I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA NORMA LOCAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). V. DERECHOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE FACULTADES PARA ALTERAR SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, AUNQUE SÍ PUEDEN DESARROLLAR Y AMPLIAR EL CATÁLOGO DE AQUÉLLOS. VI. ABORTO. INEXISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL PARA PROTEGER LA VIDA DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN. VII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA VIDA EN GESTACIÓN ES UN BIEN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE, PERO CARECE DE ESTATUS CONSTITUCIONAL DE UNA PERSONA NACIDA. VIII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA EQUIPARACIÓN DEL ESTATUS DE PERSONA ENTRE EL EMBRIÓN O FETO Y LAS PERSONAS NACIDAS, RESULTA CONSTITUCIONALMENTE INADMISIBLE, PORQUE SE IMPONDRÍA A LAS MUJERES Y A LAS PERSONAS GESTANTES CARGAS DESPROPORCIONADAS POR EL HECHO DE CONTAR CON UNA POTENCIA ÚNICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. X. DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. XI. DIGNIDAD HUMANA. DADA LA PARTICULAR RELACIÓN DE LAS MUJERES Y LAS PERSONAS GESTANTES CON LA REPRODUCCIÓN, LA DIGNIDAD HUMANA SE FUNDA EN LA IDEA CENTRAL DE QUE ÉSTAS PUEDEN DECIDIR LO QUE PASA EN SU CUERPO Y CONSTRUIR SU IDENTIDAD Y DESTINO AUTÓNOMAMENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. AUTONOMÍA INDIVIDUAL. ELEMENTOS QUE LA COMPONEN. XIII. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. INCLUYE LA ELECCIÓN Y LIBRE ACCESO A TODAS LAS FORMAS DE ANTICONCEPCIÓN, A LAS TÉCNICAS DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA, ASÍ COMO A LA EVENTUAL INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. XIV. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA ASPIRACIÓN DE EXPRESAR EN EL PROPIO CUERPO DECISIONES LIBRES DE INTERFERENCIAS INDEBIDAS ES LEGÍTIMA, EN TANTO ÉSTE REPRESENTA LA MAYOR ESFERA DE INMUNIDAD DE LA PERSONA Y, AL MISMO TIEMPO, DE VULNERABILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XV. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. SE RELACIONA CON LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, A LA SALUD, A ESTAR LIBRE DE INJERENCIAS ARBITRARIAS EN LA VIDA PRIVADA Y AL DE INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVI. DERECHO A LA SALUD. LOS TIPOS DE OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE ÉSTE SON: DE RESPETO, DE PROTECCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO. XVII. DERECHO A LA SALUD. SU VÍNCULO CON LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, A LA AUTONOMÍA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SE CONCRETA EN LOS DERECHOS A TOMAR DECISIONES SOBRE LA PROPIA SALUD Y SOBRE EL PROPIO CUERPO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVIII. DERECHO A LA SALUD. DE ACUERDO CON SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, NO BASTA CON TENER LIBERTAD PARA ADOPTAR AUTÓNOMAMENTE LAS DECISIONES ACERCA DE LA PROPIA SALUD, SINO QUE ES FUNDAMENTAL PODER EJECUTARLAS ADECUADAMENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIX. DERECHO A LA SALUD. DEBE EXISTIR TODA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO AQUELLAS DECISIONES SOBRE LA PROPIA SALUD, COMO LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO CUARTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA SU MUERTE NATURAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 72/2021 Y SU ACUMULADA 74/2021. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y FERNANDO SOSA PASTRANA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día diez de octubre de dos mil veintidós, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 72/2021 y su acumulada 74/2021, promovidas, respectivamente, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del cuarto párrafo del artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, reformado mediante Decreto Número 475, publicado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de la entidad.
I. TRÁMITE
1. Presentación de las demandas. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (en adelante, "Comisión Estatal") presentó su demanda por vía electrónica.
2. A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") presentó su demanda en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
3. Autoridades emisoras y promulgadora. Las autoridades respectivas son el Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes y el gobernador del Estado de Aguascalientes.
4. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna el artículo 2o., cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, reformado mediante Decreto Número 475, publicado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de la citada entidad.
5. Conceptos de invalidez. La Comisión Estatal formula un único concepto de invalidez en el que señala que el precepto impugnado es contrario a los artículos 1o., 4o., 14 y 16 de la Constitución Federal, al artículo 16, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (en adelante, "CEDAW") y al artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En síntesis:
a. En el apartado de antecedentes, sostiene que el artículo 2o., párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes es inconstitucional e inconvencional. Además, la norma es imprecisa, siendo que debería ser clara, precisa y exacta para cumplir con los imperativos derivados de los derechos de legalidad y seguridad jurídica.
b. En el único concepto de invalidez, señala que el Congreso Local carece de facultades para alterar el contenido esencial del derecho a la vida y dotar con carácter de persona a la vida prenatal. Esta situación, además, restringe derechos fundamentales previstos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales.
c. Arguye que la configuración de la norma local, que establece que las personas son tal desde el momento de la concepción, restringe los derechos de las personas para decidir el número y espaciamiento de sus hijos y constituye una intromisión arbitraria de su vida privada, lo cual violenta su libre desarrollo de la personalidad.
d. El organismo de protección de derechos local argumenta que la Constitución Federal se reservó la restricción de derechos para que sólo pudieran preverse en la Norma Fundamental. No obstante, el Poder Reformador Local, al redactar la norma impugnada restringió derechos reconocidos en el orden constitucional y convencional. Esto representa una invasión competencial a la facultad de la Federación y, por tanto, es contrario a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, y supremacía constitucional.
e. Señala que las mujeres quedarán supeditadas a lo que se entienda por "a partir del momento de la concepción" para poder ejercer sus derechos como el de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Lo anterior es una injerencia arbitraria en sus derechos.
6. A su vez, la CNDH esgrime dos conceptos de invalidez en contra del artículo 2o., párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Estima que la norma impugnada contraviene los artículos 1o., 4o. y 133 de la Constitución Mexicana; 1, 2, 5, 11, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 5, inciso a), 12 y 16, inciso e), de la CEDAW y 1, 2, 3, 4, incisos a, b, c, e y f, 6, 7, 8, incisos a y b, y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, "Convención de Belém do Pará"). En síntesis:
a. En el primer concepto de invalidez, la CNDH plantea que definir a las personas como seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural es determinar implícitamente el alcance del derecho a la vida. La Norma Fundamental Local, al precisar cuándo comienza la protección constitucional de este derecho, discrepa de la Constitución Federal. Lo anterior, pues se altera el núcleo esencial del derecho a la vida, y se produce una afectación a los derechos de seguridad jurídica, legalidad, así como al principio de supremacía constitucional.
b. Para comenzar, ofrece un análisis de los vocablos de la norma jurídica controvertida. Argumenta que "persona" y "ser humano" no son equiparables. Estima que, por el contexto de la norma, es claro que "persona" se utiliza en su acepción jurídica, y se refiere a la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. A su vez, "ser humano" puede ser entendido desde la perspectiva biológica, física, sociológica, teológica, psicológica, entre otras, lo cual lo hace un concepto indeterminado. De manera ejemplificativa, ofrece diversas definiciones del término. Concluye que el sujeto de derecho no es el ser humano, sino sólo cuando éste se identifica como persona en el sentido jurídico; en otras palabras, que el concepto jurídico de "persona" no subsume la noción de "ser humano".
c. Así, sostiene que el producto de la concepción no es una persona en el orden constitucional mexicano, sino un bien jurídicamente protegido. Arguye que, contrario a ese estándar, el Constituyente Local reconoce que la vida prenatal ostenta la calidad jurídica de persona a quien se le deberá de reconocer derechos.
d. Bajo su apreciación, entre las implicaciones de la definición proporcionada por el Constituyente Local está que se trasladan hechos biológicos al ámbito judicial y se señalan consecuencias normativas. La principal, es la determinación del inicio de la protección del derecho humano a la vida. La CNDH considera que el que se incluya al producto de la concepción como persona genera una equiparación entre éste y los seres nacidos, lo cual, a su vez, se traduce en la creación de un nuevo grupo de sujetos de derecho, no previstos constitucionalmente.
e. La CNDH cita las acciones de inconstitucionalidad 10/2000, 146/2007 y su acumulada 147/2007, 11/2009 y 62/2009, y resalta que el parámetro de constitucionalidad aplicable en el caso que nos ocupa no es claro. Por tanto, corresponde al Alto Tribunal pronunciarse sobre la validez de las normas locales que protegen la vida desde la concepción, a la luz de un nuevo contexto constitucional.
f. Específicamente, sostiene que el Congreso de Aguascalientes no se encuentra constitucionalmente habilitado para determinar a partir de qué momento comienza la protección a la vida, pues ello altera el contenido esencial de dicho derecho fundamental, que está reservado para el Poder Constituyente Federal.
g. En este orden de ideas, la CNDH define el núcleo o contenido esencial de un derecho humano. Para ello, se apoya en jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, así como de la Corte Constitucional Colombiana.(1) Finalmente, sintetiza el desarrollo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y establece que el núcleo o contenido esencial se ha entendido como el estándar mínimo que rige y que es indispensable para la satisfacción de un derecho humano. En ese sentido, no es posible formular un derecho humano de modo que, en abstracto, éste afecte el contenido mínimo de otros derechos del parámetro de regularidad. La CNDH estima que el precepto impugnado de la Constitución de Aguascalientes afecta el núcleo esencial del derecho a la vida, porque trastoca los alcances de su protección, y paralelamente, afecta el contenido esencial de otros derechos fundamentales.
h. La CNDH da cuenta de los asuntos en los que este Alto Tribunal ha estudiado la posibilidad de que los órdenes locales legislen en materia de derechos humanos. Dicha Comisión cita la contradicción de tesis 350/2009, así como las acciones de inconstitucionalidad 75/2015, 87/2015 y la 84/2015. Resalta que el precedente más reciente al respecto es la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, en las que se reiteró que las entidades federativas no pueden afectar el contenido esencial de los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental. Subraya que se estableció que redefinir derechos ya delimitados en la Constitución Federal es una alteración indebida al parámetro de regularidad constitucional y que debe declararse la invalidez de una disposición que condicione la vigencia de los derechos humanos.
i. En el caso concreto, la CNDH estima que el artículo 2o., párrafo cuarto, de la Constitución de Aguascalientes debe declararse inválido, pues no sólo determina el alcance del derecho a la vida, sino que también, indebidamente, altera el núcleo esencial de los derechos a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la familia, de decidir el número de espaciamiento de los hijos y las libertades reproductivas de los sujetos ya nacidos.
j. El organismo autónomo enfatiza que el Estado de Aguascalientes estableció una norma que determina el alcance, contenido y protección del derecho humano a la vida, que al encontrarse formulada de manera absoluta afecta el piso mínimo de otros derechos igualmente reconocidos. En consecuencia, se altera el parámetro de regularidad constitucional y se invade la esfera de competencia del Poder Revisor de la Constitución. Además, considera que este vicio también se presenta porque el precepto otorga derechos a un nuevo grupo de sujetos.
k. En una línea argumentativa diversa, la CNDH señala que no es posible definir de manera unívoca la "concepción", que es el momento a partir del cual la Constitución de Aguascalientes protege a las "personas". Sin embargo, enfatiza que ninguna de las múltiples acepciones del término puede dar pauta a que se coloque un derecho en posición de superioridad frente a otro, que es lo que sucede en el caso.
l. Destaca que ni la Constitución Federal ni los tratados internacionales contemplan al producto de la concepción como una persona, por lo cual ese reconocimiento no corresponde a una Constitución Local; ello generaría una heterogeneidad en el sistema constitucional mexicano.
m. Así, concluye el primer concepto de invalidez recapitulando que el punto central del argumento reside en que se define de manera absoluta los alcances del derecho a la vida, sin que la Legislatura Local se encuentre habilitada para ello.
n. En el segundo concepto de invalidez, la CNDH argumenta que el artículo 2o., párrafo cuarto, de la Constitución de Aguascalientes colisiona desproporcionadamente con el ejercicio pleno de otros derechos, como el libre desarrollo de la personalidad, la vida privada, la dignidad en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la familia, de decidir el número y espaciamiento de hijos e hijas, las libertades reproductivas y con la prohibición de discriminación y en el derecho a la igualdad, en perjuicio, principalmente, de las mujeres.
o. Para comenzar, expone el parámetro de regularidad de estos derechos. Desarrolla consideraciones sobre el contenido de cada uno de ellos:
• Del derecho al libre desarrollo de la personalidad, concluye que éste permite que cada persona sea libre y autónoma de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e intereses.
• Sobre el derecho a la vida privada, sostiene que éste permite repudiar las intromisiones indebidas en el ámbito reservado de la vida de las personas. Señala que, en el ámbito internacional, la Corte Interamericana ha establecido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública.
• En relación con los derechos de igualdad y la prohibición de discriminación, refiere consideraciones de esta Suprema Corte en torno a sus vertientes: la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley. Además, identifica el sustento interamericano de dicho derecho. Finalmente, resalta que este Alto Tribunal ha considerado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación en la que, por considerar superior a un grupo, se le trate con privilegio.
• Considera que los derechos reproductivos de las mujeres incluyen el derecho a la salud reproductiva, así como el derecho a la autodeterminación reproductiva. Además, que es fundamental que el Estado garantice el acceso de todas las mujeres a la salud reproductiva, que se superen las políticas públicas precarias en la materia.
• Finalmente, sostiene que el derecho a la salud es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Enfatiza en las consideraciones que los órganos de tratados han hecho en torno a la elaboración y aplicación de una amplia estrategia nacional con miras a la promoción del derecho a la salud de la mujer a lo largo de su vida. Dicha estrategia debe prever una gama completa de atenciones de alta calidad y alcance, incluidos los servicios en materia de salud sexual y reproductiva y reducir las tasas de mortalidad materna. El derecho a la salud abarca la garantía de las mujeres sobre su propio cuerpo y disfrutar de libertades sexuales y reproductivas sin injerencia.
p. En el análisis concreto de la norma impugnada, argumenta que ésta, al proteger al desarrollo prenatal frente a las mujeres, produce una afectación desproporcional a los derechos de las últimas. Arguye que se debe realizar un test de proporcionalidad para estudiar el precepto controvertido. La CNDH advierte que la protección de la vida en general puede considerarse una finalidad constitucional imperiosa, y que ésta resulta idónea para alcanzar dicho objetivo.
q. No obstante, el organismo autónomo considera que la medida no supera la grada de necesidad, puesto que hay alternativas que restringirían en menor medida los derechos afectados. Por tanto, como la norma no es razonable, se debe declarar su invalidez.
r. La CNDH continúa su planteamiento desarrollando cómo la vigencia de la norma vulnera diversos derechos humanos. En ese sentido, señala que el reconocimiento de la persona humana desde la concepción impone una carga desproporcionada a las mujeres, incompatible con su dignidad. Sobre este punto, resalta que la dignidad impide considerar a las mujeres como meros instrumentos reproductivos.
s. Asimismo, reitera la importancia de velar por el derecho a la salud de las mujeres, que se encuentra en estrecha relación con sus derechos reproductivos y sexuales. El que exista el reconocimiento del derecho de todas las personas desde la concepción, y los proteja absolutamente, impide a los individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijos e hijas. Como apoyo, cita las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, en la que se sostuvo que las mujeres están en una situación diferenciada con respecto a los hombres por las consecuencias directas del embarazo.
t. Bajo su apreciación, la medida bajo estudio tiene otros efectos, como hacer nugatorio el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras. Este escenario podría llegar a constituir violencia sexual, y establece cargas sociales y económicas para la mujer ante la posibilidad de que se le niegue la atención médica en el Estado de Aguascalientes.
u. También esgrime que la tutela o reconocimiento de la vida desde la concepción niega el derecho de privacidad de las mujeres, pues afecta su decisión para tener o no hijos o hijas, aspecto protegido por este derecho. Por otro lado, argumenta que la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave al derecho de autonomía y libertad reproductiva, y de la integridad personal de las mujeres.
v. La CNDH plantea que la disposición impugnada, al proteger la vida desde la concepción, fomenta estereotipos y roles de género. Esto es, encuadra a las mujeres en el rol de madres. No obstante, señala que éstos son roles que los Estados deben erradicar, pues para combatir la violencia contra la mujer, se deben adoptar y aplicar medidas para superar los prejuicios, estereotipos, y prácticas que las afecten. Se apoya en los estándares internacionales derivados de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará. Describe cómo los organismos internacionales han establecido que los problemas de salud reproductiva son la principal causa de muerte y mala salud de las mujeres.
w. Finalmente, reseña jurisprudencia comparada y diversos parámetros internacionales.
7. Auto de registro, turno y acumulación. Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal, a la que le correspondió el número 72/2021, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que fungiera como instructor.
8. Además, mediante auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción promovida por la CNDH, a la que correspondió el número 74/2021, y dado que se advirtió que se impugnaba la misma norma que en la diversa acción 72/2021, decretó la acumulación de los expedientes.
9. Auto de admisión. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes a fin de que rindieran el informe correspondiente.
10. Informe del Poder Ejecutivo Local.(2) En su informe, señala que, tratándose de los actos imputados al gobernador del Estado, es decir, la promulgación y orden de publicación del decreto reclamado, fueron en acatamiento a lo previsto en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Local. Por tanto, considera que el simple hecho de la promulgación no violenta los preceptos constitucionales que refiere el actor, sino que forma parte de una obligación que tenía el Poder Ejecutivo Local. Así, en todo caso, debería ser el Poder Legislativo quien defienda la validez de las normas promulgadas.
11. Informe del Congreso del Estado.(3) En su informe, el Poder Legislativo Local sostiene la validez del artículo 2o., párrafo cuarto, impugnado. En primer lugar, argumenta que las entidades federativas se encuentran facultadas para desarrollar y reconocer nuevos derechos en las Constituciones Locales, siempre y cuando no contravengan lo previsto por la Constitución Federal. En este sentido, la vida es uno de los derechos reconocidos expresamente en el artículo 29 constitucional. 12. El Poder Legislativo Local reseña la reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once, así como el contenido de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En seguida, precisa que su actuar fue en acatamiento a los principios de progresividad y universalidad en relación con el derecho a la vida, pues considera que es un derecho preeminente sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos humanos.
13. Aunado a lo anterior, el Congreso Local arguye que esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2000 señaló que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción derivaba tanto de la Constitución Federal como de diversos tratados internacionales, buscándose a partir de una interpretación pro-persona y sistemática una protección extensiva y no limitativa por razones de edad. Esto es, la protección de la vida a la que refirió el Poder Constituyente, al no haber sido acotada, debe entenderse con el mayor alcance posible.
14. Por lo anterior, considera que lo argumentos planteados por las Comisiones accionantes resultan en una interpretación restrictiva que desatiende la esencia de la protección del derecho a la vida y la titularidad de éste para el producto de la concepción y no para la madre gestante.
15. En la misma línea argumentativa, el Congreso Local sostiene que la norma cuestionada no acotó los derechos humanos de otras personas, asimismo, no modificó el núcleo esencial de ningún derecho. En todo caso, considera que la medida supera un test de proporcionalidad, pues: 1) persigue una finalidad constitucionalmente válida como es la protección del derecho a la vida; 2) es idónea, en tanto garantiza el reconocimiento de la vida desde la concepción, lo que dota de seguridad jurídica; 3) es necesaria, pues no existía otra alternativa para el reconocimiento de la vida desde el momento de la protección, al igual que lo han hecho diversas entidades federativas, además de no restringir ningún derecho diverso; y, 4) la medida es proporcional en sentido estricto pues sigue permitiendo la existencia de excusas absolutorias relacionadas con el delito de aborto. De ahí que se deba reconocer su validez.
16. Auto por el que se tienen rendidos los informes. En un auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados y otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos.
17. Alegatos. Mediante escritos presentados los días diez y trece de septiembre y cuatro de octubre, todos de dos mil veintiuno, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Aguascalientes formularon alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
18. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento alguno.
19. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El consejero jurídico del Gobierno Federal no formuló opinión alguna.
20. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
21. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 de este Tribunal Pleno.(6) Ello es así, toda vez que la CNDH y la Comisión Estatal controvierten una norma local que estiman violatoria de diversos derechos humanos, previstos tanto en la Constitución Federal, como en tratados internacionales.
III. OPORTUNIDAD
22. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnado.(7)
23. El artículo 2o., párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes fue reformado mediante el Decreto Número 475, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, el plazo para su impugnación transcurrió del treinta de marzo de dos mil veintiuno al veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
24. En el caso, la demanda de la Comisión Estatal fue presentada por vía electrónica el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, y aquella de la CNDH fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiocho del mismo mes y año. Por tanto, cabe concluir que resultan oportunas.
IV. LEGITIMACIÓN
25. A continuación, se analiza la legitimación de los promoventes, por ser un presupuesto indispensable para la acción.
26. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de las entidades federativas, o de tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que México es Parte. Además, faculta a los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, para impugnar leyes expedidas por las Legislaturas.(8)
27. Dado que en las demandas tanto la Comisión Estatal, como la CNDH impugnaron una norma de la Constitución Local por estimar que vulnera, entre otros, los derechos de legalidad y seguridad jurídica, de igualdad, la prohibición de discriminación, y autonomía y privacidad de las mujeres, debe concluirse que cuentan con legitimación para promover las presentes acciones de inconstitucionalidad.
28. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(9) establece que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, están facultados para representarlos. Asimismo, establece que se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.
29. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 72/2021, suscribe la demanda J. Asunción Gutiérrez Padilla, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, calidad que acredita con copia de la publicación del Decreto 214 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete.
30. Ahora bien, el artículo 19, fracción XXII, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes señala que corresponde a la persona que presida dicho organismo el interponer, en su calidad de representante, la acción de inconstitucionalidad que señala la fracción II, inciso g) del artículo 105 de la Constitución Federal.(10) Así, debe concluirse que este funcionario cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.
31. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 74/2021, suscribe la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la CNDH, el cual acredita con copia certificada del acuerdo de su designación emitido por el Senado de la República.
32. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(11) Así, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
33. En su informe, el Poder Ejecutivo Local se limitó a sostener en un apartado denominado "Consideraciones respecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad" la validez de su actuación, es decir, lo relativo a la promulgación y orden de publicación del decreto impugnado, sin esgrimir argumentos de fondo para sostener la validez de las normas impugnadas, pues considera que dicho aspecto corresponde al Poder Legislativo Local.
34. Esta Suprema Corte considera infundado el argumento planteado por el Poder Ejecutivo Local, pues al estar implicado en la emisión de la norma impugnada, debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.(12)
35. Al no haberse planteado otra causal de improcedencia ni advertirse alguna de oficio, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.
VI. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
36. En su demanda, la Comisión Estatal, a tenor literal, señala como norma impugnada lo siguiente:
"Decreto Número 475 que reforma y adiciona párrafos al artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes emitido por la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes publicado en la primera sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en lo que concierne a la reforma del párrafo cuarto que a la letra dice:
"‘Artículo 2o. ...
"‘...
"‘Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.’."
37. A su vez, la CNDH señaló como norma impugnada:
Artículo 2o, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, reformado mediante Decreto Número 475, publicado el 29 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de la citada entidad federativa, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 2o. ...
"Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31577-5fcbfb2d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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