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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA LOS INTEGRANTES DE UNA LEGISLATURA ESTATAL QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES FEDERALES Y LOCALES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. DERECHOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE FACULTADES PARA ALTERAR SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, AUNQUE SÍ PUEDEN DESARROLLAR Y AMPLIAR EL CATÁLOGO DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). V. DERECHOS HUMANOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECER UNA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ADOPTE UNA CIERTA "NOCIÓN DE PERSONA" (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). VI. DERECHOS HUMANOS. LA PROTECCIÓN DEL EMBRIÓN O FETO HUMANO COMO VALOR CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE NO PUEDE COMPETIR PLENA E INCONDICIONALMENTE CON LA DE PERSONAS NACIDAS TITULARES DEFINITIVAS DE DERECHOS CONSTITUCIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). VII. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. VIII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. PARA DEFINIR SUS CONTORNOS, DEBE ACUDIRSE AL CONTENIDO QUE IRRADIA EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. IX. AUTONOMÍA INDIVIDUAL. CONSTITUYE UNA ESFERA DE INMUNIDAD DE LA PERSONA FRENTE AL ESTADO Y LA COMUNIDAD. X. AUTONOMÍA INDIVIDUAL. SE COMPONE POR EL RECONOCIMIENTO DE QUE EXISTEN CIERTAS DECISIONES QUE SÓLO COMPETEN A LA PERSONA RESPECTO DE SÍ MISMA Y POR LA ASEVERACIÓN DE QUE ÉSTAS DEBEN ESTAR LIBRES DE INTERFERENCIA ESTATAL U OTRAS FORMAS DE INTERFERENCIAS AUSPICIADAS O LEGITIMADAS POR EL ORDEN JURÍDICO. XI. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. PROTEGE LA CAPACIDAD DE TODA PERSONA A DECIDIR DE MANERA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL ESPACIAMIENTO DE LOS HIJOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). XII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. EL EMBARAZO OCURRE EN EL RECINTO DE MAYOR INMUNIDAD DE LAS PERSONAS, AL OCURRIR EN EL PROPIO CUERPO Y, POR ENDE, EN SU MAYOR ESFERA DE VULNERABILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). XIII. DERECHO A LA SALUD. SUS ESTÁNDARES Y RELACIÓN CON OTROS DERECHOS. XIV. DERECHO A LA SALUD. SU VÍNCULO CON LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, LA AUTONOMÍA Y EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD SE CONCRETA EN LA POSIBILIDAD DE TOMAR DECISIONES SOBRE LA PROPIA SALUD Y SOBRE EL PROPIO CUERPO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). XV. DERECHO A LA SALUD. LAS DECISIONES SOBRE LA PROPIA SALUD, COMO EL HECHO DE TERMINAR UN EMBARAZO, NO PUEDEN SER INTERFERIDAS ARBITRARIAMENTE, ADEMÁS, DEBE EXISTIR TODA LA INFRAESTRUCTURA PARA PODER LLEVARLAS A CABO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4 BIS A, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE EL MOMENTO EN QUE UN INDIVIDUO ES CONCEBIDO, ENTRA BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY CORRESPONDIENTE, HASTA SU MUERTE", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA). XVI. DERECHO A LA VIDA. SU NOCIÓN EXCEDE EL SENTIDO BIOLÓGICO E INCLUYE ELEMENTOS DE BIENESTAR Y SUBJETIVOS RELACIONADOS CON LA DETERMINACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA INDIVIDUAL. XVII. DERECHO A LA VIDA. EL CONCEPTO DE PROYECTO DE VIDA ATIENDE A LA REALIZACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA, CONSIDERANDO SU VOCACIÓN, APTITUDES, CIRCUNSTANCIAS, POTENCIALIDADES Y ASPIRACIONES. XVIII. DERECHO A LA VIDA. EL ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA Y SEGURA DEL EMBARAZO CON

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2018 Y SU ACUMULADA 107/2018. · Registro digital (IUS): 30924
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-09-09
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE SINALOA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo I, Pág.1074.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2018 Y SU ACUMULADA 107/2018. DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE SINALOA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: M.G. ADRIANA ORTEGA ORTIZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018, promovidas por diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, contra la fracción I del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por diputados integrantes del Congreso de Sinaloa. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa promovieron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4 Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, reformado mediante Decreto Número 861, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

2. Estimaron que la norma vulnera los artículos 1o., 4o., 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11, inciso f), y 16, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y 1, 2, inciso c), 3, 4, incisos a), b), c) y e), 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la minoría parlamentaria expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a) En primer lugar, argumentaron que los Poderes Locales no tienen facultades para definir constitucionalmente el momento en el que inicia la vida. Además, al hacerlo el Congreso, no atendió el parámetro de regularidad en la materia –artículo 1o. constitucional– y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo.

No atendieron lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional ni los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, al resolver el Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, ese órgano internacional estableció que el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no implica una obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción; que pertenece al dominio reservado de los Estados establecer ese término. Según precedentes de la Suprema Corte, corresponde al Congreso General Constituyente determinar el momento en el que inicia la protección del derecho a la vida, nunca a las entidades federativas.

Según los promoventes, no se puede sostener que un embrión sea titular de derechos. En tanto la concepción ocurre dentro del cuerpo de la mujer, se debe concluir que el objeto directo de protección es la mujer embarazada. Así, es equivocado atribuir el carácter de persona a un embrión.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2009, la Suprema Corte dijo que la Constitución exige uniformidad en el goce de los derechos fundamentales, lo que depende de la personalidad que se reconoce a los sujetos. La definición de este concepto compete exclusivamente al Constituyente Federal.

Además, citan la acción de inconstitucionalidad 11/2009 en la que el Pleno resolvió que el contenido esencial de los derechos y su delimitación no son de libre configuración local. En el contexto de federalismo, los Estados –autónomos, pero no soberanos– pueden ampliar la protección a derechos fundamentales, pero no limitarlos. Así, que la definición de persona corresponde al Constituyente Federal.

Por tanto, la entidad federativa violenta el artículo 124 constitucional, pues la norma se refiere a una materia reservada a la Federación.

Los promoventes señalan que, además, permitir una regulación diferenciada entre entidades federativas propicia criterios de protección del derecho a la vida diversos en el país. Ello genera incertidumbre.

b) En segundo lugar, afirman que la norma impugnada violenta el derecho a la dignidad humana de las mujeres, así como el de libertad de decidir su plan de vida, a la vida privada y el libre desarrollo de su personalidad, la libre autodeterminación sexual y reproductiva, así como libertad a decidir el número y espaciamiento de hijos y de los derechos de igualdad y privacidad.

c) La norma otorga el carácter de absoluto al derecho a la vida; establece, de manera absoluta, que el derecho a la vida prevalece sobre todos los demás. Así, impide la ponderación en la que se pueda encontrar una medida alterna que logre equilibrio en los principios que colisionen. Ello en perjuicio de los derechos de las mujeres. En efecto, conforme a la norma debe considerarse que el derecho a la vida del nasciturus está por encima de los derechos de las mujeres.

d) Según la minoría parlamentaria, se dejó de considerar que tanto el derecho a la vida como los derechos de las mujeres, son principios y, por tanto, no absolutos. Considera que se perdió de vista su carácter de mandatos de optimización que deben ser armonizados cuando entran en conflicto.

e) La minoría parlamentaria somete la norma a un test de proporcionalidad.

En primer lugar, advierte que la norma no persigue un fin constitucionalmente válido, en tanto pretende proteger la vida prenatal. En su opinión, una Constitución Local no puede otorgar una protección igual a la vida de personas nacidas y de no nacidas –es inválido dar un trato de persona jurídica a la vida prenatal–.

Consideran que la medida no es idónea ni adecuada, pues tiene un impacto negativo significativo en los derechos de las mujeres.

Tampoco la estiman necesaria. En efecto, creen que existen medidas alternativas como la promoción y aplicación de políticas públicas integrales de atención a la salud sexual y reproductiva, así como de educación y capacitación sobre la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos y la maternidad y paternidad responsables, que tengan por objeto la protección de la vida prenatal. Así, consideran que la medida impone restricciones a las libertades y derechos fundamentales de las mujeres sin justificación.

Finalmente, afirman que la medida no es proporcional, pues produce una afectación desproporcionada de los derechos de las mujeres; lejos de optimizar los derechos y bienes en juego, impide absolutamente el ejercicio de los derechos de las mujeres (dignidad y reproductivos).

f) Señalan que deben invalidarse las porciones normativas que dicen "como fundamento de todos los derechos de los seres humanos" y "desde el momento en su inicio en la concepción" del artículo 4 Bis A Constitucional Local.

g) Los promoventes se refieren a los criterios de la Corte Interamericana en los que se ha establecido que aun cuando existe un interés legítimo en proteger la vida prenatal, se debe diferenciar ese interés de la titularidad del derecho a la vida y, en ese sentido, armonizarse con los derechos fundamentales de la madre.

h) Según los promoventes, en el caso, no existe colisión entre derechos, pues, conforme a precedentes de esta Suprema Corte, el producto de la concepción es un bien jurídico protegido, mientras que las mujeres son titulares de derechos fundamentales. Así, resulta desproporcionado restringir esos derechos por proteger un bien jurídico tutelado.

i) También se refieren a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica. En esa ocasión, la Corte entendió que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que "concepción" en esa disposición se refiere al momento en el que el embrión se implanta en el útero. Concluyó que la protección del derecho a la vida según esa disposición no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo.

j) Reiteran que la norma define al producto de la concepción como persona, en tanto le atribuye la titularidad de un derecho y que esa suposición ha constituido la base para la penalización del aborto.

k) Luego, la minoría parlamentaria expone diversas posturas respecto de la relación entre el derecho y la moral. De acuerdo con la postura de la confusión entre el derecho y la moral, el aborto es una práctica reprobable, por lo que debe ser prohibido y tratado, en el plano jurídico, como un delito.

Según la postura que sostiene la separación entre cuestiones jurídicas y morales, por el contrario, el derecho no debe ser un instrumento para fortalecer la moral; el Estado no puede intervenir en la vida de los particulares, pues su única función es garantizar la igualdad, seguridad y mínimos vitales. Desde esta concepción, el criterio de punibilidad se basa estrictamente en el principio de lesividad: sólo las conductas que dañan a terceros pueden ser prohibidas por el orden jurídico.

La minoría parlamentaria se adhiere a esta última y sostiene que el carácter de persona del embrión debe condicionarse a la autonomía moral de la madre que lo gesta. Así, un embrión será persona, sujeta de derechos, si la madre lo piensa como tal. Desde el plano jurídico, prohibir o permitir el aborto, argumenta, debe depender de esa concepción.

l) Destacan que la admisibilidad del castigo del aborto debe distinguirse de la cuestión moral de la licitud del aborto. En efecto, debe determinarse si la inmoralidad del aborto es un argumento suficiente para justificar, además de la prohibición individual de abortar, la previsión de una sanción penal para quien así lo decide y, más aún, si la penalización de esta práctica sirve efectivamente para evitarlos.

m) Al margen de lo que se piense sobre la naturaleza del feto, considera incorrecta la pretensión de sancionar una práctica sólo por considerarla inmoral, así como la utilización del derecho penal como instrumento para ello. Ello es contrario a los principios reconocidos por nuestro orden jurídico.

n) Por otra parte, los diputados explican que, si bien un embrión o feto puede calificar genéricamente como ser humano con el enfoque de cualquier disciplina, ello no implica que en el sentido normativo pueda ser llamado persona. Constitucionalmente, el concepto "ser humano" se refiere a los miembros de la especie humana con ciertas características o atributos que les otorga o reconoce el sistema normativo. Es en este sentido que, jurídicamente, se habla de persona: un sujeto de derechos y obligaciones.

o) Conforme a la Corte Interamericana, de ninguno de los instrumentos normativos internacionales es posible hacer una interpretación en el sentido de que el embrión es una persona.

p) Así, la norma impugnada constituye una restricción al ejercicio de los derechos de las mujeres. Ello porque la norma reconoce el derecho a la vida a partir de la concepción, de manera prioritaria sobre los derechos de las mujeres. No permite excepciones y obliga a las mujeres a llevar el embarazo a término, incluso cuando ello implique una carga extraordinaria al imponerse una demanda sobre la mujer, como sucede en los casos en que éste genera un riesgo a la vida o salud de la mujer embarazada.

q) Desde su perspectiva, el Estado no puede exigir a la mujer continuar con un embarazo. La norma impugnada no da oportunidad de decisión, lo que vulnera la dignidad en términos de igualdad y discriminación. Esto al considerar iguales a dos sujetos de derechos que realmente no lo son, pues –reiteran– el nasciturus no tiene la condición de persona física ni puede compararse a las mujeres con el producto de la concepción, pues ello sería discriminatorio y produciría una desigualdad en perjuicio de los derechos de las mujeres.

Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, los principios de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación (Caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica). Por su parte, la Corte Interamericana resolvió que negar el aborto a una niña constituye discriminación de género y una violación a su derecho a la salud y a la no discriminación.

r) Respecto del derecho a la vida privada en relación con la maternidad, también se ha destacado la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones de la persona, la determinación de su identidad y la definición de sus relaciones personales, por lo que ese derecho engloba los aspectos de su identidad física y social.

Cuando el Estado se apropia de esa esfera particular se hacen nugatorios los derechos que, por su naturaleza intrínseca, se le reconocen; así, se reduce a la persona a un objeto, lo que resulta contrario al artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

s) Los derechos de las mujeres con relación al producto de la concepción encuentran un peso específico para que puedan determinarse con relación a estos principios y a la vida privada. Sólo a ellas corresponde la decisión de construir una familia.

t) Destacan que también está en juego el derecho a la salud de las mujeres, según el cual las mujeres pueden decidir si desean reproducirse, así como el momento oportuno para hacerlo. Para ello, además, se debe garantizar el acceso a la información necesaria para planificar esa decisión y a todos los servicios que protejan su integridad física.

u) Añaden que la inconstitucionalidad de la norma impugnada también deriva de que la norma impugnada pone en peligro la vida de la mujer, pues no permite excepciones para la práctica de un aborto incluso en casos extremos. La CEDAW ha recomendado al Estado –en relación con las reformas que protegen la vida del nasciturus en las distintas entidades federativas– armonizar los criterios y normatividad federal con la interna para evitar antinomias dentro del sistema jurídico.

v) En relación con los efectos, destaca que debe declararse la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 4 Bis A de la Constitución sinaloense, así como de todas las Constituciones Locales que contengan disposiciones similares.

4. Admisión y trámite. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 106/2018, así como su turno al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

5. El Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad. Tuvo como autoridades emisoras de la norma a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de quince días, rindieran los informes correspondientes. También dio vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente. Requirió al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados.

6. Presentación de la demanda por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4 Bis A, fracción I, en la porción normativa "desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente", reformada mediante Decreto 861, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

7. En su opinión, la norma vulnera los artículos 1o., 4o., 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 11, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2, 12 y 16, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y 1, 2, inciso c), 3, 4, incisos a), b), c) y e), 6, 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

8. Conceptos de invalidez. En su demanda, el presidente de la Comisión argumentó lo siguiente:

a) En su opinión, el Congreso de la entidad no tiene facultades para ampliar la protección a un derecho, en tanto implica una afectación a otros derechos fundamentales. Argumenta que, a pesar de la libertad de configuración de los Congresos Locales para desarrollar derechos fundamentales, no deben desconocerse los límites que el parámetro de regularidad constitucional mexicano impone a su función. En este sentido, estima que las entidades no pueden modificar el contenido de los derechos fundamentales.

En el caso, cuando el Constituyente de Sinaloa determina que la protección del derecho a la vida debe iniciar desde el momento de la concepción, restringe los derechos fundamentales de las mujeres reconocidos y protegidos por las disposiciones constitucionales y convencionales. Así, aunque la Comisión reconoce que la protección de la vida constituye un pilar fundamental en todo estado de derecho, hace énfasis en que no puede implicar la restricción injustificada de otros derechos.

b) Desde su perspectiva, la Norma Constitucional Local que se impugna es contraria a los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional. Considera que el Congreso Local vulnera la esfera de competencia federal; única que tiene facultad para determinar el momento a partir del cual debe iniciar la protección de la vida. Al hacerlo el Congreso Local no sólo contraviene el parámetro de regularidad establecido por la Constitución, sino que invade competencias y vulnera el ejercicio de otros derechos fundamentales.

c) Explica que en tanto que la norma define la vida y el momento a partir del cual empieza, la establece como un derecho fundamental y que las normas locales no pueden establecer o definir la naturaleza y existencia de los derechos.

d) Reitera que –conforme a precedentes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– los Congresos de las entidades pueden ampliar la regulación de los derechos fundamentales, pero no pueden afectar el núcleo o contenido esencial de los derechos ni menoscabar el ejercicio de otros derechos fundamentales igualmente reconocidos. En efecto, aunque hace énfasis en que los derechos fundamentales implican una responsabilidad compartida por todos los poderes públicos, se mantiene firme en que no es admisible la alteración del parámetro de regularidad constitucional por parte de un Congreso Local.

e) Estima que la medida de protección adoptada por el Constituyente de Sinaloa atenta contra los derechos de las mujeres a la dignidad humana, a elegir libremente su plan de vida, a la vida privada, libre desarrollo de la personalidad y restringe el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como los derechos a decidir el libre espaciamiento y decisión de número y espaciamiento de hijas e hijos, reconocidos por el artículo 4o. constitucional.

f) Sostiene que una norma que reconoce la protección de la vida desde la concepción representa una afectación a derechos humanos, toda vez que se privilegia el reconocimiento de la vida prenatal, equiparando al producto de la concepción con un ser humano, lo cual implica reconocerle personalidad jurídica. g) En ese sentido, estima que la norma impugnada es desproporcional, puesto que, si bien pretende proteger el derecho a la vida, esa protección afecta directamente al ejercicio de otros derechos. Con base en esos argumentos, propone un análisis de la norma a la luz del principio de proporcionalidad.

h) Al respecto, advierte que los fines que se persiguen son válidos constitucionalmente; en cuanto a la idoneidad, se cumple en relación con la finalidad, ya que se salvaguardan los bienes jurídicos que se pretenden proteger; y por lo que hace a la necesidad sostiene que existen diversos medios idóneos para lograr los fines perseguidos, sin impedir el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por tanto, concluye que la medida es desproporcional.

i) Explica que el Estado tiene obligación de garantizar el acceso a la prestación de servicios para salvaguardar la salud de las personas, lo que resulta relevante, pues dentro del derecho a la salud se encuentra su vertiente de salud reproductiva, que involucra la libertad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y una libre decisión de procrear o no. De esta manera, el Estado no puede denegar ni limitar a las personas para el ejercicio de esos derechos a través normas, compromiso que adquirió en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de acuerdo con el Caso Artavia Murillo y Otros ("Fecundación in Vitro") Vs. Costa Rica de la Corte IDH.

j) La promovente destaca que aceptar la norma impugnada como constitucional tendría consecuencias graves. Se refiere principalmente a la práctica del aborto clandestino como una causa de muerte en México y América Latina, provocado por la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas de las muertes son a causa de complicaciones por practicar abortos en condiciones de riesgo. Lo anterior evidencia la necesidad de que se supriman las barreras que se oponen al acceso de las mujeres a servicios de salud, educación e información, particularmente en el universo de salud sexual y reproductiva.

k) También profundiza en la transgresión a los derechos de dignidad humana en su vertiente de elegir un plan de vida, vida privada y libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido se ha pronunciado la Corte IDH: el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción no es absoluto, sino que debe razonarse en relación con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva.

Reconoce que el concepto de vida privada engloba los derechos a la autonomía y desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas y el mundo y que su efectividad es esencial para ejercer la autonomía personal, determinante de la calidad de vida de la persona. Por tanto, se estima necesario analizar la norma impugnada considerando esta interdependencia.

l) La promovente sostiene que se transgrede el derecho de igualdad y no discriminación. Al respecto, explica que el análisis de control constitucional debe hacerse con una perspectiva de género, con base en la desventaja histórica en la que se encuentran las mujeres como consecuencia del rol que se les atribuye por su sexo, puesto que la porción normativa impugnada coloca en el mismo plano al producto de la concepción frente a los derechos de la mujer, lo cual es incorrecto, pues ese producto es inherente al cuerpo de la mujer.

m) El legislador local basó esa norma en un estereotipo de género y en un rol que se atribuye a las mujeres, debido a su naturaleza biológica. En efecto, impone a las mujeres la maternidad, lo que desconoce su capacidad para tomar decisiones sobre su sexualidad y vida.

9. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente dio cuenta del escrito de la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La registró con el número 107/2018 y decretó su acumulación con la acción 106/2018, en virtud de que en ambas se impugnó el mismo decreto legislativo.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. El presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, Marco César Almaral Rodríguez, rindió su informe.

11. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, Jesús Navarro Aispuro, rindió el informe requerido, en el que simplemente aceptó como cierto que el Poder Ejecutivo de la entidad ordenó la promulgación y publicación de la adición a la fracción I del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

12. Opinión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no formuló pedimento en el asunto.

13. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos d) y g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se planteó la posible contradicción entre la fracción I del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la Constitución General, así como diversos tratados internacionales.

III. OPORTUNIDAD

15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

16. El Decreto 861 por el que se reformó el artículo 4 Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Así, el plazo de treinta días naturales transcurrió del veintisiete de octubre al veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho. El último día del plazo fue inhábil.

17. Los diputados integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa presentaron su demanda el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que es oportuna.

18. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. En tanto que el último día del plazo fue inhábil, su demanda debe considerarse oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

19. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte legitimada.

20. Conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al momento de aprobarse la reforma constitucional, el Congreso de la entidad estaba conformado por cuarenta diputados.

21. El artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal, establece que puede promover acción de inconstitucionalidad el treinta y tres por ciento (33 %) de los integrantes de las Legislaturas de las entidades federativas para combatir normas expedidas por el órgano legislativo al que pertenecen.(1)

22. La demanda de la acción de inconstitucionalidad 106/2018 fue firmada por dieciocho diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa:(2) las diputadas Gildardo Leyva Ortega, Juan Ramón Torres Navarro, Rosa Inés López Castro, Cecilia Covarrubias González, Francisca Abelló Jorda, María Victoria Sánchez Peña, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Ocadio García Espinoza, Alma Rosa Garzón Aguilar, Flore Emilia, Guerra, Mena, (sic) Yeraldine Bonilla Valverde, Graciela Domínguez Nava, Florentino Vizcarra Flores, Beatriz Adriana Zarate Valenzuela, Horacio Lora Oliva, Pedro Alonso Villegas Lobo, José Rosario Romero López y José Antonio Crespo López; todos integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional. Por tanto, el porcentaje de diputados que firmaron la demanda está legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

23. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 107/2018, la demanda fue presentada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y las emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(3) La Comisión Nacional impugnó un precepto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, legislación estatal que, en su opinión, transgrede una serie de derechos humanos con reconocimiento constitucional y convencional.

24. Conforme al artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 18 de su reglamento interno, corresponde a su presidente la representación legal. La demanda fue presentada por Luis Raúl González Pérez en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VI. NORMA IMPUGNADA

26. El texto impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la minoría parlamentaria dice lo siguiente:

"Artículo 4o. Bis A. Las personas son titulares de los siguie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30924-974d4355/i-accion-de-inconstitucionalidad-tienen-legitimacion-para-promoverla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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