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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. ALIENACIÓN PARENTAL. SU REGULACIÓN SE JUSTIFICA EN LA OBLIGACIÓN QUE ASISTE AL ESTADO MEXICANO PARA LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD. III. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU DESCRIPCIÓN NORMATIVA COMO LA SERIE DE ACTOS DIRIGIDOS A MANIPULAR O INDUCIR AL MENOR PARA CAUSAR EN ÉL SENTIMIENTOS DE RECHAZO, RENCOR, ODIO, MIEDO O DESPRECIO HACIA EL ALIENADO, NO TIENE EL ALCANCE DE ANULAR LA CONCIENCIA DEL MENOR, POR LO QUE NO VULNERA SU DERECHO A SER CONSIDERADO COMO SUJETO CON AUTONOMÍA PROGRESIVA (ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LA SANCIONA CON LA SUSPENSIÓN O PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, RESTRINGE LOS DERECHOS DE LOS MENORES A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES DE CONVIVENCIA CON AMBOS PADRES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "SO PENA DE SUSPENDÉRSELE EN SU EJERCICIO"). V. DERECHO DE LOS MENORES A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES CON AMBOS PROGENITORES. LA SEPARACIÓN DE UN MENOR DE EDAD DE SU FAMILIA ES UNA LIMITACIÓN EXCEPCIONAL A ESTE DERECHO QUE DEBE ATENDER EXCLUSIVAMENTE AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉL, POR LO QUE DICHA MEDIDA NO ES INCONSTITUCIONAL PER SE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "SO PENA DE SUSPENDÉRSELE EN SU EJERCICIO"). VI. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN QUE ESTABLECE COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN LA SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD, POR NO DAR CABIDA A QUE EL JUZGADOR VALORE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "SO PENA DE SUSPENDÉRSELE EN SU EJERCICIO"). VII. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN QUE ESTABLECE COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN LA SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD AUN CUANDO SE OTORGUE AL JUEZ LA FACULTAD DE ORDENAR MEDIDAS TERAPÉUTICAS NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER LA SANA CONVIVENCIA DEL MENOR CON AMBOS PROGENITORES, AL NO CONSAGRAR UNA OBLIGACIÓN JURÍDICA A CARGO DEL JUEZ DE VALORAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "SO PENA DE SUSPENDÉRSELE EN SU EJERCICIO"). VIII. ALIENACIÓN PARENTAL. LOS ARTÍCULOS 279 Y 281 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NO ESTABLECEN PARÁMETROS QUE INCIDAN EN LA DETERMINACIÓN RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO SUBSANAN EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TAL MEDIDA EN TANTO TÁCITAMENTE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE LA PONDERACIÓN JUDICIAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 420 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DISPONE: "SO PENA DE SUSPENDÉRSELE EN SU EJERCICIO"). IX. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN QUE ESTABLECE COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD CUANDO A CONSIDERACIÓN DEL JUEZ SEA IMPOSIBLE LA CONVIVENCIA, POR NO DAR CABIDA A QUE ÉSTE VALORE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 441, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). X. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMA QUE ESTABLECE COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD CUANDO A CONSIDERACIÓN DEL JUEZ SEA IMPOSIBLE LA CONVIVENCIA GENERA INCERTIDUMBRE, AL PODER SER ENTENDIDA RESPECTO DEL PROGENITOR ALIENADO Y NO DEL ALIENADOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 441, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE EXIGE QUE SE DEBE ANTEPONER EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR PARA DECRETAR LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN CUANDO A CONSIDERACIÓN DEL JUEZ SEA IMPOSIBLE LA CONVIVENCIA NO TORNA CONSTITUCIONAL DICHA MEDIDA, AL TRADUCIRSE EN UN TIPO DE SANCIÓN CONTRA EL MENOR QUIEN SE ENCONTRARÍA EN UN AMBIENTE DE RUPTURA CON EL PROGENITOR ALIENADOR Y DE ACERCAMIENTO Y CONVIVENCIA CON EL ALIENADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 441, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 281, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 120/2017. · Registro digital (IUS): 30141
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-01
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo I, Pág. 911.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 120/2017. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA. 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el once de septiembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Melba Adriana Olvera Rodríguez, en su carácter de Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 420 Bis, primer párrafo, en la porción normativa "so pena de suspendérsele en su ejercicio"; 441, fracción VI, en la porción normativa "Derivado del incumplimiento a lo establecido en el artículo 420 Bis y a consideración del Juez sea imposible la convivencia. Anteponiendo siempre el interés superior del menor."; 279, fracción VI, párrafo segundo, en la porción normativa "tomando en consideración lo establecido en el artículo 420 Bis de este Código."; y, 281, párrafo segundo, en la porción normativa "y VI", todos del Código Civil para el Estado de Baja California, publicado mediante Decreto número 95 –anexo dos–, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el catorce de julio de dos mil diecisiete, señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las mencionadas normas, al Congreso del Estado y al gobernador constitucional de tal Estado.

Dichos preceptos establecen lo siguiente:

"Artículo 279. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente y sólo mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes:

"...

"VI. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. El Juez, previo el procedimiento que fije el código respectivo, resolverá lo conveniente;

"El Juez, tratándose de determinaciones provisionales sobre guarda, cuidado y custodia, ponderará el derecho de convivencia de la niña, niño y adolescente con ambos progenitores, atendiendo al principio de interés superior, tomando en consideración lo establecido en el artículo 420 Bis de este código."

"Artículo 281. Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, el Juez podrá acordar, a petición de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquier medida que se considere benéfica para las personas menores de dieciocho años de edad.

"El Juez podrá modificar esta decisión atento a lo dispuesto en los artículos 419, 420 y 441, fracción III y VI."

"Artículo 420 Bis. Quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, en su caso el adolescente, rencor o rechazo hacia el otro progenitor, so pena de suspendérsele en su ejercicio.

"Se entenderá por alienación parental, la conducta de uno de los progenitores, tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del otro, provocándole a éstos, sentimientos negativos, como rechazo o distanciamiento; serán consideradas como atentados en contra del vínculo de los hijos, con el progenitor ausente, las siguientes conductas:

"I. Impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus hijos;

"II. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia de los niños y en ausencia del mismo;

"III. Ridiculizar los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor;

"IV. Provocar, promover o premiar las conductas despectivas y de rechazo hacia el otro progenitor;

"V. Influenciar con mentiras o calumnias respecto de la figura del progenitor ausente, insinuando o afirmando al o los menores abiertamente, que pretende dañarlos;

"VI. Presentar falsas alegaciones de abuso en los juzgados para separar a los niños del otro progenitor y;

"VII. Cambiar de domicilio, con el único fin de impedir, obstruir, e incluso destruir la relación del progenitor ausente con sus hijos.

"En cualquier momento en que se presentare alienación parental por parte de alguno de los progenitores hacia los hijos, el Juez de lo familiar, de oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos y sus padres, con la finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores. Para estos efectos, ambos progenitores tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean determinadas, pudiendo el Juez hacer uso de las medidas de apremio que establezca el presente código para su cumplimiento."

"Artículo 441. La patria potestad se pierde:

"...

"VI. Derivado del incumplimiento a lo establecido en el artículo 420 Bis y a consideración del Juez sea imposible la convivencia. Anteponiendo siempre el interés superior del menor."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La promovente estimó violados los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23 y 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2.1, 3.1, 3.2, 4.5 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y Principios 2 y 6 de la Declaración de los Derechos del Niño e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:

• En principio, considera que las porciones normativas impugnadas de los artículos 279, fracción VI, párrafo segundo; 281, párrafo segundo; 420 Bis y 441, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Baja California, constituyen una violación al interés superior de la niñez, al principio de interpretación más favorable para la persona, al derecho de la niñez a la familia, a la protección de la familia, al sano desarrollo de la niñez y a la legalidad.

Lo anterior se sustenta en los efectos que genera la aplicación de las normas combatidas, ya que si bien es cierto, el padre o la madre alienante ha actuado de forma incorrecta al provocar sentimientos negativos del menor de edad hacia su otro progenitor, "la sanción de pérdida de la (suspensión o) patria potestad podría implicar afectación psicológica al hijo alienado", quien en ese momento ya generó una dependencia hacia el padre o la madre alienante y al ser alejado de éste, el rechazo hacia su otro progenitor. En tal sentido "la medida legislativa impugnada podría trastocar de forma directa el sano desarrollo de la niña, niño o adolescente alienado, su estabilidad emocional, entorno y salud física y psicológica".

• Así, las normas impugnadas podrían resultar contrarias a los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como al 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que "colocar la alienación parental como causal de [suspensión o] pérdida de patria potestad, conlleva afectaciones y violaciones irreversibles" que pudieran causar perjuicio al sano desarrollo de las niñas y los niños.

Si bien, la intención del legislador fue brindar mecanismos al juzgador para proteger a la infancia y por ende alejarla de cualquier situación que pudiera afectarlo psicológicamente, lo cierto es que "la norma no resulta idónea" puesto que no se examinan medidas alternativas existentes tendientes a superar la afectación que de por sí ha sufrido el menor de edad, "por lo que prever la posibilidad de sancionar al padre o la madre alienante con la pérdida de la patria potestad, siendo ésta la medida más severa en materia de familia, podría ser desproporcionada e ineficaz para preservar el bienestar e interés superior de la niñez".

• Por las razones anteriormente expresadas, se solicita la declaración de invalidez de las porciones normativas impugnadas, por resultar incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, respectivamente, formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 120/2017, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

El secretario general de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, señaló:

• En principio, considera que resulta infundada la apreciación de la parte promovente, al considerar como una medida desproporcionada la pérdida de la patria potestad como consecuencia de la alienación parental, basando su argumentación en apreciaciones subjetivas carentes de sustento.

Es así, pues para perderse la patria potestad, se debe cumplir con dos supuestos: (I) primeramente debe incumplirse con lo dispuesto por el artículo 420 Bis; y, (II) sólo se perderá si a consideración del Juez sea imposible la convivencia, anteponiendo siempre el interés superior del menor.

• En efecto, el artículo 420 Bis, último párrafo, del Código Civil para el Estado de Baja California, contempla que en cualquier momento en que se presentare alienación parental por parte de alguno de los progenitores hacia los hijos, el Juez de lo familiar, de oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos y sus padres, con la finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores.

En ese sentido, la legislación impugnada sí cuenta con medidas alternativas tendientes a superar la afectación del menor y sus padres por la presencia de alienación parental, con la finalidad de restablecer la sana convivencia, en pro del derecho y protección a la familia y al sano desarrollo de la niñez.

• Asimismo, resulta inverosímil que la alienación parental tenga como consecuencia directa la pérdida de la patria potestad, lo anterior, principalmente porque de restablecerse la sana convivencia con ambos progenitores atento a lo dispuesto por el artículo 420 Bis, último párrafo, del Código Civil impugnado, la pérdida de la patria potestad no procederá; además no puede considerarse como una medida desproporcionada e ineficaz para preservar el bienestar e interés superior de la niñez, porque ante la presencia de alienación parental lo primero que el Juez de lo familiar hará, es ordenar las medidas terapéuticas necesarias para los menores y sus padres, con la finalidad de restablecer la sana convivencia y así preservar el interés superior del menor, el derecho y protección a la familia y al sano desarrollo de la niñez.

Cabe precisar que la facción VI del artículo 441 del Código Civil impugnado, estatuye que en la determinación del Juez siempre se antepondrá el interés superior del menor, es decir, sólo procederá la pérdida de la patria potestad, si a consideración del Juez resulta imposible la convivencia, anteponiendo siempre el interés superior del menor.

• Así, las disposiciones impugnadas en todo momento cumplen con el principio de interés superior de la niñez, el derecho y protección a la familia y al sano desarrollo de la niñez, contenidos en la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño.

El Poder Legislativo del Estado de Baja California, representado por su Mesa Directiva, señaló:

• En principio, considera que los argumentos argüidos por la actora resultan insuficientes para determinar que las normas que impugna deben declararse inválidas, máxime cuando a nivel internacional se ha reconocido la existencia de un principio universal de protección especial a la niñez en razón de encontrarse en una posición de "desventaja y mayor vulnerabilidad" frente a otros sectores de la población, y por enfrentar necesidades específicas.

Es así, pues de la lectura de las normas combatidas se desprende que promueven medidas alternas que puede adoptar el Juez Familiar antes de decretar por sí, la pérdida de la patria potestad por alienación parental, tal como valorar y comprobar primeramente que la conducta que se acusa de un padre alienador existe y, posterior a esto, adoptar medidas, de manera oficiosa, para ciertos casos, con la finalidad de esclarecer la verdad, asimismo, ordenar terapias psicológicas a los posibles afectados debido a la alienación parental ejercida sobre ellos.

• Por tanto, una vez que el Juez ha agotado todos los recursos que las legislaciones le ofrecen, considerando las medidas sancionadoras para obligar a las partes al cumplimiento de sus determinaciones, es que en el momento podrá aplicar o no las medidas que contempla el numeral 441, fracción VI, del Código Civil, que establece como causa de pérdida de la patria potestad el incumplimiento a lo establecido en el artículo 420 Bis y a consideración del Juez sea imposible la convivencia, "anteponiendo siempre" el interés superior del menor.

Como se ve, esta medida tomada por el legislador local no es un factor determinante para que el Juez de lo familiar decrete de manera a priori o inmediata la pérdida de la patria potestad por alienación parental, sino que necesita se lleve a cabo el desarrollo de un proceso judicial en el que se incluya a los menores, quienes también tienen derecho a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, y puedan ser analizados de manera debida.

• Máxime que la medida adoptada por el legislador al sancionar la alienación parental con la pérdida de la patria potestad, tiene por objeto inhibir a los padres de que ejerzan sobre sus hijos tal conducta y que con ello provoquen un daño, cualquiera que sea, ya sea psicológico, mental o que su conducta interfiera en la sana convivencia con el otro ascendiente, que puede interferir, por lógica, en el sano desarrollo del menor.

En razón de lo expuesto, se colige que las normas impugnadas del Código Civil no son contrarias a disposiciones constitucionales ni convencionales, sino que tienden a la adecuada protección de los derechos de los menores.

QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Civil para el Estado de Baja California.

SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.

En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el viernes catorce de julio de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el sábado quince de julio y concluyó el domingo trece de agosto del mismo año. Sin embargo, al ser inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, a saber, el lunes catorce de agosto de dos mil diecisiete.

En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Correos de México el catorce de agosto de dos mil diecisiete, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, el lunes once de septiembre del mencionado año, por lo que su interposición resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Melba Adriana Olvera Rodríguez, en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por la Mesa Directiva de la XXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.

De conformidad con los artículos 7, fracción VII, y 17, fracción X, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, la referida Comisión cuenta con la atribución de "[p]romover las acciones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones jurídicas, emitidas por el Poder Legislativo y publicadas en el Periódico Oficial del Estado que vulneren derechos humanos"; siendo que se encuentra depositada ante su presidente, la facultad de "[p]romover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones jurídicas emitidas por el Poder Legislativo y publicadas en el Periódico Oficial del Estado, que se presuma vulneren derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea Parte".

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 279 –fracción VI, párrafo segundo–, 281 –párrafo segundo, en su porción normativa "y VI", 420 Bis– primer párrafo –y 441, fracción VI–, del Código Civil para el Estado de Baja California, la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007, que es del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."(1)

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hace valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

QUINTO.—Estudio. De los conceptos de invalidez hechos valer por la Comisión actora y atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la litis en la presente vía se circunscribe a determinar si los artículos 279, fracción VI, párrafo segundo, 281, párrafo segundo, 420 Bis y 441, fracción VI, del Código Civil para el Estado de Baja California, establecen sanciones desproporcionales en detrimento del interés superior del menor.

Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, previo a dilucidar la admisibilidad constitucional de la suspensión o pérdida de la patria potestad, como consecuencia de la alienación parental generada por alguno de los progenitores, en los términos previstos por los preceptos combatidos, resulta oportuno examinar otros elementos normativos que se encuentran regulados en los referidos enunciados legales, a fin de, por una parte, llevar a cabo un análisis holístico sobre la constitucionalidad de los artículos cuya invalidez se plantea, así como dar continuidad a la línea jurisprudencial que este Alto Tribunal ha emitido en la materia.

En esa tesitura, como cuestión preliminar a la respuesta que se dé a los planteamientos de invalidez expuestos por la Comisión accionante, se estudiarán, por razones metódicas:

(1) La viabilidad jurídica de reconocer, legislativamente, la figura de la alienación parental;

(2) La definición de la figura de la alienación parental que se contiene en los preceptos impugnados y los efectos que ésta genera respecto a la concepción del menor de edad como un sujeto de derecho con autonomía progresiva; y

(3) Una vez precisado lo anterior, se procederá a examinar, si resulta admisible, desde el punto de vista constitucional, que se establezca la suspensión o pérdida de la patria potestad, como consecuencia de la alienación parental.

Los anteriores puntos jurídicos se analizarán con base en lo determinado por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2016, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en tanto dicho precedente ha sentado diversas bases y directrices relevantes en la materia.

1. Regulación normativa de la alienación parental. En principio y, previo a examinar los demás puntos jurídicos que atañen al presente medio de control constitucional, debe tenerse en cuenta que el precepto 420 Bis del Código Civil para el Estado de Baja California, en la parte que interesa, prevé que quien ejerza la patria potestad, debe de procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, de ahí que "cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto de manipulación y alienación parental encaminada a producir en la niña o en el niño, en su caso el adolescente, rencor o rechazo hacia el otro progenitor".

Habida cuenta que se entenderá por alienación parental, "la conducta de uno de los progenitores, tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos, en contra del otro, provocándole a éstos, sentimientos negativos, como rechazo o distanciamiento".

Como se aprecia del referido enunciado normativo, el Poder Legislativo del Estado de Baja California decidió reconocer y regular la figura de la "alienación parental" en el Código Civil de la referida entidad federativa, en los términos ya citados; estableciendo en otros preceptos normativos del mismo código –que serán materia de análisis en los siguientes apartados de la presente ejecutoria–, consecuencias jurídicas concretas para el padre o madre alienante.

Al respecto, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2016, precisó que es necesario "entender a la alienación parental desde una perspectiva amplia y abordarla conforme a ello ... Se ha de partir de que la detección de la conducta en un caso concreto requiere de una aproximación sistémica a la familia y su dinámica, que evalúe los múltiples e interdependientes factores que influyen en las respuestas de los miembros, así como las influencias de factores externos, a efecto de conocer la condición psicoemocional del menor de edad que expresa rechazo hacia uno de sus progenitores y sus causas".

Habida cuenta que, conforme al artículo 4o. de la Constitución Federal y al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, "no está en duda que el legislador tiene el deber de establecer un sistema normativo apropiado y eficaz para garantizar el derecho de los menores de edad a una vida libre de violencia; por tanto, si las conductas identificadas como ‘alienación parental’ entrañan una injerencia que puede afectar la integridad psicoemocional de los menores, ese riesgo de daño, válidamente justifica su regulación".

Esto es, la actuación del legislador que tiende a regular esa figura "encuentra plena justificación en las obligaciones que le impone la Constitución General de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, para la protección reforzada de los derechos de los menores de edad; particularmente, en el deber que asiste al Estado Mexicano de adoptar medidas legislativas eficaces para proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia que pueda poner en riesgo su integridad personal".

Como se desprende del anterior precedente, este Alto Tribunal ya ha reconocido la viabilidad jurídica de que los órganos legislativos del Estado Mexicano puedan regular la llamada figura de "alienación parental", a fin de que se pueda cumplimentar con los débitos de proteger y garantizar los derechos de los menores reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional, en especial, aquellos referentes a proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia que pueda poner en riesgo su integridad.

En esa tesitura, esta Corte considera que deben reiterarse las consideraciones del precedente en cita, y aplicarse en la especie para justificar, desde una per

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30141-d8df6f34/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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