I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 105, PENÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. EL DECRETO QUE MODIFICA LOS TÉRMINOS EN QUE SE CUMPLIRÁ CON EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS REGIDOS POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS O INDÍGENAS EN EL ESTADO DE OAXACA Y OTORGA ATRIBUCIONES AL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL PARA REVISAR SU CUMPLIMIENTO Y ORIENTAR EN LA MATERIA A LAS AUTORIDADES ELECTAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNAS DE CADA MUNICIPIO, VULNERA LA VEDA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 698, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO NÚMERO 1511, EXPEDIDO EL 28 DE MAYO DE 2020 POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CON FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2020; QUE REFORMÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE PARIDAD Y PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS (REVIVISCENCIA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO NÚMERO 1511, POR EL CUAL SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 698, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO NÚMERO 1511 EXPEDIDO EL 28 DE MAYO DE 2020 POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CON FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2020; QUE REFORMÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA EN MATERIA DE PARIDAD Y PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 161/2022 Y SU ACUMULADA 162/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y PARTIDO POLÍTICO LOCAL NUEVA ALIANZA OAXACA. 13 DE MARZO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 161/2022 y su acumulada 162/2022, promovidas en contra del Decreto Número 698, mediante el cual se reforma "el artículo transitorio tercero del Decreto Número 1511 expedido el 28 de mayo de 2020 por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 30 de mayo del año 2020; que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en materia de paridad y prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En dicha reforma se estableció que el cumplimiento del principio de paridad de género en los Municipios regidos por sistemas normativos internos o indígenas sería de forma gradual, en los siguientes términos:
"TERCERO.—Para el cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, ésta será gradual.
"El instituto estatal, será el responsable de vigilar su cumplimiento y de orientar en la integración paritaria de las autoridades electas de acuerdo a las normas internas de cada Municipio, hasta alcanzar la paridad entre mujeres y hombres."
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 161/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Mediante escrito depositado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, ostentándose como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez del Decreto Número 698, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se reformó el artículo tercero transitorio del diverso Decreto Número 1511.
2. Conceptos de invalidez de la CNDH. En su escrito inicial, la Comisión Nacional accionante alegó vulnerados los artículos 1o., 2o., fracción VII, 4o., 35, fracción II, y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3, 5, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia; 2, 3, 5, 7 y 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y 5, 6 y 8, letra b, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará". Al respecto, expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. El Poder Reformador de la Constitución General incorporó el principio de paridad de género para garantizar una efectiva igualdad sustantiva en aquellos espacios donde persisten las desigualdades entre las mujeres y los hombres como lo son los puestos de elección popular. En tal sentido, la observancia del principio no tiene excepciones en ninguno de los tres órdenes de gobierno, ni mucho menos en los sistemas indígenas, pues el artículo 2o., apartado A, fracción VII, constitucional expresamente reconoce el derecho a elegir, en los Municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.
b. De ahí que el Congreso oaxaqueño tenía la obligación constitucional de incorporar y observar el principio de paridad de género, de forma total en la integración de los Municipios, incluyendo los que se rigen bajo los sistemas normativos indígenas. No obstante, el decreto impugnado deja a consideración de dichos regímenes el cumplimiento de la paridad de género en los sistemas normativos internos o indígenas, obstaculizando el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas de acceder a cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres, reforzando los estereotipos y los roles de género que han predominado históricamente.
c. En efecto, la medida introducida por el legislador oaxaqueño establece que el cumplimiento de la paridad de género en los sistemas normativos internos o indígenas será gradual y, en esa medida, el legislador perpetúa la exclusión histórica que han sufrido las mujeres indígenas en la integración de sus autoridades municipales y en la segregación en la toma de decisiones y organización de su pueblo y comunidad, al impedir que se elimine con celeridad la discriminación estructural que han sufrido.
d. Además, se considera que la disposición impugnada incumple los artículos 2, incisos a) y f), y 7, inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues incumple con la obligación estatal de abstenerse de elaborar leyes, políticas, normas, programas, procedimientos administrativos y estructuras institucionales que directa o indirectamente priven a la mujer del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el hombre.
e. De igual forma, el legislador local inobserva el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al incumplir la obligación estatal de formular normas jurídicas destinadas a combatir toda forma de violencia contra la mujer, así como la adopción y la aplicación de medidas para erradicar los prejuicios, los estereotipos y las prácticas que constituyan causas fundamentales de violencia por razón de género contra la mujer.
3. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 162/2022, promovida por el Partido Político Local Nueva Alianza Oaxaca. Mediante escrito depositado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Angélica Juárez Pérez, ostentándose como presidenta del órgano directivo del Partido Político Local Nueva Alianza Oaxaca, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del Decreto Número 698, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se reformó el artículo tercero transitorio del diverso Decreto Número 1511.
4. Conceptos de invalidez del Partido Político Local Nueva Alianza Oaxaca. En su escrito inicial, el partido político accionante alegó vulnerados los artículos 1o., 2o., apartado A, fracción VII, 4o., 35, fracción VIII, y 115, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. El decreto impugnado es contrario a los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos, pues elimina la temporalidad impuesta por la anterior Legislatura para el cumplimiento del principio de paridad de género en los sistemas normativos internos o indígenas (dos mil veintitrés). El concepto de gradualidad que ahora prevé la norma implica un tiempo indeterminado que limita el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres indígenas.
Lo anterior es así, pues la reforma elimina una garantía de cumplimiento que instaba a las autoridades que se rigen electoralmente por sistemas normativos internos o indígenas a la integración plena de la mujer en las actividades políticas y el ejercicio de cargos públicos que les permitan participar en la toma de decisiones.
Así, el acto legislativo no incrementa en ningún sentido el grado de tutela de los derechos político-electorales de las mujeres, pues no impone metas definidas para el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género.
b. Se vulnera el principio de certeza electoral, debido a que se incumplió con la obligación de que las leyes electorales deban ser promulgadas y publicadas noventa días antes de iniciar el proceso electoral en que vayan a aplicarse, pues el decreto fue emitido cuando se desarrollaban procesos de elección ordinaria de concejalías que se rigen electoralmente por sistemas normativos indígenas.
Siendo claro que la norma realiza una modificación legal de carácter fundamental, al alterar el cumplimiento efectivo del principio de paridad en las autoridades de los Ayuntamientos que se rigen por los sistemas normativos internos o indígenas. Siendo que actualmente el Organismo Público Local electoral ha exigido el cumplimiento de esta reforma en los dictámenes de validación de elecciones que se desarrollan en la entidad.
5. Admisión y trámite. Por acuerdos de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los escritos de demanda y sus anexos; ordenó formar los expedientes físicos y electrónicos de las presentes acciones de inconstitucionalidad bajo los números 161/2022 y 162/2022, decretando su acumulación, finalmente, los turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.
6. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor reconoció personalidad a los promoventes y admitió a trámite las referidas acciones de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a efecto de que rindieran su informe y remitieran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada.
7. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que formularan el pedimento y la opinión que a su representación correspondiera; asimismo, solicitó al presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca copia certificada de los estatutos vigentes del partido político local accionante, una certificación de su registro vigente y que precisara la integración del órgano de dirección estatal a la fecha de presentación de la demanda; finalmente, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresara su opinión en relación con este medio de control constitucional.
8. Comienzo del próximo proceso electoral. Mediante oficio número IEEPCO-SE/2739/2022, la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca desahogó el requerimiento formulado en autos, al remitir copia certificada de los estatutos, del registro vigente y de la integración del Comité de Dirección Estatal, todas referentes al partido político local Nueva Alianza Oaxaca.
9. De igual forma, informó que el proceso electoral ordinario en el Estado de Oaxaca comenzará en la primera semana de septiembre del año previo de la elección, esto es, la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés, refiriendo que, en dos mil veintidós, se realizó un proceso de elección en 415 Municipios regidos por sistemas normativos indígenas, el cual culminó el 31 de diciembre de dicho año, de conformidad con sus respectivas legislaciones locales.
10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el trece de diciembre de dos mil veintidós y recibido el dieciséis posterior en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió el informe correspondiente en representación de la autoridad legislativa. Esencialmente, sostuvo que:
a. La acción de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que el decreto impugnado no contraviene ninguna disposición constitucional, ni tratado internacional. Además, y de manera específica, el partido político local carece de interés legítimo, pues la norma impugnada se refiere a la gradualidad de la paridad en los sistemas normativos indígenas, lo que "no es competencia de los partidos políticos".
b. El objetivo de la norma cuestionada es adecuar la normatividad electoral local en materia de sistemas normativos indígenas, garantizando un equilibrio entre la libre determinación de las comunidades y el principio de paridad de género.
c. El legislador local tomó en cuenta el contexto social y las problemáticas de los Municipios que se rigen bajo sus propios sistemas normativos, y consideró que establecer un plazo perentorio (dos mil veintitrés) para cumplir con la paridad de género en la integración de sus autoridades, resultaba en una intromisión a los pueblos y las comunidades; por lo que, el cumplimiento de la paridad debía ser en forma gradual, con base en sus principios, normas, procedimientos y prácticas.
d. La reforma impugnada no elimina la paridad de género ni viola el principio de progresividad, pues el Instituto Estatal Electoral debe vigilar que se alcance y mantenga la paridad en la integración de las autoridades electas mediante los sistemas normativos internos o indígenas.
11. Mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y el Ministro Javier Laynez Potisek, integrantes de la Comisión de Receso de este Alto Tribunal, correspondiente al segundo periodo de dos mil veintidós, tuvieron al Poder Legislativo estatal rindiendo el informe solicitado, así como dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, al remitir copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada. Consecuentemente, ordenaron correr traslado a los accionantes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, dejando los anexos presentados a su disposición para consulta.
12. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio CJGE/SC/81/2022, depositado en la oficina de correos de la localidad el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós y recibido el nueve de enero posterior en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Consejo Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca rindió el informe correspondiente en representación de la autoridad administrativa estatal. Esencialmente, sostuvo que:
a. La acción de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que no se hacen valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, de los conceptos de invalidez no se advierten las razones por las que los accionantes consideran que se violan los principios de paridad de género y de progresividad.
b. La norma busca la coexistencia de los principios de paridad de género y de libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas, estableciendo una aplicación proporcional a la temporalidad y la gradualidad en la implementación de la paridad de género, sin que esto signifique una asimilación forzada.
c. En tal sentido, la norma cuestionada toma en cuenta la organización de las comunidades indígenas, su sistema de cargos y los requisitos de elegibilidad particulares establecidos por cada una de ellas, evitando que se dejen de aplicar las bases mismas de los sistemas normativos internos.
d. De ahí su constitucionalidad, pues permite conservar el método de elección y el sistema de cargos en los pueblos originarios, preservar las instituciones internas de las comunidades y realizar una aplicación gradual y progresiva del principio de paridad de género. Así, se considera que el establecimiento de un plazo fatal (como se preveía antes de la reforma) resulta desproporcional para las comunidades, pues dentro de su organización interna deben aplicar acciones para conseguir la participación igualitaria; de igual forma, la gradualidad para la implementación del principio de paridad se encuentra sustentada en la progresividad, dado que serán las comunidades las encargadas de determinar la forma en que se realizará.
13. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor Luis María Aguilar Morales tuvo al Poder Ejecutivo Estatal rindiendo de manera extemporánea el informe solicitado, así como dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, al remitir un ejemplar de la publicación oficial de la norma impugnada. Asimismo, ordenó correr traslado a los accionantes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, dejando los anexos presentados a su disposición para consulta. Finalmente, puso los autos a la vista de las partes para que formularan alegatos.
14. Opinión de la Sala Superior. Mediante oficio TEPJF-SGA-OA-3271/2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó opinión en la acción de inconstitucionalidad, en los términos siguientes:
a. La norma es constitucional porque la implementación del principio de paridad entre los géneros debe modularse en los sistemas normativos internos, a fin de no desconocer o incidir desproporcionalmente en las tradiciones y las costumbres de las comunidades y los pueblos indígenas.
b. En tal sentido, la norma armoniza la autodeterminación de dichos grupos y el principio de paridad en la conformación de sus Ayuntamientos, pues permite que la implementación de éste se realice progresivamente a través de sus prácticas, sus reglas y sus costumbres, pero evita la imposición de concepciones, normas o directrices que pudieran resultarles ajenas.
c. Además, la norma evita que la implementación del principio de paridad se postergue indefinidamente al vincular a la autoridad administrativa electoral a vigilar su cumplimiento y orientar a los pueblos y las comunidades indígenas.
15. Alegatos. Mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor Luis María Aguilar Morales tuvo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca formulando alegatos, los cuales serán valorados por este Alto Tribunal.
16. Pedimento de la Fiscalía General de la República y opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Dichas instituciones no emitieron pedimento ni opinión en el presente asunto.
17. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción, se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
18. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos f) y g),(1) de la Constitución General; 1o.(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria); y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se planteó la posible contradicción entre una norma estatal y la Constitución General, así como diversos instrumentos internacionales.
II. OPORTUNIDAD
19. Conforme al artículo 60(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. No obstante, en el párrafo segundo del referido precepto se especifica que en materia electoral todos los días y las horas son hábiles, de manera que el cómputo de la oportunidad en esta materia vence, incluso, si se trata de un día que ordinariamente es inhábil. 20. En este caso las acciones de inconstitucionalidad son oportunas, pues el Decreto Número 698, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de modo que el plazo para promover transcurrió del veintiséis de octubre al veinticuatro de noviembre siguiente. Luego, si ambos escritos de acción de inconstitucionalidad fueron presentados, precisamente, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial automatizado del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
21. La acción fue promovida por partes legitimadas.
III.1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
22. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g),(5) de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
23. En el presente caso, la accionante alega, en términos generales, que la norma impugnada vulnera los derechos de igualdad entre la mujer y el hombre, el principio de paridad de género y la obligación del Estado de promover, respetar y proteger los derechos humanos, reconocidos en la Constitución General y en diversos tratados internacionales de los que México es Parte; consecuentemente, se actualiza el referido supuesto previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General.
24. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero,(6) de la ley reglamentaria, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad por virtud del diverso 59(7) del mismo ordenamiento, dispone que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
25. En el presente caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento, expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
26. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI,(8) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone como facultad del presidente de la Comisión Nacional ejercer su representación legal y, específicamente, promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
27. En consecuencia, se tiene por acreditada la legitimación procesal de la persona que promueve la acción de inconstitucionalidad 161/2022 en representación del organismo nacional de protección de los derechos humanos.
III.2. Partido Político Local Nueva Alianza Oaxaca
28. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f),(9) de la Constitución General y 62, último párrafo,(10) de la ley reglamentaria de la materia, los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, se encuentran legitimados para promover acción de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro.
29. Lo anterior, siempre y cuando, con fundamento en los artículos citados, cumplan con los siguientes requisitos: a) Cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente; b) Promuevan por conducto de su dirigencia estatal, según sea el caso; c) Quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y, d) Se impugnen normas de naturaleza electoral y tratándose de partidos políticos con registro estatal, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.
30. Al respecto, de los anexos acompañados al oficio número IEEPCO-SE/2739/2022, de la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se advierte que Nueva Alianza Oaxaca cuenta con registro como partido político local.
31. Por su parte, del artículo 51(11) de los Estatutos de Nueva Alianza Oaxaca se desprende que su presidenta estatal es la representante legal del partido político local.
32. Por otra parte, de acuerdo con los anexos acompañados por el Organismo Público Local Electoral, Angélica Juárez Pérez es la presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Oaxaca, quien precisamente suscribe el escrito de acción de inconstitucionalidad.
33. Finalmente, el decreto impugnado reviste la naturaleza de norma local electoral. En efecto, fue expedido por el órgano legislativo de Oaxaca y modifica el límite temporal para el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de autoridades municipales que se rigen por sistemas normativos internos o indígenas en la entidad, así como las atribuciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para vigilar su cumplimiento y orientar a las autoridades electas sobre la materia.
34. De ahí que su contenido se identifique con la definición amplia de la materia electoral que rige para la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, por referirse al régimen normativo de los procesos electorales en los sistemas normativos internos o indígenas del Estado de Oaxaca, regulando aspectos directamente vinculados a éstos,(12) específicamente, la integración de un poder público como lo es el Ayuntamiento mediante el voto ciudadano.
35. Por tanto, se tiene por acreditada la legitimación procesal de la persona que promueve la acción de inconstitucionalidad 162/2022 en representación del partido político local.
36. Consecuentemente, desde este momento, se declara infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad legislativa estatal, en la que sostiene que el partido político accionante no cuenta con interés legítimo para promover la acción de inconstitucionalidad 162/2022.
37. Dicho argumento debe desestimarse en virtud de que, como quedó evidenciado, se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General y 62, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia para que el instituto político inste el presente medio de control constitucional.
38. En otras palabras, no es necesario que el accionante resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad y acredite un interés legítimo (como acontece en una controversia constitucional), sino que resulta suficiente colmar los requisitos constitucionales y legales para promover este medio de control constitucional, en tanto se realiza con el interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Ley Fundamental.(13)
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
39. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, al ser de orden público, se analizarán las adicionalmente planteadas en el informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, así como las causales sostenidas en los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo de dicha entidad.
IV.1. Primera causal de improcedencia
40. En su informe, la autoridad legislativa sostiene que la vía intentada por los accionantes es improcedente, dado que el decreto impugnado no contraviene ninguna disposición de la Constitución General, ni tampoco tratado internacional del que México sea Parte.
41. Por su parte, en su escrito de alegatos, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII,(14) de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que no se aduce una violación de preceptos establecidos en la Constitución General.(15) Por el contrario, en su opinión, considerar fundada la acción de inconstitucionalidad se equipararía a declarar la invalidez del principio de libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas, materializado en el decreto impugnado.
42. Debe desestimarse la causal de improcedencia hecha valer. Es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que deben desestimarse las argumentaciones de improcedencia cuando involucran cuestiones relacionadas con el fondo del asunto.(16)
43. Al respecto, en su escrito de acción de inconstitucionalidad, el partido político accionante sostiene, entre otras cuestiones, que el decreto impugnado transgrede los derechos político-electorales de las mujeres, pues no impone metas definidas para el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género en los Municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas o internos. De igual forma, sostiene que la norma general incumple con la obligación de que las leyes electorales deban ser promulgadas y publicadas noventa días antes de iniciar el proceso electoral en que vayan a aplicarse.
44. En tal sentido, sus planteamientos se relacionan con violaciones directas a la Cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31608-dce45060/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO 650, PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DI (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS (AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. (P./J. 96/2006 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. (43)
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLA (P./J. 57/2026 (12a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, (3 (H))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis