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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES). III. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA RESERVA CONSISTENTE EN TENER AQUÉLLA PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS ESTÁ LIMITADA A ÉSTOS, ASÍ COMO SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTES, SEAN ESTRATÉGICOS, PRIORITARIOS Y VINCULADOS DIRECTAMENTE CON LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD NACIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES). VI. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA RESERVA EXPLÍCITA DE CIERTOS CARGOS Y FUNCIONES PARA MEXICANOS POR NACIMIENTO ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE LIMITA, EN PRINCIPIO, A LOS QUE CORRESPONDEN A LA TITULARIDAD DE LOS PODERES DE LA UNIÓN, O A ÁMBITOS QUE INCIDEN EN LA ESTRUCTURA BÁSICA ESTATAL, O EN ASPECTOS RELATIVOS A LA SOBERANÍA NACIONAL O A LA DEFENSA DE ÉSTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES). VII. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA SER COORDINADORA DEL REFUGIO ESTATAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 613 QUE CREA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2019. · Registro digital (IUS): 29896
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-25
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo II, Pág. 1756.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE ENERO DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: MÓNICA JAIMES GAONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de enero de dos mil veinte.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 20 Bis, fracción I, en la porción normativa que dice: "por nacimiento", de la Ley Número 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, adicionado mediante Decreto Número 235, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, el seis de marzo de dos mil diecinueve.

Señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada al Congreso y gobernador, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.

• Los artículos 1o., 5o., 14, 16, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Texto de las normas cuya invalidez se solicita:

(Adicionado, G.O. 6 de marzo de 2019)

"Artículo 20 Bis. La directora del instituto propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la coordinadora del refugio, quien deberá cumplir los siguientes requisitos:

"I. Ser ciudadana veracruzana o mexicana por nacimiento, con al menos cinco años de residencia en la entidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos."

CUARTO.—Concepto de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adujo esencialmente lo siguiente:

"Único. El artículo 20 Bis, fracción I, de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, exige como requisito para ser nombrada coordinadora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia ser ciudadana mexicana por nacimiento, por lo que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de aquellas personas que hayan obtenido su nacionalidad por naturalización; además, en consecuencia, transgrede los derechos de seguridad jurídica y a dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos, así como a ser nombradas para cualquier empleo o comisión del servicio público.

"...

"A. Distinción sustentada en el origen nacional y su examen como categoría sospechosa.

"En efecto, el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, de manera expresa prohíbe la discriminación por motivos de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

"Al respecto, la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que tales condiciones conocidas como ‘categorías sospechosas’, recogidas tanto en el orden constitucional interno como en la normativa internacional, están asociadas a la desvalorización cultural, la desventaja social y a la marginación política.

"...

"Si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en absoluta equivalencia, lo cierto es que el mismo hace referencia a la situación en la cual todos aquellos individuos que se encuentren en escenarios de hecho similares reciban siempre el mismo trato; por tanto, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y siempre que no exista justificación razonable para tal distinción, se reputará discriminatoria.

"...

"Ahora bien, teniendo presente el contexto, el Máximo Tribunal ha establecido ciertas directrices del test rígido, cuyo objetivo consiste en verificar si las medidas legislativas que tienen una categoría sospechosa, resultan discriminatorias y, por tanto, inconstitucionales. A continuación, se procede a realizar el escrutinio estricto de la porción normativa impugnada bajo los siguientes parámetros:

"1. Debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante; es decir, proteger un mandato de rango constitucional.

"En el caso concreto, la norma impugnada no cumple con este requisito ... en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir ser mexicana por nacimiento para ocupar el cargo de coordinadora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

"...

"Lo anterior, dado que las funciones específicas de la referida coordinadora del Refugio Estatal para las Mujeres en Situación de Violencia de dicho organismo son de carácter administrativo ... y no se encuentran relacionadas con ámbitos que inciden en la estructura básica del Estado o con aspectos primordiales relativos a la soberanía y defensa nacional.

"...

"2. Debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos.

"Vinculado con el punto precedente, en el que se concluyó que la norma carece de un fundamento constitucionalmente imperioso y necesario, ya que la medida no persigue ningún propósito que resulte de relevancia en términos constitucionales, no encuentra conexión con la consecución de objetivo constitucional alguno.

"3. La distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.

"Atendiendo a los elementos descritos, la porción normativa impugnada no justifica una finalidad imperiosa ni constitucionalmente válida, ya que no resiste un juicio de proporcionalidad o razonabilidad, puesto que las restricciones a la participación de las personas naturalizadas mexicanas en la selección para el cargo público aludido, no obedece a ninguna razón objetiva, excepción o supuesto constitucionalmente válido para justificar el requisito de ser ciudadana mexicana ‘por nacimiento’, pues de la función encomendada al Instituto Veracruzano de las Mujeres y, por tanto, a la coordinadora del Refugio Estatal para las Mujeres en Situación de Violencia, no se desprende que atiendan a cuestiones referentes a la seguridad nacional, las fuerzas armadas o a la titularidad de alguna Secretaría de Estado.

"Consecuentemente, este principio de no discriminación impera como mandato constitucional para todas las autoridades, mismo que deben proteger y respetar en cualquier acto que realicen, pues la dignidad humana no se puede subordinar a ningún arbitrio. En consecuencia, [sic] todo orden de gobierno queda obligado a respetar el derecho humano a la igualdad en cualquier circunstancia, especialmente cuando emite normas que pueden hacer referencia a un sector de la población que social e históricamente ha sido discriminado, como son las personas con un origen étnico o nacional distinto.

"En esos términos también se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano de las Naciones Unidas encargado de la supervisión del cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la Recomendación General No. XXX sobre la discriminación contra los no ciudadanos, en la cual afirmó lo siguiente: (se transcribe).

"Todo lo anteriormente señalado permite concluir que la disposición normativa combatida propicia discriminación motivada por el origen nacional de las personas, situación que se ubica dentro de las categorías sospechosas, prohibidas por el ordenamiento constitucional y convencional, toda vez que esa distinción va encaminada a restringir el ejercicio de derechos humanos, como lo es el del trabajo y el de desempeñar un empleo o cargo en el servicio público.

"B. Transgresión al derecho de libertad de trabajo y acceso a un cargo público.

"Todas las personas, en los Estados Unidos Mexicanos gozan de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad mexicano.

"Sobre este punto conviene tomar en cuenta que el artículo 1o., párrafo primero de la Norma Suprema dispone lo siguiente: (se transcribe)

"Por su parte, conviene tener presente lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 5o., de la Constitución Federal, a saber: (se transcribe)

"Finalmente, el artículo 35, fracción VI, de la Norma Fundante, precisa lo siguiente: (se transcribe)

"De una interpretación armónica y sistemática de los anteriores preceptos constitucionales se desprende que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden dedicarse a la actividad lícita que sea de su preferencia, lo que implica –siempre que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos– que tienen derecho a dedicarse al cargo público de su elección cuando sean nombrados para tal efecto, como actividad económica que puedan desempeñar libremente.

"Al respecto, conviene tener en cuenta lo señalado en el artículo 30 constitucional, el cual prevé las formas por las cuales se puede adquirir la nacionalidad mexicana, en los términos siguientes: (se transcribe)

"Por su parte, el artículo 34 constitucional establece que son ciudadanos mexicanos quienes, teniendo la calidad de mexicanos (sin importar la forma en que la adquirieron) hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. Por ende, los mexicanos naturalizados que cumplan dichas características, conforme al texto constitucional, son ciudadanos mexicanos con todos los derechos y obligaciones que ello implica.

"Ahora bien, si bien es cierto que el diverso numeral 32, de la Norma Fundamental señala en su párrafo segundo que es posible requerir ser mexicano por nacimiento para el ejercicio de ciertos cargos y funciones, también lo es que dicha posibilidad, no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se trate.

"El no justificar de forma razonable dicha exigencia, redunda en una restricción injustificada a los derechos de libertad de trabajo y de acceso a un cargo público.

"Por ello, se sostiene que la porción normativa ‘por nacimiento’ contenida en el artículo 20 Bis, fracción I, de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, genera un supuesto de discriminación constitucionalmente prohibido al sustentarse en motivos de origen nacional como condición determinante para acceder a un cargo público, en tanto que ello implica una distinción entre personas que tienen la calidad de mexicanos cuyo efecto radica en obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, que en este caso consiste en la posibilidad de ocupar el cargo público de coordinadora del refugio del referido instituto.

"El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura; asimismo, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, establecen que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual implica el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias.

"Bajo ese orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública, debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.

"...

"Ahora bien, el derecho al trabajo, como derecho humano de naturaleza social, se encuentra reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal y en aras de proteger su ejercicio en un plano de igualdad, el Estado Mexicano tiene la obligación de remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otro carácter que impidan a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en las mismas condiciones frente a otro conjunto de personas o grupo social.

"El derecho fundamental al trabajo, también involucra de manera específica en el caso concreto, el de acceder a un cargo público, el cual de igual forma debe ser garantizado en un marco de igualdad, eliminando todos aquellos obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas acceder al servicio público con base en requisitos injustificados, como ocurre con la disposición impugnada.

"...

"Vinculado al derecho a la no discriminación, si bien toma en cuenta la reserva del Estado, sobre los requisitos para otorgar la nacionalización, el Tribunal Interamericano estableció las siguientes bases para su regulación.

"‘... restringir exagerada e injustificadamente el ámbito de ejercicio de los derechos políticos de los naturalizados. La mayoría de estas hipótesis ... constituyen verdaderos casos de discriminación en razón del origen o del lugar de nacimiento que crean injustamente dos grupos de distintas jerarquías entre nacionales de un mismo país’.

"Como ha quedado expuesto, la porción normativa combatida en el presente medio de control constitucional, al establecer como uno de los requisitos ser mexicana por nacimiento para ser nombrada coordinadora del refugio del citado instituto de Veracruz, genera un espectro discriminatorio en perjuicio de las personas que adquirieron su nacionalidad por naturalización, lo cual impide el ejercicio de otros derechos tales como el de libertad de trabajo y el de ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, por lo que resulta inconstitucional.

"C. Transgresión al derecho humano de seguridad jurídica.

"Esta Comisión Nacional observa que el artículo 20 Bis, en su fracción I, además de establecer el requisito de ser mexicana por nacimiento para acceder al multicitado cargo, prevé que también podrán aspirar al mismo las ciudadanas veracruzanas.

"De un análisis armónico y sistemático de la norma, se desprende que, de conformidad con la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son ciudadanos los mexicanos por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años de edad, un modo honesto de vivir y que sean veracruzanos o vecinos en términos de la propia Constitución.

"...

"Ahora bien, precisado lo anterior y de una interpretación armónica y sistemática, de la fracción I, del artículo 20 Bis de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, se advierte que la porción normativa ‘ser ciudadana veracruzana’ –la cual no es objeto de impugnación por parte de este organismo nacional– admite la posibilidad de incluir a las personas que han adquirido la nacionalidad por naturalización que se encuentre residiendo en la entidad y, por tanto, pueden ser nombradas como coordinadora del Refugio Estatal para las Mujeres en Situación de Violencia del Instituto Veracruzano de Mujeres.

"Se estima que lo anterior resulta así, ya que, en primer lugar, la norma exige como primer requisito para acceder al empleo en cuestión, que la persona sea: ciudadana veracruzana o bien, mexicana por nacimiento. La disyuntiva ‘o’ hace que el requisito quede satisfecho si se cumple una de ellas y no ambas de forma necesaria.

"Una vez precisado lo anterior, y tal como se apuntó en líneas anteriores, la Constitución del Estado delimita y señala las condiciones que se requieren para que una persona sea considerada ciudadana veracruzana.

"De esa manera, partiendo del análisis del artículo 14 de la Constitución de dicho Estado, una persona que efectivamente tiene la nacionalidad mexicana –con independencia de si la adquirió por nacimiento o por naturalización– cumple con la exigencia de tener 18 años cumplidos, tiene un modo honesto de vivir y, además es veracruzana o vecina, será considerada ciudadana y, por tanto, le son reconocidos los derechos derivados de esa calidad.

"De tal suerte que el concepto de vecino resulta de relevancia para el caso particular que nos ocupa. Ello es así porque una persona naturalizada mexicana que cumple con el resto de requisitos que la Constitución de la entidad específica para ser considerada ciudadana –incluyendo la vecindad– entraría en el supuesto señalado en la primera parte de la fracción I, del artículo 20 Bis que se refiere a las ‘ciudadanas mexicanas’, por lo que se podría considerar que sí estaría en posibilidad de ocupar el cargo referido.

"Tomando en consideración lo hasta aquí expuesto, la norma referida resulta contradictoria, ya que, por una parte, conforme a la interpretación expuesta, podría entenderse que la norma posibilita que una persona naturalizada mexicana pueda desempeñar el cargo en comento, al tener la calidad de ciudadana, pero por otro, excluye expresamente a las personas que adquirieron su nacionalidad bajo esa modalidad de desempeñarse como coordinadora del refugio.

"Por lo anterior, resulta que, además de estimar que la porción normativa ‘por nacimiento’ contenida en la fracción I, del artículo 20 Bis, es discriminatoria por diferenciar a los mexicanos por su origen nacional y de impedir el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el de libertad de trabajo y el de ocupar un cargo o comisión del servicio público, resulta transgresora del derecho de seguridad jurídica, pues, como ya se mencionó, los términos en los que se encuentra se contradicen entre sí, pues por una parte es inclusiva y por la otra, es excluyente en perjuicio de las personas naturalizadas mexicanas, al impedirles el acceso al cargo de coordinadora del refugio del aludido instituto.

"Esa circunstancia no permite a las personas naturalizadas que deseen ocupar dicho empleo, discernir sobre si la norma permitiría su acceso al cargo conforme a la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales de la entidad, o si en todo caso, la prohibición es expresa sobre que sólo las mexicanas por nacimiento están habilitadas para desempeñarlo, lo que les negaría esa posibilidad. Consecuentemente, se transgrede el derecho de seguridad jurídica de las mexicanas naturalizadas ya que no tienen certeza sobre el sentido de la norma.

"Adicionalmente, resulta de suma relevancia tener presente que la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su jurisprudencia que cuando se trata de normas que en sí mismas resultan discriminatorias, no es posible realizar una interpretación conforme, como se desprende de la siguiente tesis de jurisprudencia «1a. CCLXI/2014 (10a.)»:

"‘NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR.’ (se transcribe)

"...

"En conclusión, a este segundo apartado, la disposición impugnada tiene un impacto en el goce del derecho a la libertad del trabajo, en tanto inhibe la posibilidad de que mexicanas naturalizadas ‘quienes pueden tener al mismo tiempo la calidad de ciudadanas mexicanas como las connacionales que adquirieron su nacionalidad por nacimiento’ se dediquen a una actividad laboral a través del ejercicio de un cargo público, como lo es el puesto de coordinadora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y finalmente, derivado de la interpretación de la fracción I, del artículo 20 Bis de la ley respectiva, la transgresión del derecho a la seguridad jurídica por las razones que han sido expuestas.

"D. Reserva exclusiva de cargos públicos.

"Ahora bien, debe señalarse que la Norma Fundamental prevé casos específicos en los que podrá exigirse la calidad de mexicano por nacimiento cuando se trate de cargos y funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros, sin embargo, en el caso concreto, dichas circunstancias no se satisfacen.

"Adicionalmente, la Constitución Federal en su artículo 32, señala que exclusivamente el Congreso de la Unión puede determinar los cargos y funciones en los que se podrá requerir ser mexicano por nacimiento; por lo que las Legislaturas Locales no se encuentran constitucionalmente habilitadas para establecer dicha exigencia.

"Ello atendiendo a que, como se advierte del procedimiento de la reforma al artículo 32 constitucional, la razón o los fines que tuvo en cuenta el Poder Reformador para exigirlo como un requisito de nacionalidad, deriva de que el ejercicio de tales cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional, aspectos estrechamente vinculados con aspectos federales.

"...

"Al respecto, ese Tribunal en Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, estimó que la facultad de configuración legislativa que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión y no a las Legislaturas Locales, contenida en el artículo 32, de la Constitución Federal, no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se trate, esto es, la exigencia de la reserva en comento para ocupar ciertos cargos que se establezca en ley del Congreso de la Unión debe perseguir fines u objetivos que sostiene el propio precepto constitucional y los diversos cargos y funciones que la Norma Fundamental establece expresamente deben reservarse a quienes tengan esa calidad. Lo que encuentra correspondencia con diversos precedentes, en cuanto que el legislador podrá establecer clasificaciones o distinciones entre grupos o individuos, a fin de alcanzar un objetivo constitucionalmente válido.

"Adicionalmente, si bien es cierto podría aducirse que el legislador veracruzano cuenta con la libertad configurativa para determinar los requisitos necesarios para asumir el mencionado cargo público, cabe destacar que ese Tribunal Pleno, al resolver el medio de control constitucional mencionado, estimó que tal potestad no es absoluta, sino que la exigencia debe ser razonable en función de que sólo los mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad ocupen un determinado cargo debe sostenerse en los fines u objetivos fijados en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, en la salvaguarda de la soberanía y seguridad nacional, sin que se pierda de vista que dicho precepto constitucional se refiere expresamente al Congreso de la Unión y no a las Legislaturas de las entidades federativas.

"De la resolución de la acción de inconstitucionalidad indicada en el párrafo que antecede, derivó la tesis aislada P. I/2013 (9a.) de la Décima Época, en materia constitucional, aprobada por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, marzo de 2013, página 373, de rubro y texto siguientes:

"‘FACULTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES IRRESTRICTA, SINO QUE DEBE SATISFACER UNA RAZONABILIDAD EN FUNCIÓN DE LOS CARGOS QUE REGULE.’ (se transcribe)

"...

"Asimismo, conviene traer a cuenta que se ha pronunciado el Pleno de ese Máximo Tribunal Constitucional en la tesis P. II/2013 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en marzo de 2013, materia constitucional, Décima Época, «Libro XVIII, Tomo 1», página 376, del rubro y texto siguientes:

"‘NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO COMO REQUISITO PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS BASTA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLEZCA EN LA LEY TAL EXIGENCIA, PARA QUE CONJUNTAMENTE OPERE EL REQUISITO DE NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD.’ (se transcribe)

"Por tanto, atendiendo a las atribuciones de la coordinadora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de acuerdo con lo establecido por la propia ley impugnada, consistirán esencialmente en realizar una multiplicidad de actividades de carácter administrativo y organizacional al interior de dicha institución, incluyendo facultades de representación legal del organismo, como se señaló en apartados previos, las cuales no están encaminadas a asegurar la soberanía y seguridad nacional o exigen imperativamente una conexión de identidad nacional entre la persona y la nación mexicana, sino que únicamente realizarán un cargo esencialmente de naturaleza administrativa.

"Es decir, no se trata de un cargo o de funciones ligadas a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales (sic), respecto de los que deba evitarse todo recelo acerca de compromisos con Estados extranjeros, que, en el caso concreto, no se satisfacen.

"En este tenor, los requisitos para ocupar el cargo de coordinadora del refugio deben ceñirse a méritos y capacidades y no al origen nacional de las personas, consecuentemente resulta claro que la norma que se impugna en la porción normativa ‘por nacimiento’ referente al origen nacional de las personas no es un elemento que incida en aquéllos.

"...

"Por todo lo anterior, se estima que el artículo 20 Bis, fracción I, en la porción normativa ‘por nacimiento’, de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, resulta incompatible con el bloque de constitucionalidad establecido en los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que permite una restricción para las mexicanas por naturalización de la capacidad de acceder al cargo público de coordinadora del refugio del instituto multicitado en igualdad de circunstancias a las connacionales que adquirieron la nacionalidad por nacimiento –atendiendo a exigencias objetivas– y, por tanto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita sea declarada inconstitucional por ser contraria a los derechos fundamentales. ..."

QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de presidencia de nueve de abril del dos mil diecinueve se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente (foja 43 del expediente).

Por acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a las autoridades demandadas, para que rindieran sus informes de ley, y se acordó dar vista a la Fiscalía General de la República (fojas 44-46 del expediente).

SEXTO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Amadeo Condado Espinoza, en su carácter de delegado del presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compareció en representación del Poder Legislativo Local a rendir el informe correspondiente (fojas 96-144 del expediente).

SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la Ministra instructora tuvo por no rendido el informe del Poder Ejecutivo Local, así como presentado de manera extemporánea el requerimiento de la copia certificada del ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente al seis de marzo de dos mil diecinueve, que contiene la norma general impugnada (foja 168 y reverso del expediente).

OCTAVO.—Cierre de instrucción. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve se decretó el cierre de la instrucción (foja 181 del expediente).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de su ley reglamentaria; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece; toda vez que en ella la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de una norma de carácter general de una entidad federativa.

SEGUNDO.—Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad se presentó de forma oportuna, es decir, dentro del plazo de treinta días naturales que establece el artículo 60 de la ley reglamentaria.(1)

Así es, el cómputo inició el jueves siete de marzo de dos mil diecinueve y venció el viernes cinco de abril siguiente, ya que la norma reclamada fue publicada en la Gaceta Oficial el seis de marzo de dos mil diecinueve.

Si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de abr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29896-dc654e54/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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