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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, APTAS PARA REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES. RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE ANUAL, RESPECTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2001, LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 234/2002. · Registro digital (IUS): 17583
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CANMI, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 526.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.

AMPARO EN REVISIÓN 234/2002. CANMI, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Antes de proceder al análisis de los agravios propuestos por la recurrente en la materia de este recurso, debe indicarse que éstos, por cuestión de método, serán estudiados en un orden diverso al propuesto.

Así, en su segundo agravio la recurrente afirma sustancialmente que la sentencia impugnada resulta ilegal en la medida en que en el primer concepto de violación se argumentó que el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta violatorio del principio de certidumbre jurídica pues, por un lado, reconoce que para el cálculo del subsidio no deben sumarse a la base las aportaciones de seguridad social, y al mismo tiempo en los artículos transitorios se obliga a considerar dichas aportaciones dentro del cálculo anual respecto de los primeros nueve meses del ejercicio de dos mil uno, argumento al cual el Juez de Distrito dio respuesta de manera incongruente, pues analizó si el precepto reclamado era o no violatorio del principio de retroactividad, cuestión que en ningún momento se hiciera valer.

El agravio así resumido es fundado.

En efecto, el Juez de Distrito al analizar el primer concepto de violación propuesto por la entonces quejosa procedió a resumir dicho concepto de agravio y no obstante haber señalado que se aducía la violación al principio de seguridad jurídica en tanto el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta reformado, párrafo quinto, exceptúa del cálculo para el subsidio acreditable las cuotas patronales por seguridad social, mientras que los artículos transitorios del decreto de reforma prevén un sistema para el cálculo de dicho subsidio que incluye dichas cuotas para el periodo de enero a septiembre de dos mil uno, situación que deja al gobernado en estado de incertidumbre generando confusión e inexactitudes para los gobernados; al dar respuesta al planteamiento se refirió a la retroactividad de las leyes haciendo un extenso estudio sobre el tema, pero sin resolver la litis planteada respecto a la garantía de seguridad jurídica.

Así, es evidente que el estudio de ese primer concepto de violación resulta incongruente, por lo cual esta Segunda Sala, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede al análisis del primer concepto de violación hecho valer.

Ahora bien, este concepto de violación que ha quedado transcrito al inicio de esta ejecutoria y resumido en párrafos anteriores resulta infundado.

Esto es, contrariamente a lo que aduce la ahora recurrente, el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quinto párrafo y los artículos transitorios no violentan el principio de seguridad jurídica ni provocan confusión para el gobernado, pues únicamente establecen un sistema de cálculo del subsidio acreditable contra el impuesto sobre la renta que está tomando en cuenta el texto del artículo 80-A, vigente hasta antes de su reforma (enero a septiembre de dos mil uno) y el texto reformado, para que los contribuyentes efectúen el cálculo anual del subsidio mencionado.

El artículo segundo transitorio del decreto de reforma publicado el veintinueve de noviembre de dos mil uno, establece el método que deberá emplearse para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil uno, y señala que dentro de las erogaciones efectuadas por conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados deberán considerarse las cuotas patronales pagadas por concepto de seguridad social, por lo que hace a los meses de enero a septiembre del año dos mil uno, que es el periodo en que estuvo vigente el párrafo quinto del artículo 80-A que fue objeto de reforma, y excluirlas de estas erogaciones respecto a los tres últimos meses de ese mismo año, esto es, por el periodo de vigencia del párrafo quinto reformado.

Esta consideración se apoya tanto en el texto mismo del artículo segundo transitorio que ha quedado transcrito en el considerando que antecede, así como de lo dispuesto por el artículo primero transitorio de la reforma, que literalmente dispone:

"Primero. Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo aplicarse para el cálculo del subsidio acreditable a partir del 1o. de octubre del ejercicio de 2001."

Igualmente queda clara la intención del legislador, con independencia de si resulta o no correcta, si recordamos que mientras la reforma al párrafo quinto del artículo 80-A excluye del cálculo del subsidio acreditable a las cuotas y aportaciones de seguridad social, el texto anterior sí las incluía, al establecerse que:

"Artículo 80-A. ... Determinación del monto del subsidio acreditable. Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. ..."

En estas condiciones, como ha quedado dicho, los preceptos reclamados no son violatorios del principio de seguridad o certidumbre jurídica, pues se limitan a establecer un sistema para el cálculo anual del subsidio acreditable que toma en cuenta las disposiciones vigentes durante el ejercicio fiscal de dos mil uno, sin que ello provoque, por sí mismo, confusión o error para los gobernados.

Enseguida se analizan en su conjunto los agravios tercero y quinto por encontrarse íntimamente relacionados, mismos que este órgano jurisdiccional estima esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.

En dichos agravios la recurrente hace valer, en esencia, que el Juez de Distrito analizó de manera indebida los conceptos de violación segundo y cuarto en los cuales se planteó que el sistema de cálculo del subsidio acreditable en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los artículos transitorios resulta violatorio al principio de proporcionalidad tributaria al incluir en éste las aportaciones de seguridad social que entera el patrón, sin que dichas aportaciones reflejen la capacidad contributiva de los trabajadores, planteamientos frente a los cuales el a quo se limitó a señalar en qué consiste el mencionado principio de proporcionalidad tributaria, así como el de legalidad, sosteniendo dogmática e incongruentemente la constitucionalidad del impuesto, misma que nunca se puso en duda, a decir de la recurrente.

Pues bien, tal como sostiene la recurrente, y contrariamente a lo sostenido por el Juez del conocimiento, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó en sus tesis XXI/2001 y XXII/2001, que las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no revelan la capacidad contributiva de los trabajadores, así como que la obligación de considerarlas para el cálculo del subsidio acreditable, establecida en el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente hasta el veintinueve de noviembre de dos mil uno), viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues esas aportaciones tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores, por lo que si las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo particular puedan generar a los trabajadores, aunado a que ese beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca y, asimismo, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, debe concluirse que el mecanismo previsto para la obtención del subsidio acreditable, conforme al cual la obligación tributaria a cargo de los trabajadores se incrementa, transgrede el principio tributario mencionado.

Las tesis citadas en el párrafo que antecede son las siguientes:

"RENTA. LAS APORTACIONES PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NO REVELAN CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS TRABAJADORES. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de proporcionalidad tributaria garantizado en el artículo 31, fracción IV, constitucional implica que las cargas impositivas establecidas por el legislador deben atender a la capacidad contributiva de los gobernados, por lo que el sistema que rige la determinación de un impuesto debe dar lugar a gravar en mayor cuantía a quienes revelen en mayor medida dicha capacidad; en ese tenor, tratándose del impuesto sobre la renta que grava los ingresos de las personas físicas que prestan un trabajo personal subordinado, debe estimarse que las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no pueden considerarse como reveladoras de la capacidad contributiva de los trabajadores en relación con los cuales son pagadas, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República y al sistema legal correspondiente, tales erogaciones tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tienda a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por una parte, se determinan atendiendo no sólo al salario de los trabajadores sino también a las necesidades señaladas de sostener el sistema de seguridad social general y del referido fondo y, por otra parte, en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca, así como que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, octubre de 2001, página 25).

"RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal al aplicar el mecanismo de reducción del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, deben contemplarse en su carácter de gastos de previsión social realizados por el patrón relacionados con la prestación de servicios personales subordinados, a las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dando lugar a que estos conceptos integren materialmente la base gravable del impuesto en comento y, por ende, sean tomados en cuenta para incrementar el monto de la obligación tributaria a cargo de los trabajadores. En tal virtud, si las referidas aportaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República, tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que, por una parte, las cuotas pagadas al Seguro Social en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca y, por otra parte, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, debe concluirse que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad al regular un mecanismo conforme al cual la obligación tributaria a cargo de los trabajadores se incrementa como consecuencia del pago de conceptos que no son reveladores de su capacidad contributiva." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, octubre de 2001, página 24).

Asimismo, esta Segunda Sala sostuvo el mismo criterio del Tribunal Pleno a que se ha hecho referencia, según se advierte de su tesis XLVI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de dos mil dos, página 589, que establece:

"RENTA. EL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR A LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PARA EFECTOS DE REDUCIR EL SUBSIDIO ACREDITABLE Y, POR ENDE, INCREMENTAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA A CARGO DE LOS TRABAJADORES. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal al aplicar el mecanismo de reducción del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, deben contemplarse en su carácter de gastos de previsión social realizados por el patrón relacionados con la prestación de servicios personales subordinados, a las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dando lugar a que estos conceptos integren materialmente la base gravable del impuesto en comento y, por ende, sean tomados en cuenta para incrementar el monto de la obligación tributaria a cargo de los trabajadores. En tal virtud, si las referidas aportaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XII, XIV y XXIX, de la Constitución General de la República, tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de los trabajadores ya que, por una parte, las cuotas pagadas al Seguro Social en la gran mayoría de sus ramos no son indicativas del beneficio que en lo individual puede generar a los trabajadores ese instrumento de seguridad social, aunado a que dicho beneficio depende, incluso, de que la contingencia asegurada acontezca y, por otra parte, las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tienen por objeto constituir un patrimonio general de éstos unificado a un fin de solidaridad que les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, debe concluirse que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad al regular un mecanismo conforme al cual la obligación tributaria a cargo de los trabajadores se incrementa como consecuencia del pago de conceptos que no son reveladores de su capacidad contributiva."

Por último, debe señalarse que esta Segunda Sala, al fallar los amparos en revisión 191/2002, promovido por Servicios Monteblanco, S.A. de C.V., en sesión de veintitrés de agosto de dos mil dos, y 127/2002, promovido por Grupo Industrial Santa Engracia, S.A. de C.V., en sesión de veintidós de noviembre del mismo año, ambos por unanimidad de cuatro votos, sentó el criterio consistente en que el artículo segundo transitorio del decreto que modificó el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de noviembre de dos mil uno, viola el principio de proporcionalidad tributaria al considerar para efectos del cálculo del subsidio acreditable anual, respecto de enero a septiembre del año citado, las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La tesis derivada de tales precedentes aparece publicada en la página 472 del Tomo XVI, octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y su texto es el siguiente:

"RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80-A DE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL UNO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL CONSIDERAR PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE ANUAL, RESPECTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE DOS MIL UNO, LAS CUOTAS PATRONALES PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. XXII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 24, que el artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al considerar a las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para efectos de reducir el subsidio acreditable y, por ende, incrementar la obligación tributaria a cargo de los trabajadores. En esa tesitura, si el artículo segundo transitorio del decreto de veintiocho de noviembre de dos mil uno por el que se modifica el quinto párrafo del citado artículo 80-A prevé un mecanismo complejo al tenor del cual, para realizar el cálculo del subsidio acreditable anual el patrón debe considerar las cuotas de seguridad social únicamente respecto de los primeros nueve meses del año y, en cambio, para la cuantificación del subsidio correspondiente a los tres meses restantes, no debe incluir dichas cuotas, tal forma de disponer sobre las referidas aportaciones de seguridad social transgrede el citado principio tributario consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éstas no reflejan la capacidad contributiva de los trabajadores, dado que tienen como finalidad financiar un sistema de seguridad social que tiende a velar por la sociedad en su conjunto y no representan un beneficio específico e individualizado a favor de éstos."

Es estas condiciones, debe reiterarse el criterio a que se ha hecho referencia, para estimar que las disposiciones transitorias del decreto que modificó el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que impugna la quejosa, violan el principio de proporcionalidad tributaria, al establecer que se consideren para efectos del cálculo del subsidio acreditable anual, respecto de enero a septiembre de dos mil uno, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Así las cosas, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado en los términos señalados, sin que sea necesario analizar los restantes agravios hechos valer por la recurrente, en tanto que en nada variarían el resultado alcanzado en esta ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Canmi, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del artículo 2o. transitorio del decreto de reformas al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el veintinueve de noviembre de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, por las razones y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17583-a03a8f11/renta-el-articulo-80-a-parrafo-quinto-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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