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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. V. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. INCLUYE LA ELECCIÓN Y EL LIBRE ACCESO A TODAS LAS FORMAS DE ANTICONCEPCIÓN, TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, ASÍ COMO A LA EVENTUAL INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. VI. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA ASPIRACIÓN DE EXPRESAR EN EL PROPIO CUERPO DECISIONES LIBRES DE INTERFERENCIAS INDEBIDAS ES LEGÍTIMA, EN TANTO ÉSTE REPRESENTA LA MAYOR ESFERA DE INMUNIDAD DE LA PERSONA Y, AL MISMO TIEMPO, DE VULNERABILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR IMPLICA QUE NO TENGA CABIDA DENTRO DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL UN ESCENARIO EN EL CUAL LAS MUJERES Y LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR NO PUEDAN PLANTEARSE EL DILEMA DE CONTINUAR O INTERRUMPIR SU EMBARAZO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VIII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. CUALQUIER INTERFERENCIA INDEBIDA O EXCESIVA DEL ESTADO O DE OTROS AGENTES EN EL DISEÑO DEL PLAN DE VIDA DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR, CONFIGURARÍA UNA OFENSA A LA DIGNIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IX. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. SE RELACIONA CON LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, A LA SALUD, A ESTAR LIBRE DE INJERENCIAS ARBITRARIAS EN LA VIDA PRIVADA Y AL DE INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). X. DERECHO A LA SALUD. LOS TIPOS DE OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE ESTE DERECHO SON: DE RESPETO, DE PROTECCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO. XI. DERECHO A LA SALUD. SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES CONCRETOS A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO EN TANTO QUE ES UN BIEN PÚBLICO CUYA PROTECCIÓN ESTÁ A SU CARGO. XII. DERECHO A LA SALUD. SU VÍNCULO CON LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, A LA AUTONOMÍA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD SE CONCRETA EN LOS DERECHOS A TOMAR DECISIONES SOBRE LA PROPIA SALUD Y SOBRE EL PROPIO CUERPO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIII. DERECHO A LA SALUD. DE ACUERDO CON SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, NO BASTA CON TENER LIBERTAD PARA ADOPTAR AUTÓNOMAMENTE LAS DECISIONES ACERCA DE LA PROPIA SALUD, SINO QUE ES FUNDAMENTAL PODER EJECUTARLAS ADECUADAMENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY Y SE LE REPUTA COMO NACIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIV. DERECHO A LA SALUD. DEBE EXISTIR TODA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO AQUELLAS DECISIONES SOBRE LA PROPIA SALUD, COMO LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEP

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2019 Y SU ACUMULADA 42/2019. · Registro digital (IUS): 31490
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-02
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo II, Pág.1178.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2019 Y SU ACUMULADA 42/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN. 26 DE MAYO DE 2022. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: SALVADOR ANDRÉS GONZÁLEZ BÁRCENA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de mayo de dos mil veintidós.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 41/2019 y su acumulada 42/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, respectivamente, contra el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante Decreto Número 107, el once de marzo de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escritos presentados el nueve de abril de dos mil diecinueve a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(1) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León(2) por conducto de sus titulares promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante Decreto Número 107, el once de marzo de dos mil diecinueve.

2. Señalaron como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a las siguientes:

I. Órgano legislativo: Congreso del Estado de Nuevo León.

II. Órgano ejecutivo: gobernador del Estado de Nuevo León.

3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Las promoventes estiman violadas las siguientes normatividades:

• Artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 14, 16, 20, 22, 24 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 1, 2, 4.1, 5, 7.1, 11, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículos 3 y 10 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Artículos 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Artículos 3 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Artículos 2, 12 y 16, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Artículos 1, 2 inciso c), 3, 4, incisos a), b), c) y e), 6, 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención de Belém Do Pará".

4. Conceptos de invalidez. Las entidades promoventes expusieron, en síntesis, los siguientes argumentos:

1) Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• El objeto de la acción se constriñe en que este Alto Tribunal determine si la protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción, reputando al producto de ésta como nacido para todos los efectos legales –de acuerdo con el párrafo impugnado– se encuentra apegada al parámetro de regularidad constitucional.

• Primer concepto de invalidez. La porción normativa impugnada vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y supremacía constitucional de acuerdo con lo siguiente:

A. Violación a la supremacía constitucional.

- El artículo impugnado es violatorio de la supremacía constitucional, pues al proteger la vida desde el momento de la concepción, el legislador estatal actúa fuera del ámbito de su competencia, pues modifica el contenido esencial del derecho a la vida sin ser competente para ello, ya que solamente en la Norma Fundamental se encuentran delimitados los alcances, límites y restricciones de los derechos humanos, por lo que su regulación corresponde únicamente al poder reformador de la Constitución Federal y no a las Legislaturas de las entidades federativas.

- Señala que lo anterior, encuentra sustento en las interpretaciones que este Alto Tribunal ha realizado sobre los artículos 1o. y 133 constitucionales en el sentido de que deben preferirse aquellas normas de derechos humanos que estén reconocidas por la Constitución Federal y los tratados internacionales, por encima de aquellas que se encuentren previstas en las normas locales, pues los derechos reconocidos en éstas no presuponen su plena validez por el simple hecho de su existencia, sino que para ello, necesariamente deben ser acordes a lo dispuesto en la Carta Magna.

- Sostiene, que este Máximo Tribunal ha establecido que de la interpretación de los tres primeros párrafos del artículo 1o., constitucional se desprende que: a) los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales integran un mismo catálogo de derechos; b) la existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución; c) dicho catálogo debe utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a derechos humanos; y, d) las relaciones entre los derechos humanos que integran el conjunto, deben resolverse a partir de la interdependencia y la indivisibilidad, así como del principio pro persona.

- Bajo ese contexto, aduce que la Constitución Federal establece que todas las personas gozarán de los derechos que de ella emanen, es decir, aquellos reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano, y que a su vez los alcances, restricciones y límites estarán definidos exclusivamente en ésta por el poder revisor de la Constitución y no por las Legislaturas de los Estados.

B. Violación a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

- La norma impugnada es violatoria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad debido a que el Congreso del Estado de Nuevo León no se encuentra habilitado constitucionalmente para determinar a partir de qué momento inicia la protección a la vida, pues tal circunstancia implica alterara el contenido esencial del referido derecho, atribución que le corresponde únicamente al poder reformador de la Constitución Federal.

- Aduce que dentro del orden jurídico estatal, las Legislaturas Estatales tienen autonomía funcional, la cual se obtiene a partir de la exclusión de las atribuciones consagradas en favor de la Federación, por lo que si bien es cierto que las entidades federativas cuentan con libertad configurativa para legislar en materia de derechos humanos, también lo es que dicha libertad se encuentra limitada por el catálogo de derechos establecido en la Constitución Federal, el cual funciona como un parámetro de regularidad constitucional.

- La accionante sostiene que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes ha establecido que: a) los niveles de protección a derechos humanos garantizados a nivel local pueden verse ampliados en comparación de los previstos en la Constitución Federal, pero sin afectar su contenido esencial; b) el Congreso de la Unión es el único facultado para emitir reglamentaciones de derechos humanos, en donde establecería sus alcances, y que en esa medida las legislaciones locales estaban impedidas para reglamentarlo o matizarlo; y, c) la posibilidad otorgada a las entidades federativas para ampliar los derechos reconocidos en el parámetro de control constitucional no implicaba que éstas estuvieran en posibilidad de introducir definiciones específicas, pues ello desnaturalizaría la función normativa, jerárquica, universal y de contenido superior respecto del resto de las normas del orden jurídico.

- Consecuentemente, en el caso concreto la norma combatida, al establecer que la protección de la vida comenzará a partir de la concepción, establece un alcance que no le corresponde sobre ese derecho, debido a que no se encuentra previsto de esa forma en la Constitución Federal, pues dota de contenido especifico y de limitaciones concretas a un derecho, con lo cual actúa fuera del ámbito de sus facultades. Además, los términos absolutos en los cuales se encuentra redactada la porción normativa restringe el ejercicio de otros derechos humanos, como lo son el derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la familia, a decidir libremente el número y esparcimiento de los hijos y libertades reproductivos, circunstancias que tornan inconstitucional la norma.

C. Análisis de la porción normativa impugnada.

- La porción normativa impugnada altera el núcleo esencial del derecho humano a la vida, porque trastoca los alcances de protección a ese derecho, además de que limita el ejercicio de otros derechos humanos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional a favor de la mujer, como el derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la familia, a decidir libremente el número y esparcimiento de los hijos y libertades reproductivos.

- Señala que la disposición combatida tiene su origen en la interpretación univoca que realizó el Congreso del Estado de Nuevo León al señalar que el término "concepción" infiere el inicio de la vida, interpretación que disecciona por completo el catálogo de derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, pues implementa una protección al derecho en cuestión a través de la interpretación de un término que bien puede ser abordado desde distintas perspectivas, tanto científicas como éticas, morales y religiosas.

- Por ello, afirma que la inconstitucionalidad de la norma reclamada radica esencialmente, por una parte en que coloca el derecho a la vida en un plano de superioridad frente a otros de la misma naturaleza, y por otra porque la Legislatura Nuevoleonense regula la tutela a la vida desde que el individuo es concebido, máxime que las Legislaturas Estatales no están facultadas para establecer o determinar el momento en que la vida inicia, pues tal circunstancia se encuentra reservada a la Federación, ya que solamente en la Carta Magna se puede establecer el núcleo esencial de cada derecho humano.

- Además, aduce que la norma impugnada equipara al producto de la concepción como una persona nacida, aun cuando tal circunstancia no se encuentra prevista en la Constitución Federal ni en algún instrumento internacional, por ello, si el bloque de constitucionalidad no define en qué momento se inicia la vida, es de concluirse que tal facultad no le corresponde a las entidades federativas, pues de ser así se generaría una diversidad regulatoria de derechos humanos entre cada Estado.

• Segundo concepto de invalidez. El artículo combatido, al proteger de manera absoluta el derecho a la vida a partir del momento de la concepción colisiona con el ejercicio de otros derechos humanos, tales como los derechos reproductivos y sexuales, a la integridad personal, a la salud, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a decidir el número y esparcimiento de los hijos, entre otros inherentes esencialmente a la mujer, puesto que la norma impugnada privilegia el reconocimiento del desarrollo prenatal, es decir, otorga una protección a la fase embrionaria, equiparándolo a la de un ser humano, lo que significa reconocerle personalidad jurídica al embrión.

Además, la norma cuya invalidez se reclama no supera el test de proporcionalidad, porque si bien cumple con que la finalidad de proteger el derecho a la vida sea un fin válido, así como idóneo, lo cierto es que la medida no resulta necesaria, porque se transgreden otros derechos fundamentales, siendo que existen alternativas que también son idóneas y que afectan en menor grado otros derechos. Por tanto, la medida es desproporcional pues produce una afectación desproporcionada en los derechos de las mujeres, impidiendo su ejercicio.

A. Derechos reproductivos sexuales y los derechos a la salud.

- La porción normativa reclamada repercute en el ejercicio del derecho a la salud, el cual incluye un bienestar integral de la mujer por el que se le permite disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como de decidir el ejercicio de su derecho de procrear, lo que implica la libertad de disponer cuando y con qué frecuencia lo realizará.

- En efecto, la libertad reproductiva ha sido entendida a nivel internacional como el reconocimiento básico de todas las personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento entre ellos, a disponer de la información y medios necesarios, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, esta última incluye el derecho a la integridad física, a la seguridad y a la autonomía y/o autodeterminación reproductiva; cuestiones que exigen a los Estados otorgar a los gobernados, –en igualdad de circunstancias– acceso a las opciones anticonceptivas, servicios e información en el ámbito de salud reproductiva y a que se respeten las decisiones que en ejercicio de los referidos derechos se lleguen a tomar.

- Por otra parte, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de la salud física y mental, ha sido definido en el orden nacional y convencional, no sólo como el derecho a estar sano, sino también como núcleo cuyo contenido entraña ciertas libertades entre las que destacan la sexual y reproductiva, las cuales radican, esencialmente, en la adopción de decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de algún tipo, por lo que establecer limitantes a las mujeres en el sentido de decidir de manera responsable e informada cuando tener hijos o bien no tenerlos, resulta violatorio del derecho a la salud reproductiva.

- En ese sentido, la penalización del aborto, bajo la perspectiva de la protección a la vida desde el momento de la concepción, constituye una violación a los derechos a la salud, así como a los sexuales reproductivos de las mujeres, pues con ello se perpetua la continuación forzada del embarazo, lo cual se traduce en formas de violencia por razón de género, así como en tratos inhumanos consistentes en tortura y tratos crueles o degradantes.

- La norma impugnada repercute en el ejercicio del derecho a la salud, pues este incluye un bienestar general de la mujer, caracterizado por la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como de la decisión de procrear, lo cual conlleva la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, o bien, cuando y con qué frecuencia.

B. Dignidad Humana, derecho al libre desarrollo de la personalidad, vida privada e integridad personal.

- La norma impugnada es contraria a los derechos antes referidos, pues limita su ejercicio al proteger la vida desde el momento de la concepción.

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, ya que su efectividad resulta necesaria para el ejercicio de la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona, es decir, infiere la manera en que la persona se ve a sí misma y cómo decide proyectarse hacia las demás, lo cual, a su vez, es un elemento indispensable del libre desarrollo de la personalidad.

- Así, la decisión que involucra el deseo de procrear y decidir o no formar una familia, aunque se predican de todas las personas, tienes especial impacto en las mujeres, por lo que cobra relevancia el concepto de maternidad, pues ésta además forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.

- De igual forma, señala que la Corte Interamericana, dentro de las interpretaciones al derecho a la vida privada ha señalado que éste no admite injerencias arbitrarias o abusivas por parte de terceros o de alguna autoridad pública, pues lo que presupone el mencionado derecho, prácticamente es la libre toma de decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida, tales como el ámbito sexual y la autodeterminación reproductiva, dentro de las que se encuentra –en el caso de las mujeres– el deseo de ser madre o no, determinación que recae directamente sobre la libre disposición del propio cuerpo.

- En otro orden de ideas, el derecho a la integridad personal se ha establecido como la tutela a la salud, concretamente respecto de aquellos casos en los que surgen problemas de accesibilidad a ciertos procedimientos de salud, pues la falta de salvaguarda para tomar en consideración la salud reproductiva puede derivar en menoscabos graves a la autonomía personal, libertad reproductiva e integridad física y psicológica.

- De ahí que es posible afirmar que existe una relación de interdependencia entre los derechos a la vida privada, libre desarrollo de la personalidad, reproductivos y sexuales.

C. Transgresión al derecho de igualdad y de no discriminación.

- El precepto cuya regularidad constitucionalidad se combate, transgrede los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como la Convención de Belém Do Pará, porque coloca en un mismo plano al producto de la concepción frente a los derechos de la mujer, lo cual es totalmente incorrecto, pues no resulta idóneo considerar que un ovulo fecundado adherido al vientre de la mujer, un cigoto, un embrión o feto, sean iguales o equiparables a un individuo titular de derechos, imponiendo además, a las mujeres la maternidad, circunstancia que no respeta su autonomía ni su dignidad humana.

- También, señala que la norma en cuestión resulta discriminatoria por razón de género, ya que el reconocimiento que se hace sobre el producto de la concepción, perpetúa la violencia histórica sobre los derechos sexuales de las mujeres, pues se siguen desconociendo las libertades que éstas tienen, como la de decidir si desean ser madres o no; además, la porción normativa pasa por alto que la vida prenatal solamente constituye una expectativa de la vida humana, de ahí que la protección prevista en la Constitución Local genere un parámetro contrario al establecido en el bloque de constitucionalidad que protege el derecho a la vida.

D. Los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género.

- El impedimento contenido en la norma reclamada transgrede los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, al no permitir decidir de manera libre cuándo y cómo disponer de su cuerpo, así como elegir si quieren ejercer su maternidad o no.

- Finalmente, la Comisión Nacional accionante cita varios precedentes internacionales en los cuales se ha abordado el concepto de vida durante el periodo de gestación, así como a partir de qué momento comienza la protección del derecho a la vida.

2) Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León.

• Primero. La norma impugnada transgrede el principio de supremacía constitucional.

- Lo anterior porque restringe derechos fundamentales que la Constitución Federal ha reconocido en favor de las mujeres, pues con la determinación de otorgarle la calidad de persona al producto de la concepción se retrocedió en la protección y reconocimiento de otros derechos fundamentales.

- Señala que el Congreso Estatal excedió sus facultades pues introduce en la Constitución Local, una regulación sobre el derecho a la vida, interpretando sus alcances, lo cual no se encuentra previsto en la Carta Magna ni en el orden convencional.

• Segundo. La porción normativa combatida es inconstitucional porque crea una nueva categoría de sujetos jurídicos que no se encuentra prevista en la Constitución.

- El artículo impugnado considera al producto de la concepción como persona nacida para todos los efectos legales, creando una nueva figura jurídica, ya que le otorga el carácter de sujeto jurídico, no obstante que la Constitución Federal, así como los ordenamientos convencionales no establecen a partir de qué momento comienza la protección jurídica de la persona humana. - Si bien es cierto que ambas fuentes han reconocido que al producto de la concepción como un bien jurídico tutelado, también lo es que se ha hecho una diferencia conceptual entre el significado de "persona" y "producto de la concepción" concluyendo que solamente a la persona nacida se le podrá otorgar la protección de los derechos constitucionales.

- De ahí que el Congreso del Estado de Nuevo León esté impedido para introducir en el orden jurídico nacional una categoría de sujetos jurídicos que no se encuentra prevista en la Constitución Federal, y qué no sea posible otorgar al concebido los mismos derechos que a la persona nacida, y menos aún limitar y reducir injustificadamente los derechos de la mujer por la referida medida.

• Tercero. La norma impugnada transgrede el principio de federalismo.

- Con la regulación que el Congreso Local hace sobre el derecho a la vida sobrepasa sus atribuciones al limitar otros derechos humanos reconocidos en favor de las mujeres, ya que los alcances del referido derecho únicamente pueden ser establecidos por el Constituyente Federal, por ello, si bien es cierto que las entidades federativas cuentan con libertad configurativa, también lo es que ésta se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos.

• Cuarto. La norma impugnada vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.

- La norma transgrede los referidos principios debido a que el Congreso Local no se encuentra facultado para crear nuevas categorías de personas jurídicas, así como para establecer que la protección a la vida comienza desde el momento de la concepción, situación que transgrede derechos fundamentales de las mujeres.

• Quinto. La norma impugnada no persigue un fin constitucionalmente válido y no resulta idónea, necesaria ni proporcional.

- La norma no persigue un fin constitucionalmente válido, toda vez que si bien busca la protección a la vida; no puede otorgarle al producto de la concepción el carácter de nacido para todos los efectos legales, pues tal protección no se advierte en ninguna fuente convencional ni mucho menos en la constitucional.

- Por otra parte, la norma no resulta idónea, debido a que persigue un fin que no puede considerarse válido, asimismo, la porción normativa no es necesaria, ya que existen otros medios para lograr el fin perseguido sin afectar otros derechos fundamentales, consistentes en: a) proporcionar información adecuada a la mujer embarazada para persuadirla de no abortar; b) darle un periodo de tiempo entre la solicitud para interrumpir el embarazo y el procedimiento quirúrgico correspondiente; c) la promoción y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva; d) otorgar educación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva; y, e) la enseñanza de los derechos reproductivos.

- Finalmente, señala que la noma combatida no resulta proporcional, pues presupone afectaciones desproporcionadas sobre los derechos de las mujeres de la entidad federativa.

• Sexto. La porción reclamada es contraria al deber de las autoridades del Estado Mexicano referente a adoptar medidas progresivas para el logro de la plena efectividad de los derechos humanos de las mujeres.

- El Congreso Local al establecer la protección a la vida desde la concepción excluyó la posibilidad de progreso a diversos derechos fundamentales de las mujeres, restringiéndolos de manera absoluta, entre los que se encuentran los derechos la salud, así como a los sexuales reproductivos.

- En ese sentido resulta injustificable que la Legislatura haya inobservado completamente la protección a los derechos de las mujeres adoptando medidas que son contrarias al principio de progresividad.

• Séptimo. La norma impugnada contradice los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

- Señala que transgrede el principio de universalidad porque genera un subsistema jurídico estatal diferenciado del resto de las entidades federativas, al establecer que la protección a la vida comenzará desde la concepción y hasta su muerte natural, lo cual limita la posibilidad de legislar en materia de interrupción legal del embarazo y muerte digna.

- También, señala que viola el principio de interdependencia porque al establecer la protección antes señalada, transgrede de manera directa otros derechos de la mujer. Asimismo, aduce que se vulnera el principio de indivisibilidad debido a que el legislador solamente tomó en cuenta el derecho a la vida sin observar la fragmentación que impactaría en otros derechos.

- Finalmente, aduce que la norma es contraria al principio de progresividad en virtud de que la protección establecida deriva en efectos regresivos hacia los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

• Octavo. La norma impugnada le concede, de manera indebida, el carácter de absoluto al derecho a la vida.

- La norma dispone una protección absoluta al referido derecho, razón que la torna inconstitucional, porque ha sido criterio de la Corte Interamericana que ningún derecho humano puede ser absoluto, incluyendo el de la vida, ya que ninguna protección absoluta puede justificar la negación de otros derechos. Por ello la tutela que se otorga al producto de la concepción no puede tener prevalencia absoluta e ilimitada sobre las libertades y derechos sexuales reproductivos de las mujeres.

• Noveno. La norma impugnada viola el principio de dignidad de las mujeres.

- El Congreso Local perdió de vista que la determinación de continuar o no con un embarazo, constituye un derecho personalísimo, inherente a su autodeterminación y libre desarrollo psicosexual, por ello, la imposición forzada de continuar el embarazo representa una transgresión a la dignidad de la mujer, ya que se desconocen los derechos reconocidos a favor de ésta.

• Décimo. La norma impugnada violenta el derecho a la vida privada de las mujeres.

- La Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la vida privada se relaciona directamente con la autonomía reproductiva y acceso a los servicios de salud en ese ámbito, es decir, el referido derecho se vincula con aquellas decisiones que se toman en ejercicio de la sexualidad, como lo puede ser la interrupción o no del embarazo.

- En ese sentido, el artículo reclamado incide directamente contra el derecho de la mujer a elegir de manera libre y espontánea si desea o no procrear hijos, pues al proteger la vida desde la concepción, obliga a que las mujeres continúen con el embarazo.

• Décimo primero. La norma impugnada contraviene la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

- El embarazo forzado contemplado en la norma reclamada, bajo la protección de la vida ahí establecido, redunda en una forma de violencia hacia la mujer, pues las disuade a tomar decisiones relacionadas con su plan de vida como lo es la interrupción del embarazo, bajo una medida coercitiva, ya que la obligación de llevar a término un embrazo se traduce en un tipo de violencia, debido a que dicha imposibilidad puede traer consigo efectos nocivos en la salud física y mental de la mujer.

• Décimo segundo. La norma impugnada contraviene el derecho de las mujeres a acceder al más alto nivel posible de salud.

- El derecho a la salud entraña libertades de controlar la propia salud, cuerpo, libertad sexual y genésica, es decir, un bienestar físico mental y social.

- Por ello, la imposición forzada de continuar con el embarazo representa un riesgo a la salud física, emocional y social de las mujeres, pues las limita a acceder a servicios de salud integrales para realizar la interrupción de aquél, obligándolas a recurrir a centro que pueden resultar inseguros para su integridad, sin mencionar la estigmatización social a la que se someten por tal decisión.

• Décimo tercero. La norma combatida atenta contra el derecho de las mujeres a la libertad, en sentido amplio, incidiendo en el ámbito de sus derechos sexuales y reproductivos y en su derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de su descendencia.

- La restricción implícita contenida en la norma que se combate representa injerencias arbitrarias en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres debido a que limita el control sobre su cuerpo exponiéndolas a riesgos innecesarios sobre su salud, soslayando las consideraciones personales que en cada caso pudieran suscitarse.

• Décimo cuarto. La norma impugnada contraviene el deber del Estado de incorporar la perspectiva de género en las normas, al imponer una carga desproporcional a las mujeres, vinculada con su condición biológica.

- El Congreso del Estado de Nuevo León omitió realizar un análisis con perspectiva de género sobre los efectos de la norma impugnada, es decir, sobre los impactos desproporcionales contra la mujer, ya que no detectó las condiciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres.

- Lo anterior, porque si bien la planificación familiar, educación sexual y el acceso a anticonceptivos permiten tener un determinado control sobre los embarazos, aun se sigue imponiendo una carga a la mujer distinta que a la del hombre, esto es, continuar forzosamente con un embarazo no planeado.

• Décimo quinto. El artículo reclamado impone a los neoloneses una forma de pensar concreta y específica, violentando los principios de pluralidad y diversidad.

- La redacción de la norma impugnada señala de manera univoca el significado de la palabra "concepción", pasando por alto que dicha acepción puede tener diversos significados desde puntos de vista biológicos, médicos, éticos, morales, religiosos y científicos, e imponiendo solamente una definición para dicha palabra.

• Décimo sexto. La porción normativa reclamada transgrede el derecho humano a una muerte digna.

- El Congreso Local al señalar que "... el Estado reconoce y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, ha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31490-a266ee2d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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