EXENCIONES FISCALES. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA "EXIMIR" DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, NO LO AUTORIZA PARA REFORMAR, MODIFICAR O ABROGAR LA LEY TRIBUTARIA RELATIVA EN AQUELLA MATERIA. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES. NO RESULTAN APLICABLES CUANDO SE TRATA DE UN DECRETO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN EL QUE SE ESTABLECE UN ESTÍMULO DE NATURALEZA FISCAL.
AMPARO EN REVISIÓN 229/2002. EMPRESAS ICA SOCIEDAD CONTROLADORA, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIAS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ Y SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintinueve de junio de dos mil uno, ya que el recurso de revisión se interpuso con posterioridad a la vigencia de este último acuerdo, en contra de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo ,en el que si bien se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 1o. al 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil uno y del Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que se indican; en el presente recurso el problema de inconstitucionalidad de tales normas subsiste y resulta innecesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir los agravios que hicieron valer las quejosas, habida cuenta que en ellos se combatió el sobreseimiento del juicio de amparo decretado por el Juez de Distrito, y el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se hizo cargo de ellos, los declaró esencialmente fundados, modificó la sentencia del Juez de Distrito, levantó el sobreseimiento de mérito respecto de algunas quejosas y sobreseyó por otras en los términos insertos en el sexto resultando de la presente ejecutoria.
TERCERO. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el a quo y que fueron transcritos en el tercer resultando de esta sentencia.
Previamente al estudio de los argumentos de las quejosas, se estima importante precisar que tal como lo sostuvo el Tribunal Colegiado, las peticionarias del amparo combatieron los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo y 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, así como el Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que se indican, precisando que se impugnaban como una unidad normativa y no de manera aislada cada ordenamiento, por lo que de esa forma se analizarán las violaciones que se invocan en su contra.
En sus conceptos de violación, las promoventes después de precisar el contenido de todos y cada uno de los preceptos que reclaman, en esencia, aducen lo siguiente:
1) Que la Constitución Federal en los artículos 16, 28, 31, fracción IV y 73, fracciones VII, a contrario sensu, y XXX, faculta exclusivamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de contribuciones, ya sea fijándolas o exentando de ellas a los contribuyentes, con fundamento en tales preceptos expidió la Ley del Impuesto al Activo.
2) En consecuencia, el presidente de la República es autoridad incompetente para emitir el Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que se indican, ya que tal facultad únicamente corresponde al Poder Legislativo Federal, en los términos precisados.
3) Que al haber emitido el decreto precisado en el inciso que antecede, el Ejecutivo Federal alteró todo el sistema impositivo en materia del impuesto al activo, al crear con dicha exención una nueva categoría de contribuyentes (no prevista en la ley de la materia), generando con ello la inequidad de que se duelen las quejosas al estar obligadas al pago del tributo y no poder gozar de dicha exención, dado que los ingresos que obtienen superan la cantidad prevista para gozar de dicha prerrogativa, de donde deriva la infracción a su garantía de proporcionalidad tributaria, al no tomarse en cuenta su verdadera capacidad contributiva frente a los causantes que se encuentran exentos del pago del impuesto.
4) Que indebidamente el Congreso de la Unión, al expedir el artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil uno, dio pauta al Ejecutivo Federal para emitir el decreto exentor de mérito, ya que éste se contiene en dicho precepto.
5) Atendiendo tales planteamientos solicitan que se les conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, no para el efecto de que se les exente del impuesto al activo, sino para que se les desapliquen los preceptos de la ley de la materia que las obligan a calcular y enterar dicho tributo.
Como se advierte, dentro de los conceptos de violación sintetizados se plantean cuestiones de competencia que son de estudio preferente, pues básicamente se aduce que el presidente de la República carece de atribuciones para exentar de tributo alguno, sea federal o local, por lo que no está facultado para emitir el Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que se indican, ya que tal función compete al Poder Legislativo, y tratándose de un tributo federal, sólo el Congreso de la Unión se encuentra constitucionalmente legitimado para imponer contribuciones a los gobernados.
A fin de estar en aptitud de resolver tal planteamiento, se estima necesario transcribir dicho decreto, que es del tenor literal siguiente:
"Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que se indican.
"Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
"Considerando
"Que durante los últimos años se han venido otorgando diversos estímulos para la producción o venta de productos, así como para asegurar la recuperación económica y el empleo, consolidándose con ello las bases para el crecimiento sostenido de la economía;
"Que dentro de dichos estímulos se ha otorgado la exención del pago del impuesto al activo, a las empresas medianas y pequeñas cuyos ingresos no excedan de una cantidad determinada, por representar estas empresas una fuente importante de empleo y por constituir un sector o actividad especialmente vulnerable por el entorno económico;
"Que es necesario dar continuidad a los apoyos otorgados por el Gobierno Federal a fin de que se sigan capitalizando los beneficios de la recuperación económica, estimándose pertinente otorgar por un año más a dichas empresas la exención del pago del impuesto al activo, y
"Que el Ejecutivo Federal a mi cargo comparte la recomendación del honorable Congreso de la Unión de emitir un nuevo decreto que contenga la exención del impuesto al activo para las pequeñas y medianas empresas, he tenido a bien expedir el siguiente
"Decreto
"Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes del citado impuesto, cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 2000, no hubieran excedido de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).
"Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación de la exención prevista en el presente decreto.
"Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo de dos mil uno. Vicente Fox Quesada. Rúbrica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz. Rúbrica."
Del decreto transcrito se advierte que lo expidió el Ejecutivo Federal, con la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que en él se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes del citado impuesto, cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 2000, no hubieran excedido de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que resulta menester analizar si los preceptos en que se funda el Ejecutivo Federal le otorgan atribuciones para emitir algún decreto que exima del pago de impuestos a los particulares.
Sobre el tema relativo a las facultades del Ejecutivo Federal para establecer exenciones fiscales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al resolver en sesión de doce de julio de dos mil dos, por unanimidad de once votos, la controversia constitucional 32/2002, en cuya ejecutoria se precisó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"A fin de resolver la cuestión planteada, es necesario precisar el marco constitucional que regula la materia impositiva.
"El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"‘Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"‘No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.’
"Del precepto transcrito se desprende lo siguiente:
"a) Que el Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los cuales no podrán reunirse en una sola persona ni corporación;
"b) Que el Poder Legislativo no podrá depositarse en un solo individuo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 29 y 131 de la propia Constitución Federal.
"Por otra parte, los artículos 50 y 70, párrafo primero, de la Constitución Federal establecen:
"‘Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.’
"‘Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. ...’
"De los numerales transcritos se aprecia:
"1. Que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que se divide en las Cámaras de Diputados y de Senadores.
"2. Que toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto.
"Ahora bien, el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"‘...
"‘XXIX. Para establecer contribuciones:
"‘1o. Sobre el comercio exterior;
"‘2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27;
"‘3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
"‘4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
"‘5o. Especiales sobre:
"‘a) Energía eléctrica;
"‘b) Producción y consumo de tabacos labrados;
"‘c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
"‘d) Cerillos y fósforos;
"‘e) Aguamiel y productos de su fermentación;
"‘f) Explotación forestal; y
"‘g) Producción y consumo de cerveza.’
"De este numeral se desprende que el Congreso de la Unión tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; y, además, para establecer contribuciones sobre comercio exterior; aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el artículo 27 de la propia Constitución; instituciones de crédito y sociedades de seguros; servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza.
"Por consiguiente, se concluye que por mandato constitucional es el Congreso de la Unión el órgano facultado para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, conforme a la división de funciones contemplada en el artículo 49 constitucional, así como a lo dispuesto en los diversos numerales 50 y 70 del mismo ordenamiento, que depositan el Poder Legislativo en un Congreso General, dividido en Cámaras de Senadores y de Diputados.
"En relación con lo anterior, cabe recordar que constitucionalmente se prevén dos excepciones: la primera, se refiere a las facultades extraordinarias que se conceden al Poder Ejecutivo en términos del artículo 29 constitucional; por lo que hace a la segunda, se prevé en el artículo 131 constitucional, que autoriza al Congreso de la Unión para facultar al Ejecutivo Federal para legislar sobre tarifas de exportación e importación, debiendo aprobar el Congreso la utilización de la facultad concedida anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, precisando en la propia Constitución (artículo 49), que en ningún otro caso el Ejecutivo Federal está autorizado para legislar.
"Asimismo, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone:
"‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"‘...
"‘IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’
"De este precepto se advierte que los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público ‘de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, de lo que se tiene que se reserva a la ley la creación de las contribuciones.
"Así, el principio de reserva de ley existe cuando la norma constitucional reserva, precisamente, la regulación de una determinada materia al órgano legislativo, mediante una ley, entendida ésta como un acto material y formalmente legislativo, excluyendo, por tanto, la posibilidad para que pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza distinta a la ley formal, es decir, a las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Esto es, la materia reservada queda sustraída por imperativo constitucional a todas las normas distintas a la ley, lo que se traduce en que el legislador ordinario debe establecer la regulación de la materia determinada, sin que pueda remitirla a otras normas secundarias, en especial al reglamento.
"En definitiva, la reserva de ley constituye un mandato constitucional acerca del procedimiento de elaboración de las normas a que se refiere, ya que cuando la Constitución establece una reserva, lo que exige es que determinadas normas se aprueben con sujeción al procedimiento legislativo, es decir, como leyes.
"En materia tributaria, el alcance del principio de reserva de ley comprende los llamados ‘elementos esenciales del tributo’, ya que, en principio, sólo éstos deben estar establecidos por la ley y el resto de la materia tributaria se deja a disposición de las normas administrativas.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 172, de los Volúmenes 91-96, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, que a la letra señala:
"‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos «contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes», no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que primero, esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida.’
"En este orden de ideas, es inconcuso que el principio de reserva de ley en materia impositiva opera respecto de los elementos esenciales del tributo, esto es, todos aquellos que dan identidad a la prestación tributaria (hecho imponible, sujetos activo y pasivo, base gravable y tasa o tarifa). Por lo que el establecimiento de dichos elementos está vedado por completo a las normas reglamentarias.
"De igual manera, del artículo 31, fracción IV, constitucional, se desprenden los principios de destino al gasto público, de proporcionalidad y equidad, de ahí que se establece el principio de legalidad, donde se incluyen todos los elementos fundamentales del tributo.
"En efecto, este Tribunal Pleno ha sustentado que dicho numeral constitucional contiene el principio de legalidad en materia tributaria (que no debe confundirse con la garantía de legalidad), que se conceptualiza en el sentido de que ‘no existe tributo sin ley’ y la premisa de que ‘los elementos de las contribuciones deben encontrarse en la misma ley’.
"Dicho principio apareció en el texto de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, que fue reiterado en la de mil novecientos diecisiete y que en el artículo 31, fracción IV, vigente, al regular constitucionalmente que las contribuciones deben estar previstas en la ley, crea una limitación a la potestad tributaria, ya que sin ley no puede establecerse ninguna contribución. Así, en la ley deben quedar contenidos los elementos del tributo, como son: objeto, base, tasa, tarifa, cuota, sujeto y época de pago.
"Así lo ha sustentado este Tribunal Pleno, en la jurisprudencia consultable en la página ciento setenta y tres de los Volúmenes noventa y uno-noventa y seis, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala:
"‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de lamanera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles.’
"Por tanto, de la interpretación sistemática de los artículos 49, 50, 70, 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que, atento al principio de reserva de la ley, corresponde al Poder Legislativo Federal la facultad de establecer en una ley las contribuciones, así como sus elementos fundamentales.
"Ahora bien, el artículo 28, párrafo primero, de la Constitución Federal establece lo siguiente:
"‘Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. ...’
"De lo dispuesto en este numeral se desprende, en la parte que interesa, que al señalar que están prohibidas las exenciones ‘en los términos y condiciones que fijan las leyes’, establece también una reserva a la ley, esto es, que las exenciones de impuestos corresponden al ejercicio de atribuciones que se reservan al Poder Legislativo, pues es el órgano que tiene encomendada la función legislativa, en términos de los artículos 49, 50 y 70 de la propia Constitución Federal.
"Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia ha interpretado lo dispuesto en el artículo constitucional en cita, estableciendo que no se trata de una prohibición absoluta, sino que el Órgano Revisor de la Constitución lo que prohíbe es la exención de impuestos cuando se trata de favorecer a determinada persona, confiriendo un verdadero privilegio en su favor, mas no cuando la exención alcanza a toda una categoría de personas por medio de leyes de carácter general.
"El criterio referido se contiene en la tesis de jurisprudencia visible en la página cuarenta y cuatro, Volumen 12, Primera Parte, Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"‘IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS. Es constitucional la exención de impuestos cuando se establece considerando la situación objetiva de las personas exentas (no así cuando la exención se hace en atención a las características individuales de las personas, estimándose sus características personalísimas), en atención a la situación jurídica abstracta prevista en la ley, la cual contempla elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos. Por tales razones, es constitucional el Decreto Número 200 del Estado de Sinaloa, que en el artículo 150 exime del pago del impuesto, entre otras personas, a los agentes consulares extranjeros, a los miembros de delegaciones científicas, a las personas de nacionalidad extranjera, a los empleados públicos federales, del Estado o de los Municipios, que reciban gratificaciones de fin de año. Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de impuestos, debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no cuando la exención de impuestos se otorga considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de una categoría de sujetos.’
"Con base en lo anterior, este Alto Tribunal considera que toda vez que la exención en materia impositiva consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídico-tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa), por razones de equidad, conveniencia o política económica, se libera de su obligación fiscal al sujeto pasivo, dicha figura jurídico-tributaria debe estar expresamente consignada en la ley.
"En efecto, al consistir la exención en la liberación de cumplir con una obligación tributaria que de conformidad con las leyes de la materia le corresponde pagar a aquellos sujetos que encuadren dentro de la hipótesis normativa, es claro que su aplicación debe ser en forma estricta.
"En consecuencia, de acuerdo con el sistema establecido en los artículos 28, párrafo primero, 31, fracción IV y 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que igualmente se reserva a la ley formal y material expedida por el órgano legislativo, la exención de impuestos, ya que esta figura guarda una conexión inseparable con los principios mencionados en materia tributaria, especialmente con los de reserva de ley, legalidad y equidad, en tanto que constituye un elemento esencial del tributo.
"Puede añadirse que la figura jurídica de la exención tributaria en tanto que es categórica y general, afecta el nacimiento y cuantía de la obligación fiscal respecto de los sujetos comprendidos por ésta, por lo que es evidente que constituye un elemento esencial de la norma tributaria y, por tanto, dada su propia naturaleza, se encuentra sometida a la reserva de ley, es decir, la aprobación, configuración y alcance de la exención tributaria debe realizarse sólo por normas con la jerarquía de la ley formal y material.
"Apoyan lo anterior las jurisprudencias P./J. 25/91 y P./J. 29/91, emitidas por la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas cincuenta y cuatro y sesenta y dos del Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, respectivamente, cuyo tenor literal es el siguiente:
"‘EXENCIÓN DE IMPUESTOS. SÓLO COMPETE ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO EN UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA. El establecimiento de exenciones fiscales, es facultad exclusiva del órgano legislativo, por lo que no cabe aceptar su ejercicio por parte del Ejecutivo a través de reglamentos, según se infiere del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prohíbe «las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan la leyes», reserva que se confirma por la íntima conexión que la parte transcrita tiene con la fracción IV del artículo 31 constitucional, que al establecer la obligación de contribuir al gasto público, impone la condición de que ello se logre «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes». Esta Suprema Corte siempre ha interpretado que en este aspecto, por ley debe entenderse un acto formal y materialmente legislativo, por lo cual ha de considerarse que si la creación de tributos, así como sus elementos fundamentales son atribuciones exclusivas del legislador, también lo es la de establecer exenciones impositivas, que guardan una conexión inseparable con los elementos tributarios de legalidad y equidad, sin que valga en contra de tales disposiciones constitucionales, ningún precepto legal.’
"‘REGLAMENTOS EN MATERIA FISCAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS. En relación con la facultad reglamentaria conferida por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al presidente de la República, se debe tomar en cuenta que los artículos 28 y 31, fracción IV, constitucionales, reservan a las leyes entendidas desde los puntos de vista formal y material, la exclusiva determinación de los elementos esenciales de las contribuciones. Por ello, la expedición de una norma reglamentaria, además de que no debe contrariar o alterar la ley que reglamenta, por ser tal ordenamiento su medida y justificación, tampoco debe establecer alguno o algunos de los mencionados elementos esenciales de las contribuciones, dado que éstos, por mandato constitucional, deben estar en un acto formal y materialmente legislativo y no en una norma reglamentaria.’
"...
"En principio, es importante precisar que el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Federal, expidió la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero del mismo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17454-34b67294/exenciones-fiscales-la-fraccion-i-del-articulo-39 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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