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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA ADICIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA "Y SU SEGURIDAD HUMANA" A LA NORMA QUE GARANTIZA EL DERECHO A LA VIDA DEL SER HUMANO NO IMPLICA UN CAMBIO SUSTANCIAL EN ÉSTA NI AFECTA LA ESENCIA DE LA REGULACIÓN DE DICHA GARANTÍA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INEXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPUGNADA NO IMPLICA UN CAMBIO SUSTANCIAL. V. DERECHOS HUMANOS. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN COMPETENCIA PARA REDEFINIR, LIMITAR NI RESTRINGIR DERECHOS FUNDAMENTALES. VI. DERECHOS HUMANOS. SU AMPLIACIÓN POR AUTORIDADES DIVERSAS AL PODER REVISOR ES JURÍDICAMENTE POSIBLE, EN TANTO NO SE ALTERE SU NÚCLEO O CONTENIDO ESENCIAL. VII. DERECHOS HUMANOS. LAS AUTORIDADES DISTINTAS AL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN Y A LAS QUE LES CORRESPONDE LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES, TIENEN FACULTADES PARA EMITIR NORMAS JURÍDICAS CONCRETAS QUE LOS OPTIMICEN Y DESARROLLEN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE NECESARIAMENTE ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. VIII. DERECHOS HUMANOS. SON UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, POR LO QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN EMITIR NORMAS CONSTITUCIONALES LOCALES PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, SIEMPRE QUE ÉSTAS NO CONTRAVENGAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO SEA PARTE. IX. DERECHOS HUMANOS. LOS LEGISLADORES LOCALES NO ESTÁN OBLIGADOS A REPRODUCIR PALABRA POR PALABRA EL TEXTO DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO SI EN LA NORMATIVA LOCAL HUBIERA UNA ALTERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE UN DERECHO HUMANO A TAL GRADO QUE LA TORNARA IRRECONOCIBLE SEGÚN LA PRÁCTICA JURÍDICA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, TAL REGULACIÓN SERÍA INCONSTITUCIONAL POR ALTERAR LA IDENTIDAD DE ESE DERECHO. X. DERECHOS HUMANOS. SU NÚCLEO ESENCIAL SE REFIERE A UN ESTÁNDAR MÍNIMO QUE RIGE EN TODA LA REPÚBLICA. XI. DERECHO A LA VIDA. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZARLO COMO VALOR PRIMORDIAL QUE SUSTENTA EL EJERCICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS. XII. DERECHO A LA VIDA. DEL HECHO DE QUE ÉSTE SEA UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL DISFRUTE DE OTROS DERECHOS NO SE DESPRENDE QUE TENGA UNA JERARQUÍA SUPERIOR RESPECTO DE ÉSTOS. XIII. PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. OBLIGA A INTERPRETARLOS COMO UN SISTEMA EN EL QUE NO SE EXCLUYAN UNOS A OTROS, SINO QUE SE COMPLEMENTAN RELACIONADOS ENTRE SÍ SIN JERARQUÍAS. XIV. PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CONLLEVA LA IMPLEMENTACIÓN HOLÍSTICA DE AQUÉLLOS, ENTRE LOS CUALES NO EXISTE JERARQUÍA, PUES TODOS TIENEN COMO BASE LA DIGNIDAD HUMANA. XV. DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LA NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE DISPONE QUE EL ESTADO GARANTIZARÁ EL DERECHO A LA VIDA COMO VALOR PRIMORDIAL QUE SUSTENTA EL EJERCICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INTERDEPENDENCIA E INDIVISIBILIDAD DEL RESTO DE LOS DERECHOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL, COMO VALOR PRIMORDIAL QUE SUSTENTA EL EJERCICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS; SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LAS LEYES", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ). XVI. DERECHO A LA VIDA. LA CLÁUSULA "EN GENERAL", PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TIENE COMO OBJETO PERMITIR QUE, EN UN CONFLICTO DE DERECHOS, SEA POSIBLE INVOCAR EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN Y QUE ÉSTE NO SE ENTIENDA COMO UN DERECHO ABSOLUTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL, COMO VALOR PRIMORDIAL QUE SUSTENTA EL EJERCICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS; SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LAS LEYES", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ). XVII. DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA DEFINIR LA FORMA Y EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE TUTELA O PROTEGE LA VIDA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL, COMO VALOR PRIMORDIAL QUE SUSTENTA EL EJERCICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS; SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LAS LEYES", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ). XVIII. DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LA NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL QUE DISPONE QUE LA VIDA ESTÁ PROTEGIDA DESDE LA CONCEPCIÓN Y HASTA LA MUERTE NATURA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2016. · Registro digital (IUS): 32649
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-16
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.55.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE MAYO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al treinta de mayo del dos mil veintidós, emite la siguiente

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 85/2016, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES

1. Por escrito recibido el veintidós de septiembre del dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, adicionado mediante decreto 912 publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa el veintitrés de agosto del mismo año.

2. En acuerdo de veintitrés de septiembre siguiente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente con el número 85/2016 y designó al Ministro Javier Laynez Potisek como instructor, quien mediante proveído de veintiséis del mismo mes y año admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, solicitó informe a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad federativa y dio vista a la Procuradora General de la República para que formulara pedimento.

3. En acuerdos de veintisiete de octubre y diez de noviembre, ambos del dos mil dieciséis, se tuvieron por rendidos, respectivamente, los informes de la autoridad legislativa y del Gobernador del Estado de Veracruz, quienes propusieron diversos argumentos defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada.

4. En proveído de uno de diciembre del mismo año, se tuvo a la demandante formulando sus alegatos y se declaró cerrada la instrucción, mientras que en diversos de cinco del mismo mes y año y dieciséis de enero del dos mil diecisiete se tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Veracruz rindiendo sus alegatos por haber sido depositados en la oficina postal en forma oportuna.

II. COMPETENCIA

5. Este Tribunal Pleno es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se cuestiona la regularidad de una norma constitucional local que regula la protección de la vida en una entidad federativa.

III. OPORTUNIDAD

6. La demanda fue promovida oportunamente, esto es, dentro del plazo de treinta días naturales que prevé el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que el decreto impugnado se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintitrés de agosto del dos mil dieciséis, mientras que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintidós de septiembre siguiente, esto es, al trigésimo día natural.

IV. LEGITIMACIÓN

7. La demanda fue promovida por parte legitimada ya que acude la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, podrá promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos reconocidos por la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y, en el caso concreto, impugna una norma jurídica contenida en la constitución de una entidad federativa que regula la protección del derecho a la vida.

V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

8. De la lectura del expediente no se advierte que alguna de las partes hubiera propuesto la actualización de causas de improcedencia; sin embargo, este Tribunal Pleno estima necesario hacer un pronunciamiento en razón de que, con posterioridad a la publicación de la norma impugnada y al cierre de instrucción, su texto fue reformado.

9. Para emprender el examen correspondiente, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, aplicado por disposición expresa de su diverso artículo 65, establece que las acciones de inconstitucionalidad pueden ser sobreseídas cuando hubieran cesado los efectos de la norma general o acto impugnado.

10. En relación con la actualización de esa causa de improcedencia, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha sido prolija en establecer que la cesación de efectos opera, en términos generales, cuando con motivo de la emisión de un nuevo acto jurídico –que puede ser incluso la emisión de una nueva norma general– los efectos del acto originalmente impugnado son destruidos en forma total e incondicional.

11. En el caso concreto de las acciones de inconstitucionalidad, sobre la actualización de la citada hipótesis de improcedencia cuando se impugnen normas generales, este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 25/2016, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, octubre del 2016, Tomo I, página 65, que establece:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.

12. De la tesis transcrita se advierte que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se está en presencia de un nuevo acto legislativo que conlleva al sobreseimiento cuando coexisten o concurren los aspectos formal y material. El aspecto formal exige demostrar que ha existido un proceso legislativo de reforma (iniciativa, dictamen, discusión, aprobación y publicación); en cambio, el requisito material exige que la modificación sea sustantiva, es decir, que existan cambios normativos que modifiquen la trascendencia, contenido o alcance del precepto.

13. Cabe precisar que este Tribunal Pleno ha considerado la necesidad de sostener tal criterio para que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen únicamente cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa.

14. Sentadas las bases anteriores resulta necesario tener en cuenta que, en el caso que nos ocupa, se impugna el segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz adicionado mediante decreto publicado el veintitrés de agosto del dos mil dieciséis en el periódico oficial de esa entidad federativa, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.

El Estado garantizará el Derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes. (...)

15. Ese texto fue reformado mediante publicación en la gaceta oficial estatal el veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete –habiendo seguido todos los pasos del procedimiento de reforma constitucional– para quedar como sigue:

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.

El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. (...)

16. De la confrontación entre uno y otro textos se advierte que, en el texto reformado, el legislador conservó la totalidad del texto objeto de impugnación mediante esta acción de inconstitucionalidad; sin embargo, adicionó la expresión "y su seguridad humana" como objeto de tutela por parte de la entidad federativa, por lo que será necesario definir si esa adición constituye un cambio sustancial o material que en unión al requisito formal conduzca a decretar el sobreseimiento. Para tal efecto resulta necesario tener en cuenta el contexto normativo en que se encuentra inmersa la adición legislativa.

17. En la norma objeto de impugnación el poder reformador de la Constitución estatal introdujo la garantía del derecho a la vida del ser humano como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos.

18. En la norma reformada, el legislador preservó la tutela y/o garantía del derecho a la vida en los mismos términos; sin embargo, adicionó la protección a la seguridad humana de la misma forma en que lo hizo para el derecho a la vida, lo que se corrobora si se toma en cuenta que los unió a través de la conjunción copulativa "y". Es decir, en la reforma al segundo párrafo del artículo 4 constitucional del estado de Veracruz el legislador sumó la obligación general de garantía de la seguridad humana a la que ya había establecido para el derecho a la vida.

19. En opinión de este Alto Tribunal, tal reforma no implica un cambio sustancial en la norma impugnada simplemente porque no transformó normativamente el alcance de la protección del derecho a la vida –que constituye precisamente la razón que motivó la promoción de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa– ni afectó la esencia de la regulación de la garantía del derecho a la vida en los términos que se impugnó, tanto es así que incluso con la reforma continuó vigente la tutela del derecho a la vida en los términos en que se impugnó.

20. Por el contrario, únicamente se sumó la protección de lo que se reconoció como un derecho tal como se advierte de la exposición de motivos que dio origen a la reforma publicada en el periódico oficial estatal el veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete que establece:

En el año 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe anual sobre el Desarrollo Humano estableció una definición novedosa, que catalogó como simple, pero revolucionaria para el Siglo XXI. Me refiero al concepto de Seguridad Humana.

Un concepto que abarca cuatro características fundamentales:

1. Su universalidad;

2. La interdependencia de sus componentes;

3. La prevención temprano de los problemas del desarrollo; y

4. Su centralidad en lo humano.

En este documento, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estableció siete dimensiones que se relacionan y que, en su conjunto, su vigilancia, actualidad y logro, generan las condiciones de seguridad de las personas con un sentido integral. Me refiero a las siguientes dimensiones:

(...)

• Seguridad económica, relacionado con el combate a la pobreza y el desempleo;

• Seguridad alimentaria, para prevenir el hambre y la hambruna en cualquier zona que se presente;

• Seguridad sanitaria, para prevenir enfermedades infecciosas mortales, alimentos no seguros, desnutrición, falta de acceso a la salud y a la vivienda sin servicios sanitarios.

• Seguridad ambiental, tanto en los temas de degradación, contaminación, desastres naturales, afectación permanente al hábitat de las personas.

• Seguridad personal para evitar la violencia física, delitos, terrorismo, violencia doméstica, mano de obra infantil, tráfico de órganos y de personas.

• Seguridad comunitaria sobre todo en problemas étnicos, religiosos, o de identidad general; y

• Seguridad política como es la represión policiaca dirigida por decisiones políticas.

Señala la Organización de las Naciones Unidas que, cito:

"En los dos decenios últimos, la comunidad internacional se ha ocupado de promover una comprensión más amplio de la seguridad. Con aportaciones de los gobiernos, los académicos, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales, el concepto conocido como seguridad humana reorienta la atención de los Estados y de la comunidad internacional hacia la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas como la base para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano.

Pese a la existencia de este importante concepto, tanto en México como en Veracruz, seguimos teniendo una noción conceptual retrasada del desarrollo humano y su cuidado sigue siendo mediante nichos de atención programática, presupuestal y temática desvinculados entre sí.

(...)

(...), el concepto de seguridad humana propone que no es sólo la formación de capital humano lo que hará el desarrollo se presente, sino que existen factores dinámicos e interrelacionados, con las siete dimensiones antes mencionadas que generan las condiciones para que las personas vivan a plenitud. (...)

(...)

El cambio en nuestra Constitución estatal, permitirá promover que se impulsen presupuestos que, de forma integral, aborden los factores que inciden para lograr una seguridad humana, y que las políticas públicas, así como los programas y acciones de gobierno estén vinculados en el logro de objetivos programáticos.

Necesitamos garantizar la seguridad humana e incorporarla como una obligación del Estado veracruzano, para que tanto el poder ejecutivo garantice su atención programática y el Congreso, lo incorpore como facultad para legislar. (...)

21. La transcripción anterior evidencia que la intención del legislador fue únicamente la de sumar la protección a la seguridad humana como obligación de garantía del estado de Veracruz, sin modificar sustancialmente el nivel de protección que dio anteriormente al derecho a la vida. Por el contrario, tomando en cuenta los conceptos en que basó su reforma (seguridad económica, ambiental, alimentaria, sanitaria, personal, comunitaria y política), es claro que únicamente extendió la obligación de garantía que ya había adicionado en dos mil dieciséis.

22. De ahí que este Tribunal Pleno considere que la reforma a la norma impugnada no reúne la condición de haber sido material o sustancial en tanto, se reitera, no afectó la esencia de la institución de protección al derecho a la vida y, por ende, no se actualiza la cesación de efectos en los términos en que este Alto Tribunal ha considerado según la jurisprudencia transcrita con anterioridad.

23. Además, es necesario precisar que, como se explicó, el legislador mantuvo la regulación del derecho a la vida en idénticos términos en que lo hizo cuando se publicó la norma objeto de impugnación, lo que evidencia que, con la reforma publicada en la gaceta oficial estatal el veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, no se destruyeron en forma total e incondicional sus efectos, sino que, por el contrario, los conservaron y, por ende, no se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

24. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que el artículo 4, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, adicionado el veintitrés de agosto del dos mil dieciséis, vulnera diversas normas constitucionales e internacionales que protegen a la mujer y sus derechos, concretamente los relativos a la dignidad de la persona, a la vida privada, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y plan de vida, a la protección de la salud, a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, así como los derechos sexuales y reproductivos.

25. Para sustentar su afirmación propone diversos argumentos que giran en torno a dos ejes fundamentales estrechamente vinculados: uno a través del cual pretende evidenciar que la norma redefine un derecho incluso mediante la restricción de otros y, otro, a través del que cuestiona las facultades del legislador local para regular el derecho a la vida en los términos en que lo hizo.

26. En relación con el tema competencial, alega, en esencia, que la norma impugnada define y restringe el derecho a la vida al regular desde y hasta cuándo hay vida, a saber: desde la concepción y hasta la muerte natural, aspectos que únicamente pueden ser objeto de regulación por parte del poder reformador de la Constitución por dos motivos: el primero, porque la definición de un derecho con ese nivel de tutela puede dar lugar a un espectro de protección diferenciado en el país y, el segundo, porque otorga primacía a un derecho humano sobre otros. Además, precisa que ni siquiera se está ampliando un derecho, sino por el contrario, restringe y limita diversos derechos de las mujeres.

27. Sostiene que las facultades de los congresos locales para legislar en materia de derechos fundamentales fueron delimitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 75/2015 donde se decidió que el parámetro de regularidad constitucional está previsto y definido por la Constitución y, por ende, no puede ser regulado en el orden jurídico local, agregando que el Alto Tribunal ha reconocido los instrumentos internacionales garantizan y protegen el derecho a la vida, pero nunca como un derecho absoluto (acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007).

28. Agrega que los criterios de este Suprema Corte han sido claros en el sentido de que las normas internacionales no definen el momento en que inicia la protección del derecho a la vida ni desde qué momento el ser humano es sujeto de protección y que las garantías de protección al derecho a la vida en el plano internacional se dirigen particularmente a la prohibición de privar arbitrariamente de la vida y a la pena de muerte, con independencia de que este Tribunal Pleno reconoció que la única normativa internacional que alude a cuándo comienza la vida es la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece un momento a partir del cual en general debe ser protegida (la concepción); sin embargo, otorga a los países la posibilidad de que en sus legislaciones locales autoricen la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias.

29. Finalmente, alega que aun cuando este Tribunal Pleno se ha pronunciado sobre el derecho a la vida y la interrupción legal del embarazo –acciones de inconstitucionalidad 10/2000, 146/2007 y su acumulada 147/2007, 11/2009 y 62/2009, entre las más destacadas– lo cierto es que no ha decidido sobre los planteamientos que ahora se proponen. 30. A lo largo de su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propone argumentos que giran en torno a la idea fundamental de que la norma impugnada restringe injustificadamente diversos derechos de las mujeres lo que, además, conlleva a una extralimitación de la legislatura local en ejercicio de sus competencias, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los congresos locales no pueden redefinir, limitar ni restringir derechos fundamentales.

31. Como se ve, el planteamiento esencial de la promovente gira en torno a la idea fundamental de que el legislador local tiene vedado redefinir y restringir derechos como, en este caso, el derecho a la vida y, por ende, la norma que se impugna es contraria al parámetro de regularidad constitucional

32. Para determinar el tratamiento que deba darse a su planteamiento resulta necesario tener en cuenta que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha sido prolija en establecer que, si bien las legislaturas locales tienen la posibilidad de regular cuestiones atinentes a los derechos humanos, lo cierto es que ese actuar debe satisfacer determinadas condiciones porque, incluso, hay algunos aspectos que les están vedados.

33. Al respecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, este Tribunal Pleno retomó las consideraciones sostenidas en diversos precedentes (acciones de inconstitucionalidad 75/2015, 84/2015 y 87/2015), en que se había venido desarrollando con claridad, solidez y contundencia el criterio de esta Suprema Corte en torno a las facultades de las entidades federativas para regular cuestiones relativas a los derechos humanos.

34. En aquella ocasión, se expuso que para este Tribunal Pleno es una cuestión zanjada que, si una disposición federal, local o municipal vulnera los derechos humanos del parámetro de regularidad constitucional o condiciona de algún modo su vigencia en el orden respectivo, ello acarrea inevitablemente su invalidez. Sin embargo, no toda norma general de carácter secundario que esté relacionada con los derechos humanos altera o vulnera por ese simple hecho el parámetro de regularidad constitucional y debe ser invalidada.

35. Se explicó que la ampliación de derechos fundamentales por entes distintos al poder revisor de la Constitución es jurídicamente posible en la medida que no se altere su núcleo o contenido esencial. Cuando este contenido se respeta, es válido que un poder legislativo "pueda desarrollar o incluso ampliar el contenido de un derecho humano" dado que, llevada a cabo por un ente constitucionalmente facultado, tal ampliación o potenciación no representaría una alteración del parámetro, sino una materialización del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional.

36. En cambio, si en una norma general de carácter secundario se pretende establecer, para un contexto determinado, un derecho nuevo que no forma parte del parámetro de regularidad constitucional, esto podrá hacerse solamente en la medida en que aquél no se oponga a los estándares mínimos que representan los derechos humanos que sí están reconocidos por la Constitución Federal y/o los tratados internacionales. Obviamente, si ese nuevo derecho humano transgrediera de cualquier modo el núcleo o contenido esencial de algún derecho fundamental del parámetro, entonces su creación sí representaría una alteración del parámetro y necesariamente tendría que declararse su invalidez.

37. Así, las autoridades facultadas para expedir normas no están obligadas a reproducir palabra por palabra el texto de la Constitución Federal y/o los tratados internacionales. Cuando una norma de carácter general se refiere a algún derecho humano que tiene regulación o mención en el parámetro, ello en forma alguna implica que con la normatividad secundaria se derogan o dejan de tener efectos las respectivas provisiones constitucionales o convencionales. Éstas siempre mantienen su vigencia y rango superior. En esta tesitura, una norma general expedida por órgano competente que simplemente reitere a la letra el contenido de un derecho humano previsto en el parámetro de regularidad constitucional muy probablemente será una norma superflua pero no inconstitucional.

38. En conclusión, no todo reconocimiento, conceptualización, matiz, ampliación o desarrollo de derechos humanos, o de principios relacionados con ellos, por parte de un ente diverso al Constituyente Permanente o a los órganos facultados para suscribir y ratificar tratados internacionales, es una alteración o modificación del parámetro de regularidad constitucional. Al contrario, muchas veces esta actividad normativa adicional representa la única manera de implementar las directrices que establece expresamente la Constitución Federal para el cumplimiento de las obligaciones generales de derechos humanos. Esto significa que en el sistema jurídico mexicano –en principio– autoridades distintas al poder reformador de la Constitución y a aquellas a quienes corresponde la firma y ratificación de tratados, tienen facultades para reconocer, ampliar o desarrollar derechos humanos e incluso crear derechos nuevos, sin que ello necesariamente implique alterar o modificar el parámetro de regularidad constitucional. Determinar si tal actividad normativa vulnera el referido parámetro, debe revisarse caso por caso y no de manera genérica o en abstracto.

39. Sentadas esas bases, este Tribunal Pleno expuso que en el sistema federal mexicano los derechos humanos son una responsabilidad compartida entre todos los poderes públicos del país, sea que pertenezcan a la Federación, a las entidades federativas, o a los municipios o alcaldías. Si los derechos humanos se traducen necesariamente en obligaciones para todos los órdenes de gobierno y sus respectivos poderes, entonces las entidades federativas en principio pueden válidamente establecer normas relativas a los derechos humanos en sus constituciones locales siempre que éstas no contravengan la Constitución Federal o los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte.

40. En relación con las limitaciones que tienen las entidades federativas para regular derechos humanos, esta Suprema Corte explicó que dependen de la formulación específica de cada derecho fundamental en el texto constitucional federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Como criterio general, mientras más desarrollado esté un derecho fundamental por las normas del parámetro de regularidad constitucional, menos margen de maniobra tendrán los órganos de las entidades federativas para ampliarlo a través del derecho local.

41. En el contexto del análisis de los derechos humanos en la Ciudad de México, se destacaron algunas cuestiones cuya regulación está vedada para las legislaturas locales:

a) Las normas de las entidades federativas no pueden ampliar ni crear derechos humanos cuando la competencia regulatoria se haya reservado en exclusiva para la Federación por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Las normas que expidan los órganos legislativos locales no deben alterar la identidad ni el contenido esencial de algún derecho humano reconocido por la Constitución y/o los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

42. Al respecto, este Tribunal Pleno decidió que si bien los derechos humanos en las constituciones locales no tienen siempre que reproducir palabra por palabra el texto del parámetro de regularidad constitucional, lo cierto es que si en la normativa local hubiera una alteración de la configuración de un derecho humano a tal grado que lo tornara irreconocible según la práctica jurídica constitucional y convencional, es decir, que lo redefiniera en relación con las normas del parámetro de regularidad constitucional, tal regulación sería inconstitucional por alterar la identidad de ese derecho. Esto ocurrirá cuando el reconocimiento o la ampliación de un derecho humano en el ordenamiento de la entidad federativa se den en oposición manifiesta a la caracterización o definición que les otorgan las normas constitucionales y convencionales o cuando se opongan abiertamente a la interpretación plasmada en la jurisprudencia de esta Suprema Corte en materia de derechos humanos.

43. Se explicó que la obligación constitucional de las autoridades de las entidades federativas de proteger y garantizar derechos humanos en el ámbito de sus competencias quedaría en el limbo si los ordenamientos locales más bien desnaturalizaran aquello que la Constitución Federal pretende que protejan y garanticen y, por ello, las entidades federativas deben cuidar en todo momento que al formular derechos fundamentales en sus constituciones locales siempre haya correspondencia con la caracterización que en conjunto le otorgan a esos derechos las normas constitucionales, convencionales y las establecidas por la jurisprudencia constitucional.

44. El constituyente local debe ser estudioso del desarrollo jurisprudencial constitucional y estar en todo momento al tanto de los criterios en materia de derechos humanos.

45. Finalmente, se agregó que íntimamente vinculado con el análisis de identidad se encuentra el examen de afectación al núcleo o contenido esencial de algún derecho fundamental. Este ejercicio asegura, en pocas palabras, que la configuración a nivel local de derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y los tratados internacionales nunca pueda realizarse de forma tal que alguno de ellos carezca del contenido mínimo que requiere el parámetro de regularidad constitucional. El núcleo esencial de un derecho humano es el estándar mínimo que rige en toda la República y, por decirlo de una manera, la alarma más evidente de que la actividad normativa de una entidad federativa ha sobrepasado los límites constitucionales. Aquélla se act

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32649-00a7e4ef/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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