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Modo: Corpus Pro

RENTA. LA FALTA DE SEÑALAMIENTO EXPRESO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO EN LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN QUE SE APROBÓ, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 521/2002. · Registro digital (IUS): 17919
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONSULTORES EN SERVICIOS JURÍDICOS FISCALES, S.A. DE C.V. Y OTRO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 688.

AMPARO EN REVISIÓN 521/2002. CONSULTORES EN SERVICIOS JURÍDICOS FISCALES, S.A. DE C.V. Y OTRO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARCIA NAVA AGUILAR.

CONSIDERANDO:

SEXTO. De los agravios esgrimidos por la recurrente, el primero de ellos, en el que aduce que el Juez de Distrito no resolvió en su integridad la cuestión efectivamente planteada, ya que fueron dos los argumentos torales expuestos y sólo atendió al primero de ellos, sin hacerse cargo del segundo, deviene infundado por las razones siguientes.

Del contenido íntegro de la demanda de amparo que obra a fojas 1 a 6 del expediente relativo al juicio de garantías 742/2002-II se advierte que la quejosa hizo valer un solo concepto de violación, en el que planteó como cuestión esencial, la transgresión a formalidades esenciales del proceso legislativo del que derivó la ley reclamada, particularmente la relativa a no haberse ajustado el Congreso de la Unión, en el periodo de sesiones extraordinarias, a los temas señalados en la convocatoria respectiva emitida por la Comisión Permanente, aspecto del que puede verse de la sentencia recurrida que se ocupó el Juez del conocimiento, pronunciándose sobre el particular, lo que incluso lo corrobora el hecho de que la recurrente combate en la presente vía, las consideraciones que sustentan el pronunciamiento que realizó el juzgador de amparo respecto de dicha violación.

Con el propósito de constatar los argumentos expuestos por la quejosa en la demanda de amparo, se transcribe a continuación el concepto de violación que hizo valer.

"Único. Al igual que el tributo por ella dispuesto, la ley reclamada viola en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad y seguridad jurídica dispuestas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que para la discusión, aprobación y emisión de la ley reclamada se incurrió en violación de lo dispuesto por los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las disposiciones de la Constitución General de la República al determinar los órganos, procedimientos y facultades para la emisión tanto de disposiciones generales como individuales, tienen el propósito de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados. En esta virtud, cualquier violación en que incurran las autoridades, cualesquiera que éstas sean, se traduce en una violación de dichas garantías de seguridad jurídica, pues debemos tener presente que conforme a lo que dispone el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y si bien, conforme al artículo 41 de la propia Constitución, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, el ejercicio de la misma se constriñe a que lleven a cabo sus actos en los términos establecidos por la propia Constitución Federal. Esto es, el ejercicio de dicha soberanía constituye el ejercicio de las facultades determinadas constitucionalmente para cada órgano y no la realización de actos distintos, apartados de las normas constitucionales o en contravención de ellas. En el caso, a través de los actos reclamados, el H. Congreso de la Unión al discutir, aprobar y expedir la ley en que se contienen; el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al promulgarla; el C. Secretario de Gobernación al refrendarla y ordenar su publicación; y el C. Director del Diario Oficial de la Federación al publicarla, violaron en forma flagrante lo dispuesto por los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que a continuación expresamos: 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 78, fracción IV, constitucional, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tiene la facultad de convocar a éste a sesiones extraordinarias, siempre que exista cuando menos el voto de dos terceras partes de los elementos presentes. Es importante destacar que conforme a este precepto, la convocatoria debe precisar el objeto de la sesión extraordinaria. 2. Por su parte, el artículo 67 constitucional dispone con toda claridad que el Congreso se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo convoque para ese efecto la Comisión Permanente, pero en dicha reunión extraordinaria ‘... sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.’. 3. De lo expuesto en los puntos precedentes, válidamente podemos concluir que si ha finalizado el periodo ordinario de sesiones y la Comisión Permanente, ponderando la necesidad de continuar con la labor legislativa, acuerda convocar al H. Congreso de la Unión a una sesión extraordinaria, la convocatoria correspondiente debe precisar el objeto de la sesión, pues de esa manera el Constituyente fija los límites del ejercicio de las facultades que confiere al Poder Legislativo, obteniendo un equilibrio entre los Poderes de la Unión, de tal suerte que las sesiones extraordinarias deben ajustarse exclusivamente al objeto de la convocatoria, misma que, por otra parte, no solamente constituye el medio para llamar a los integrantes del Congreso y hacerles saber el propósito de la reunión extraordinaria, sino que debe hacerse pública para que los gobernados expresen también, a través de quienes los representan, lo que corresponda a sus propios intereses, para que la legislación sea efectivamente el reflejo de la voluntad popular. 4. En el caso que nos ocupa, en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 19 de diciembre de 2001, fue publicado el decreto emitido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convocó a la Quincuagésima Octava Legislatura al periodo de sesiones extraordinarias que iniciaría el día 20 de diciembre de 2001. 5. En el artículo primero del decreto mencionado se listan los asuntos de que debería ocuparse el Congreso de la Unión, mismos que, en los términos de los citados artículos 67 y 78 constitucionales, son los únicos que podían ser atendidos durante dicho periodo. 6. De la revisión de todos y cada uno de los catorce puntos listados como asuntos a tratar en el periodo extraordinario de referencia, se aprecia con toda claridad que ninguno de ellos se refiere a la discusión y aprobación de una ‘nueva Ley del Impuesto sobre la Renta’, ni mucho menos consigna lo referido a la creación de la nueva contribución denominada ‘impuesto sustitutivo del crédito al salario’, sino que en materia fiscal la convocatoria se refirió únicamente a ‘reformas a diversas disposiciones de carácter fiscal y tributaria (paquete fiscal)’, que evidentemente se refiere exclusivamente a la modificación de las leyes existentes, que se encontraban en vigor en la fecha de emisión de la referida convocatoria, pues ninguna otra ley que no se encuentre en vigor puede ser objeto de reformas. 7. Como el H. Congreso de la Unión discutió, aprobó y emitió la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro de la que se encuentran las disposiciones que reclamo como inconstitucionales, en el periodo extraordinario de sesiones que dio inicio el 20 de diciembre de 2001 y concluyó el 1o. de enero de 2002, ello significa que se ocupó de asuntos que no fueron materia de la convocatoria emitida por la H. Comisión Permanente y, por tanto, actuó en contra de lo que disponen los preceptos constitucionales. 8. En el mismo sentido, cabe señalar que al haber establecido la contribución denominada ‘impuesto sobre la renta’, estableció una contribución que de ninguna manera puede ser considerada como una reforma o modificación a disposiciones que se encontraran en vigor al ser emitida la convocatoria, por lo que igualmente se apartó de sus términos. Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 y 72 distingue entre formación, reforma o derogación de las leyes, entonces no hay confusión posible entre esos conceptos, ni resulta admisible, en el caso, actuar en contra de lo expresamente previsto en la convocatoria expidiendo una nueva ley, en vez de actuar en el sentido de reformar las existentes, que era el propósito exclusivo de la sesión extraordinaria, pues tal actuación contraviene el texto constitucional. Debemos tener presente que la disposición constitucional no constituye un mero formulismo del que ad libitum puedan apartarse las autoridades, incluso el Poder Legislativo, sino una garantía de seguridad jurídica, ya que todas las autoridades del país se deben ceñir a las disposiciones constitucionales porque, aun en el caso de los Poderes de la Unión, el ejercicio que de la soberanía llevan a cabo como representantes de los gobernados, debe ajustarse estrictamente a los términos dispuestos por la Carta Fundamental, pues carecen de facultades para actuar fuera de dichas normas. No haberlo hecho así provoca que el acto reclamado sea considerado inconstitucional, y al haber sido violadas las disposiciones constitucionales, es procedente otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que demanda. Independientemente de lo expuesto en las líneas precedentes, la emisión de los actos reclamados y los consecuentes actos de aplicación que de los mismos puedan llevar a cabo las autoridades administrativas señaladas como responsables, constituyen una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica dispuestas por el artículo 14 constitucional, pues ni el acto legislativo puede ser considerado rectamente como una ley, al no haber sido observadas las formalidades dispuestas por la Constitución para su formación ni, por tanto, los actos que con base en el mismo se efectúen tendrán apoyo legal. Por las consideraciones expuestas, debe ser otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos."

La transcripción precedente pone de manifiesto que las cuestiones que adujo la quejosa en el único concepto de violación, fueron en torno a la violación que planteó al proceso legislativo, sin que argumentara, de manera expresa, que el Congreso de la Unión fuera constitucionalmente incompetente para tramitar y expedir la ley reclamada.

Cabe destacar que si bien la violación al proceso legislativo la hace depender la quejosa del hecho de que el Congreso de la Unión se ocupó de un tema que no fue señalado en la convocatoria respectiva, porque no se incluyó en la misma el relativo a la formación de una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, es inexacto que derivado de ello hubiera hecho valer, expresamente, que el Congreso responsable era constitucionalmente incompetente para tramitar y expedir dicha ley, reclamada en el amparo. Aun en el supuesto de admitirse que la violación al proceso legislativo, alegada por la quejosa, entraña o involucra la incompetencia del órgano legislativo, si no se hizo el planteamiento específico en ese sentido, el Juez del conocimiento no tenía por qué ocuparse particularmente del mismo; consecuentemente, es inexacto que haya incurrido en la omisión de estudio alegada por la recurrente.

En segundo término, se pasan a analizar en forma conjunta, dada la relación que guardan entre sí, los agravios en los que la recurrente argumenta, sustancialmente, en relación con la violación al proceso legislativo analizada por el Juez de Distrito, que las consideraciones que al efecto formula son incorrectas, por las razones siguientes.

a) Incurrió en incongruencia y notoria contradicción, ya que no obstante que admite que no es lo mismo formar una ley que reformarla, considera que si la Comisión Permanente convocó al Congreso para "reformar diversas disposiciones de carácter fiscal y tributario (paquete fiscal)" debe tenerse por entendido que lo convocó para formar la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta; que esta afirmación es ilógica e insostenible porque la formación de una nueva ley no cabe en la reforma de una ya existente al momento de convocar al periodo extraordinario, puesto que las instituciones de formación y reforma de las leyes son constitucionalmente distintas (págs. 34 y 35 de la transcripción de agravios).

b) Que el inciso f) del artículo 72 de la Constitución distingue de manera clara y expresa entre "interpretación, reforma, derogación y formación" de las "leyes o decretos", estableciendo que para ejecutar cada una de dichas instituciones jurídicas, se observarán los mismos trámites a que se contraen todos los numerales de la Carta Magna, que inciden en el proceso legislativo. Que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, formar significa dar forma a una cosa, uniendo personas o cosas entre sí para que hagan un cuerpo o un todo; en cambio reformar significa volver a formar, rehacer, modificar algo, con la intención de mejorarlo; por lo que alterar su esencia o "propósito definitorio" es inadmisible, lingüística, semántica y jurídicamente, siendo esto en lo que incurrió el Juez (págs. 36 y 37 de la transcripción relativa).

c) Que la violación de garantías individuales resultante de la transgresión a las formalidades esenciales del proceso legislativo de la ley reclamada, sí es combatible a través del amparo, en términos de la tesis que invoca la recurrente, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (pág. 37); que el impuesto combatido es inconstitucional porque lo es el ordenamiento reclamado en función del cual existe, toda vez que resultó de un proceso legislativo sustancialmente viciado que involucró a autoridades incompetentes, violando las garantías de debido proceso legislativo, competencia, legalidad y seguridad jurídica, contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal (pág. 39). La principal violación alude al objeto de la convocatoria a sesiones extraordinarias, materializándose lo impropio de la creación de la ley especial (pág. 41). Cualquier transgresión a las disposiciones constitucionales aplicables a la formación de todo tipo de disposiciones, se traduce en violación a la garantía de seguridad jurídica.

d) El artículo 78, fracción IV, de la Constitución prevé que la convocatoria debe señalar el objeto de la sesión extraordinaria; el artículo 67 constitucional dispone que el Congreso o las Cámaras, cuando los convoque la Comisión Permanente a sesiones extraordinarias, sólo se ocuparán de los asuntos expresados en la convocatoria emitida por la propia comisión (pág. 42); por tanto, en las sesiones extraordinarias la competencia legislativa del Congreso opera de manera restringida y acotada (pág. 43), ello porque está sujeta al objeto expreso de la convocatoria.

e) Que los asuntos relacionados en el artículo primero del decreto respectivo, en cuyos términos la Comisión Permanente convocó a periodo de sesiones extraordinarias, son los únicos que podía atender el Congreso, de conformidad con los artículos 67 y 78 constitucionales. Que ninguno de los catorce puntos relacionados se refiere a la aprobación de una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, no obstante que haya contemplado ocuparse de la "Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002", destacando el propósito de tratar el tema de reformas a diversas disposiciones de carácter fiscal y tributario (paquete fiscal). Dentro del periodo extraordinario el Congreso de la Unión aprobó y emitió una nueva ley tributaria, donde estableció todas las normas relativas al impuesto sobre la renta, y aunque formalmente dijo reformar diversas disposiciones de carácter fiscal y tributario, real y materialmente se ocupó de un asunto tributario federal bien específico y diferenciado, cuyo tratamiento no fue materia de la convocatoria, por lo que excedió su competencia, transgrediendo el debido proceso legislativo (págs. 44 a 46).

f) El establecimiento de la nueva ley federal no encuadra dentro del tema extraordinariamente convocado, como fue la reforma a leyes fiscales, ya que el ordenamiento impugnado constituye un nuevo acto formal y materialmente legislativo que se incluyó de facto por el Congreso, distinto de la abrogada Ley del Impuesto sobre la Renta de mil novecientos ochenta (págs. 48 y 49).

Los agravios anteriormente referidos, se advierte que van dirigidos a combatir la determinación que respecto de la violación al proceso legislativo alegada por la quejosa, realizó el Juez del conocimiento, en el sentido de que la ley reclamada constituye un ordenamiento de carácter tributario, y que la convocatoria emitida por la Comisión Permanente sí se ocupó de dicha ley porque en la misma se indicó que el Congreso de la Unión se ocuparía de reformas a diversas disposiciones legales de carácter tributario.

Por tanto, a fin de analizar y dar respuesta a los agravios resumidos con antelación, resulta pertinente, en principio, hacer referencia a los aspectos generales del proceso legislativo del que derivó la expedición de la ley reclamada, con particular énfasis a algunos que se estima son de especial interés para la solución de la cuestión sustancial debatida, como son los relativos a la forma en que inició dicho proceso y a las situaciones específicas que se suscitaron durante su desarrollo, que motivaron precisamente se convocara al Congreso a sesiones extraordinarias.

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta reclamada en el amparo derivó del proceso legislativo seguido con motivo de la iniciativa presentada por el presidente de la República al Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le asigna el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la República;

"...

"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

En efecto, el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad que le otorga dicho precepto constitucional de iniciar leyes o decretos, presentó al Congreso de la Unión con fecha cinco de abril de dos mil uno, por conducto de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto para establecer, reformar y derogar diversas disposiciones fiscales.

En dicha iniciativa propuso fundamentalmente "un nuevo sistema tributario", derivado de una reforma fiscal integral que implicaba modificaciones, adiciones, derogaciones y adecuaciones a distintos ordenamientos de carácter tributario, entre ellos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa mencionada, en la que se estableció, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

"El nuevo sistema tributario que se propone a esta soberanía consiste en: I. Una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. II. Una nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado. III. Reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación y a las Leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. IV. Reformas y adiciones a la Ley del Servicio de Administración Tributaria. ... Esta reforma fiscal que hoy se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, representa una oportunidad impostergable de mantener la congruencia en nuestras aspiraciones de alcanzar un México mejor para todos, especialmente para aquellos que tradicionalmente han carecido de lo más elemental y que hoy reclaman su derecho. I. Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. A lo largo de los últimos veinte años, el impuesto sobre la renta sufrió una importante transformación, sin que la misma haya reflejado un crecimiento equitativo y estable en la recaudación de dicho gravamen ni en la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. ... Además, el asignarle a los impuestos funciones que no les son propias y establecer multiplicidad de mecanismos de excepción, lejos de tener un impacto favorable en el desarrollo de las empresas y en la economía familiar, ha incrementado la inequidad del sistema y su complejidad administrativa. Es por lo anterior, que el impuesto sobre la renta empresarial actualmente vigente contiene deficiencias estructurales de eficiencia, equidad y simplicidad que deben ser corregidas en el marco de la reforma fiscal hacendaria. ... Pagos provisionales y ajuste semestral. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que se somete a la consideración de esa soberanía, establece a cargo de los contribuyentes personas morales la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. ... A diferencia de la ley anterior y como una importante medida de simplificación administrativa, la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta no contiene la obligación para los contribuyentes de realizar el ajuste semestral a los pagos provisionales. Costo fiscal de acciones. ... con el objeto de gravar la ganancia de capital que efectivamente percibe quien enajena acciones, se propone a esa soberanía establecer en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta una mecánica para la determinación del costo fiscal de las acciones que se enajenan, que reconozca en su totalidad los efectos de las utilidades y las pérdidas, así como de los dividendos decretados o acordados, referidos al periodo de tenencia accionaria. ... B) Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Régimen de sueldos y salarios. ... en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que se somete a consideración de esa soberanía, se establecen exenciones sobre prestaciones de carácter general otorgadas en especie o en servicios que elevan el nivel de vida de los trabajadores, que fomentan el ahorro y la inversión y las que garantizan un mejor porvenir para nuestros pensionados y jubilados, así como las exenciones técnicas sobre herencias y legados que se requieren para evitar gravar la transmisión del patrimonio que se hace por caso fortuito. La reforma anterior se acompaña de una tarifa estructurada en siete tramos ... La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que se pone a consideración de esa soberanía, contiene un capítulo específico que bajo una óptica de mayor simplificación, eficiencia y equidad, establece un régimen para las personas físicas que obtienen ingresos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales ... Territorios con régimen fiscal preferente. En este ámbito se plantea incorporar las disposiciones aplicables a las jurisdicciones de baja imposición fiscal en un título específico denominado ‘De los territorios con regímenes fiscales preferentes y empresas multinacionales’, con la finalidad de facilitar la aplicación de las disposiciones relativas a los ingresos provenientes de dichos territorios. ... Actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que podrá autorizarse la reestructuración de sociedades pertenecientes a un mismo grupo por medio de transmisión de acciones a un valor distinto del que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, siempre que éste no sea inferior al costo fiscal, es decir, la transmisión de acciones a través de esta figura se encuentra exenta. Sin embargo, se han efectuado operaciones por medio de las cuales se enajenan acciones mexicanas en forma indirecta, logrando con ello evitar el pago del impuesto en virtud de que no existe fuente de riqueza en el país, por lo que se somete a consideración de esa soberanía el modificar el esquema actual de exención ... La iniciativa de nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, establece a cargo de extranjeros sin establecimiento permanente en el país una tasa general de retención del 25%, en sustitución de la dispersión de tasas actualmente vigentes en la ley." (lo subrayado es nuestro).

La iniciativa presidencial referida fue turnada para su discusión y estudio a la Comisión de Hacienda, la cual emitió su correspondiente dictamen el veintinueve de diciembre de dos mil uno, en el que estableció en relación con el impuesto sobre la renta, lo siguiente:

"Esta Comisión de Hacienda conviene en señalar que es de todos conocida la importancia del impuesto sobre la renta como fuente vital de la recaudación tributaria puesto que se constituye en el impuesto más importante del país ... Cabe indicar asimismo que el ISR es un gravamen que ha estado presente en nuestra historia económica desde el año de 1924. En el inicio era un gravamen de carácter cedular que distinguía los ingresos por su naturaleza y origen más que por el volumen total de percepción acumulada, sistema que se mantuvo prácticamente sin cambios hasta el año de 1965, fecha en que se introdujeron los primeros mecanismos de acumulación aunque se conservaban algunas características cedulares para determinados conceptos. A partir de las reformas introducidas particularmente en el periodo de 1972 a 1974 se incorporaron criterios más claros de globalización de ingresos para hacer que el mecanismo del impuesto sobre la renta fuera más eficaz y equitativo. En especial, esta dictaminadora estima que las reformas realizadas en el curso de 1978 permitieron avanzar en la generalización de los ingresos de las personas físicas, sobre todo por los provenientes del capital. En diciembre de 1980 se realizaron importantes esfuerzos de modernización de esta ley -al proponerse la creación de un nuevo ordenamiento- ... La comisión dictaminadora también considera importante dejar asentado que si bien el presente dictamen se refiere al proyecto de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, ésta no debe ser analizada de manera independiente al proyecto de Ley del Impuesto al Valor Agregado o de las modificaciones al impuesto especial sobre producción y servicios, toda vez que la estrategia fiscal, así como los impactos esperados para los contribuyentes y el propio Gobierno Federal están indisolublemente ligados, por lo que las implicaciones de cambios profundos en una disposición tendrían que ser examinadas cuidadosamente para el resto de las disposiciones y viceversa." (lo subrayado es nuestro).

La comisión dictaminadora propuso, además, diversas modificaciones al proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta, como se observa de la transcripción siguiente:

"b) Propuestas de modificación a la iniciativa de ley. De acuerdo con lo anterior, esta dictaminadora ha considerado conveniente incorporar a la iniciativa analizada, como resultado de su evaluación y análisis, y en consideración a los diversos estudios, iniciativas y propuestas examinadas por el grupo de trabajo creado ex profeso, los siguientes cambios al proyecto de ley, en el entendido de que, por lo extenso de los mismos, los textos legales propuestos, se presentan en el anexo que forma parte integral del presente dictamen: Título I. Disposiciones generales ... Como resultado del análisis y las modificaciones hechas en las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal al Código Fiscal de la Federación, esta dictaminadora estima pertinente no considerar el concepto de unidades económicas, procediendo a eliminar de la ley toda referencia a dicho concepto. Por otra parte, esta dictaminadora considera conveniente modificar el artículo 8o. con el objeto de considerar como parte del sistema financiero a las sociedades financieras populares y eliminar la referencia que la iniciativa hace a las sociedades de ahorro y préstamo ... Por otra parte, esta soberanía considera necesario modificar el artículo 9o. de la iniciativa, para establecer que el tipo de cambio que se debe utilizar para considerar la pérdida cambiaria es el que publica el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República mexicana ... esta comisión estima necesario efectuar adecuaciones al artículo 31 de la ley en análisis ... derivados de las modificaciones que esta comisión dictaminadora propone al régimen fiscal de los autores, se sugiere derogar la fracción XIV del artículo 31 de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y adecuar la fracción IX del mismo ordenamiento. ... se propone incorporar como supuestos para considerar que existe notoria imposibilidad de cobro, el hecho de que el deudor no tenga bienes embargables, que haya fallecido o desaparecido sin dejar bienes o éste sea declarado en quiebra o en concurso ... se considera necesario modificar la fracción III del artículo 34 de la Ley del ISR, para que las Afores puedan manejar los fondos de pensiones o jubilaciones, así como sus rendimientos. ... esta soberanía propone un cambio fundamental en el régimen fiscal de los ingresos por intereses de las personas físicas ... En virtud de los cambios efectuados a la iniciativa (sic) Ley del Impuesto sobre la Renta, esta comisión dictaminadora estima necesario realizar las adecuaciones pertinentes al régimen de consolidación fiscal, así como precisar otras disposiciones que den mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que tributan en dicho régimen ... En referencia al artículo 82, esta comisión estima conveniente adicionar un último párrafo, para facilitar que las personas morales transparentes se agrupen con el objeto de realizar gastos comunes, y poder hacer deducible la parte proporcional de dichos gastos. Se considera importante modificar el esquema del artículo 84 ... esta dictaminadora considera conveniente efectuar modificaciones respecto de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuesto ... para la que dictamina resulta pertinente cambiar de ubicación la redacción de algunos párrafos de la fracción III, del artículo 103 de la ley en análisis, para incluirse en la fracción VI, de ese mismo artículo. ... se modifica el segundo párrafo del artículo 103, a fin de que los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen en todos los casos se encuentren obligados a llevar contabilidad y expedir comprobantes, con el objeto de evitar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17919-7b3c1702/renta-la-falta-de-senalamiento-expreso-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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