social.
3.1. Establece que la Corte ha sostenido en jurisprudencia firme que el concepto familia contenido en la Constitución Federal, se erige como una cláusula abierta e ilimitada, mediante la cual cada uno de los gobernados, pueden determinar, de conformidad con libre albedrío y contenido emocional, a quiénes acercan a su plan de vida llamándoles familiares.
3.2. Refiere que en la ley impugnada se indica que en la educación "la autoridad fomentará", lo que consideran que implica una función discrecional y no obligatoria. Asimismo, exponen que la ley establece que participan: a) la autoridad educativa; b) los educandos; y, c) los padres.
Manifiestan que se menciona a la comunidad educativa, pero en la ley no se desprende que se asigne algún rol de intervención directa, por lo que se limita la posibilidad de que en ella participen otras personas que el educando puede considerar su familia, independientemente de que no sean sus padres con los cuales genera una exclusión ilícita, que genera discriminación por contener una categoría sospechosa.
Cuarto. Nivel más alto educativo versus derecho a lo posible.
4.1. Expone que existen derechos en que el Estado no puede cimentar su actividad en el derecho a lo posible –lo que alcance a otorgar según su posibilidad económica–, sino que, en derechos básicos, elementales, primarios o eje, el Estado debe generar el más alto nivel, incluso, realizando gestiones para conseguir recursos con que no cuente, con tal de cubrir la totalidad del derecho de que se trate.
4.2. Que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, indican que el derecho a la educación es de naturaleza transversal, ya que catapulta o despliega otros derechos, pues el acceso a la educación genera que otras garantías sean ejercidas.
4.3. Que el derecho a la educación, debe ser ejercido al nivel más alto sin escatimar recursos –humanos, financieros y económicos–, a efecto de no limitar, coartar o restringir tal derecho.
Lo anterior, refiere, que la ley impugnada, en el artículo 29, fracción VIII, y de la lectura del resto del sistema normativo, se advierte que limita o restringe el derecho a la educación a que se cuente o tenga posibilidad financiera –se otorgará el derecho a la educación en tanto se lo permita el presupuesto–, lo cual pugna con el nivel más alto a la educación, pues supedita este derecho a la posibilidad económica del Estado, lo cual no es factible jurídica, social ni humanamente, pues con tal proceder se desnaturaliza dicho derecho, incumpliéndose con sus objetivos.
Quinto. Inobservancia del derecho humano más alto posible a la educación básica o inicial –deber de otorgamiento o garantía– por restricciones presupuestales del Estado.
Refiere que los artículos 62 y noveno transitorio de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de mayo de 2020, resultan violatorios del numeral 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dejar al arbitrio de las autoridades educativas del Estado, garantizar o no la educación inicial, dado que disponen que éstas en el ámbito de su competencia, preverán de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los recursos presupuestales necesarios para garantizar la prestación de los servicios de educación en cita.
Sexto. Falta por no garantizar que los centros de educación cuenten con al menos un docente profesional en educación especial.
Lo anterior, porque los artículos 60, párrafo segundo, y noveno transitorio de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, preverán de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los recursos presupuestales necesarios para garantizar la prestación de los servicios de educación especial; incluso, refiere, el primer artículo citado específicamente establece que cada centro educativo podrá contar con al menos un docente formado y encargado del proceso de enseñanza aprendizaje para cada una de las áreas siguientes: educación física, educación artística y educación especial.
Refiere que al disponer que cada centro educativo podrá contar con un docente en educación especial, implica que válidamente la autoridad educativa estatal, puede no incluir el docente en educación especial en los centros educativos del Estado, vulnerando con ello, como se dijo, el principio de inclusión establecido en el artículo 3o. constitucional, luego, los dos preceptos de la Ley de Educación del Estado en comento impiden el tránsito a la educación inclusiva.
Séptimo. Violación a los derechos de seguridad jurídica, certeza y legalidad, discrecionalidad en la imposición de sanciones, non bis in ídem, sanción fija, proporcionalidad y razonabilidad jurídicas.
7.1. Alega la inconstitucionalidad por notificación inoportuna de visitas domiciliarias y prácticas por tiempo indefinido; lo anterior, ya que refiere que los artículos 197 a 236, prevén sistemas de visitas, procedimientos y sanciones a los particulares que imparten educación, sin que prevean:
a) Plazo mínimo y máximo con que se entregará el oficio de práctica al particular a quien se realiza la visita, previo a la visita, ni tampoco,
b) El plazo mínimo y máximo en que se llevará a cabo la visita o su prórroga.
7.2. Inconstitucionalidad en el sistema de imposición de sanciones (sanción fija y que viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídicas). Lo anterior, ya que la ley prevé una serie de conductas y, posteriormente, las sanciones a cada conducta, imponiendo para unas multa –con mínimo y máximo–, para otras la revocación de autorización y clausura del plantel, sin que se establezcan cuáles son conductas graves, lo que impide que se finquen las sanciones adecuadas.
7.3. Fe pública y prueba plena. Refiere que la ley constituye un sistema normativo que transgrede los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídicas, ya que prevé que: a) El funcionario que practica la visita, levante el acta respectiva, la pueda dejar fijada en la puerta; y, b) Que el acta tendrá valor probatorio pleno y lo asentado se tendrá por cierto y hará prueba plena de los hechos en ella asentados.
Sin embargo, en la ley no se especifica que el funcionario designado por la autoridad educativa para practicar la visita cuente con fe pública, lo que implica una grave violación al derecho a la seguridad jurídica y legalidad, puesto que no se permite al visitado saber si dicho funcionario tiene la calidad para levantar el acta y que su dicho sea calificado.
Asimismo, se asienta en la ley que dicha acta tendrá valor probatorio pleno, por lo que se impide que se pruebe su falta de veracidad a través de diversos medios convictivos.
7.4. Inconstitucionalidad por margen de discrecionalidad total a la autoridad para estudiar el costo de las cuotas y otorgamiento de becas a instituciones privadas.
Refieren que en los artículos 204, 205 y 207 se prevé que la autoridad podrá revisar los costos de la educación privada y que, también podrá verificar el otorgamiento de becas, para lo cual se prevé un comité, sin establecer una integración democrática que incluya a la comunidad educativa in genere, ni que las decisiones del comité sean obligatorias para la autoridad educativa. Lo que otorga un amplio margen de discrecionalidad, es decir, de total potestad en la decisión.
Octavo. Exclusión y segregación de sistemas educativos, personas provenientes de comunidades de origen afrodescendiente y personas con capacidades diferentes, que incluso les denomina "educación especial".
Esto, ya que expone que de ley impugnada se advierte con meridiana claridad que se fincan las bases para una supuesta nueva escuela mexicana y se habla de inclusión pero, al momento de llegar a los grupos de comunidades de origen afrodescendientes y personas con capacidades diferentes, se alude a que se generarán escuelas que les permitan su desarrollo particular; esto es, se crean escuelas especiales para estos grupos, incluso, se excluye a los centros escolares que tengan docentes profesionales en educación especial, y con ello se impone legislativamente la segregación de otros educandos.
Noveno. Vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídicas, así como de distribución de funciones y competencias (invasión de esferas competenciales, por lo que se vulnera el principio de fundamentación y motivación).
Refiere que esta Corte ha resuelto que las Constituciones y leyes estatales no pueden reproducir o remitir en sus leyes al cumplimiento de los derechos humanos y garantías previstos en la Constitución Federal o bien, en las leyes generales, puesto que con tal proceder invaden la esfera reservada a la autoridad federal.
Décimo. Discrecionalidad para otorgar becas en planteles públicos a educandos por parte de la autoridad educativa y exclusión implícita para otorgar becas a familiares de educandos.
10.1. Refiere que el artículo 3o., en relación con el 4o., ambos de la Carta Fundamental Mexicana, prevén el derecho a la educación adicionando con un sistema de becas para los estudiantes, poniendo especial énfasis en aquellas familias en condición de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
10.2. Que los artículos 29 y 112 de la norma impugnada, prevén la posibilidad de recibir becas a favor de los estudiantes, lo que debe atender al principio de progresividad de los derechos humanos.
10.3. Expone que la ley contiene graves problemas de constitucionalidad:
a) Establece las becas como una mera posibilidad, pero no como una obligación del Estado, tal como lo mandata la Carta Magna.
b) Que no prevé un sistema de becas para estudiantes, ni regula los elementos que deben considerarse para su otorgamiento; esto es, no fija las bases generales para entregar las becas, lo cual deja a su libre arbitrio tales decisiones.
Por lo que concluye que existe un amplio margen que permite otorgar becas a la autoridad sin contar con criterios legislativos que proporcionen seguridad y certeza jurídicas, ajustándose al principio de legalidad, puesto que permite generar la entrega de becas de conformidad con criterios ad hoc, que la autoridad elabore en cada periodo, lo que resulta inconstitucional, ya que le permite actuar sin ninguna base objetiva.
Décimo primero. Obligación no correspondiente a los padres de familia de los educandos y de los ciudadanos.
11.1. Que el artículo 3o. constitucional, establece la obligación a cargo de todos los órdenes del Estado Mexicano para otorgar el derecho humano a la educación, sin constreñir a otras entidades o personas.
11.2. Que los artículos 10 y 18 de la ley impugnada obligan a los padres o tutores, para que sus hijos tutorados o pupilos concurran a la educación básica y media, lo que impone a los ciudadanos la obligación de cursar la educación básica. Esto, considera, impone una obligación de hacer acudir a la escuela a hijos o pupilos o de asistir por parte de los ciudadanos, cuando la obligación constitucional es a cargo del Estado, no constriñe a ninguna persona, gobernado o particular.
11.3. Que los menores de edad con suficiente capacidad o madurez, cuentan con la aptitud de decidir libremente, de conformidad a su libre desarrollo de la personalidad, el acudir a la escuela o no asistir, en todo caso la familia puede sugerir u orientar, pero no imponer como lo indican los artículos de referencia.
Esto es, refiere que los padres o tutores no pueden obligar a los menores a acudir a la escuela, ya que interfieren en los derechos de dichos menores a decidir de forma libre, directa y espontánea.
11.4. Con base en lo anterior, estima que se puede generar una inconstitucionalidad entre dos normas de igual jerarquía por contravenir las garantías de seguridad y certeza jurídicas.
Lo anterior, considera, que la ley impugnada impone la obligación del derecho a la educación a cargo del Estado y al mismo tiempo, a cargo de los padres o tutores, lo que resulta un contrasentido que genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
Décimo segundo. Exclusión de los familiares, particularmente de los tutores en el diseño, evaluación e impartición de la educación, como parte activa dentro del proceso educativo.
Refiere que en los artículos 10, 122, 163, 176 y 177 de la ley impugnada, se imponen cargas y obligaciones a cargo de los tutores respecto de sus pupilos, pero no se les asignan derechos para intervenir en el proceso educativo, cuando son parte fundamental de él, ya que son la familia del educando.
Lo anterior, estima, que la exclusión del diseño, ejecución, evaluación e impartición de la educación, genera cargas desproporcionadas e irrazonables, puesto que se les constriñe a realizar determinadas actividades, pero no se les escucha ni permite la intervención activa en el proceso educativo, lo que genera una exclusión implícita, lo que estima discriminatorio y desigual.
Décimo tercero. Inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica dentro del proceso educativo.
13.1. Refiere que el artículo 29, fracción X, de la ley impugnada, establece que las personas que no cuenten con certificados académicos y/o documentos de identidad, para lo cual la autoridad educativa: a) Facilitará acceso a la educación; b) Ofrecerán opciones para la obtención de documentos académicos; y, c) Celebrarán convenios para obtener los documentos de identidad.
Con lo anterior, estima que a los educandos que no cuenten con documentos académicos, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda atendiendo: a) La edad; b) Desarrollo cognitivo; c) Madurez emocional y, según sea el caso; d) Los conocimientos académicos.
13.2. Refiere que el precepto impugnado, contiene diversas cuestiones que ameritan un estudio detallado de constitucionalidad, puesto que no impone al plantel escolar la obligación de extender el certificado académico que corresponda, ni le constriñe a obtener el documento de identidad al estudiante. Lo que se erige como una carga excesiva, desproporcional e irrazonable, al fincar una obligación en quien no puede, ni debe extender el documento académico, lo que le corresponde a la autoridad educativa.
En relación con los documentos de identidad (derecho a la personalidad jurídica), sólo menciona que se celebrarán convenios con otras autoridades para obtenerlos. Refiere, que se finca sobre personas o instituciones la carga de gestionar y obtener el documento de identidad, cuando es el plantel escolar quien debe gestionarlo y obtenerlo para entrega al educando, ya que es el centro y objeto de la educación.
13.3. Refiere que el artículo en mención incurre en inconstitucionalidad, puesto que para poder fijar el grado y nivel a un educando, toma elementos ajenos a su conocimiento y actividad académica, único elemento sustantivo, objetivo y razonable.
13.4. Que de la lectura del capítulo correspondiente, no se desprende precepto alguno en el que se señale la obligación de expedir documentos académicos y documentos de identidad a estudiantes que no cuenten con ellos. Por ello resulta inconstitucional por falta de certeza y seguridad jurídicas.
13.5. Que tratándose de educación superior de instituciones autónomas por ley, será a dichas instituciones –en atención al principio de autonomía universitaria– a las que corresponda regular lo relativo a dichas hipótesis –que los alumnos no tengan documentos académicos y/o de identidad– mas no puede ser la secretaría la que regule tal cuestión, por lo que la ley tildada vulnera dicho principio –autonomía universitaria–, pues debió excluir a las instituciones de educación superior autónomas por ley, pues con tal proceder se invade dicha esfera competencial, lo que genera falta de motivación y fundamentación legislativa. Décimo cuarto. Violación del derecho a la evaluación holística o integral.
Refiere que uno de los contenidos sustantivos de la educación es el derecho de los educandos a ser evaluados de forma equitativa, razonable, integral u holística, para lo cual se deben tomar en cuenta sus habilidades, destrezas, herramientas metodológicas, conocimientos científicos, tecnológicos, en artes y humanidades, cultura, libertad de pensamiento, posibilidades de cultura física y deporte; de modo tal, que la evaluación debe ser integral y debe constreñirse a la comprensión de la doctrina humanista, es decir, el ser humano debe ser evaluado contra sí mismo, en sus posibilidades y avances y no respecto de otros sujetos o de lo que el docente indique que debe saber o conocer.
Sin embargo, considera que de la ley impugnada no se advierten los parámetros o elementos para garantizar que la evaluación de los educandos se ciña a dichos aspectos, sino que tal proceder se deja a cargo de la autoridad administrativa y del docente, lo que no tutela los principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Décimo quinto. Vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, equidad, proporcionalidad y razonabilidad, en la entrega de recursos a los planteles educativos.
Refiere que el artículo 19 de la ley impugnada, prevé un sistema de entrega de recursos igual a todos los planteles educativos de un mismo nivel y/o grado académico, lo que resulta inequitativo ya que cada región o microsociedad requiere de elementos particulares para poder lograr los objetivos educativos, esto es, mayor recurso en infraestructura, dependiendo de la vocación económica, intelectual o regional, materiales, equipo o recursos humanos, cantidad de alumnos, talleres, etcétera.
Décimo sexto. Inconstitucionalidad en el sistema previsto para la educación superior.
16.1. Refiere que las leyes de los Estados no pueden reproducir o remitir a las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión; en el caso, el artículo 73 de la ley impugnada es una reproducción del diverso 47 de la Ley General de Educación, lo que implica una vulneración a los principios de legalidad, certeza y seguridad, proporcionalidad y razonabilidad, así como de fundamentación y motivación de actos de la autoridad legislativa.
16.2. Que el artículo 73, párrafo segundo, ordena que en la educación superior debe ponerse especial énfasis en los jóvenes, lo que implica, a su consideración, que se discrimine por edad a los demás educandos cuando debe tenerse en cuenta que por regla general, la educación superior tiene alumnos mayores de edad y cada uno puede decidir de acuerdo con su plan de vida, en qué momento cursar una carrera universitaria.
Por lo que obligar a las instituciones de educación superior a que pongan énfasis en los jóvenes, genera desigualdad, ya que todos los alumnos deben ser tratados con el mismo énfasis, cuidado o atención; de lo contrario, es generar una categoría sospechosa por motivo de edad, para el ejercicio de un derecho, que no requiere sustancialmente de un elemento como la edad para poder ser garantizado.
16.3. Que el artículo 75, prevé dos hipótesis:
a) Que la implantación gradual y progresiva de planteles de educación superior, en concurrencia con la Federación, Estados y Municipios, en atención a su suficiencia presupuestal; y,
b) Priorizar la educación superior indígena y de grupos sociales más desfavorecidos.
Así, refiere que resulta inconstitucional, ya que el derecho a la educación no puede tomar como elemento el derecho a lo posible, sino debe ser otorgado a su nivel más alto, lo cual implica que el Estado lo implante ipso facto y con la mayor calidad y calidez, por lo que no puede supeditarse la impartición del nivel de educación superior a la concurrencia de autoridades de diferentes órdenes de gobierno, ni a cuestiones presupuestarias.
De igual forma, considera que el priorizar dar educación superior a grupos indígenas y desfavorecidos, es violatorio del principio de escuela incluyente, igualdad y no discriminación, lo que genera que esa circunstancia excluya a otros alumnos con diferente condición, propiciando segregación racial y económica.
Décimo séptimo. Inobservancia de la planeación participativa y democrática en la expedición de normas educativas, en los planes y programas de estudios y sus contenidos, consulta previa, derecho a decidir u opinar.
Refieren que los artículos 1o., 3o. y 4o., en relación con los diversos 28, 39 y 40, de la Constitución, prevén la consulta previa para emitir normas y criterios en materia educativa, así como la obligación de la autoridad educativa para generar y permitir la intervención directa de la comunidad educativa (autoridad, docentes, educandos, familiares y sociedad en donde se inserta) en el proceso educativo, lo cual implica realizar acciones y procedimientos que permitan a los interesados opinar y ser escuchados para poder emitir las normas educativas y, además, materias/asignaturas, contenidos y planes y programas de estudio.
No obstante, refiere que existen áreas del conocimiento o regiones del país, en que se requiere tropicalizar (sic) o regionalizar los planes, programas, contenidos y materias para que se alcance el nivel más alto a la educación y se fomente el desarrollo. En el caso, refiere, que la ley impugnada, los planes y programas, contenidos y materias, las deja a cargo de la autoridad, omitiendo la intervención directa, mediante consulta previa, de la comunidad educativa dentro del proceso de educación, lo cual es inconstitucional, pues se soslaya la opinión de docentes, familiares, educandos y sociedad general.
Décimo octavo. Vulneración del principio de sostenibilidad en la educación.
Refiere que la Constitución Federal ha variado el concepto de sustentabilidad por el de sostenibilidad, ya que el primero está constituido por la necesidad de generar medidas para la preservación del medio ambiente y el segundo, implica generar medidas para la consciencia ética y solidaria, económica, política cimentada en los derechos humanos y, además por el cuidado y protección al medio ambiente; en ese sentido, expone que la ley impugnada, en sus artículos 7 y 38, fracción II, atribuye a los contenidos y procesos educativos, la necesidad de ser sustentables, cuando dicho concepto ha quedado rebasado y superado, por el diverso de sostenibilidad.
Décimo noveno. Ausencia de instituciones en todos los niveles que cumplan con los principios de educación, la que debe ser impartida de manera gratuita, obligatoria, inclusiva, universal, laica y pública, en todos sus niveles educativos inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
Expone que Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo no prevé un apartado específico encaminado a cumplir con los principios rectores en materia de educación, mucho menos, estos principios se ven reflejados en la realidad del Estado.
Vigésimo. Centralización de la educación indígena.
20.1. Refiere que los pueblos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a asimilación forzada, a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas y conforme a sus métodos culturales de enseñanzas y aprendizaje. Además, el Estado tiene el deber de asegurar la formación de miembros de estas comunidades en la ejecución de programas de educación, con el objetivo de transferirles de manera paulatina, la responsabilidad de la ejecución de dichos programas.
Refiere que es obligación del Estado Mexicano la enseñanza de la lectura y la escritura en las lenguas propias de las comunidades indígenas, buscando en todo momento impartir una educación bilingüe; sin embargo, cuando esto no sea posible, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con dichos pueblos con miras a la implementación de medidas que permitan alcanzar ese objetivo; sin soslayar que la formulación de programas de estudio debe ser precedida por un estudio etnológico.
Expone que la fracción IV del artículo 87 de la ley impugnada, deja al libre arbitrio de la autoridad educativa estatal el cumplimiento de la obligación de impartir educación bilingüe dentro de las comunidades indígenas, dejando de lado la preservación de la identidad lingüística del educando, lo que interpreta como pérdida de identidad cultural.
Manifiesta que la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo no contempla en ninguno de sus artículos la implementación de programas de capacitación o ayuda técnica a fin de que las comunidades gestionen sus modelos educativos y puedan hacerse cargo de la impartición de educación en todos los niveles de manera independiente del Estado.
Vigésimo primero. Violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.
21.1. No se tomaron en cuenta las iniciativas de ley de educación, porque la que finalmente se aprobó se basó en un proyecto de ley que no estaba armonizado con la Ley General de Educación, conocido como "ley machote".
21.2. La minuta que se envió al Poder Ejecutivo no se firmó por todos los secretarios, como ordena el artículo 42 de la Constitución Local, quienes fueron sustituidos ilegalmente en la sesión en que se aprobó la ley de educación, y el secretario que finalmente firmó la minuta, no estuvo presente.
21.3. Durante la sesión plenaria de quince de mayo de dos mil veinte, en que la Legislatura aprobó la ley de educación, hubo un momento en que faltó quórum, por lo que debió suspenderse e ir a r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31487-22245b2f/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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